Abren otro proceso contra el exalcalde de Polop y el edil Montiel por cohecho

LASPROVINCIAS/Alicante* : La investigación de la Guardia Civil sobre el crimen de Alejandro Ponsoda sigue deparando sorpresas. Primero fue la apertura de una nueva causa relacionada con una supuesta trama urbanística en Polop, por la que están imputados uno de los presuntos inductores del asesinato, Juan Cano, que sucedió a Ponsoda como alcalde, el ingeniero José Vicente Martí y el exedil Jaime Narbó. Ahora, la magistrada María Antonia Raedo, titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 2 de La Vila, ha ordenado abrir otro procedimiento por un delito de cohecho contra el propio Cano y quien fuera su mano derecha en el Ayuntamiento y el PP local, Joaquín Montiel. Así se desprende de una providencia dictada por la juez instructora el pasado 8 de octubre a la que ha tenido acceso este diario. En ella, Raedo incorpora a la causa un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo de élite de la Benemérita que continúa al frente de las pesquisas. Los agentes han obtenido una conversación grabada que apunta a que los todavía concejales podrían haber exigido dinero a un constructor a cambio de algún trato de favor desde sus respectivos cargos públicos. El CD con esa grabación ha sido incluido ya en las diligencias previas 2793/2007, las del crimen, aunque Raedo ha ordenado que se deduzca testimonio de la misma como paso previo a incoar un procedimiento distinto por soborno.

Esa providencia fue recurrida por el abogado de Juan Cano, Carlos Ruiz Manero, y la de Robert Franek, uno de los dos presuntos sicarios checos acusados de liquidar a Ponsoda. Ambos letrados sostenían que la UCO estaba actuando de forma irregular al realizar indagaciones sin mandato expreso de la juez.
Sin embargo, la Audiencia, en un auto fechado el pasado 5 de abril y publicado también por este periódico, avala ese proceder, aunque no se pronuncia sobre la validez de la grabación incorporada al sumario. «La resolución judicial trata de incorporar al proceso el resultado de la investigación policial, que es donde debe estar, para proceder a la oportuna contradicción», precisan los magistrados de la Sección Primera.
En la providencia recurrida no se hace mención alguna al contenido de la conversación. Raedo se limita a ordenar su incorporación a la causa y a requerir a los investigadores que aporten la «transcripción» de la misma para «la oportuna adveración por la secretaria del juzgado», previo paso a «deducir testimonio por la posible existencia de un delito de cohecho presuntamente cometido por Juan Cano y Joaquín Montiel».
Fuentes jurídicas consultadas por este diario confirmaron que la grabación es la misma a la que se hace referencia al principio del sumario y que dejaron fuera del Ayuntamiento a ambos regidores en las elecciones municipales de 2003.
El exconcejal Juan Andrés Llorens, enfrentado a Cano, a quien sucedió en la Concejalía de Urbanismo durante la legislatura 2003-2007, declaró a la Guardia Civil que fue el entonces presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, Julio de España, quien tomó la decisión de apartarles.
Según su versión, el dirigente popular convocó a una reunión a Ponsoda, él mismo y otros tres concejales para pedirles que sacaran de la lista del PP para las municipales a Cano y Ximo Montiel. «Nos dijo que si no lo hacíamos, se presentarían otras listas. Todos protestamos porque no sabíamos qué pasaba. La explicación que nos dieron es que estaban afectados por una trama urbanística y que habían sido grabados mientras pedían dinero a un constructor».
Esa grabación no ha visto la luz hasta ahora. La dirección provincial del PP decidió echar tierra sobre este asunto ante la proximidad de los comicios. «Nos dijeron que no querían dar publicidad a las cintas debido a que afectaban a las próximas elecciones», relató Llorens a los agentes.
Los representantes del PP de Polop llamaron a Cano y Montiel para que diesen su versión de los hechos, «pero se negaron rotundamente, dando a entender la veracidad de los hechos», prosigue el testigo. «Negociamos la salida de estas personas y se les posicionó en los puestos 10 y 11, en los que realmente no tenían posibilidad de salir elegidos».
Este presunto delito de cohecho podría haber ya prescrito. La misma sombra de prescripción planea también sobre otra de las causas judiciales abiertas a raíz del crimen por una supuesta trama urbanística.


* Las Provincias - 25.04.11
Foto: Polop (Alicante) - flickr.com