Corrupción y poder judicial

JOSÉ Mª ASENCIO/Valencia* : La legislatura que ahora acaba ha estado más pendiente de los tribunales, que de las Cortes o el Palau. Los asuntos más conocidos, Gürtel y Brugal, junto a otra miríada de complejas tramas de presunta corrupción, han desplazado la atención política hacia los juzgados cuyo protagonismo involuntario ha tenido su origen en la pasividad, cuando no la complicidad de la clase política con la corrupción. La falta de ética de los partidos, el abuso de conceptos que, como la presunción de inocencia, se ha pervertido y tornado en un insulto a la ciudadanía, la mediocridad de una llamada «casta» sin oficio conocido y que se perpetua en cargos para los que los nombrados son manifiestamente incapaces, está en el origen de la tolerancia con la corrupción, que más allá de ser un fenómeno personal de los implicados, es ya una lacra de los partidos mayoritarios españoles, indefectiblemente vinculada a su insaciable financiación.
Y, en este marco general, el PP valenciano ha alcanzado cotas insoportables. Sus ataques a las instituciones con el objetivo de blindarse y presionar a los tribunales y su displicencia ante las sospechas delictivas reflejada a la hora completar unas listas electorales repletas de imputados, le hacen aparecer como un grave problema de futuro, pues la Justicia es lenta, pero ineludible por ser independiente.

No hay judicialización de la política cuando los delitos son penalmente investigados, ni siquiera cuando a los denunciantes solo les interesa el rédito obtenido con sus denuncias. Porque no es judicializar perseguir el delito y evitar la impunidad de la clase política. La Justicia es la única garantía que queda a la ciudadanía ante la ocupación que los partidos mayoritarios han hecho del Estado, de las instituciones, de la sociedad civil.
Y, ante este fenómeno, se debe necesariamente reivindicar la independencia del Poder Judicial, privar a los partidos de toda influencia, directa o indirecta, en los Tribunales e instar la reforma de una legislación insuficiente para luchar contra el fenómeno de la corrupción, insuficiencia ante la que la pasividad de legislador es el mejor exponente de su complacencia o acaso de su complicidad.

* Levante - Opinión - 1.05.11