En Alicante, el problema se llama Brugal (Basuras RUrales Gestión ALicante). La supuesta trama de corrupción surgió en 2007 en la comarca de la Vega Baja. La adjudicación del servicio de recogida de basura en la ciudad de Orihuela se vio entonces salpicada por presuntos sobornos, que se saldaron con la detención del empresario Ángel Fenoll, varias personas de su entorno y concejales de distintos consistorios de la zona.
De todos ellos, solo Fenoll, su hijo y un concejal del PP permanecieron un mes en la cárcel, de donde salieron previo pago de 26.000 euros. Sin embargo, fueron precisamente las cintas que presentó Fenoll a la Policía y en las que grabó con cámara oculta sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos, las que provocaron la apertura de nuevas diligencias y una segunda fase de la operación.
Ésta a su vez, se divide en varias ramificaciones. La más mediática estalló en julio de 2010 con las detenciones del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela; y el empresario alicantino, Enrique Ortíz.
La presunta implicación de Ripoll estaría relacionada con la adjudicación del Plan de Residuos de la Vega Baja a la Unión Temporal de Empresas Cespa-Ortiz, de la que forma parte el constructor alicantino. Tras una sonada detención, no exenta de algunas contradicciones, el presidente del PP alicantino acabó imputado por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y uso de información privilegiada.
De nuevo, el seguimiento policial a los presuntos actores de la trama, ayudó a abrir otro capítulo de Brugal. En él se conectaba a Ortiz con el Ayuntamiento de Alicante, apuntando en esta ocasión a presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Los informes policiales de la Fiscalía Anticorrupción hacían en este caso referencia al supuesto de que el anterior alcalde y diputado del PP en las Cortes Valencianas, Luis Díaz Alperi, y la actual primera edil, Sonia Castedo, presuntamente pudieran haber facilitado información privilegiada; que Castedo supuestamente pudo pactar con Ortiz la remodelación del estadio Rico Pérez; y que pudo haber recibido dádivas del empresario. También que Castedo (edil de Urbanismo en la época investigada) podría haber diseñado y resuelto aspectos de la redacción del planeamiento "a la medida de Ortiz".
Desde hace unas semanas, el juez de Orihuela, Carlos San Martín, ha llamado a declarar a parte de los imputados por el asunto de las basuras, mientras que el magistrado que se ocupará de la pieza separada correspondiente a Alicante está revisando la información para diseñar el calendario de declaraciones, entre las que podría incluirse la de la alcaldesa Sonia Castedo. La duda es si será antes o después del 22-M.
Castellón es territorio Fabra
Castellón es territorio Fabra. Para lo bueno y para lo malo. Y dentro de lo malo, lo peor es un calendario judicial que se remonta a 2003: el eterno caso Fabra. Al presidente de la Diputación de Castellón le achacan delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal.
Hablar del caso Fabra es hablar del colapso de la Justicia en Castellón, del retraso en todos los juzgados, del escandaloso retraso en los juzgados de Nules. Allí se interpuso la primera demanda, por allí han pasado hasta nueve jueces y cuatro fiscales.
En diciembre de 2003, Vicente Vilar, un empresario castellonense y hasta entonces amigo íntimo de Carlos Fabra, se querelló contra el presidente de la Diputación. Le acusaba de cobrarle cantidades millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios del gobierno de Aznar para legalizar los fitosanitarios que fabricaba.
Desde entonces varios informes han constatado millones de euros defraudados, Fabra ha ganado hasta tres veces la lotería, y el proceso ha avanzado a ritmo pausado. El 1 de junio de 2010, el juez de Nules acordó transformar en procedimiento para el juicio toda las diligencias previas. La Audiencia de Castellón consideró en diciembre que sus delitos fiscales habían prescrito.
Fue recurrido, aunque la Abogacía del Estado lo hizo fuera de plazo. Fabra está más cerca que nunca del banquillo, aunque ha pasado tanto tiempo que la cita le pillará retirado del panorama político. Dicen que su hija Andrea, diputada por Castellón en el Congreso y casada con el ex consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, está dispuesta a prolongar la dinastía.
* El Mundo - 7.05.11
Foto: Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll. | Efe
0 comentarios :
Publicar un comentario