El laberinto urbanístico sin fin

LAURA BALLESTER/Valencia* : Urbanismo y ordenación del territorio. La legislatura que ahora acaba comenzó con la Ley Urbanística Valenciana sentada en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo. Y ahí sigue. La demora en la resolución judicial ha retrasado los intentos por clarificar la ingente normativa valenciana que, unida a la crisis, ha provocado, sin buscarla, una moratoria urbanística.
La Ley Urbanística Valenciana (LUV) aprobada el 22 de diciembre de 2005 y en vigor desde el 1 de febrero de 2006 se sentó en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo en los primeros compases de la actual legislatura. Y ahí sigue. La Comisión Europea presentó formalmente la denuncia contra la LUV el 28 de agosto de 2008 (un año después de anunciarla), pero también a su antecesora, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), y contra el mastodóntico Rogtu (Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), porque considera que todos incumplen las directivas de adjudicación de los contratos públicos de obras y servicios. En este largo proceso, sólo el informe de la abogacía europea (una especie de fiscal que ejerce la acusación público) dio un respiro a las tesis de la Generalitat, al considerar que la LUV cumple las directivas europeas.
Pero el retraso de la sentencia también ha demorado cualquier intento por podar la maraña legislativa del urbanismo valenciano. A mediados de 2008, el entonces conseller responsable del Urbanismo, José Ramón García Antón, recurrió a tres pesos pesados del derecho administrativo para intentar arreglar el desbarajuste legislativo urbanístico. José María Baño León, Rafael Gómez-Ferrer Morant y Luciano Parejo debían adaptar la legislación valenciana a las directivas europeas, para evitar la condena del Tribunal de Justicia Europeo, pero también a dos normativas estatales de obligado cumplimiento aprobadas después del paquete legislativo valenciano: la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica (abril de 2006) y la Ley del Suelo (mayo de 2007).

El balance elaborado por los tres expertos sobre la legislación urbanísticas valencianas fue demoledor. "Las leyes urbanísticas valencianas han adquirido tal grado de complejidad que resultan difícilmente manejables para los sujetos públicos y privados; se ha producido una quiebra del modelo urbanístico valenciano; los instrumentos de compensación diseñados en la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) no han funcionado eficazmente (...) porque no desincentivan la incorporación de nuevos suelos a la urbanización".
Los tres catedráticos pusieron el dedo en la llaga en su análisis, que se mutiló en el dossier facilitada a los medios de comunicación, aunque Levante-EMV pudo contarlo. "La práctica seguida desde 1994 ha reforzado la tendencia a la transformación urbanística de una parte no despreciable del territorio, al calor del movimiento de fuerte generación de riqueza e inversiones privadas, que ha minusvalorado la condición estratégica del territorio como recurso no renovable".
Una tendencia que fue a peor con la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) de 2004. "Los instrumentos de compensación diseñados en la LOT, como las cuotas de sostenibilidad o la cesión de terrenos para constituir o ampliar espacios naturales protegidos, no han funcionado eficazmente como mecanismos de freno del proceso de reclasificación y urbanización". Los expertos consideraban que "la razón esencial de su ineficacia es que no desincentiva la incorporación de nuevos suelos a la urbanización; simplemente complican ese proceso de transformación urbanística, sin que hayan ganancias reales ambientales". Y concluían: "El urbanismo expansivo ha llegado a su fin".
Las propuestas de los tres expertos para mejorar la legislación valenciana pasaban por reducir la iniciativa a los promotores, limitar el crecimiento urbanístico e incluso planteaba la caducidad de los PAI (programas de actuación integrada) si no se ejecutaban a los dos años de su aprobación. Pero casi todas han quedado guardadas en un cajón. La LUV se reformará cuando el Tribunal de Justicia de Europeo dicte sentencia, a favor o en contra de la legislación valenciana. Desde el departamento que dirige el vicepresidente Juan Cotino (tras el inesperado fallecimiento de José Ramón García Antón en agosto de 2009) simplemente se aprobó un decreto ley "para agilizar los trámites urbanísticos" que se limitaba a eliminar trabas en las declaraciones de interés comunitario (iniciativas urbanísticas en suelo no urbanizable) y a suprimir la figura del concierto previo al plan general. El tan esperado texto refundido de las leyes urbanísticas valencianas (un único texto legal que la LUV obligaba a tener aprobado en 2007 y que nunca se ha acometido) se ha aparcado hasta que el Tribunal de Justicia Europeo dicte sentencia.
En medio de esta incertidumbre jurídica (por el retraso en la sentencia europea pero también por las contradicciones internas entre las leyes valencianas) la administración urbanística aún digiere la avalancha de planes urbanísticos, un total de 556, que se presentaron antes de que entrara en vigor la LUV, según admitía la Conselleria de Urbanismo en 2009. Desde 2006 hasta 2009, esta cifra se redujo a 158. Aunque mucho más exhaustivo fue el análisis realizado por el catedrático de Geografía, Eugenio Burriel, a partir de datos oficiales de los propios ayuntamientos: 52 municipios de la Comunitat Valenciana de menos de 50.000 habitantes habían aprobado antes de 2009 conciertos previos o planes generales en los que preveían construir 718.069 viviendas.

La Estrategia Territorial ha sido la única buena noticia urbanística
El único documento de gestión que ha salido adelante durante la legislatura ha sido la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), en vigor desde enero de 2011. Aunque recibida con uñas y dientes por los promotores y algunos ayuntamientos, los expertos en urbanismo y responsables de la ordenación del territorio han agradecido la aprobación de este documento que, por primera vez en la historia de la democracia valenciana, marca claramente las reglas del juego del crecimiento urbanístico valenciano para las próximas tres décadas. La Estrategia Territorial define cómo, cuánto y dónde pueden crecer municipios y cómo ordenar el territorio desde la perspectiva local pero también con una óptica supramunicipal. Se critica, no obstante, que la Estrategia no aclara qué hacer con toda la gestión urbanística aprobada durante los últimos años (su aplicación no tiene carácter retroactivo), aunque el verdadero alcance de su aplicación se verá cuando algunos municipios quieran ampliar aún más su crecimiento y, el suelo consolidado o planificado, les impida crecer de manera desaforada como en algunos casos se consentía hasta ahora. Es la única buena noticia en la gestión urbanística de la legislatura. El Plan de la Huerta se ha quedado en el tintero, así como el denostado Plan del Litoral que tantas ampollas levantó en 2006.

* Levante - Opinión - 22.05.11