La sentencia, emitida el pasado 12 de abril y adelantada el lunes por el diario malagueño Sur, cifra en 66,5 millones de euros los perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, declarando responsables directos solidarios a los cuatro hijos de Jesús Gil y Gil, así como al exteniente de alcalde Pedro Román, a los exediles Marisa Alcalá, Rafael González y Antonio Luque y al exalcalde Julián Muñoz. Los cuatro herederos del exalcalde han sido condenados a pagar a la institución municipal de forma solidaria los 66,5 millones de euros y otros 39 en concepto de intereses. El tribunal declara la transmisión de la responsabilidad contable del exalcalde a sus herederos por los daños causados a los fondos públicos del Ayuntamiento como consecuencia de las irregularidades contables que tuvieron lugar entre 1994 y 1999.
"El demandado Don Gregorio Jesús Gil y Gil fue alcalde de Marbella en el momento de los hechos enjuiciados, y al haber fallecido esa defunción no extingue la responsabilidad civil ni la contable derivada del ejercicio de sus funciones como alcalde, sino que se transmite a sus causahabientes como responsables directos por sucesión", indica la sentencia.
El tribunal considera que al haber aceptado la herencia de su padre, los cuatro hijos de Gil lo suceden "en todos sus derechos y obligaciones", a pesar de que los representantes legales del exalcalde, al fallecer éste, solicitaron al Tribunal de Cuentas que lo apartara del proceso por el que ese organismo lo había emplazado a reintegrar las cantidades no justificadas.
La sentencia es producto de un procedimiento de reintegro por alcance contable abierto en el Tribunal de Cuentas a partir del informe de fiscalización de ese organismo correspondiente al periodo 1990-1999. Este estudio detectó graves anomalías en la gestión de las empresas públicas, que fueron creadas por el equipo de Jesús Gil para gestionar diversas áreas municipales tan pronto como accedió al poder en 1991.
La resolución judicial pone de relieve el desprecio por la legalidad que reinó en el Ayuntamiento durante el mandato de Gil y el descontrol que había sobre el manejo del dinero público, y cifra en 66,5 millones de euros el perjuicio causado a las arcas públicas.
Así, explica que existe constancia de que los fondos salían del Ayuntamiento, pero no de que los mismos ingresaran en la sociedad municipal a la que iban destinados, ni que dichas transferencias se efectuaran en base a justificación alguna.
El Ayuntamiento de Marbella ha acogido con gran satisfacción este fallo, contra el que cabe recurso de amparo, al recordar que su objetivo siempre "ha sido revertir a las arcas municipales el dinero que no debió salir", según declaró a Europa Press el portavoz del equipo de Gobierno de Marbella, Félix Romero. "Supone un paso adelante de la estrategia que hemos seguido, antes desde la oposición y ahora desde el Ayuntamiento, para recuperar los bienes de los ciudadanos de Marbella", añadió.
Destacó que el fallo "define, con una cantidad muy grande, la práctica que se llevaba a cabo desde el Ayuntamiento paralelo, que es un entramado de sociedades públicas que se crea en la época de gobierno del GIL, con la única finalidad de poder funcionar con un principio de caja única y poder tomar el dinero sin ningún tipo de control que la Ley establece".
Romero reconoció que recuperar en estos momentos ese dinero "supondría un balón de oxígeno importante" al recordar que Marbella es "probablemente el Ayuntamiento con la deuda per cápita heredada más importante de España". No obstante, auguró que "se abre un periodo complicado". Aunque el consistorio estudia pedir la ejecución provisional del fallo, pese a que se puede recurrir, admitió que "se plantea la dificultad de obtener toda la información y los bienes y poderlos convertir en líquido para los ciudadanos de Marbella e ir solventando las deudas".
* El Correo de Andalucía - 2.05.11
Foto: Marbella, Gil en el baño en 1994 - EFE
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