Once son las familias que se consideran agraviadas por unas actuaciones urbanísticas que comenzaron en 2008. Desde entonces, los afectados han interpuesto varios contenciosos, aunque ninguno había prosperado hasta ahora. Su inclusión en el PAI -pese a estar ya residiendo en la zona y disponer de las cédulas de habitabilidad pertinentes- les supuso volver a desembolsar unos costes de urbanización ya abonados en su momento, denuncian.
Tal como indica un informe de la policía judicial, el consistorio podría haber cobrado esos costes a riesgo de incurrir en un posible delito. También se dictan irregularidades en la consignación de las facturas de obra, efectuadas por Segogar. Los vecinos acusan a la mercantil de incluir partidas de material inexistentes en los trabajos efectuados hasta ahora.
Otro de los aspectos que aborda la investigación judicial es la posibilidad de que Segogar comenzara las obras sin contar con los permisos oportunos. Los trabajos deberían haber sido ejecutados definitivamente a finales de 2009. Sin embargo, el incumplimiento de plazos y la posterior reanudación de las obras habría provocado unos sobrecostes de 34.000 euros, que los vecinos han tenido que pagar de su bolsillo.
"Llevamos ya abonados más de 60.000 euros desde que comenzó el proceso", lamenta uno de los afectados. "Y Lo peor es que no nos ha reportado ningún beneficio: tenemos los mismos servicios que antes de que empezaran las obras", afirman. La justicia también investiga la legalidad del desmonte provocado por el PAI, que comportó la sustracción de 2.000 metros de la montaña situada al fondo de la urbanización. "Es un delito ecológico. Cuando compramos la casa había un paisaje inmejorable que nos han robado", denuncian los vecinos. Las obras hoy aún continúan.
"No hemos cometido
ningún delito"
"Estoy muy tranquilo. Somos un ayuntamiento honrado y no hemos cometido ningún delito". El alcalde de Chella, Pablo Seguí, realizaba ayer esas declaraciones tras conocer la noticia de su imputación por presuntos delitos urbanísticos. El primer edil socialista indica que "el PAI responde coma por coma a lo que dicta el PGOU aprobado en 2001 por el PP y ratificado por la Conselleria" y manifiesta que la ejecución de las obras "se ha hecho conforme al Plan General", explicó ayer. El primer edil niega que las facturas de los trabajos incluyan partidas inexistentes, como denuncian los vecinos, e indica que "lo importante es la liquidación definitiva. Una vez acaben las obras se cobrará únicamente por los trabajos realizados", señala. Seguí, además, asegura que existe un "trasfondo político" en su imputación, que se produce cuando falta poco más de un mes para las municipales.
* Levante - 21.04.11
Foto: Chella (Valencia) - forociudad
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