Eugenio Gonzálvez, alcalde de Gádor, declara hoy ante el Tribunal Supremo imputado por prevaricación

IDEAL/Almeria* : El alcalde de Gádor y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, está citado a declarar hoy ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en relación al proceso por el que se le imputa la comisión de un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato para la obra de la nave municipal por valor de 144.837 euros.

El Supremo se declaró competente para instruir la causa incoada contra el regidor el pasado mes de junio (es aforado) y admitió a trámite la querella interpuesta por el portavoz del PSOE en Gádor, Francisco Almansa, después de que el fiscal informase de la presencia de indicios de ilícito penal.
En concreto, el Ministerio Público señala que el contrato de obras objeto de la denuncia se tramitó «sin ninguna clase de procedimiento de licitación» y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresaba su «reparo», lo que interpreta como una decisión que contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado. Al tiempo, apunta que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se «prescindió totalmente» del proceso que fija la normativa. Atribuyó, en esta línea, a Gonzálvez «conocimiento de la ilegalidad en su comisión» ya que, al margen del informe que advertía de los «graves defectos administrativos» en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007, «omitió los más elementales requisitos procedimentales», por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación.
La construcción de la nave se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar. En marzo de 2007, según se detalla en el escrito de la Fiscalía, se realizó por parte de un ingeniero industrial un proyecto de finalización de obras con un presupuesto de casi 150.000 euros. Tres meses después, Gonzálvez dictó un decreto por el que ordenaba el pago de las actuaciones a tres empresas. El informe del secretario, fechado el 29 de junio de 2007, formulaba además «reparo» ante el citado decreto, pese a lo cual -ahonda el fiscal- «el querellado emitió un nuevo decreto en el que resolvía la discrepancia surgida entre el órgano interventor y el ordenador de pagos en sentido favorable a éste último» de tal forma que fue llevado al pleno de la corporación local en pleno extraordinario.




* Ideal - 12.04.10
Foto: Gador (Almeria) - andaluciarustica.com