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Otro ejemplo más de la tardanza sin límites de la actuación judicial en cuanto a delitos contra la Ordenación del Territorio se refiere. El asunto del que se trata aquí es de la irregular aprobación municipal en la localidad alicantina de El Campello de un Plan urbanístico hace 12 años (doce) y que afectaba nada menos que a 800 viviendas, que a día de hoy están construidas en gran parte. Además de la ilegalidad del exconcejal de Urbanismo, clama al cielo la lentitud judicial exagerada.
"INFORMACIÓN/Alicante* : Tras once años de diligencias, el exedil Juan Lorenzo Giner se sentará en el banquillo de los acusados por el caso El Barranquet. El exconcejal de Urbanismo de El Campello será juzgado a finales de este mes por un presunto tráfico de influencias en la tramitación del plan urbanístico UA/13, más conocido como El Barranquet. El fiscal reclama para el exdirigente popular ocho meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para cargo público al considerar que Giner no debió tomar parte en el procedimiento de contratación de este proyecto, aprobado en 2001 y que contemplaba 800 viviendas, de las que por ahora se han construido algo más de la mitad".
Giner, que se retiró de la primera línea de la política en 2007, "intervino a lo largo del procedimiento de contratación de la UA/13, debiendo de haberse abstenido, y logrando el 13 de septiembre de 2001 a propuesta de él mismo y con su voto la aprobación por el pleno municipal provisional de la Homologación Modificativa y el Plan Parcial de la UA/13, realizando durante ese periodo la venta de su parcela ubicada en la UA/13", según recoge en el escrito de la Fiscalía.
Giner poseía 6.200 metros cuadrados incluidos dentro del plan parcial, participando activamente en su tramitación entre 1999 y 2001. El 22 de febrero de 2001 se hizo efectiva la venta de sus terrenos por 67 millones de pesetas -402.000 euros-, que se había concertado con una opción de compra tres meses antes. Finalmente el proyecto se aprobó en pleno casi siete meses después de la operación, votando él a favor.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de San Vicente finalizó hace dos años las diligencias iniciadas en 2002, cuando admitió a trámite la querella interpuesta por PSOE y EU por la participación de Giner en la tramitación del plan por tener él y su familia terrenos afectados por el proyecto. En las diligencias realizadas por el juez se tomó declaración en 2003 tanto al propio Giner, en calidad de imputado, como al exalcalde Juan Ramón Varó, como testigo. Cuando sucedieron los hechos, Lorenzo era la mano derecha en el Ayuntamiento de Varó (entre 1999 y 2003), y permaneció como edil popular hasta 2007, aunque en su última etapa asumió el área de Personal e Infraestructuras. En 2007 dejó la primera línea de la política por "razones personales".
En el auto de procesamiento se resaltaba que Giner se aprovechó de su cargo y posición "para participar de los beneficios" del plan, "no sólo mediante la venta de una porción de terreno que el mismo ostentaba en propiedad e incluida en el referido plan al que había informado sobre cuestiones técnicas, sino incidiendo en la marcha del desarrollo del mismo sobre el resto de los miembros del Consistorio a los efectos de asegurarse el mayor beneficio posible en la referida venta".
El fiscal en su escrito, en el que pide además que Giner asuma las costas del proceso, recuerda como Giner participó en el proceso en reuniones de la Mesa de Contratación, que llevaron a aceptar una propuesta presentada inicialmente de forma extraoficial y que finalmente permitió duplicar la edificabilidad del plan, con 453 casas más.
Hay que recordar además que Giner estuvo imputado en otra causa por un supuesto cobro de comisiones precisamente en este plan, siendo archivada en 2005 al no hallarse pruebas, tal y como ya informó en su día este diario.
Por su parte Giner declinó ayer hacer declaraciones al respecto, señalando únicamente que está cansado de este tema tras 13 años. En anteriores manifestaciones recordó que su voto en el pleno no fue decisivo y fue nueve meses después de vender y con un escrito de la Generalitat que señalaba que si había vendido ya, podía votar. El exedil será enjuiciado por la Audiencia Provincial a finales de mes por tráfico de influencias, aunque de ser condenado no iría a la cárcel si carece de antecedentes, dado que la pena solicitada no excede de los dos años.
Un alcalde imputado, otro procesado y otro regidor al banquillo
El PP no gana para disgustos en El Campello. Su actual alcalde, Juanjo Berenguer, está imputado por un supuesto delito de omisión del deber de socorro y otro medioambiental, por ordenar a la Policía Local que no verificara in situ las quejas de malos olores por el vertedero el pasado mes de agosto. Su antecesor, Juan Ramón Varó, acaba de ser procesado por el juez, acusado de prevaricar por trocear contratos para fiestas en 2008 y obviar el concurso público pese a los reparos de Intervención, por un montante total de 158.000 euros. Por esta causa el fiscal Anticorrupción pide nueve años de inhabilitación para Varó, que actualmente es edil y diputado provincial. A ellos se une el que fuera su compañero de equipo de gobierno, Juan Lorenzo Giner, que se sentará a finales de mes en el banquillo de los acusados.
* Información - 17.5.13
Foto: El Campello (Alicante), aérea - turismo
El Campello.- Piden ocho meses de cárcel para el exedil de Urbanismo, Giner, por tráfico de influencias
La Audiencia Nacional imputa a diez exdirectivos de Banco de Valencia y empresarios
Noticia relacionada con la anterior, ya que, por fin, la justicia imputa a algunos banqueros y empresarios por la gran estafa cometida contra los ciudadanos. La delictiva operación a tres bandas entre políticos, banqueros y empresarios de la construcción para la realización de obras infladas económicamente o innecesarias, nos ha llevado a la situación actual de deuda mayúscula. La justicia, aunque a veces sea ya tarde, debería tratar de sentenciar ejemplarmente este gran fraude en todo el país, como vemos, parcialmente, en el caso valenciano.
"PÚBLICO* : El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a diez exdirigentes del Banco de Valencia y empresarios tras admitir tres nuevas querellas presentadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, por la concesión de créditos sospechosos a varias sociedades.
Los imputados son el expresidente del Valencia C.F., Juan Bautista Soler; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra, Alfonso Monferrer, Salvador Vila, Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polanco, Teresa Villalba, Bartolomé Cursach, Joaquín Rivero y Rafael Ruiz-Jarabo.
En los autos de admisión a trámite de estas tres querellas, que se suman a la causa principal en la que están imputados el expresidente del Banco de Valencia y de Bancaja José Luis Olivas y el resto de exmiembros del Consejo de Administración, el juez atribuye indiciariamente a los imputados los delitos de falsedad, estafa, administración y apropiación indebida.
En la primera causa, Pedraz investigará varias operaciones con las empresas Nou Literal, Valenciana de Viviendas, Progreso Valenciano, Cualmi, Valenciana 89, Faverch Desarrollos, Salvador Vila S.L., Urbanas de Levante y Valenciana de Inversiones Participadas.
El segundo procedimiento se centra en operaciones de financiación concedidas a las entidades Construcciones Valencia Constitución, Arlette Dome y Sapa, en las que se emplearon "pagarés denunciados como falsos", según consta en la querella del FROB.
La tercera querella admitida a trámite por el magistrado se centra en la concesión de créditos a las empresas Urbanizadora Experiencia Inmobiliaria, Valenciana de Inversiones Participadas, Intrademallorca, Calviá Parc y Tito's.
En el marco de estos procedimientos, el juez solicita al Registro Mercantil de Valencia y de Palma de Mallorca informaciones sobre las sociedades investigadas y al Banco de Valencia y Bankia documentación sobre estas operaciones y las actas de las reuniones del Consejo de Administración en las que fueron aprobadas.
De igual modo, pide al Servicio Especial para la Colaboración con Órganos Judiciales (SECOJ) del Banco de España que le remita los escritos de recomendaciones al Banco de Valencia que hizo en los años 2007, 2008 y 2009.
En la causa principal se investiga a 27 antiguos responsables de la entidad, entre los que se encontraban el que era su presidente, José Luis Olivas; el exconsejero delegado Domingo Parra y otros miembros del Consejo de Administración. Además, el FROB se querelló en junio de 2012 contra Parra, su socio Aurelio Izquierdo y el presidente de Aguas de Valencia Eugenio Calabuig, a los que se atribuyen los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.
El Banco de Valencia, que fue adjudicado a CaixaBank por un euro en noviembre de ese año, tuvo que ser intervenido en octubre de 2011 por la situación financiera en la que se encontraba. Su Consejo de Administración fue sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB, que inyectó en la entidad cerca de 2.000 millones de euros y le otorgó un aval de 1.500 millones de euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 también estudia un expediente sancionador que el Banco de España abrió contra los antiguos responsables del Banco de Valencia por supuestas irregularidades en su gestión.
* Público - EP - 16.5.13
Foto: Valencia, ciudad de la Justicia - levante-emv.com
La 'autopista mala' costará otros 5.000 millones extra a los españoles
Al igual que en el caso financiero, el gobierno va a rescatar a los concesionarios de autopistas en situación difícil o de deuda. Es decir después del despilfarro de muchas autopistas sin sentido, ahora tocará pagar a los ciudadanos los errores y fraudes realizados por los concesionarios, con el visto bueno de Fomento. Es algo claramenente delictivo y, como ya ocurrió con bancos y cajas, se socializan las pérdidas creando la llamada 'autopista mala'.
"LIBREMERCADO* : La AP-41 (Madrid – Toledo), las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-7 (Alicante – Vera), el Eje Aeropuerto y la circunvalación de Alicante. Quizás usted nunca haya pasado por ninguna de estas nueve autopistas (ver galería). O puede que utilice alguna de ellas todos los días. Sea cual sea su situación, dentro de unas semanas tendrá usted una deuda de 100 euros extra gracias a ellas. Fomento estudia crear una sociedad pública que se quede con la propiedad y la gestión estas vías. A cambio, se hará cargo de su deuda, de casi 5.000 millones de euros".
El anuncio de la creación de la autopista mala, como se está empezando a conocer, ha generado muchísima polémica. De nuevo, parece que se socializan las pérdidas de un puñado de grandes empresas, a las que les ha salido mal una inversión. Hay una parte de verdad en todo esto, pero también es cierto que las malas decisiones de las administraciones públicas (estatales, regionales e incluso locales) han contribuido, y mucho, a un desastre que podría acabar pagando el de siempre, el contribuyente.
El plan de Fomento
No están cerrados los detalles pero, a grandes trazos, se tratará de una sociedad público privada, en la que Fomento tendrá el 80% y las actuales constructoras y concesionarias el 20% restante. La empresa tendrá una valoración de algo más de 600 millones de euros y se quedará con la deuda que arrastren los actuales propietarios.
Evidentemente, una de las claves de la operación reside en la carga financiera nacerá la nueva compañía. Se han ofrecido muchas cifras, pero parece que estará cerca de los 5.000 millones de euros: unos 4.000 millones de deuda que ya tiene con bancos nacionales y extranjeros y unos 1.200 millones extra que los bancos implicados (Santander, BBVA, La Caixa y Bankia fundamentalmente) están dispuestos a poner para ayudar al arranque de la empresa y para que ésta pague por las expropiaciones pendientes.
La ventaja para las entidades financieras es que, a cambio de aceptar esta solución, pasarán a ser acreedores del Estado. Es decir, ya no les deberá dinero tal o cual constructora (o la Sociedad creada para gestionar una autopista), sino que será la nueva empresa pública, con un 80% de capital público, quien se compromete a abonar los créditos pendientes.
¿Y qué justificación ofrece Fomento? El argumento del Gobierno es que no es cierto que ese dinero vaya a salir del bolsillo del contribuyente. Esos 5.000 millones son deuda que adquiere una sociedad público-privada que se espera que comience a generar beneficios en poco tiempo, con incrementos en la facturación a partir de 2015. El objetivo sería hacer algo parecido a lo que se ha hecho con la Sareb o con Bankia: el Estado pone dinero, reflota la empresa, recupera parte con los beneficios de la actividad y acaba incluso ganando dinero con la venta futura de esa empresa.
Pero claro, la pregunta que surge es por qué, si la empresa comenzará a dar beneficios y está tan claro que podrá recuperar la inversión, ningún privado quiere hacerse cargo de ella. El planteamiento del Gobierno es que al entrar en el capital de la sociedad cambiará las cláusulas que soportan los actuales dueños de las autopistas. Fomento quiere plantear un horizonte a 40 años. La idea es que los bancos, a cambio de la garantía que da la presencia del Estado, admitan una renegociación de las condiciones (en plazo y en coste) que haga más factible la viabilidad del plan de pago.
¿Quién tuvo la culpa?
Como apuntábamos antes, todo el proceso de creación de la autopista mala está envuelto en la polémica. Parece un nuevo rescate público de compañías privadas. Y en cierto sentido, lo es. Pero las concesionarias apuntan a que todo el proceso ha estado trufado de un intervencionismo que les ha llevado a la ruina. Sus tres grandes quejas son:
Obras no completas: las autopistas están en quiebra porque no hay suficiente tráfico, eso es evidente, pero no hay que olvidar que muchas de ellas se han quedado como partes incompletas de proyectos inacabados. Por ejemplo, la AP-41 estaba destinada a unir Madrid con Toledo, dos ciudades que ya tienen una buena conexión por otras vías. Este peaje sólo cobra sentido si se tiene en cuenta que iba a ser la primera etapa de una autopista que comunicaba la capital de España con Córdoba. Casi 400 kilómetros de alternativa a la A-4 y a Despeñaperros. Al final nada de eso se hizo, y la AP-41 se quedó con sus 60 kilómetros y sus apenas 1.500 usuarios diarios, que no cubren ni siquiera los costes operativos.
Autovías paralelas: en ocasiones el problema no ha llegado de obras no realizadas, sino precisamente de lo contrario. Así, tras otorgar la concesión de una autovía, ha sido habitual que la misma administración se haya implicado en la ampliación de alguna vía existente o en la construcción de una nueva que entra en competencia directa con el peaje. En esto, prácticamente las nueve compañías en quiebra tienen sus quejas: acudieron a la llamada para la construcción de una carretera sin saber que los mismos que les involucraban en el negocio les estaban haciendo la cama con carreteras gratuitas alternativas.
Expropiaciones: es el tema más polémico. Cuando se hicieron los planes de negocio de estas nueves carreteras, el principal coste era el de terreno por el que discurrirían. En teoría, las administraciones se encargaban de la expropiación, a un coste que las compañías asumían. El problema es que los propietarios de los terrenos no estaban muy de acuerdo con este modelo y recurrieron a los tribunales. Y los jueces comenzaron a darles la razón, con incrementos de hasta un 600% en el coste original. Se ha llegado a pagar hasta 3.100 euros por suelo rústico, con el argumento de que en algún momento de la concesión (30 ó 40 años) podría llegar a ser urbano, con lo que habría que calificarlo y tasarlo como tal.
Todo esto es cierto, pero no lo es menos que las empresas implicadas se metieron en un negocio que sólo tenía sentido con el insostenible crecimiento de los años de la burbuja. Que lo hicieron porque el poder político les aseguró ventajas en la concesión. Y que los propietarios de las tierras deberían haber tenido el derecho a negociar y fueron expropiados sin miramientos (aunque a la larga la mayoría se vieron beneficiados).
En cualquier caso, parece que la se consolida la opción de la sociedad pública. Fomento cree que puede ser la solución menos dañina ante una realidad pésima, pero quedan muchas dudas pendientes sobre esta autopista mala: ¿Se conseguirá hacer rentables a esas autopistas o habrá que pagar los 5.000 millones de deuda? ¿La gestión será realmente profesional o acabará siendo otro chiringuito público? ¿Los directivos serán profesionales del sector o dedazos del político de turno? Dentro de 40 años, ¿se habrá privatizado realmente o será uno de esos planes temporales que el contribuyente acaba cargando para siempre? La respuesta de estas preguntas marcará el éxito o el fracaso del proyecto.
* Libre Mercado - D. SORIANO - 16.5.13
Foto: Autopista vacía Cartagena-Vera - mineralespania
Madrid.- Punto final para el Palacio de Sueca
Sin entrar en vigor todavía la nueva Ley del Patrimonio Histórico en Madrid, vemos que el ataque y desdén del ayuntamiento con los monumentos arquitectónicos ya viene de antaño. Un gran edificio municipal protegido y céntrico que Gallardón abandonó durante años, ahora va a ser demolido por el riesgo de derrumbe, sin que haya, como siempre, culpables en el ayuntamiento que paguen por esta situación deplorable de abandono.
"ELPAÍS* : Quizá haya intentado aparcar alguna vez en un hueco muy justo, conjurándose para meter el coche cueste lo que cueste. Y, sudando ante el volante, lo ha logrado, con infinitas maniobras a cuál más sutil y milimétrica, para darse cuenta luego de que sacarlo de allí resultaría imposible. Con una mezcla parecida de audacia y cabezonería se pueden resumir algunas peripecias urbanísticas del anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). En el caso del Palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio con la máxima protección histórico-artística, el resultado ha sido, siguiendo la metáfora, que el Ayuntamiento, incapaz de sacarlo del hueco en el que lo había metido, lo dejó herrumbrarse durante una década para verse ahora obligado a tirarlo abajo urgentemente antes de que se derrumbe debido al abandono. Y todo ello con un riesgo “inmediato” para vecinos, viandantes y niños.
El 29 de abril, el área municipal de Urbanismo emitió un informe urgente sobre el inmueble ubicado en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, “tras sucesivas visitas” y un prolijo análisis del estado de conservación. En dicho informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan medidas de seguridad “de actuación inmediata” para “evitar riesgos a personas y bienes en los espacios públicos colindantes”, es decir, la propia plaza, varios edificios y el instituto San Isidro, con más de un millar de alumnos que juegan en un patio vallado para evitar los cascotes que se desprenden del palacio.
El informe recalca el “agravamiento continuo de los daños”, cuya “evolución es impredecible a corto plazo”. “La situación es especialmente grave y supone un riesgo continuo de nuevos hundimientos” en varias zonas, entre ellas las adyacentes al instituto. “Se ha producido el hundimiento del cuerpo colindante con la capilla, y existe la amenaza de nuevos derrumbes”, lo que “obliga a la clausura parcial del patio” del centro. La conclusión del análisis es que los daños tienen “carácter irreversible, al haberse producido hundimientos, el reventamiento de muros de cargas…”. Tanto es así que “el peligro impide adoptar medidas de seguridad sin grave riesgo para los operarios”. “No es posible demorar el trabajo de aseguramiento o demolición ante el peligro de derrumbe incontrolado sobre el mismo edificio y sobre el patio del instituto”, añade.
Urbanismo “estima necesario declarar el estado de ruina física inminente parcial del edificio” y “proceder a la demolición” “en un plazo máximo de cinco días”. Esas obras ya han comenzado. Además, insta a “revisar las medidas de seguridad existentes, dado que algunas tienen más de 15 años”. Solo después podrá intentarse la rehabilitación de lo que quede en pie, aunque teniendo en cuenta “el elevado grado de deterioro de los elementos constructivos”.
El informe insta a informar a la dirección regional de Patrimonio, puesto que el edificio tiene la máxima protección. Data del siglo XVIII, ocupa 7.200 metros cuadrados y fue expropiado en 1998 por el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), para convertirlo en sede de Asuntos Sociales. Gallardón aparcó ese plan tras ganar las elecciones, en 2003, y encargó al arquitecto Álvaro de Siza que lo convirtiera en 205 viviendas de alquiler para jóvenes. En la planta baja se ubicaría una escuela infantil o de música, o una biblioteca. El proyecto costaría 12,5 millones y estaría listo en 2006.
El alto grado de protección obligó a rebajar los planes a 60 viviendas. El uso del suelo, dotacional, llevó a Gallardón a retorcer el lenguaje y convertir pisos en “alojamientos municipales”. En 2007, aún no había ni proyecto. Fue entonces cuando un juez dio la razón a la constructora a la que se le había expropiado el edificio, y dictó que se le devolviera, puesto que la justificación alegada por el Ayuntamiento fue usarlo para dotaciones y, en realidad, allí lo que se iba a hacer era viviendas. Ayuntamiento y constructora mantienen ahora un sinfín de litigios judiciales para acordar una salida: deben pactar el precio de la reversión, pero, además, el Ayuntamiento ha de cambiar el uso del suelo para permitir que pueda usarse para, tal y como desean los antiguos dueños, levantar un hotel.
El líder municipal de IU, Ángel Pérez, denunció “el afán del PP por ganar titulares con grandes planes aun costa de perder credibilidad al no cumplirlos”.
* * El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 13.5.13
Foto: La Casa de la Duquesa de Sueca antes del inicio de la demolición. / ELENA G. SEVILLANO
Exalcalde de Burguillos, imputado por malversación y delito urbanístico
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Parecía que el goteo de alcaldes y concejales imputados por delitos urbanísticos estaba tocando fondo, pero a poco que se escarbe actualmente o en el pasado inmediato vuelve a aflorar la corrupción en ayuntamientos y comunidades. Este de ahora es un caso típico de concesión de licencias ilegalmente, algo recurrente en todo el país.
"IDEAL* : El exalcalde de Burguillos (Sevilla), José Juan López (PSOE), ha sido imputado por un delito contra la ordenación urbanística y otro de malversación de caudales públicos por el juzgado nº13 de Sevilla por irregularidades en la urbanización de la zona conocida como "Las Cardonas". Según el auto del juez, López llevó adelante el convenio para la urbanización de ese sector urbanístico "prescindiendo de las normas de procedimiento administrativo aplicables" y concedió licencia de obra de urbanización sin que estuviera aprobado en ese momento el proyecto de reparcelación de "Las Cardonas".
El alcalde también otorgó licencias de ocupación de viviendas "pese a que en las fechas de otorgamiento de las resoluciones no se encontraban conclusas las obras" por carecer la urbanización de los enganches de suministro eléctrico, por no estar soterrado el arroyo "El Chorrito" y por no estar hecha la rotonda de acceso a la urbanización.
Los informes jurídicos avisaron de que no podían concederse licencia sin estar finalizadas las obras de urbanización y en funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica, por lo que López ha sido imputado por todos los casos de licencia de primera ocupación, y el arquitecto Federico García Rotlan en los cinco casos en los que intervino.
Según el auto, este arquitecto, que prestó sus servicios para el Ayuntamiento de Burguillos entre abril de 2007 y abril de 2010, emitió informe favorable, en vez de haberlo emitido el arquitecto municipal, Gerardo Alonso Casado.
Además, la empresa Promociones Dovamar abonó 80.447 euros al Ayuntamiento para que, mediante convenio urbanístico, se ejecutase la rotonda de acceso a la urbanización, y las obras del abastecimiento de agua, pero el Ayuntamiento no ejecutó esas obras.
Por otra parte, Endesa se negó a efectuar el suministro eléctrico porque "no estaban correctamente ejecutadas las obras de la red de instalaciones eléctricas", por lo que la energía eléctrica precisa para la conclusión de construcción de las viviendas fue proporcionada por generadores de las empresas constructoras.
La empresa municipal Burguillos Natural asumió el gasto de combustible de esos generadores, por un valor de 32.075 euros, y posteriormente, "ante la imposibilidad de que los propietarios de las viviendas pudieran contratar el suministro" con Endesa, el Ayuntamiento asumió el gasto de combustible y alquiler de generadores.
* Ideal - EFE - 14.5.13
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org
Madrid.- El patrimonio queda en grave riesgo a merced de especulación económica
Cada vez que sacan una ley que afecta al urbanismo, tanto el gobierno central como la mayoría de los autonómicos, es más retrógrada que la que existía antes. Vamos hacia atrás. Así ocurre con la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Madrid, que supone una desprotección total de lo que ya se había conseguido. Esto vale para edificios declarados BIC, Bien de Interés Cultural, o también para yacimientos arqueológicos, que perderán la protección conseguida con mucho esfuerzo por asociaciones culturales y otros círculos profesionales.
"ELPAÍS* : Los arqueólogos y demás guardianes del patrimonio cultural de Madrid no se consideran unos “románticos de las cavernas”. Los avances tecnológicos no les generan rechazo. Las nuevas tecnologías, llámense móvil, AVE o ipad, les producen la misma satisfacción que a cualquier humano. “No estamos en contra del progreso, que a su vez no está en contra del patrimonio. Solo hay que saber conyugarlos”, expresa Alicia Torija, de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA), una de las entidades críticas con el proyecto de ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que entienden se mueve “por criterios economicistas y privatizadores”.
“Es un despropósito, no supone un avance sino una desprotección total de lo que hasta ahora se ha salvaguardado. ¡Es peor que la actual! El patrimonio queda en grave riesgo a merced de especulación económica, que por ejemplo reducirá el número de edificios protegidos”, agrega Eva Zarco, tesorera de la Junta Directiva de la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid.
Entre los aspectos que los detractores de la ley consideran más negativos del texto destacan el abuso de los silencios administrativos positivos, por lo que se daría el visto bueno a la intervención sobre bienes protegidos si en el reducido plazo fijado de dos meses no se ha resuelto sobre el proyecto de actuación. Tampoco les convencen los plazos de 30 días para los informes de impacto ambiental y sobre actuaciones en bienes protegidos, o el mes para los informes de planes urbanísticos. La legislación que impulsa la consejera de Empleo, Cultura y Turismo, Ana Isabel Mariño, también suprime las comisiones de patrimonio, “eliminando opiniones cualificadas y consensuadas en las decisiones sobre licencias de obra en conjuntos históricos y entornos de monumentos”.
La norma elimina además la realización de Planes Especiales —se orientaban a la gestión urbanística, a los usos del suelo y a la protección del patrimonio dentro de los municipios— y suprime el dominio público para el patrimonio arqueológico inmueble, lo que contraviene la Constitución (artículo 132.3). “Por no hablar de que también anula la participación ciudadana impidiendo que se puedan impulsar expedientes de incoación para la declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC), o reduciendo a un día al mes las visitas a determinados bienes de titularidad privada pese a lo que establece la Ley de Patrimonio Histórico Español”, se escandaliza Vicente Patón, presidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.
El pasado 10 de abril los tres partidos de la oposición enmendaron a la totalidad la ley, enmiendas que el Partido Popular rechazó en la votación del pleno de una semana más tarde (el PP cuenta con 72 diputados, por 36 del PSM, 13 de IU y ocho de UPyD). El PP añadió a su vez siete enmiendas al documento legislativo, de las que dos tenían que ver con la actividad económica y la construcción de casinos y otras dos modificaban las leyes de suelo y urbanismo de la región para la implantación, sin impedimentos en el ámbito patrimonial, de complejos como el de los casinos y congresos de Las Vegas Sands Corporation.
“No solo se están desprotegiendo edificios BIC, en los que se tira todo salvo la fachada protegida como es el caso de Canalejas. ¡La ley permitiría arrasar yacimientos arqueológicos para construir Eurovegas!”, advierte Patón. “La arqueología preventiva en Madrid tenía un modelo bastante bueno y eso desaparece. Ahora se va a poder construir carreteras o complejos de casinos sin un trabajo previo que evalúe el impacto que podría tener. Sin duda está pensada para facilitar el desarrollo de Eurovegas”, añade Torija.
El Distrito Norte de Alcorcón es el sitio elegido por el empresario de los casinos Sheldon Adelson para levantar Eurovegas, que ocuparía una extensión de 750 hectáreas, que a primera vista son un secarral. Otra cosa es lo que haya debajo, si es que lo hay. “Con la nueva normativa esa posibilidad, una sospecha potencial, no se tendría en cuenta”, enfatiza Zarco.
Torija denuncia el “fundamentalismo ideológico de una normativa que promueve la especulación y el ladrillo”. “Tenemos ejemplos de lo que puede hacer el fundamentalismo religioso en los Budas de Bamiyán, los templos de Angkor, la Biblioteca de Sarajevo, Tombuctú… No va a hacer falta irse tan lejos. El patrimonio debe basarse siempre en criterios de sostenibilidad, que garantice las necesidades futuras, tenemos zonas de reserva arqueológica que van a desaparecer… ¿Qué les vamos a decir a nuestros nietos de una ley que hizo que nuestro patrimonio, que muchos de nuestros edificios, cayeran en el olvido?”, barrunta.
“Nos quejamos de los expolios que se hicieron del patrimonio español cuando por ejemplo los americanos compraban monumentos y se los llevaban troceados a Estados Unidos [William Randolph Hearst expolió en 1925 el Monasterio de Santa María la Real de Sacramenia, en Segovia, una abadía cisterciense de los siglos XII-XIII reconstruida en Miami]. No se ha contado con la opinión de los expertos, esta ley se ha hecho a espaldas de la sociedad. Volvemos a tiempos predemocráticos, entonamos un réquiem por el patrimonio cultural. Podemos ver su acta de defunción en la Comunidad de Madrid... La ideología se antepone a los intereses de todos”, interviene Patón. Este domingo los arqueólogos de Madrid se manifestarán a las 11.00 en la plaza de Canalejas bajo el eslogan SOS Patrimonio, No a una ley desprotectora. Ya para más adelante, anuncian que recurrirán la ley hasta que esta cambie o hayan recorrido todos los peldaños del sistema judicial.
* El País - JOSÉ MARCOS - 14.5.13
Foto: Madrid, edificio Banesto - idealista
Una autopista lleva abandonada seis años tras una inversión de 70 millones
Ya hemos hablado en bastantes ocasiones del enorme despilfarro público realizado en infraestructuras de transporte, ya sea por tierra, mar o aire. Los culpables de este gran desastre, que no tiene pies ni cabeza, siguen sin ser imputados por delito alguno, cuando han dejado una enorme deuda para el país y un modelo territorial altamente perjudicial para todos. Aquí un ejemplo más, en Madrid, de esta catástrofe pública.
"ELPAÍS* : La MP-203 estaba destinada a ser una autopista muy transitada. Pero algo se torció. Su objetivo iba a ser descongestionar la autopista de Barcelona (A-2) entre Alcalá de Henares y Madrid, un trayecto que en hora punta puede suponer hasta una hora de viaje para cubrir solo 30 kilómetros, ya que este tramo está afectado diariamente por grandes retenciones. Pero la MP-203, tras un desembolso de unos 70 millones de euros entre 2005 y 2007 por parte de Cintra, la empresa concesionaria, hoy en día no es más que una carretera a ninguna parte, finita, en la que el asfalto da paso al secarral frente a un terraplén de arena".
Los últimos seis años han convertido el trazado, abandonado a su suerte, en un páramo futurista. “Estamos ante un nuevo ejemplo de falta de previsión y planificación alarmante, en el que una infraestructura de la que ya estaban construidos el 70% de sus 12,5 kilómetros finaliza de repente ante un cúmulo de arena. Spain is different”, denuncia el portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco.
Con el fin de resolver uno de los nudos gordianos de la red de carreteras madrileñas, el Gobierno de Esperanza Aguirre sacó a concurso en 2005 la concesión de la construcción, conservación y explotación de la carretera. Cintra, filial de Ferrovial, ganó el concurso, por 30 años, de la que iba a ser la primera autopista de peaje duro (pago directo de los usuarios) que la Comunidad licitaba sin poner un euro por delante. Su misión consistiría en conectar la M-203 y la A-2 por un extremo (término de Torrejón de Ardoz) y por el otro, con la M-208 y la R-3, ya a la altura de Mejorada del Campo.
Pero todo cambió en mayo de 2007, cuando la concesionaria paró la obra. El viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Borja Carabante, lo explica. “Esta infraestructura era importante para articular la red viaria de carreteras, e hicimos todo lo posible para subsanar dos deficiencias que se encontraban en el proyecto, que tenían que ver con autorizaciones y permisos. Uno, ejecutar el paso por debajo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y el otro, la conexión con la R-3”.
El representante del Ejecutivo autonómico critica, además, “los permanentes boicots” por parte del Estado y el Ministerio de Fomento para obtener las autorizaciones necesarias para rematar la MP-203. El PP gobierna la Comunidad desde 1995, y desde hace año y medio también lo hace en España. “No encontramos ninguna colaboración por parte de Adif, que era quien gestionaba la línea ferroviaria o quien debía de autorizar esa conexión, y ni por la R-3, que es una concesión del Ministerio de Fomento. Más bien al contrario”, recalca Carabante.
De Velasco, de UPyD, lo confirma: “Es una obra que, en su proceso de construcción, se encuentra con dos importantes escollos: el paso por las líneas del AVE y la conexión de la radial 3. El de las líneas del tren de alta velocidad se consigue solventar con una variación del proyecto inicial, desviando a la MP-203 al trazado de la M-206 para salvar la vía ferroviaria. Pero no hay conexión posible con la radial 3”.
Loreto Ruiz de Alda, que es diputada regional de la formación magenta, añade: “Lo peor es que el conocimiento de este escollo existe desde el minuto uno. Ya en el proceso de información pública del proyecto, en 2001, la concesionaria de la radial R-3 puso objeciones”. En concreto, Fomento no tramitó la preceptiva autorización para su enlace con la MP-203. Adujo la negativa de Accesos de Madrid —concesionario de la radial 3 y propiedad de Iberpistas y de Sacyr— porque entendía que la conexión de ambas autopistas produciría, según UPyD, “un deterioro económico de la R-3, que debería abonar la Comunidad de Madrid”.
Pese a todo, las obras se iniciaron. La cuestión es que la obra se paralizó finalmente por sendas cuestiones administrativas que nadie resolvió de antemano pese a que ahí estaban, a la vista de todos: el citado paso inferior de la línea de alta velocidad y la fallida conexión con la R-3.
Para realizarlas, desde Cintra manifiestan que se necesita un convenio que entra dentro de las competencias de la Comunidad. El Gobierno de Ignacio González argumenta, a su vez, que de acuerdo con la cláusula número 28 del pliego que rige la concesión, la firma concesionaria es la responsable de obtener todas las autorizaciones y licencias. Fuentes de Cintra explicaron escuetamente que habían pedido la resolución del contrato “porque desde hace seis años las obras están paralizadas, sin que se pueda avanzar en ellas por distintos trámites que impiden cumplir el contrato”.
La petición de resolución del contrato por parte de la filial de Ferrovial se produjo a raíz de una carta del viceconsejero Carabante el 31 de octubre del año pasado. En ella, le daba a la concesionaria dos meses de plazo para iniciar las obras. De lo contrario, se iniciaría un expediente de imposición de penalidades de la garantía e, incluso, la resolución o incautación del contrato. En respuesta, Cintra solicitó precisamente la resolución del contrato.
El pasado febrero, la Comunidad le volvió a dar a la compañía un mes de plazo para que reanudase las obras, “entendiendo que son responsabilidad única exclusivamente del concesionario”. Además, se inició un expediente de imposición de penalidad e incautación de la garantía provisional, que es de cinco millones de euros.
“Estamos ante un problema que lleva años enquistado sobre la mesa de diferentes directores generales y consejeros, y sobre el que nadie ha sido capaz de tomar decisión alguna. Ha tenido que ser, de hecho, la propia empresa concesionaria quien finalmente le ponga fin”, lamenta Ruiz de Alda. UPyD teme que los madrileños tengan que pagar los 70 millones que Cintra invirtió hasta 2007. “Esta infraestructura no va a costar ni un solo euro a las arcas públicas”, rechaza el Gobierno de Ignacio González.
A la espera de ver por qué intereses se inclina la balanza, la MP-203 será una lengua de asfalto de 70 millones de euros en tierra de nadie.
* El País - JOSÉ MARCOS - 14.5.13
Foto: Construcción interrumpida de un peaje en la MP-203. / LUIS SEVILLANO
Banco malo versus banco bueno: De la estafa organizada a la oportunidad histórica
La ayuda del gobierno a la creación del llamado 'Banco malo' para la gestión del inmenso patrimonio inmobiliario en manos de los bancos privados, logrado por métodos fraudulentos o irregulares en la mayoría de las ocasiones, supone el mayor rescate bancario hasta la fecha y otra estafa monumental a los ciudadanos.
"ADRIÀ ALEMANY* : Con la reforma financiera anunciada por el ministro de Guindos (la quinta desde que estalló la crisis, y la tercera desde que gobiernan los populares) se obliga a las entidades financieras perceptoras de ayudas públicas a deshacerse de los inmuebles adjudicados en cartera. Para ello se crearán sociedades gestoras (el banco malo), participadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que comprarán los activos tóxicos que se acumulan en los balances bancarios para venderlos en un plazo máximo de 15 años.
Con ello se pretende sanear las cuentas de las entidades financieras de la indigestión inmobiliaria. De esta manera el FROB, que podrá endeudarse hasta un tope de 120.000 millones de euros, financiará la compra de estos activos tóxicos, mayormente inmuebles que actúan como garantía de créditos ligados a promotor, según el propio ministro de Economía. El Gobierno ha asegurado que dichos activos se comprarán a un precio razonable y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado que la reforma “se ha diseñado para que no cueste un euro al erario público”.
Sin embargo, esta nueva “reestructuración” se presenta ante nosotros como el mayor rescate bancario hasta la fecha y otra gran estafa a la ciudadanía. Al respecto varias consideraciones:
1) ¿Quién nos asegura que las parcelas, suelos, promociones sin acabar y urbanizaciones fantasma que absorberá el banco malo se comprarán a un precio razonable? ¿Qué se entiende por “precio razonable”?
Si la intención del banco malo es comprar activos para luego venderlos, el precio al que se compren y luego se vendan estos activos será clave para determinar el coste final para el contribuyente. Una de las hipótesis que se barajan es que los inmuebles sean transferidos al banco malo por su valor contable menos las provisiones ya realizadas sobre el activo que poseen en cartera (un colchón que los bancos están obligados a reservar para compensar la bajada de precios de los inmuebles). ¿Pero descontar la provisión realizada sobre el precio contable de los activos será suficiente para ajustarnos a su valor actual de mercado? Suponiendo que fuera así, que no lo es, y que, tal y como asegura el ministro De Guindos “los activos tóxicos de los bancos ya estuvieran suficientemente provisionados, con lo que el precio de compra podría ser reducido”, ¿por qué estos activos no encuentran salida en el mercado privado? ¿Por qué se transfieren entonces al banco malo? ¿Por qué nadie los quiere? ¿Por qué los tiene que comprar el Estado?
La mayoría de expertos señalan que la depreciación real de los activos es ostensiblemente mayor a la provisionada en los registros contables de los bancos, sobre todo en lo referente al suelo. ¿Cuánto vale realmente un patatal no edificable que se compró a precios desorbitados? Con toda seguridad estaremos comprando inmuebles a precios inflados. Y eso, el señor De Guindos lo sabe. Por este motivo la vida útil del banco malo se ha establecido en 15 años. El Ejecutivo supone que transcurrido este plazo, la economía se habrá recuperado, el mercado inmobiliario reflotado y los precios de los inmuebles volverán al alza. De esta manera, la apuesta del Gobierno del PP es la apuesta por una nueva burbuja inmobiliaria. Con este planteamiento inicial, pase lo que pase, la ciudadanía pierde. Si los precios vuelven a los niveles de burbuja, el banco malo no aflorará pérdidas, pero volveremos a sufrir en nuestras carnes las consecuencias de un modelo especulativo que nos ha conducido a la situación actual.
Sin embargo ésta última hipótesis es más que dudosa. Con una ingente cantidad de stock de vivienda e inmuebles por absorber, una tasa de crecimiento poblacional que se prevé negativa en los próximos años, un elevado endeudamiento familiar y una tasa de paro estructural crónica, parece difícil regresar a los años de burbuja y reactivar el mercado inmobiliario a partir de la demanda interna. Consciente de ello, el Gobierno intenta atraer inversores extranjeros (de ahí los esfuerzos del ejecutivo en promocionar el mercado inmobiliario español en países como Rusia o China). Es también en esta clave que debemos interpretar la propuesta de modificación legislativa en el mercado del alquiler, donde, entre otros elementos, se introduce una exención fiscal para las empresas que adquieran activos inmobiliarios.
Así que pase lo que pase, seremos los contribuyentes los que acabaremos pagando la factura de un rescate bancario sin precedentes. Si el banco malo se liquida sin pérdidas, querrá decir que hay burbuja. Si se liquida con pérdidas, será la ciudadanía la que tendrá que afrontarlas, lo que inmediatamente se traducirá en una nueva oleada de recortes. Así que una de dos: o tendremos burbuja o tendremos recortes.
Sin embargo, no podremos saber el resultado hasta que el banco malo no se liquide. Es decir dentro de 15 años. Mientras tanto, la ingeniería contable se encargará de disfrazar las cifras, como ha hecho hasta la fecha con los balances bancarios.
2) Los costes inmediatos para los ciudadanos de la dación en pago a la banca
Sea lo que fuere lo que pase en el futuro, la realidad es que a día de hoy se comprarán activos a la banca a precios sobrevalorados. Se trata de una especie de dación en pago a la banca. Sanearemos sus cuentas a costa de los contribuyentes. Los mismos mercados financieros señalan en esta dirección. Después de la comparecencia del ministro de Economía para explicar la reforma, las cotizaciones bursátiles de las entidades bancarias subían como la espuma al tiempo que el rating de la deuda pública se desplomaba y la prima de riesgo volvía a encaramarse. Lo cual implica que esta medida ya está suponiendo costes para los ciudadanos, puesto que habremos de pagar más intereses por la deuda pública que emita el Estado.
Por otro lado conseguir financiación y destinar recursos para tapar el agujero de los bancos, comprando activos a precio sobrevalorado, impide canalizar los recursos hacia otros sectores de la economía. Es lo que los economistas denominan el coste de oportunidad. Si destinamos los recursos que traemos del futuro (endeudándonos todavía más) para unas cosas, los dejamos de utilizar para otras.
Los intereses del préstamo que pedirá el FROB irán a cargo del presupuesto público y se traducirán en más recortes sociales hoy, si no se quiere incrementar el déficit público.
Si el FROB se endeuda, nos endeudamos todos, puesto que es el Estado quien avala al FROB, que es un instrumento público. Aunque De Guindos ha reiterado su voluntad de que el banco malo esté participado por capital privado, en un primer momento su único accionista será el FROB, es decir, los ciudadanos. El FROB se endeudará para financiar la compra de los activos “tóxicos”. Una deuda que, no nos olvidemos, generará nuevos intereses. Si el Gobierno continúa obcecado con la política del déficit cero, y dado que se niega a incrementar los ingresos por la vía de hacer pagar a los que más tienen, no tendrá otro remedio que continuar recortando las partidas sociales para poder pagar los intereses sin desequilibrar el presupuesto.
Así, toda esta operación no tendrá coste alguno para el contribuyente sólo si el precio por el que el banco malo vende los activos a un tercero es superior o igual al precio por el que los compró más los intereses acumulados que ha debido de hacer frente el FROB para financiar la compra de los activos tóxicos. Y esto, como ya se ha dicho, sólo es posible con una nueva burbuja inmobiliaria.
4) En cuarto lugar, la reforma financiera pone de manifiesto que el talón de Aquiles del sistema no son las viviendas ejecutadas a familias insolventes, como algunos políticos y expertos pretendían hacernos creer, sino la exposición al riesgo de los créditos concedidos a promotores y constructores. Así lo manifiesta el propio ministro cuando literalmente declara que los activos que serán traspasados al banco malo son sobre todo “créditos problemáticos ligados a promotor, que son los más tóxicos”
Por último, el señor de Guindos también ha hecho referencia a la intención de que estas sociedades gestoras estén participadas por capital privado. Se creará entonces una especie de consorcio público-privado. En este caso, ¿quién se quedará con los activos buenos, y quién los malos? ¿No será una nueva puerta que nos lleve a otro escenario donde se socializarán las pérdidas y se privatizaran los beneficios?
Pero, ¿y si creamos un Banco Bueno y optamos por garantizar el derecho a una vivienda?
Sin embargo existe otra manera de gestionar la situación actual. Si como estamos comprobando reforma tras reforma, la mercantilización de la vivienda explica gran parte de la crisis económica y financiera en la que estamos sumidos actualmente, ¿por qué no exigir que los bancos malos se conviertan en un banco bueno y convertimos las viviendas en manos de las entidades en un parque público de alquiler social? ¿Por qué no aprovechamos para recuperar suelo público y protegerlo? Obviamente deberíamos controlar que el precio que pagamos por las viviendas y el suelo recuperado se hace a un precio real y ajustado al valor actual. No es una tarea fácil, pero es un reto necesario y apasionante. Es cierto que estamos en un momento crítico. Pero también es cierto que nos encontramos ante una oportunidad histórica que no se volverá a presentar en mucho tiempo. No la dejemos escapar.
* ADRIÀ ALEMANY. Miembro de la PAH y coautor de "Vidas hipotecadas"
* Diagonal - Opinión - 7.12.12
Foto: Madrid, banco de España - turismo
La desprotección de la costa ya es legal
Lo que llevábamos tiempo anunciando se ha producido finalmente: el gobierno 'popular' y su partido han aprobado definitivamente la nueva Ley de Costas, la mayor agresión a la Ordenación Territorial producida en la historia de este país. Los esfuerzos denodados que algunos hemos hecho, junto a asociaciones y pequeños partidos verdes, no han surtido efecto y, finalmente, este crimen premeditado contra el litoral ha entrado en vigor. Así se escribe la historia, lamentablemente.
"DIAGONAL* : La nueva Ley de Costas se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría del PP. La norma cuenta con la oposición de la mayoría de los partidos políticos y la totalidad de los grupos ecologistas. La Ley de Costas reduce de 100 a 20 la franja de protección de la costa y va a amnistía a más de 150.000 construcciones levantadas en dominio público marítimo terrestre.
También se amnistían construcciones y explotaciones en dominio público de la costa que el PP justifica que sigan a pie de playa porque dice son puestos de trabajo. La reducción de la protección de la costa convierte además al dominio público en zona urbanizable y permitirá levantar nuevos edificios.
Desde Ecologistas en Acción y Greenpeace se denuncia que esta Ley de Costas abre un proceso de privatización y despilfarra más de 180 millones que se han invertido en procesos judiciales para deslindar la costa. Además señalan que la ley se ha sacado adelante sin contar con los técnicos ambientales ni la sociedad y se ha legislado en contra del Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático que según todos los estudios prevé la subida del nivel del mar. También quedan sin protección importantes espacios naturales como salinas y dunas.
La nueva ley amnistía cientos de edificios construidos antes de 1988 y aumenta las concesiones de explotación en dominio público de 30 años a 75.
Dos activistas de Greenpeace escalaron ayer por la mañana por la fachada del Congreso y mostraron pancartas con la frase: “El PP vende nuestra costa”. La organización ecologista planea llevar una queja contra esta ley ante la Comisión Europea, por su parte el PSOE ha anunciado que estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
* Diagonal - JONATHAN MACÍAS MARTÍN - 9.5.13
Foto: Vista de la costa de la provincia de Castellón.- DAVID FERNÁNDEZ
La liberación de viviendas vacías coge el testigo de la ILP antidesahucios
Tras la negación definitiva del gobierno y su partido de aceptar la ILP antidesahucios, que contaba con el aval de millón y medio de firmas ciudadanas, la PAH se plantea otra actividad social indispensable, como es la 'liberación' de viviendas vacías, generalmente propiedad adquirida por cajas y bancos, en donde este país vuelve a tener un lamentable récord negativo.
"DIAGONAL* : La Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios se quedó atascada en la mesa de Economía del Congreso el 18 de abril, el mismo día que el Instituto Nacional de Estadística publicaba su censo de viviendas vacías. Mientras trascendía a la opinión pública que el número estimado de casas sin habitantes alcanzó en 2011 los 3,4 millones, el texto defendido en solitario por el Partido Popular llegaba al Senado sin incluir ninguna de las tres medidas defendidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el alquiler social".
“Nos quedan las dos líneas de trabajo de desobediencia que ya hemos empezado: el Stop Desahucios por un lado, y por otro lado insistir en lo que no hemos conseguido por la vía legislativa: liberar los bloques y las viviendas vacías”, explica Pau Llonch, miembro de la PAH en Sabadell, una localidad que cuenta por sí sola con tres bloques enteros y varios pisos ocupados.
La campaña de recuperación de viviendas vacías, iniciada con el nombre paródico de “Obra Social la PAH”, va cobrando protagonismo y poco a poco se cuela en la agenda mediática y política. Catalunya (ocho bloques) y Andalucía (14, localizados en Sevilla y Málaga) encabezan esta campaña por la que personas en peligro de desahucio, o ya desahuciadas, entran a vivir en pisos o bloques enteros, por lo general fincas que con la crisis han pasado a formar parte del balance de invendidos de cajas y bancos.
Un encuentro de las distintas plataformas celebrado en enero ya fijó la recuperación y liberación de espacios como el siguiente objetivo del movimiento. Según explica Llonch, el grupo que coordina la campaña en Catalunya ya está trabajando en un dossier formativo sobre las “cuestiones técnicas, legales, organizativas y de comunicación” que se han mostrado más útiles en los bloques pioneros de la Obra Social.
Tras un encierro en la Consejería andaluza de Vivienda, los habitantes de uno de los bloques ocupados de Sevilla, la llamada corrala Utopía, conseguían reunirse el 16 de abril con la secretaria general de Vivienda de la Junta, Amanda Meyer. El Gobierno autonómico acababa de aprobar la expropiación temporal de las viviendas con procesos de ejecución hipotecaria pendiente y el registro de viviendas vacías, con sanción incluida.
Según una portavoz de la intercomisión de vivienda del 15M, el decreto abre la vía a que a las entidades, Ibercaja en el caso de la Utopía, “les salga más a cuenta conceder el alquiler social para las familias que han entrado a habitarlas que pagar la multa por tenerlas vacías”. Teniendo en cuenta la mayor de las sanciones previstas en el decreto (9.000 euros por piso vacío), Ibercaja tendría que pagar 324.000 euros anuales en sanciones por mantener vacío este inmueble.
Esta posibilidad se mantiene abierta a través de una mesa de negociación entre la Utopía, Ibercaja, la Junta, el Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo andaluz. No obstante, no existe ningún proceso de negociación entre el conjunto de las corralas y la consejería. Además, Meyer excluyó la posibilidad de expropiar estos bloques vacíos, ya que el Decreto sólo abre la posibilidad de la expropiación para los pisos habitados por personas con contrato hipotecario.
En Catalunya, las negociaciones con las entidades ya han arrancado el realojo de 14 familias por cinco años en otro edificio en Sabadell con un alquiler social de 150 euros. Dos bloques más en Sabadell y Terrassa tienen pendiente la firma del alquiler social. “Estamos haciendo un poco de para-Estado”, dice Llonch medio en broma. La entrada en escena del SAREB (el banco malo'), que solicitó el desalojo cautelar de uno de los bloques de la PAH en Sabadell, ha abierto otra vía para el conflicto y supuso por unos días una carga adicional para sus habitantes, que ya se encuentran en situación límite. [Actualización: la mañana del jueves el juzgado número 4 de Sabadell ha fallado en contra de la denuncia del SAREB en una setencia definida por la PAH como "histórica".
* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA - 9.5.13
Foto: Una de las corralas ocupadas en Sevilla. En toda Andalucía son 14 los inmuebles mantenidos como ocupaciones colectivas. / HAZEINA RODRIGUEZ
La Comunidad de Madrid fraccionó 3 millones en contratos a Gürtel para evitar concursos
El uso de contratos de obras fraccionados es una práctica antigua para desviar la legalidad vigente, pero su abuso e irregularidad debe ser considerado claramente delito, sobre todo si ese fraccionamiento no está debidamente justificado ni se aportan pruebas que permitan fiscalizar dicha actividad. Estamos, sin duda, ante una contratación ilegal, efectuada a dedo, para favorecer a determinados amiguetes políticos a cambio de beneficios ilícitos. Así es la trama del llamado caso Gürtel.
"ELDIARIO* : La Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en 104 contratos menores (de menos de 12.000 euros) para evitar que se sometieran a concurso público, según un informe remitido al juez del caso Gürtel que detecta varias irregularidades en la contratación pública. El informe, elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia Nacional, analiza la legalidad de 686 contrataciones de actos institucionales de la Comunidad de Madrid por importe de 6.484.080 euros relacionadas con empresas de la trama Gürtel, la mayoría en los cuatro años citados".
De ellas, 657 son contratos menores por un total de 5.335.808 euros y 6 expedientes de contratación por 1.148.271 euros.
En el caso de los contratos menores, explica que se tramitaron 657 facturas, y que en ellas "de forma habitual el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios, siempre de cuantía inferior a 12.020 euros, con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad".
"En al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento, ascendiendo el importe total de dichos actos a 3.160.549 euros", añade el informe de 136 páginas, y luego concluye que esta cifra supone el 69 % del importe total de los contratos menores, descontando los pagos de los que no se ha facilitado factura.
Por consejerías, destaca que dos de ellas, la de Cultura, Deportes y Turismo y la de Presidencia, registran el 53 % del importe de todos los contratos menores supuestamente fraccionados.
Indica que 418 de las facturas aportadas por la comunidad no desglosan los servicios prestados, otras 56 tienen un concepto genérico y sólo en 96 (el 17%) "figura detallado o desglosado el suministro o servicio que se presta".
"El que en las facturas figuren cantidades a tanto alzado, sin que se detalle o especifique el trabajo realizado, las unidades ejecutadas, ni su coste unitario", indica el informe, no sólo supone una vulneración de la legalidad, sino que además "imposibilita verificar y en consecuencia certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado".
En ocasiones, la emisión de la factura por parte de la Comunidad de Madrid es "muy posterior" a la celebración del acto y en uno de los casos la factura es anterior al mismo, lo que responde, según el informe, a "la voluntad de ir cambiando de forma intencionada las fechas, los importes o los conceptos de las facturas, con el fin de que el órgano gestor preste su conformidad".
También se da el caso de "actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que figuran como destinatarios de los servicios, o incluso órganos gestores que no inician el expediente de contratación, sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".
El informe destaca en sus conclusiones servicios por 108.087 euros adjudicados por el ente público Radiotelevisión Madrid a la agencia de viajes Pasadena, que la red Gürtel supuestamente usaba para dar contraprestaciones a políticos a cambio de adjudicaciones públicas.
Este dinero se remonta a años anteriores a los analizados en la generalidad del informe y corresponde a gastos relativos a la caravana del PP en las elecciones generales y municipales de 1996, 1999, 2003 y 2004.
Otras empresas relacionadas con la trama figuran como adjudicatarias de los seis expedientes de contratación analizados por 1,1 millones de euros (dos mediante negociado sin publicidad y cuatro mediante concurso).
En el caso de los dos negociados, concedidos por 94.000 euros, el informe indica que en ambos las tres empresas que concurrieron eran del mismo grupo (todas ellas vinculadas con Gürtel) y que por lo tanto se vulneraron las normas de contratación pública.
En cuanto a los concursos, destaca que sólo uno de los cuatro cumplió la legalidad, y que en los otros hubo duplicidad de servicios pagados, así como coste y número de actos que no se ajustaban a ellos.
Uno de los concursos sirvió, según el escrito, "como una especie de cuenta corriente" en donde arbitrariamente se incluyeron servicios prestados por la empresa adjudicataria.
* El Diario - EFE - 8.5.13
Foto: Madrid, sede de la Comunidad - turismo
Vender y construir en los montes públicos
Continúa la devastación territorial llevada a cabo por este gobierno, con el ministro Arias Cañete a la cabeza. Ahora le toca el turno a la nueva Ley de Montes que va a suponer una nueva agresión el Medio Ambiente y a la ordenación sostenible, bajo unas condiciones retrógradas, como es la posibilidad de construir en montes quemados antes de los 30 años de la ley actual. La nueva especulación urbanística está en marcha.
"DIAGONAL* : El pasado mes de marzo el Ministerio de Arias Cañete presentó el primer borrador de la Ley de Montes estatal que abre la puerta a la recalificación de los montes públicos que se hayan quemado si las comunidades autónomas consideran que hay un “interés general prevalente”. Varios grupos ecologistas ya han advertido que este cambio podría provocar que los incendios sirvan para recalificar y urbanizar el suelo de los montes, alentando, además, a que se produzcan más incendios intencionados. El texto de la Ley de Montes actual, la Ley 43/2003, señala que, tras un incendio, está prohibido recalificar los terrenos de los montes quemados durante un periodo de 30 años.
Días después de este anuncio de Medio Ambiente se llevaron a cabo varias reuniones entre Begoña Nieto, directora general de Medio Rural, y grupos ecologistas, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Ecologistas en Acción, Greenpeace y Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), para tratar de llegar a un acuerdo sobre el primer borrador de la reforma de la actual Ley de Montes y en concreto sobre este punto que autorizará la recalificación del suelo quemado.
Grupos ecologistas denuncian que hasta el momento ninguna ley califica qué es “un interés prevalente” y que esto podría rebajar la protección de los montes en las comunidades autónomas y dar pie para que éstas conviertan los montes en pelotazos urbanísticos bajo el pretexto del desarrollo y los puestos de trabajo.
Según ha declarado a este periódico Theo Oberhuber, responsable de Parques y portavoz de Ecologistas en Acción: “Estamos acostumbrados a que los gobiernos de las comunidades autónomas consideren prevalentes usos de cualquier tipo. Cuando necesitan construir una carretera, se expropian los terrenos y se hace un cambio de uso; lo mismo podrán hacer si se aprueba esa reforma de la Ley de Montes”. Lo que se refleja de forma clara en el borrador de la nueva ley es que “con carácter excepcional las comunidades podrán acordar el cambio de uso forestal”, dice el documento.
Para el sector maderero
Por su parte, Greenpeace considera que esta ley obedece a la demanda de algunos sectores como la industria importadora de madera. Según Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de esta organización: “Esta ley se hace a petición de algunos sectores que han estado demandando un cambio. Como los cazadores, el sector maderero y deplantaciones forestales”, apunta.
Pero eso no es todo. Cañete pretende hacer extensible la venta de Montes Públicos que quiere llevar a cabo su compañera de partido Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción coinciden en que es posible, además, que al llegar al trámite parlamentario esta ley incluya algún artículo que permita la venta de montes sin dar tiempo a las organizaciones a reaccionar. En este aspecto, Soto señala: “Se podría enmendar la ley y, además, ésa podría ser la idea, porque no hemos conseguido que la directora general de Medio Rural nos diga que está en contra de la venta de montes públicos”.
El PP aprueba la nueva Ley de Costas
El Senado dio el visto bueno el 24 de abril a la nueva Ley de Costas propuesta por el PP. El texto amnistía miles de construcciones ilegales construidas en dominio público marítimo-terrestre, entre ellas el Hotel El Algarrobico. Entregará a sus concesionarios en propiedad espacios públicos como salinas y otras explotaciones públicas, al ampliar a 75 años más el derecho de explotación, según denuncia Greenpeace , que recuerda que uno de los más beneficiados va a ser Abel Matutes, que cuenta con grandes intereses urbanísticos en Cádiz e Ibiza. Además, la reforma de la anterior Ley de Costas incumple la figura de protección europea de Red Natura 2000 y abre la puerta a nuevos proyectos especulativos al rebajar la protección del dominio público de nuestras costas de 100 a 25 metros. Científicos, grupos ambientales y la mayoría de la oposición coinciden en que esta Ley de Costas abre la puerta a la especulación y el ladrillo, sin, además, contemplar la subida del nivel del mar.
* Diagonal - JONATHAN MACÍAS MARÍN - 9.5.13
Foto: El borrador de la nueva Ley de Montes contempla la contrucción en los montes públicos quemados.- JAVIER GALÁN
Los donantes del 'caso Bárcenas' recibieron 12.000 millones en contratos de gobiernos del PP
Ya empiezan a salir a la luz los numerosos contratos adjudicados irregularmente en obras públicas. Y, como se ve, hay una conjunción de intereses a tres bandas: las grandes empresas constructoras corruptas, los bancos y cajas que financiaron 'ilegalmente' dichas obras, y los políticos interesados que se aprovecharon de esta trama mafiosa, ya fuera personalmente o a través de su partido. El resultado ha sido una estafa monumental a los ciudadanos y una catástrofe urbanística para el país.
"20MINUTOS* : Los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas recibieron más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por esta formación política. Así consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que se detalla la existencia de '19 donantes identificados', entre los que se encuentran los nueve imputados por el juez Ruz.
De ellos, 16 habrían realizado aportaciones supueriores al límite legal de 60.000 euros contemplados por la Ley Electoral. En seis casos, los de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la UDEF aprecia "una continuidad en las aportaciones" durante el periodo estudiado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existe "una concentración (de aportaciones) en un momento determinado" que suele coincidir con el de "mayor volumen de contratación".
Además de los anteriores, la UDEF identifica como donantes del PP a los empresarios Juan José Roig (Mercadona), Joaquín Molpeceres Sánchez (Licuas), José Antonio Romero Polo (Grupo José Antonio Romero Polo), Ignacio Javier López del Hierro (Constructora Continental), Antonio Pinal (Grupo Bruesa), Pablo Crespo (Special Events) y Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia).
OHL, a la cabeza de contratos
El donante que recibió más contratos de administraciones gobernadas por el PP, según el informe de la UDEF, fue Obrascon Huarte Laín (OHL), que se adjudicó entre 2002 y 2009 un total de 619 obras públicas por valor de 7.758,21 millones de euros, de los cuales 4.652,66 millones (un total de 215 contratos) fueron adjudicados por administraciones del PP. Así, la constructora obtuvo el 34,73% de sus contratos y el 60% de su volumen de negocio.
El informe también atribuye a su presidente, Juan Miguel Villar Mir, 530.000 euros en donaciones. FCC Construcción, sociedad presidida por José Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, al que se atribuyen entregas al PP por valor de 165.000 euros. Según el informe de la UDEF, las administraciones 'populares' le adjudicaron entre 2002 y 2012 un total de 587 obras por un importe de 4.132,58 millones de euros de los 1.615 contratos públicos que recibió en ese periodo por valor de 15.004 millones de euros.
Sacyr Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos públicos por 4.786,84 millones de euros de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones 'populares', lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En total, su presidente, Luis del Rivero, habría aportado al PP 480.000 euros.
Constructora Hispánica, por su parte, recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126,44 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525,26 millones de euros fueron adjudicados por cargos 'populares'. Las nueve entregas de su presidente, Alfonso García Pozuelo, ascendieron a 258.161,94 euros.
Azvi, por su parte, recibió entre 2002 y 2011 un total de 802 contratos con un volumen de adjudicación de 2.193,66 millones de euros, de los cuales 21 por un montante de 343 millones de euros correspondían a gobiernos 'populares'. Sus responsables, los hermanos Manuel y Guillermo Contreras Ramos, entregaron al PP 858.000 euros.
El Grupo Empresarial Sando, por su parte, recibió entre 2002 y 2012 un total de 222 contratos públicos por 1.940,39 millones de euros, de los que 51 fueron adjudicados por gobiernos del PP, con un montante de 264,82 millones de euros. Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría aportado 1,25 millones de euros en donaciones. El informe también detalla que las diferentes administraciones del PP adjudicaron contratos a Copasa (482,17 millones), Aldesa (282,25 millones), Sedesa Obras y Servicios (272,80 millones), Rubau (144,57 millones), Copisa (76,97 millones) y Urazca (39,93 millones).
Donaciones fraccionadas
El informe de la UDEF apunta además que el que fuera tesorero del PP incurrió de forma "persistente" en una ocultación de la cuantía de las donaciones realizadas al partido por empresas o personas físicas y que superaron, en 21 ocasiones, el límite legal de 60.000 euros.
Así, especifica que Bárcenas transformaba estas donaciones nominales "en ingresos en la cuenta de donativos anónimos" del PP "dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior".
La intención, según la Policía, era conseguir que fuera "imposible" verificar si se estaban incumpliendo los límites máximos de aportación. "Se transformaban en ingresos diluidos", indica a este respecto la UDEF.
En el marco de esta pieza separada del 'caso Gürtel', el juez Ruz ha llamado a declarar como imputados a Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL) y José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que comparecerán el 27 de mayo; Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvy) y Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), que lo harán al día siguiente; y José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Villella (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama 'Gürtel'), que están citados el día 29.
* 20 Minutos - EP - 07.05.2013
Foto: Bárcenas 'peineta' - tiempodehoy
El reto de salir de Madrid a pie
La movilidad sostenible continúa siendo una asignatura pendiente tanto en Madrid como en otras grandes ciudades españolas. Pero el problema es más acentuado en la capital debido a las barreras de infraestructuras que se han instalado salvajemente. Por ejemplo, en la actualidad es imposible salir de Madrid, en bicicleta o andando, por vías verdes alternativas, algo que en Europa se valora cada vez más.
"ELPAÍS* : ¿Qué pinta un rebaño de ovejas en medio del campo de golf municipal de Majadahonda? ¿Y unos excursionistas escoltados por la Guardia Civil en fila por el arcén de la M-30 a la altura de Puerta de Hierro? Realmente nada si estas infraestructuras, como tantas otras en cualquier lugar de la región madrileña, no hubieran interrumpido el trazado de las vías pecuarias, un sistema de rutas ancestrales utilizadas por los ganaderos en la trashumancia y que ahora podrían usar los madrileños como zonas recreativas y de ocio.
Ambas escenas forman parte del anecdotario de un grupo de ecologistas en su empeño por recuperar caminos que permitan salir de Madrid dejando el coche aparcado, y sin jugarse la vida por las carreteras. “Los casos de Majadahonda y de la M-30 ya están solucionados, pero por lo general es muy complicado salir de Madrid sin tropezarte con autopistas, vías de tren, edificaciones o fincas privadas que te cortan el paso”, advierte Juan García Vicente, uno de los promotores de la idea y miembro de Ecologistas en Acción. Su pretensión es institucionalizar rutas con el respaldo de la administración pública, que se conozcan y por las que pueda transitar cualquier persona. “Por supuesto, si te empeñas puedes encontrar otras vías de escape, pero con dificultades y que solo conocen los que las usan”, advierte.
De momento, han logrado consolidar dos recorridos: La Senda Real (GR-124), 48 kilómetros desde la Estación de Príncipe Pío a Manzanares El Real, y la Senda de las Merinas, de 53,7 kilómetros, inaugurada en la primavera de 2003, que parte de la Casa de Campo hacia San Lorenzo de El Escorial. En el trazado de esta última subsisten todavía 13 cruces con carreteras que incumplen la Ley de Vías Pecuarias. La Comunidad de Madrid denomina a este recorrido Corredor Casa de Campo-Sierra de Guadarrama y lo amplía a 60 kilómetros conectándolo con el corredor de la Cañada Real Leonesa Oriental.
Junto a ellas, los ecologistas han diseñado un tercer itinerario circular de 19 kilómetros de longitud, ideado para acceder también desde la Casa de Campo a los municipios de Alcorcón y Leganés y regresar al punto de partida por Carabanchel Alto y Aluche. El camino de Santiago, que conecta con la Senda Real (GR-124) en Valdelatas, es otro de los itinerarios que permiten dejar atrás la ciudad a pie.
Es el principio. De la próxima tacada esperan ampliar la Senda Real hacia el sur con el objetivo de unir Madrid con Aranjuez. Un itinerario que se puede realizar en la actualidad partiendo de Madrid Río para continuar por el Parque Lineal del Manzanares y, a la altura de Getafe, en la pedanía de Perales del Río, tomar un camino rural hasta Aranjuez. “Pero con problemas, como, por ejemplo, una gravera que interrumpe el Cordel de los Manchegos entre San Martín de la Vega y Titulcia”, explican los ecologistas.
En la región existen 4.200 kilómetros de vías pecuarias —cañadas de 75 metros de ancho; cordeles, de 37,5; veredas, de 20; y coladas, de menos de 20— que, según datos oficiales, cubren unas 15.000 hectáreas. Una cifra “con trampa”, matiza Hilario Villalvilla, geógrafo especialista en vías pecuarias. “Habría que restarle los 1.600 kilómetros que se calcula están ocupados”, aclara. El cómputo oficial incluye lugares como la Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Santa Engracia o Alonso Martínez, entre otros, que jurídicamente continúan ostentando la calificación de vías pecuarias. En el resto de España la situación es similar. De los 125.000 kilómetros de vías pecuarias que existían quedan unos 85.000. Con un agravante, señala Villalvilla: “El 76% de lo que queda presenta diversos grados de ocupación”.
Como ocurre en el este de Madrid. Grandes infraestructuras como la M-50, la M-45 o las líneas del tren de alta velocidad, que impiden prácticamente el paso. Hacia el sureste, el camino natural discurre por la Cañada Real Riojana o Galiana (400 kilómetros de La Rioja a Ciudad Real). A su paso por territorio madrileño se ha transformado en una calle repleta casas y chabolas, en los términos municipales de Coslada, Rivas (tres kilómetros) y, en su mayor parte (unos 13 kilómetros) por los distritos de Vicálvaro y Puente de Vallecas.
“Se puede avanzar por el viario convertido en urbano, pero en Pinto te tropiezas con la autovía de Andalucía (A-4). Habría que hacer un bucle, pasar la carretera por arriba y atravesar el pueblo. Muy complicado”, apunta Villalbilla. El geógrafo describe como “asalto” la desafectación de 14,4 kilómetros de esta Cañada, que ha decidido llevar a cabo el Gobierno Regional madrileño para legalizar las edificaciones que han ido invadiendo la vía desde los años sesenta, pero sin trasladar el espacio público detraído a otro lugar.
“Es la primera vez que ocurre algo así con una cañada intracomunitaria, que conectaba el norte y el sur de Castilla y llegaba hasta Cabañeros”, afirma Villalvilla. El camino, ya cercenado sin solución, sufre también cortes de varias carreteras, entre ellas las autovías A-2 y la A-3, pérdida de terreno por el crecimiento de núcleos urbanos como Coslada y San Fernando de Henares, además de otras ocupaciones ilegales.
Las rutas de salida de la Senda Real y de las Merinas se han diseñado “aprovechando tramos de cañadas, veredas y cordeles”, describe García Vicente. La Senda Real (GR-124) tiene su origen en un antiguo camino que unía el Real Alcázar de Madrid con el Palacio de El Pardo. Se interna, tras atravesar el Puente de los Franceses, bordeando la M-30, por un camino flanqueado por plátanos, algunos con 200 años. Se plantaron a comienzos del siglo XIX. En 2008 el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria, en el que participaba el Ayuntamiento, invirtió 2,5 millones en acondicionar los 2,6 kilómetros iniciales que discurren entre el Puente de los Franceses y el eje de Puerta de Hierro.
El camino, al alcanzar la calle Arroyo Fresno, donde confluye en este punto con el anillo verde ciclista, se desdibuja y el usuario corre el riesgo de despistarse. “Ojo, hay que atravesar la pasarela pintada de azul y atravesar la M-30”, previene el ecologista. A partir de ahí aparecen pintadas grafiteras que sustituyen, de una forma un tanto chapucera, a una señalización más digna. Les ha costado años. “Muchos, creo que empezamos en 1997”, rememora García Vicente. Detrás de la iniciativa estaba ayudar a un amigo que se recuperaba de las secuelas de un grave accidente de esquí. “La Dehesa de la Villa se le quedó pequeña para andar y nos dimos cuenta de que era imposible seguir mucho más allá”, explica.
El largo periplo se recuerda encadenado, alicates en mano cortando verjas metálicas, discutiendo con guardas, interponiendo denuncias, y sobre todo, dándose de bruces con la incomprensión de políticos que “a fuerza de dar la lata se ha transformado, a veces, en comprensión”. Como cuando consiguieron, mediante un acuerdo con el Ministerio de Fomento y Patrimonio Nacional, detraer al Club Puerta de Hierro un camino de cuatro metros durante unos dos kilómetros para la Senda Real. O la pasarela por la que se supera el antes insalvable eje de Puerto Hierro, sobre Sinesio Delgado. “La miro y no me lo creo”, se asombra todavía.
La Comunidad de Madrid propone, además, otros dos itinerarios: el corredor de la Pedriza a Santiago de Compostela, que tiene su inicio, ya abandonada la ciudad, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en las inmediaciones del anillo verde ciclista, y el corredor El Pardo-Montejo de la Sierra que parte del mismo lugar. “El potencial es enorme, pero hay que ponerse con ello, porque en muchas zonas solo sobreviven tramos y la única opción es coger el coche y alejarse 15 o 20 kilómetros de la ciudad”, sostiene Villalbilla. Una situación difícil de entender dada la alta protección de la que gozan. Las vías pecuarias son bienes de dominio público, por lo tanto inalienables, imprescriptibles e inembargables. De titularidad de las comunidades autónomas, que se rigen por la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y sus desarrollos autonómicos.
Pilar Vega, profesora del departamento de Geografía Humana de la Facultad de Geografía de la Universidad Complutense, explica que el abandono de la actividad agrícola y ganadera en los años cincuenta y sesenta propició la ocupación actual. Los desarrollos urbanísticos “mal ejecutados” dieron la puntilla. Las ocupaciones interrumpen los caminos tradicionales, impiden acceder al entorno, al espacio natural, pero también ir de un municipio a otro. “Lo que había se podía haber aprovechado, incluso como corredores ecológicos”.
Vega hace un llamamiento a la Administración Pública para que aumente las inspecciones y vele por la continuidad de los caminos públicos. “Hasta la fecha, si los ciudadanos no protestan, la infracción se queda ahí”.
Prevenir antes que curar
Existen armas legislativas para proteger y conservar los caminos públicos de tal forma que no se puedan usurpar, o en caso de que ocurra, poder demostrar que son bienes de dominio público. Hilario Villalvilla, geógrafo y experto en vías pecuarias, ofrece una guía de las posibles opciones:
Inventario: Los ayuntamientos son responsables de elaborar una lista de caminos de titularidad pública que discurren por sus municipios.
Deslinde: Una vez catalogados, es necesario establecer la separación con las propiedades colindantes.
Inscripción en el Registro de la Propiedad: Se ha demostrado que es un método infalible para establecer quién tiene la posesión del terreno.
Catastro inmobiliario: Una vez que ayuntamiento tenga aprobado el inventario debe inscribirlo en el catastro. De esta forma se establece que el viario pertenece al término municipal.
Instrumentos de planeamiento: Deben aparecer en los planes generales de ordenación urbana u otros instrumentos similares con algún tipo de calificación que los proteja, como suelo urbanizable, de protección o sistema general, además de incorporar su normativa reguladora.
Ordenanzas municipales: Deberían abarcar la planificación, construcción, conservación, financiación, explotación, protección y derechos de uso y edificación de los propietarios colindantes.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 4.5.13
Foto: Tramo de la Senda Real (GR-124) que discurre por debajo del nudo de la M-40 en la zona del Tejar de Somontes. / SAMUEL SÁNCHEZ
El 'plan C' contra los desahucios
Tras no haber obtenido respuesta favorable del partido gobernante tanto en el Congreso como en el Senado, a pesar del millón y medio de firmas a favor de la Iniciativa Legislativa, la PAH (Plataforma Afectados Hipotecas) ha optado por una nueva vía como es la ocupación de las viviendas vacías acumuladas 'irregularmente' por los bancos en todo el país. Es el llamado 'Plan C'.
"PÚBLICO* : Parece que este año la primavera está llegando más tarde. El frío de los últimos días no es el único indicio; en Sabadell, municipio vecino a Barcelona, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca celebró en la calle "la primavera verde" (reivindicando el color de los carteles que simbolizan la lucha antidesahucios) el día 13 de abril. Convocadas las cerca de 250 personas que luchan en este colectivo para una comida popular, lo que se hizo en realidad fue tirar abajo las puertas de un bloque de 40 viviendas nuevas que dormía vacío desde hace cuatro años".
"Fue una fiesta increíble, bailábamos de alegría" cuentan Nabila y Rafik, la primera pareja en entrar a vivir, con sus tres hijas, en la finca liberada.
El bloque de la calle Sant Ferran es propiedad de Caixa Penedès- Banc Mare Nostrum (BMN) y nunca ha estado habitado porque a sus promotores les fue imposible vender los pisos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Como este inmueble, cientos. Y como la ocupación que ha llevado a cabo la PAH Sabadell, ocho ya en Cataluña (dos en Terrassa, tres en Sabadell, uno en Cerdanyola, otro en Rubí y uno en Salt). Es tan sólo el inicio de una campaña que las más de 130 plataformas antidesahucios del Estado español han lanzado de manera conjunta con el nombre de "Obra Social la PAH", en irónica alusión a las entidades que los bancos dedican a proyectos comunitarios.
"Es vergonzoso que sean las cajas y los bancos el agente social que más bienes inmuebles acumulan mientras se quitan la responsabilidad en este drama y se niegan a ceder viviendas a la administración" declara en un comunicado el colectivo de Sabadell. El propio Ayuntamiento se ha comprometido a no criticar públicamente las ocupaciones de la PAH, desbordado por la incapacidad de dar respuesta a las decenas de familias que cada semana se quedan en la calle. Ante la negativa de los bancos de cederle a la Administración parte de su patrimonio edilicio, los servicios sociales no hallan solución para el creciente número de afectados que acuden a sus oficinas. Por eso, según asegura Emma Giné, una de las impulsoras de la PAH Sabadell, cada semana se acercan a la asamblea de la plataforma entre diez y veinte casos nuevos, derivados directamente por los trabajadores sociales.
En el bloque de la calle Sant Ferran se han instalado, de momento, las cuatro familias que, una vez agotadas todas las vías legales y administrativas, no han podido evitar ser expulsadas de sus casas. "En los próximos días, irán incorporándose más personas, siempre de acuerdo a la urgencia de cada caso y a lo que se decida entre todos en la asamblea" explica Emma.
En vez de dormir en la calle, Felipe, su esposa y sus tres hijos tienen ahora la oportunidad de rehacer su vida en un hogar que no sólo está en perfectas condiciones sino que hasta dispone de lavavajillas y secadora, electrodomésticos con telarañas que jamás habían sido utilizados. El edificio no cuenta aún con electricidad pero "si hay algo que no nos faltan son paletas" dicen, entre apenados y contentos, los nuevos inquilinos, muchos de ellos antiguos empleados de la construcción y hoy parados de larga data. Felipe, por ejemplo, en los últimos dos años sólo ha podido trabajar tres meses. Como su mujer tampoco encontraba empleo, tuvieron que dejar de pagar la hipoteca y solicitaron un alquiler social al banco, topándose con las paradoja de que se les exigía un sueldo de mil euros para acceder a este tipo de ayudas. Toda la familia abandonó entonces el piso y ocupó un bajo que de inmediato la policía (por orden del banco propietario) dio dos días para desalojar. Felipe, desesperado, fue en busca de ideas a la biblioteca municipal y mirando internet encontró información sobre el movimiento de las PAH. Esa misma tarde ya estaba participando en la asamblea y al día siguiente, acompañado por algunos de los activistas, fue al juzgado y consiguió que le dieran un mes de plazo para encontrar otro sitio donde alojarse. "La verdad es que no echo de menos mi casa. Aquí, como no tenemos tele, hacemos tertulia todas las noches con los demás compañeros y nos la pasamos muy bien" cuenta Felipe, en su nueva residencia.
Si hay algo en lo que coinciden todos los participantes de la PAH de Sabadell es en la importancia del apoyo mutuo. Pese a que no se conocían desde antes, lo que los une ahora es tan fuerte que se sienten parte de una gran familia. Además del trabajo colectivo en la asamblea, una vez por semana se reúnen en lo que llaman "la comisión de soporte", un espacio pensado para que los afectados por el drama de los desahucios puedan desahogarse y compartir sus experiencias. "La primera vez que fui entré llorando y salí riendo, ¡no hay mejor psicólogo que este!" confiesa Miguel, otro habitante de una de las 40 viviendas ocupadas.
Emma Giné, activista de la PAH, también hace hincapié en la transformación que viven las familias al involucrarse en la lucha colectiva. "Llegan avergonzados y con un gran sentimiento de culpa por creer que han fracasado en su proyecto de vida- explica- y a los pocos días se dan cuenta de que, al igual que tantos otros, han sido víctimas de un fraude generalizado". El perfil de los usuarios es mayormente el de personas que nunca antes habían militado en un movimiento social y que, sin embargo, ahora se manejan de forma natural con las dinámicas asamblearias y la acción solidaria. "Enseguida toman conciencia de que aquí no vienes a resolver tu caso, sino el tuyo y el de todos los demás" concluye Emma.
Pero el respaldo no proviene sólo desde dentro de la PAH. Ni bien ocupado, muchos vecinos de Sabadell se acercaron al bloque de viviendas con comida, ropa y muebles. Así lo testifica Nabila, una mujer marroquí, madre de tres niños pequeños que, junto a su marido, habitan en el inmueble luego de haber perdido su casa. Ambos se muestran muy agradecidos y Rafik, que viene de declarar en el juzgado como imputado en la ocupación del 13 de abril, apunta que hasta el Ayuntamiento y los jueces le han manifestado su apoyo. De hecho, los funcionarios les han permitido empadronarse allí para que los niños puedan seguir yendo a la escuela y los magistrados han resuelto, en vez de hacer un desalojo cautelar del edificio, abrir un proceso para estudiar con más tiempo la denuncia del banco.
El plan de acción de la PAH es iniciar una negociación con Caixa Penedés para conseguir que las personas que habitan los bloques ocupados (este es ya el tercero en Sabadell) puedan constituirse jurídicamente como una comunidad de vecinos y pagar así, al banco, un monto acorde al de un alquiler social.
La campaña de ocupación de viviendas vacías es la vía que las PAH de todo el Estado han decidido llevar adelante tras ver tumbada por el Partido Popular la ILP que, con el respaldo de 1,4 millones de firmas, reclamaba la dación en pago de los pisos hipotecados, la paralización de los desalojos y la instauración de un alquiler social. "No nos dejan más opción que desobedecer el absurdo" asegura el colectivo antidesahucios de Sabadell.
* Público - FLOR RAGUCCI - 5.5.13
Foto: Viviendas vacías ocupadas por la PAH en Sabadell.- IVÁN BARRIOS
Cuatro de los últimos siete alcaldes de Orihuela están imputados o condenados
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Orihuela (Alicante) pudiera parecer una caso excepcional en cuanto a ilegalidades urbanísticas, pero es solo una población más de las muchas en las que reina la corrupción 'popular' de la zona alicantina- murciana. Toda clase de administraciones están implicadas por especular urbanísticamente allí, desde las locales a las provinciales o, incluso, autonómicas. La permisividad judicial ha sido excesiva, aunque ahora salgan a la luz algunos ejemplos descarados.
"ELPAÍS* : Orihuela, localidad del sur de la provincia de Alicante donde nació el poeta Miguel Hernández, ha sido el escenario durante los últimos años de diversos escándalos de corrupción política. Hasta el extremo de que cuatro de los siete alcaldes que han gobernado en la ciudad desde la instauración de la democracia, en 1979, están imputados o han sido condenados. La última sentencia ha condenado a José Manuel Medina, del PP, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con un expediente urbanístico".
Medina anunció este jueves que recurrirá ante la Audiencia de Alicante esta sentencia “injusta”.
Pero no es el único caso. Luis Fernando Cartagena, también del PP, fue condenado, y llegó a entrar en prisión, por quedarse con 49.000 euros de la donación de unas monjas al Ayuntamiento de Orihuela. Y la que fuera alcaldesa entre 2007 y 2011 y actual líder de la oposición, Mónica Lorente, del PP, está siendo investigada por partida doble por los juzgados. La exregidora está imputada en el caso Brugal con relación a la adjudicación de la contrata de basuras, y está encausada en otro caso por adjudicar el contrato de una obra en una plaza después de inaugurarla. Y Francisco García Ortuño, que fue el primer alcalde democrático por la UCD y luego fue concejal del PSOE, está imputado también en la rama oriolana del Brugal.
Pero las sospechas no acaban ahí. Cuatro de los 11 concejales que tiene en la actualidad el PP en Orihuela están siendo investigados por la justicia, y uno de ellos tiene una sentencia firme por agresión.
La última condena que implica a un político oriolano es la de José Manuel Medina. El Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela ha condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde popular. La juez considera probado que Medina, que fue alcalde durante 13 años, cometió un delito de prevaricación en relación con un expediente urbanístico. La inacción del exregidor en el procedimiento causó una merma patrimonial al Ayuntamiento de Orihuela de unos dos millones de euros, que debieron reclamarse por vía judicial a un agente urbanizador.
El fiscal pedía para Medina, que fue alcalde hasta 2007, una inhabilitación de ocho años por un delito de prevaricación en comisión por omisión. El Ayuntamiento dirigido por Medina solicitó en 2004 a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas 4.220,50 metros cuadrados —o en su defecto una indemnización de 2.105.006,50 euros— que faltaban por aportar en una finca entregada al Consistorio por la sociedad. El cambio en el precio pactado anteriormente se debió a una corrección de las mediciones del suelo del proyecto de reparcelación. La junta de gobierno local aprobó en mayo de 2004 iniciar los trámites para exigir al agente urbanizador el terreno que faltaba o una indemnización por su valor, y el propio Medina firmó después un decreto en ese sentido. La empresa no respondió al decreto, por lo que el exalcalde dictó otro en el que emplazaba de nuevo al agente urbanizador a resarcir al Consistorio en el plazo de 15 días.
En caso contrario, el Ayuntamiento advertía de que ejercería acciones legales. Sin embargo, Medina no acudió a los tribunales. La sentencia destaca que “no inició acciones legales ni realizó actividad alguna para restablecer el equilibrio patrimonial del Ayuntamiento”. La juez apunta que, como alcalde, Medina “pudo haber convocado al pleno para discutir” las posibles acciones legales o pedido informes sobre el caso, pero no lo hizo. Durante el procedimiento, Medina alegó que había consultado “de manera verbal” a varios expertos, que le habrían dicho que no era posible ejercer acciones legales en ese asunto. La Fiscalía Anticorrupción abrió 15 causas contra el exregidor, de las que 12 fueron archivadas.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 2.5.13
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
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