En Cataluña, las sospechas de corrupción en la política municipal, especialmente de la siempre espinosa gestión urbanística, derivan de los dos grandes casos destapados en 2009 entorno al saqueo del Palau de la Música y la trama de "Pretoria", que en apenas unos meses lograron dinamitar el pretendido "oasis catalán".
Con epicentro en Santa Coloma de Gramenet, el caso "Pretoria", un contubernio entre el negocio inmobiliario y el urbanismo municipal que salpicó a los tres grandes partidos, ha asestado un duro golpe a uno de los grandes feudos del PSC con la detención y posterior dimisión de su alcalde, el socialista Bertomeu Muñoz.
Muñoz, suspendido de militancia junto a los cargos municipales también imputados Manuel Dobarco y Pasqual Vela, fue relevado en la alcaldía por la socialista Núria Parlón, que ahora afronta la reválida como cabeza de lista por Santa Coloma con el temor de que los supuestos tejemanejes del ex alcalde le pasen factura en las urnas.
Además de llevar a la cárcel a los ex altos cargos convergentes Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, el sumario del "caso Pretoria" acabó salpicando la gestión de otros municipios del área metropolitana, como Badalona, Viladecans, Montcada i Reixac y, especialmente, Sant Andreu de Llavaneres.
Son varias las operaciones urbanísticas turbias vinculadas a Sant Andreu de Llavaneres, donde el ex alcalde Víctor Ros (PP) -que no concurre a las elecciones municipales- y el ex concejal de Urbanismo Antonio Jiménez (PSC) tienen pendientes, además de "Pretoria", otras causas por supuestos pelotazos urbanísticos.
Paralelamente al "caso Pretoria", los turbios manejos de Fèlix Millet al frente del Palau de la Música han supuesto la imputación del teniente de alcalde de Barcelona Ramon García Bragado y el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, por las irregularidades en el proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al edificio modernista.
García Bragado, que junto a Massaguer ha sido apartado de sus responsabilidades en Urbanismo, decidió no presentarse a las elecciones por considerarlo incompatible con la investigación de que está siendo objeto por favorecer, según la juez, una "operación especulativa" que habría beneficiado un hotelero particular.
Precisamente, las presiones que supuestamente recibió de los partidarios del proyecto hotelero fue una de las razones que llevaron a la dimisión a la concejal del distrito de Ciutat Vella en Barcelona Itziar González.
La concejal, que en las anteriores municipales concurrió como independiente en las listas del PSC, fue también víctima de las supuestas amenazas de una trama de corrupción vinculada a la concesión de licencias turísticas a apartamentos de Ciutat Vella, que ha comportado la imputación de un director de Licencias del Ayuntamiento de Barcelona.
Más allá de la política municipal, la tercera investigación abierta a raíz del "caso Palau" ha comportado la imputación del ex tesorero de CDC Daniel Osàcar -que dimitió en noviembre pasado- por el presunto pago de comisiones de Ferrovial a la formación a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.
La sospecha del presunto desvío de fondos del Palau de la Música en beneficio de CDC ya planeó en las campaña de las autonómicas del pasado noviembre, aunque la imputación de Osàcar se acordó meses después de las elecciones, cuando la formación nacionalista había recuperado la Generalitat tras siete años de tripartito.
A diferencia de García-Bragado, ajeno esta vez a la liza electoral, sí repite como alcaldable de CiU por Badalona el convergente Ferran Falcó, que sigue imputado por el supuesto pago de comisiones a CDC a través de la empresa pública Adigsa abierta en 2005, a raíz de las alusiones del entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a pagos del "3 por ciento" en la adjudicación de obra pública cuando gobernaba CiU.
* ABC - Efe - 11.05.11
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es
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