Se ha ignorado, porque así les ha convenido, que la ley de Patrimonio Histórico de Canarias otorga a los ayuntamientos, si el Charco continuara siendo BIC, la potestad de ordenar todo ese espacio con un instrumento denominado, igualmente, como Plan Especial (de Protección), lo cual genera unas posibilidades mayores que el otro plan para organizar tan singular espacio, incluido los usos.
La herramienta, de bastante alcance, pero menos ambiciosa que la del BIC, permite controlar lo que desde esa administración denominan como casco histórico, y goza de algunas diferencias, siendo una, y no la más despreciable, que es el Ayuntamiento quien controla todo el proceso, y que se hace desde una perspectiva urbanística, no cultural.
Permite el plan que el Ayuntamiento controle, qué y qué no, cómo y a quién, sin consideraciones patrimoniales que han de tenerse en cuenta en catálogos de protección y en los BIC.
A priori, el ejercicio de esta competencia no debiera ser malo, pero ha de contarse con una variable, como es la de la andadura del Ayuntamiento en asuntos de conservación, pues no hay que olvidar que el catálogo de bienes protegidos aprobado en 2008 es de carácter municipal, elaborado desde esa instancia, y escenifica el ejercicio de la golfería con que se ha actuado desde distintos ámbitos, hasta lograr lo que parece un imposible jurídico, como es la aprobación de un instrumento que no protege, sino todo lo contrario, pues favorece la demolición de lo aparentemente protegido y la sustitución edificatoria por nuevos edificios con mayores alturas. Eso, en la mayor parte de lo “protegido”, que son setenta bienes.
El plan especial, desde la perspectiva municipal, podrá dejar fuera las consideraciones a entornos de protección o áreas de influencia del casco histórico, lo cual significa que podrán pasar de valorar la repercusión de una determinada parcela, fuera de “su” propuesta de casco histórico, pero colindante con él, si así lo estimara, para no agraviar a un propietario, aunque lo que hubiera de construirse fuera una patada en la espinilla para el casco. ¿Más diferencias?, pues la no consideración a los valores, ambientales o naturales, pues del único valor que podrán hablar, si así lo quisieran, es del referido a las plusvalías que se pueden generar con una planta más, aquí, o aquí. Significa también que elimina del proceso a otras instancias como el Cabildo de Lanzarote y a su incómodo Servicio de Patrimonio, o al Gobierno de Canarias, a la hora de establecer la ruina y demolición de las casas, que ya se apañan ellos solitos. Y de ahí, que cada cual se haga su composición e imagine lo que viene, quizás avalado por un “lo bonito que va a quedar”, pero sin patrimonio.
Esa realidad, por tozuda, determina que quede en cuestión la imparcialidad de quienes tengan la responsabilidad de establecer las actuaciones en la zona. La administración municipal pone sobre la mesa sus proyectos urbanísticos, sus pretensiones de ciudad, sus iconos, los intereses de los propietarios del suelo, los personales, y cuantos otros deseara, siendo por ello por lo que no parece un buen juez para determinar qué conviene pues de entrada se ignoran los valores culturales, muestra de lo cual es su negativa al BIC.
La delimitación del BIC ha sido tachada de excesiva, y a mí, como ocurrencia, que parece una fórmula generalizada de actuar, lo que se me antoja es columpiarme en ese término, y entre otras cosas, redefinirlo: “lo que compromete los intereses urbanísticos de algunos propietarios, principalmente si estos son empresas constructoras, amigos, políticos, o todo a la vez.
Excesivo, para Lanzarote, en lo que nos ocupa, es la corrupción de los funcionarios y la clase política, el robo a las arcas públicas, la perversión del sistema o la prevaricación permanente. El catálogo de protección, es excesivo, y la falta de responsabilidad de los equipos de gobierno que lo permitieron y de los técnicos que lo avalaron, es también excesiva. Ver crecer veinte hoteles ilegales es igual de excesivo.
No he escuchado a ninguno de los que se quejan de la protección como BIC, calificar de excesivo nada de lo expuesto.
Excesivo, resulta el adormecimiento de la población, su complicidad con los dirigentes a la espera de una migaja de la corrupción. Y excesivo, parece el que vayan en listas quienes esperan un puesto de trabajo para cuatro años. También, la contratación de decenas de asesores-amigos resulta un exceso, como lo es el que entre funcionarios del Cabildo se llamen “hijos de puta” y el presidente de la corporación se abanique con el sumario sobre este asunto. Pero estamos hablando, o eso dicen, del urbanismo de aquí, donde el patrimonio carece de la más mínima consideración. También hablamos de las cosas de aquí y cómo se las ventilan.
La decencia, la mesura y el servicio público, debieran ser lo único excesivo, pero es justo lo que está bajo mínimos. A los hechos me remito.
* Diario de Lanzarote - 2.05.11
Foto: El actual equipo de gobierno municipal espera que una vez aprobado definitivamente este plan especial, “se firme el decreto anulando el Bien de Interés Cultural (BIC) que en esto momentos pesa sobre el Charco de San Ginés y toda su zona de influencia”, que considera “excesiva”.- diariodelanzarote
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