A Coruña.- La urbanización de la Torre, paradigma de una política urbanística que se debe desterrar

LAOPINIÓN* : Todavía con la orden de derribo del edificio Fenosa coleando, al nuevo Gobierno local se le abre otro frente heredado que amenaza también las arcas municipales. Negreira busca fórmulas para evitar la indemnización de 60 millones de euros que reclaman los propietarios de la urbanización de seis bloques de edificios proyectada a 500 metros de la Torre en el plan general aprobado en 1998 por el Gobierno municipal, entonces con mayoría absoluta del PSOE, ratificada después por el bipartito y desautorizada en enero por la Xunta. El caso de la urbanización de San Amaro no es un conflicto más; es el paradigma de la oscura política urbanística que imperó en María Pita durante años. La Torre fue durante el vazquismo el patito feo de la ciudad, pese a ser un diamante en bruto para la promoción de A Coruña. Se la fue rodeando de actuaciones que eliminaron irreversiblemente su visibilidad desde diversos ángulos y se la consideró un inmejorable reclamo para el negocio inmobiliario. La controvertida urbanización que taponaría definitivamente la vista del faro romano de llevarse a cabo fue incluida en el plan urbanístico de 1998, que no tuvo reparos de la Xunta presidida entonces por Manuel Fraga. Los promotores de la urbanización la proyectaron en unos tiempos en los que los precios se multiplicaban de un año para otro pero su construcción se fue retrasando hasta que la burbuja inmobiliaria estalló y, casi al tiempo, la proclamación de la Torre como patrimonio de la humanidad elevó las críticas al proyecto.

Fue el coruñés César Antonio Molina quien desde el Ministerio de Cultura rescataría del cajón del olvido la vieja aspiración del Instituto de Estudios Torre de Hércules e impulsó una candidatura que acabó por convertir el faro romano en una atracción mundial.

El Gobierno municipal de Javier Losada, lejos de dar marcha atrás, porfió contra viento y marea para sacar adelante este cuestionado proyecto heredado de su antiguo mentor sin pararse en barras siquiera ante la proclamación universal de la Torre por la Unesco. El anterior Ejecutivo local no se arredró ante la cascada de críticas que le llovieron por defender unos sospechosos intereses urbanísticos que ponían en peligro la joya de la ciudad, alrededor de la cual se fragua la imagen promocional de A Coruña. El propio ministro César Antonio Molina censuró abiertamente al equipo de Losada al ser elegido hijo predilecto de A Coruña en 2009, cuando denunció que las actuaciones urbanísticas en el entorno de la Torre ponían en peligro el reconocimiento de la Unesco, que también advirtió a María Pita. La urbanización de San Amaro fue además un permanente punto de fricción del PSOE con sus socios nacionalistas en el gobierno de la ciudad.

El nuevo alcalde, Carlos Negreira, se ha comprometido a evitar la construcción frente a la Torre y ha propuesto compensar a los propietarios de los terrenos en San Amaro afectados por la decisión de la Xunta con edificabilidad en otra zona de la ciudad. El BNG se opone a esta medida, con el argumento de que al no haber ningún pronunciamiento judicial al respecto, no hay por qué negociar nada con los promotores, y recuerda que el arquitecto que firmó a finales de los 90 el estudio de detalle de la urbanización presentado por los promotores es el nuevo director general de Urbanismo del Ayuntamiento, César Otero.

Más llamativa resulta la posición de los socialistas, que se limitan a pedir que la Xunta pague la factura del desaguisado con el argumento de que es la administración que se opone a la urbanización tras el informe de la Unesco, sin hacer la menor autocrítica. La nueva cabeza visible del socialismo coruñés, que representa una línea continuista, tiene ahora la oportunidad de abrir un debate en el seno de un partido que pugna por regenerarse y conjurar los errores del pasado que les pasaron factura en las urnas para renovar su apuesta como uno de los necesarios motores políticos de la ciudad. También Carlos Negreira debe llevar este asunto con total transparencia para ahuyentar cualquier sospecha de connivencia entre su director de Urbanismo y los promotores para los que trabajó en el pasado, demostrando así que se ha alcanzado un punto de inflexión en una política urbanística tanto tiempo en la picota, cuyos hábitos deben ser desterrados definitivamente.


* La Opinión A Coruña - 26.06.11
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es

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Los escándalos que maltratan el litoral

PÚBLICO/Reportaje* : La fiebre del ladrillo que inundó todo el litoral español se ha frenado en seco por culpa de la crisis financiera, pero la degradación de las costas no se ha parado por ello. Ahora son otros los males que dañan playas y bahías, aunque las causas sigan estando en muchos casos en una mala gestión de aquel desarrollo insostenible. Depuradoras deficientes que no estaban preparadas para el volumen de agua que deben tratar en los meses de verano, cuando acuden los turistas. Obras que perpetúan el modelo de sol y playa y que desarrollan construcciones en el litoral sin observar la Ley de Costas. Vertidos descontrolados de aguas fecales o residuales de industrias costeras.
Son las conclusiones del informe anual Banderas negras sobre la degradación de la costa de la organización Ecologistas en Acción, que este año tiene como subtítulo 'Esto es una barbaridad', y del que se pueden extraer seis graves casos, de los más de 70 que describe el informe, y que valen como ejemplo de lo que está sucediendo en los márgenes marítimos de España.

01. Muskiz (Vizcaya): Ejemplo de degradación
La localidad vizcaína de Muskiz concentra en su entorno varias de las agresiones al litoral más comunes en España. Para empezar, la refinería de Petronor lleva tres décadas creciendo en el estuario del río Barbadún. Un crecimiento que, lejos de frenarse, se relanzó en 2009 con la construcción de una planta altamente contaminante dedicada al tratamiento de productos derivados del petróleo. Además, a finales de este año se pondrá en funcionamiento una central de ciclo combinado que dará abastecimiento energético a la planta de Petronor. Según denuncia Ecologistas en su informe, estas nuevas instalaciones incrementarán los vertidos de aguas residuales, que hace años sufría el río Barbadún y que ahora se derivarán directamente al mar.

También en Muskiz lleva varios años en marcha el desarrollo de una urbanización de lujo de 64 pisos y 60 chalets junto a la playa de La Arena, a pesar de haberse topado con resoluciones judiciales (incluido el Tribunal Supremo) y políticas en contra. Por si todo esto fuera poco, en el contexto vizcaíno de Santurtzi, Zierbena y Muskiz se sigue extrayendo fondos marinos para la ampliación del puerto de Bilbao, casi cinco millones de metros cúbicos de arena cuyo impacto se notará en la desaparición de flora y fauna marina de la zona.

02. La barceloneta: El problema de realimentar la playa
El informe critica la situación global de las playas barcelonesas, en cuya regeneración se han gastado 70 millones de euros en la última década, 11 de ellos tras fuertes temporales que no habrían sido tan dañinos con una gestión apropiada del entorno. En La Barceloneta, uno de los lugares más turísticos de la capital catalana, se han utilizado más de medio millón de metros cúbicos de arena "para abastecer a terrenos privatizados", como denunció ayer el coordinador de Costas de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, durante la presentación del informe en Madrid.

A esta situación se suma la colocación de numerosos diques y espigones sumergidos y elevados que pretenden consolidar sus arenas y así evitar que se tengan que reponer periódicamente por culpa de la alteración de la línea de costas. Sin embargo, este proyecto que carece de declaración de impacto ambiental provocará un grave problema de circulación del agua que obstaculizará el equilibrio costero.

Un total de 170 millones de euros, más del 60% del presupuesto de la Dirección General de la Costa y el Mar, se dedicó el año pasado a cimentar la costa con paseos marítimos y regeneraciones de playas.

03. Piélagos: Urbanizaciones ilegales junto al Cantábrico
El municipio cántabro de Piélagos tiene sobre la mesa cuatro sentencias por cumplir, que afectan a otras tantas urbanizaciones levantadas junto a la costa de forma ilegal. Según exigen las resoluciones judiciales del TSJ cántabro, el Consistorio debería derribar las 67 casas que se edificaron en medio de servidumbres de paso después de que el alcalde calificara el suelo como urbano sin que este cumpliera las condiciones necesarias.

Las viviendas no sólo rompen una línea del litoral con alto valor paisajístico, sino que comienzan a convertirse en un problema de contaminación por los vertidos de aguas fecales sin depurar. Aunque algunos de los derribos comenzaron a ejecutarse, el Gobierno de Cantabria aprobó un Plan de Ordenación del Litoral para "dar cobertura legal a las urbanizaciones y entorpecer la ejecución de las sentencias", según el documento. En total, este cambio legislativo podría suponer que se sortee el derribo de más de 500 edificaciones.

Estas condiciones de desarrollo urbanístico en la costa cantábrica también se dan en Asturias y Galicia. Ecologistas en Acción denuncia que tras el vertido del Prestige se han concedido más de un millar de licencias para nuevas viviendas en Fisterra (en la Costa da Morte) de las que muchas serían ilegales, según denuncia el informe. El Gobierno asturiano, por su parte, ha aprobado un Plan de Ordenación del Litoral que, aunque protege los primeros 500 metros de costa, facilita administrativamente el acceso a la costa de los promotores inmobiliarios. "Con aparcamientos y zonas de ocio abren el camino al desarrollo urbanístico", denuncia Sáez.

04. Huelva: Ladrillos hasta el mar
Durante el último año, la costa onubense ha recibido la buena noticia de la paralización de los vertidos de fosfoyesos de Fertiberia, que ha estado castigando durante 31 la marisma con estos productos tóxicos y radiactivos. Sin embargo, el litoral de Huelva sigue sufriendo. Los ecologistas denuncian que desde hace décadas los intereses inmobiliaros dominan el enclave de dunas y marismas que rodean Isla Canela (en Ayamonte), donde, a pesar de varios cambios en el planeamiento urbanístico desde 1993, "buena parte de la primera línea de playa y las dunas costeras han desaparecido bajo los bloques de urbanizaciones", asegura el trabajo. La ONG denuncia que la voracidad del ladrillo acabó por completo con una playa natural y con los bosques de retamas de Isla Canela.

"El urbanismo está dormido, pero no muerto", advierte la coordinadora de Costas de Ecologistas, Natalia Martín, quien recuerda que la "artificialización" del suelo creció entre 2000 y 2006 a un ritmo de 3,37 hectáreas por hora según el último informe del Observatorio de Sostenibilidad, lo que duplica ampliamente la tasa de 1987-2000. En cualquier caso, los ecologistas reconocen que las banderas negras en el apartado urbanístico han caído considerablemente en comparación con años previos.

05. Ceuta y Melilla: Puertos y depuradoras
Las ciudades autónomas funcionan como un escenario peculiar en el que se concentran muchas de las tropelías que se denuncian en el informe, en muchos casos justificados por "motivos de seguridad nacional". A Ceuta, el informe considera que debe otorgarle "una gran bandera negra conjunta a todo su litoral", ya que cinco de sus playas están sometidas a la salida continua de aguas fecales.

En Melilla, la desalinizadora vierte salmuera directamente sobre los acantilados de Aguadú, a pocos metros del LIC marítimo terrestre, poniendo en peligro a numerosas especies de moluscos de interés. En esta ciudad se pretende ampliar el puerto comercial en más de 50 hectáreas, lo que sepultaría una de las principales colonias de lapas del Mediterráneo, más de 15.000 ejemplares.

Los ecologistas denuncian que en España no hay un plan global para el desarrollo portuario, sino que estos compiten entre sí, y critican que la propia Dirección General de Puertos "carece por completo" de una visión de conjunto de las necesidades españolas de estas infraestructuras.

06. Benicàssim: La costa de los vertidos
El caso de Benicàssim (Castellón) es similar al de La Barceloneta, ya que su costa se halla defendida por un entramado de espigones que protegen unos edificios que "no aportan nada a la economía local sostenible y, sin embargo, consumen enormes cantidades de dinero público", según denuncia el informe.

Por si fuera poco, en la localidad castellonense se están realizando unos vertidos residuales ilegales que la organización llevará a los tribunales, según anunció ayer. Precisamente, el apartado de los vertidos es uno de los factores para la adjudicación de banderas negras que más ha subido este año, "casi un 10%", según Sáez. El paradigma del vertido residual es la famosa "cascada de la Merda" en Benidorm, que vierte 37.000 m3 de agua al día al Parque Natural de Sierra Helada.

Las cinco grandes ‘manchas' medioambientales que pesan sobre la costa española
Las aguas residuales no se tratan como deberían

Ecologistas en Acción denuncia que en ninguna comunidad se depura ni reutiliza el agua como debería. Esto motivó que el Tribunal de Luxemburgo haya multado a España por el vertido de las aguas residuales de 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes sin el debido tratamiento. La ONG asegura que bastaría con cumplir la Directiva Marco de Aguas, aunque hay un déficit generalizado de infraestructuras.

Municipios afectados. Vigo, Urdaibai (Vizcaya), Deba (Guipúzcoa), Salou (Tarragona), Pineda y Malgrat de Mar (Barcelona), Valencia, Almería, Estepona y Santa Cruz de Tenerife.

La presión urbanística ahoga el suelo

En España el suelo no se gestiona según las necesidades de la población, sino por el interés del inversor. Esto se traduce en una "situación de degradación" de la costa que, según los ecologistas, exige que los mínimos que establece la Ley de Costas se cumplan sin excepciones. Sin embargo, el informe pone de manifiesto que partidos como el PP y CiU han promovido dichas excepciones.

Municipios afectados. Fisterra (A Coruña), Cudillero (Asturias), Piélagos (Cantabria), Muskiz (Vizcaya), Barcelona, Altea (Alicante), Marbella, Mojácar y Novo Sancti Petri (Cádiz).

La contaminación de las industrias continúa

A veces, las leyes no bastan para evitar abusos. Así, Ecologistas en Acción pide una reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental, que reconoce como un "avance importante". La organización sostiene que un desastre como el hundimiento de la plataforma ‘Deepwater Horizon' quedaría sin castigar en España, y aboga por cambios que fomenten la responsabilidad de las empresas.

Municipios afectados. Marín (Pontevedra), Armental y Tapia de Casariego (Asturias), Suances (Cantabria), Barcelona, Algeciras, Huelva y Pájara (Fuerteventura), entre otros.

Una planificación de puertos descuidada

La construcción de nuevos puertos en España no se planifica en función de las necesidades. De hecho, los ecologistas denuncian que no se planifica en absoluto. Aún así, los puertos de interés general proliferan, lo que, según el informe, responde a una apuesta por las energías fósiles y a una estrategia para amparar la economía de las grandes empresas constructoras.

Municipios afectados. Mugardos, Gijón (Asturias), Pasajes (Guipúzcoa), Granadilla (Tenerife), A Coruña, Vigo, Tarifa, Cartagena, Melilla, Sagunto, Valencia e Ibiza.

Las obras en las costas deben detenerse

La organización ecologista pide acabar con el contrasentido de una situación común en España: que el Ministerio de Medio Ambiente financie obras de gran impacto ambiental, como paseos marítimos y diques, para tener posteriormente que autorizar y financiar proyectos de regeneración de playas, que no se mantienen por esas mismas obras. Para ello, piden desbloquear la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, aprobada en la anterior legislatura.

Municipios afectados. Granada, Ayamonte (Huelva), La Línea de la Concepción (Cádiz), Carboneras, Fuengirola, Tavernes y Piles (Valencia), Barcelona, Santurtzi y A Coruña, entre otros.


* Público - JAVIER SALAS MADRID 29/06/2011
Foto: Muskiz (Vizcaya), refinería - publico

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C.Valenciana.- 238 municipios no informan de sus construcciones ilegales a la fiscalía

ELPAÍS* : Las fiscalías de Valencia y Castellón denuncian la falta de "disciplina urbanística" de los Ayuntamientos por no informar de las construcciones ilegales en sus territorios. Una dejadez que ha llevado al fiscal especializado en Medio Ambiente de Valencia a tildar de "inaceptable" el hecho de que haya 238 municipios que no han realizado "ninguna comunicación", tal y como recoge la memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo publicada recientemente. La situación no mejora en Castellón, aunque la especialista de la sección ha trasladado el aumento de Consistorios que remiten expedientes. Estos se reducen a Betxí, L'Alcora y Burriana, junto a Segorbe y Borriol, que ya los remitían.
También en Valencia destacan que las entidades locales están empezando a dar respuesta a sus requerimientos de que informen sobre los posibles supuestos de construcciones ilegales, pero no es suficiente. El fiscal de Medio Ambiente, Joaquín Baños, explica que hay dos casos. "Una cosa es que se requiera directamente información y que los Ayuntamientos no contesten, que son pocos, y otra es que incumplan la legalidad vigente y no pongan en conocimiento de la fiscalía o no adopten las medidas legales oportunas ante el conocimiento de cualquier construcción ilegal", explica.

"Los Ayuntamientos tienen potestad de policía urbanística y si tienen conocimiento de construcciones ilegales es su obligación informar a la fiscalía", dice por su parte la especialista en Castellón, Dolores Ofrecio, quien remitió además sus quejas porque la Administración autonómica tampoco envía información.

Ante esta dejadez, el fiscal de Valencia ha lanzado un mensaje que, dice, es "un aviso a navegantes" y que ha quedado plasmado en la memoria de 2010. "Con los nuevos tipos de prevaricación urbanística omisiva introducidos en el Código Penal en la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, es intención de esta sección depurar las correspondientes responsabilidades penales derivadas de la inacción de los Ayuntamientos". Se trata de un nuevo mecanismo para perseguir estas actitudes.

Baños recuerda que en 2008 instaron a todos los Ayuntamientos a remitir un listado de los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde diciembre de 2004. "Poco a poco van contestando", asegura. De hecho, el 90% de las diligencias abiertas por la propia fiscalía en 2010 corresponden a supuestos de ordenación del territorio a raíz de esta iniciativa. También se ha pasado de dos sentencias condenatorias en 2009 a 20 en 2010.

Aviso a navegantes a tres años vista
El aviso a navegantes de depurar responsabilidades a raíz de la modificación del Código Penal que introduce la consideración de delito la prevaricación urbanística por omisión no tendrá resultados al menos hasta dentro de tres años. Según explica el especialista de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Baños, "el cambio entró en vigor en diciembre del pasado año, por lo que ahora se establecen nuevos plazos para que los Ayuntamientos trasladen las posibles infracciones". "Hasta dentro de dos o tres años no podremos constatar si han cumplido o no", sostiene.

La principal novedad de esta reforma, en cuanto a prevaricación urbanística, se introduce con la modificación del artículo 320 en el que se establecen penas de hasta cuatro años para las autoridades o funcionarios que "silencien las infracciones u omitan la realización de las inspecciones obligatorias". La reforma otorga a los fiscales un nuevo instrumento para perseguir estos delitos.

No obstante, la Fiscalía de Valencia admite que faltan medios para llevar a cabo una completa inspección de los Consistorios. "Lo positivo es que a hora tenemos un instrumento para poder castigar la inacción", afirmó. Así, explica que en esta ocasión no realizarán un requerimiento general. "Lo de 2008 fue excepcional, los Ayuntamientos saben que tienen que informar y son conscientes de que la fiscalía está detrás", manifestó.


* El País - LORENA ORTEGA - Castellón - 29/06/2011
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra (archivo) - elpais.com

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El nuevo gobierno del PP regularizará las viviendas ilegales de Mijas en dos años

ELMUNDO/Málaga* : Los propietarios de viviendas irregulares ya tienen una fecha marcada en el calendario para la ordenación de sus construcciones. Dos años es el plazo que ha marcado el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, para completar el proceso necesario para que la mayor parte de las edificaciones pasen a estar en la acera correcta de la ley. Ese es el periodo que es el que el Ayuntamiento mijeño para proponer la revisión del PGOU en lo referente al suelo no urbanizable, un paso previo imprescindible para lograr el objetivo final.
Para quienes llevan años esperando puede parecer un horizonte lejano pero en términos urbanísticos es un período relativamente corto. "Decir que en 24 meses podremos empezar a legalizar casa a casa es políticamente incorrecto, pero somos un equipo de gobierno arriesgado y nos vamos a arriesgar", declaró Navarro.
El trabajo quedará centralizado en una oficina de nueva creación que se situará en Mijas Pueblo. La sede contará con un personal técnico y jurídico encargado de tramitar tanto los cambios legales como la documentación administrativa de los afectados que así lo requieran.

Según Navarro, tanto la Asociación Pro Regularización de Viviendas como los grupos políticos del Ayuntamiento y los partidos sin representación conocen ya la iniciativa. Y pronto ocurrirá lo mismo con la Junta de Andalucía. El edil ha anunciado que en julio se reunirá con los delegados provinciales de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con el objetivo de pedirles celeridad en el proceso.

"Propondremos al resto de grupos municipales que los cambios en el planeamiento urbanístico tengan la consideración de interés público y utilidad social; así la Junta de Andalucía será consciente de la dimensión del problema a resolver en Mijas", afirmó. Otra propuesta popular que se debatirá en el pleno municipal es la paralización de los expedientes sancionadores, que hasta ahora pesan sobre los propietarios con las correspondientes multas coercitivas y peticiones de derribo.

Habrá legalización

Por lo tanto habrá legalización, pero podría no llegara todas las viviendas. Las situadas en zonas de especial protección, en espacios de dominio público o en zonas inundables podrían quedar fuera, según advirtió el concejal de Urbanismo, quien se mostró partidario de legalizar el máximo de construcciones posible. Se calcula que existen unas 8.000.

El proceso tampoco será gratuito. Navarro recordó que los vecinos que se beneficien de la iniciativa tendrán que hacer frente a la parte de los costes que les correspondan de las obras de urbanización, los permisos e incluso de la redacción del Plan General "exactamente igual que han hecho los que se han comprado un piso en Las Lagunas, ya que esos gastos están incluido en el dinero que han pagado por sus viviendas", añadió el responsable de Urbanismo.

Con la idea educir parcialmente ese desembolso, el Ayuntamiento tiene previsto negociar con el Colegio de Arquitectos de Málaga un convenio para abaratar los proyectos y la documentación técnica que los propietarios deben aportar.


* El Mundo - 22.06.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur

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El triunfo de los perdedores

ELPAÍS* : Mes y medio después del estallido, el Movimiento 15-M ha logrado acelerar leyes olvidadas como la de Transparencia, reabrir el debate sobre la vivienda y estrechar el cerco a la corrupción política.
¿Son un fenómeno pasajero o han revolucionado el sistema hasta el punto de forzar una reflexión profunda sobre los pilares que lo sustentan? Un mes y medio después, el movimiento social que arrancó una tarde de domingo en ciudades de toda España para exigir Democracia Real Ya empieza a calar en las instituciones. ¿Perroflautas antisistema o miles de indignados con sólidas razones para romper el silencio del descontento? El Parlamento ha escuchado algunas de las reivindicaciones que enarbolaron los Acampados de Sol -desde el 18 de mayo hasta el 12 de junio- y secundaron miles de jóvenes en campamentos improvisados en el centro de las grandes ciudades y en multitudinarias marchas de protesta ante las instituciones.
La ley de Transparencia, un proyecto aparcado desde hace varias legislaturas y que ha ido apareciendo y desapareciendo en los programas electorales de los partidos, parece haber salido por fin del congelador.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció el pasado viernes que el proyecto será remitido al Parlamento "en una o dos semanas". La falta de transparencia en la gestión pública, la escasa información sobre las cuentas nacionales y autonómicas y el opaco funcionamiento de los aparatos de los partidos han sido claves en el malestar de los indignados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dado un paso adelante al anunciar candidaturas electorales abiertas en su región.

También exigían los indignados poner coto a los privilegios económicos de los políticos y sus ventajosos planes de jubilación, aunque sean menos escandalosos de lo que percibe una opinión pública sumida en la crisis. Como la protesta por la presencia de imputados en las listas electorales, sinónimo de corrupción para los indignados pero logro social para los juristas más progresistas. El imputado puede ser inocente. El procesado es en realidad el sospechoso, pero ni jueces ni fiscales lo explican. Y la clase política ha sido sensible a la indignación. El pasado miércoles, el Congreso aprobó una propuesta para que las Cámaras publiquen el patrimonio de diputados y senadores y se endurezca el régimen de incompatibilidades. La Comunidad de Madrid retiró de las listas de las últimas elecciones a los principales candidatos imputados.

Los políticos también han escuchado la voz de los acampados en el difícil mercado de la vivienda. Una subcomisión del Congreso estudiará mejoras en el sistema hipotecario para controlar las situaciones abusivas. El Movimiento 15-M no es ajeno a la proliferación de patrullas ciudadanas que impiden el desahucio de familias y han afeado la cláusula bancaria que obliga a quien no puede afrontar las letras a devolver las llaves de la vivienda y seguir pagando la deuda de un piso que ya no le pertenece.

"Vivimos tiempos comparables a la Gran Depresión. El sistema tiene que cambiar de arriba abajo y los indignados han dado el primer paso", dice José Félix Tezanos, catedrático de Sociología de la UNED.

Tezanos traza una radiografía en negro: "La crisis actual es de una magnitud incalculable. Para que las sociedades funcionen tiene que haber un cierto equilibrio entre ganadores y perdedores. Ese equilibrio ahora está roto porque el 70% de los jóvenes -entre parados y subempleados- están cuasi fuera del sistema, al igual que los 4,9 millones de desocupados; el 31% de las familias que no llega a fin de mes y la destrucción cotidiana e imparable de pequeñas empresas. Si a eso sumamos a los inmigrantes vulnerables, que son muchos, a los desahuciados, a las legiones que comen de la caridad y a otros colectivos desfavorecidos, nos encontramos con que los ganadores son cada vez menos y los perdedores, más". "Y estos", avisa Tezanos, "tienen poco que perder. Así que el 15-M puede acabar con la integración en el sistema, mediante la creación de un partido propio o con cualquier otra forma de participación que suponga una alternativa real o con un estallido de violencia similar al de Grecia".

El catedrático de Sociología de la UNED, vinculado al PSOE a través de la revista Temas, cree que la clase política no es consciente de la magnitud de una crisis que ha alterado los hábitos vitales de varias generaciones: "En 1970, la gente se casaba entre los 25 y los 28 años. Ahora, los pocos que se casan lo hacen más allá de los 35". Tezanos solo ve posible salir del túnel si la clase política antepone el consenso a las diferencias y desde la unidad "cambia el modelo económico de los pies a la cabeza". ¿Con el permiso de las autoridades comunitarias? "O sin él", responde Tezanos. "Esta situación es insostenible".

¿Es preciso también cambiar las leyes o sería suficiente con cumplir las que hay? Emmanuel Rodríguez, sociólogo de la Universidad Complutense, alerta de que el 15-M es más un movimiento de "reinvención de la democracia", que de su mera regeneración. Esa misma democracia que, apunta Rodríguez, permite a Esperanza Aguirre gobernar con mayoría absoluta solo con el voto del 25% de los madrileños. La democracia requiere igualdad de oportunidades, pero "es difícil llamar democracia a un sistema que corroe derechos sociales básicos como la sanidad y la educación", lamenta.

El cambio de las estructuras del sistema financiero y los excesos de la banca han constituido uno de los ejes de la proclama del movimiento. Sin embargo, la mayoría de los expertos, que alaban otras propuestas de los indignados, rechazan "salidas maximalistas e irrealizables", como la nacionalización del sector bancario o la toma de control de las empresas. Esta es la principal crítica de la catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid Isabel de la Torre, que lanza un capote al capitalismo al recordar que ha hecho posible un bienestar social en los dos últimos siglos como nunca antes se había vivido. "La revolución industrial inglesa originó dos grandes sistemas económicos, el capitalista y el comunista. No hace falta decir cuál de los dos funciona mejor, a pesar de los problemas que padecemos".

De la Torre cree que el 15-M ha confirmado, por un lado, el poder de las redes sociales e Internet que ya se vislumbró, por ejemplo, con el Prestige. Y, por otro, que pueden existir movimientos masivos horizontales, sin jerarquía ni estructura. Esta experta cree que lo peor para estos jóvenes es que carecen de futuro, y todo este cóctel puede derivar tanto "en lo sublime como en lo ridículo. Ya se verá", comenta. De la Torre piensa que con corregir los errores del sistema, como los excesos financieros, la especulación y la corrupción, este puede recuperarse. "Está muy bien denunciar el mal uso de las instituciones, como han hecho estos jóvenes, pero tienen que ofrecer alternativas viables", señala.

Pero el 15-M no tiene un catálogo de propuestas. Está todavía en construcción, como apunta el profesor Emmanuel Rodríguez. Carece de una parrilla de alternativas sobre los partidos políticos, los bancos, la vivienda o el sistema electoral. Lo que el 15-M tiene claro, según Rodríguez, es que "la crisis la pagan los más débiles", mientras "los beneficios se quedan en manos de un pequeño grupito de agentes financieros". El desempleo es la cara más visible de la crisis (en la UE hay 30 millones de parados), pero los Estados inyectan grandes cantidades de dinero público a los bancos. "Esto ha contribuido al circuito especulativo de la crisis. Les ha otorgado liquidez, pero los bancos no la han usado para dar créditos a los particulares. Tanto en la UE como en España se han puesto los intereses financieros por encima de los intereses de las personas", lamenta Rodríguez.

Para intentar romper esta dinámica, Ismael Peña, politólogo de la Universidad Oberta de Cataluña, aboga por un cambio radical, sin parches. "El sistema no es inflexible ni está anquilosado. Era eficiente y eficaz para una sociedad industrial, pero no es ni eficiente ni eficaz en la sociedad de la información", reflexiona Peña, consciente de que Internet ofrece la oportunidad de "repensar todo el marco". Y para ello, considera necesario rehacer los sindicatos, los Gobiernos, la forma de organización de la ciudadanía. "El cascabel lo tienen que poner las bases. Tenemos instituciones que deberían facilitar esta transformación, pero no lo han hecho. Es necesario ir cambiando poco a poco la dinámica de los partidos. Y a medida que cambien, lo harán los Parlamentos". Peña sostiene que PSOE y e IU están en disposición de abanderar la gran metamorfosis. "Han tocado fondo. Pueden utilizar el partido para cambios sociales". La refundación, eso sí, debe hacerse "desde las bases".

Las demandas del 15-M son heterogéneas y plurales. "Es un movimiento incipiente y embrionario. Una fuerza que se ha despertado. Hay muchos grupos en discusión. Democracia Real Ya es uno de ellos, pero no agrupa todas las voluntades", enfatiza el profesor de Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares Germán Cano, que colabora en el subgrupo creado para analizar los medios de comunicación externos. "Lo que motiva a los indignados es la sensación de malestar y frustración. Y el 15-M está en situación de canalizar esa indignación. No plantea una crítica a la democracia o a las instituciones en sentido general, sino a la lógica de los partidos", dice Cano, uno de los firmantes del manifiesto de filósofos en apoyo al 15-M, un proceso colectivo que "ha sacudido la atmósfera de cinismo y apatía generalizada" que imperaba en la sociedad. ¿Llegarán los indignados a constituirse en un partido político? Cano es pesimista: "No es una demanda que guste a la mayoría. No tanto por apoliticismo como por una resistencia radical a las mediaciones".

Las reflexiones en torno al Movimiento 15-M
- Reforma electoral. El modelo español proporciona estabilidad política pero perjudica a las minorías estatales y distorsiona el peso de la población. Los indignados reclaman un sistema que permita equiparar el valor de los votos independientemente de donde procedan. PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios, son los principales beneficiados por la ley actual y no parecen dispuestos a emprender la reforma.

- Los privilegios de la clase política. El 15-M ha canalizado la decepción de la sociedad española con la clase política por su lejanía, las prebendas de las que goza (salarios, jubilaciones, coche oficial, dietas, asignaciones de libre disposición) y la corrupción política. La ciudadanía presiona para que se produzca una regeneración de las instituciones públicas y reclaman candidaturas abiertas. El Senado ya emplea este sistema, pero no permite alterar el orden. Cambiar el sistema electoral presenta infranqueables resistencias de los partidos y las cúpulas dirigentes, que no parecen dispuestos a renunciar a su actual cuota de poder.

- Descongelación de la Ley de Transparencia. España es uno de los países más opacos de la Unión Europea en lo que se refiere a las cuentas de los organismos públicos. Existe una norma sobre la reutilización de la información pública que se queda corta y la ciudadanía reclama una mejora sustancial en este ámbito. El pleno del Congreso pidió la semana pasada al Gobierno que presente antes de agosto la Ley de Transparencia, que lleva meses atascada, y el Ejecutivo se ha comprometido a hacerlo.

- Control de la banca. Se acusa al sector financiero de colaborar en el origen de la crisis con préstamos hipotecarios que alimentaron la burbuja inmobiliaria, una mala gestión que ha costado millones al contribuyente y que se ha traducido en un recorte de créditos a familias y a pymes, mientras los bancos mantienen las altas retribuciones a sus directivos. La ciudadanía propone que se prohíban los rescates, la nacionalización de entidades en dificultades y se sancione la mala praxis bancaria. Los expertos, más comedidos, piden una supervisión, pero se muestran reticentes a la creación de una banca pública.

- Imputados en las listas. Un imputado no es más que alguien sujeto a indagación judicial y, por lo tanto, esta condición no es sinónimo de condena anticipada, pero la opinión pública no entiende de denuncias falsas contra ellos, y los integrantes del Movimiento 15-M exigen que salgan de las listas electorales.

- Alternativas al desahucio. La burbuja inmobiliaria unida al paro ha dejado a miles de familias sin casa. Las plataformas ciudadanas han parado pacíficamente 42 desahucios en toda España y piden que se aplique la dación en pago o que se convierta el parque inmobiliario en un banco de alquiler social. El sector financiero se muestra contrario a reformar las leyes, ya que considera que el cambio hundiría aún más el mercado del ladrillo.

- Crisis de representatividad. Los indignados pusieron de relevancia las debilidades de la democracia, basada en el liderazgo de la clase política. Algunos politólogos dudan de la viabilidad de un sistema organizativo en el que cada decisión tenga que ser refrendada por la asamblea. Los indignados abogan por que los ciudadanos puedan votar mediante un mensaje de texto o por medio de las redes sociales.

- Democracia directa. Las consultas vinculantes hacen al ciudadano dueño de su destino, pero la experiencia de Suiza y California aconseja manejar con cautela las iniciativas populares y los referendos, donde se han aprobado cuestiones inconstitucionales. La Constitución prevé la iniciativa legislativa popular mediante la presentación de 500.000 firmas.


* El País - 29.06.11
Foto: Los indignados critican a la clase gobernante y reclaman la regeneración de la democracia.- elpais

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Indignados. ¿Y ahora qué?

JOSEP Mª ANTENTAS Y ESTHER VIVAS* : La impresionante jornada de manifestaciones del pasado 19 de junio ha culminado la primera fase de la "rebelión de las y los indignados" abierta el 15 de mayo y marca el inicio de una nueva, aún por definir. En un mes el movimiento ha experimentado una verdadera ampliación cuantitativa y cualitativa. Su base social se ha diversificado social y generacionalmente, y se ha arraigado por todo el territorio.
La consistencia de la jornada del día 19 confirma la profundidad del movimiento emergente y del malestar social que refleja. No estamos ante un fenómeno coyuntural, sino ante el comienzo de una previsible nueva oleada de movilizaciones, de la que la manifestación del 15 de mayo y las acampadas han sido la lanzadera y la primera sacudida. Dos años y medio después del estallido de la crisis, en los que la apatía y el miedo han sido la nota dominante, los hechos de las últimas semanas confirman que la protesta social ha vuelto para quedarse. Y, como casi siempre, lo ha hecho reapareciendo de forma inesperada, intempestiva y rompedora, sorprendiendo a propios y extraños.
Internet y las redes sociales, twitter y facebook, han jugado un papel muy significativo en el desarrollo del movimiento, no sólo como herramienta de comunicación, sino también como espacio de discusión, de politización y de formación de una identidad y un patrimonio compartido.

En estas últimas semanas, hemos asistido a una recuperación de la confianza colectiva en la capacidad de cambiar las cosas. Años de derrotas y retrocesos y la falta de victorias que mostraran la utilidad de la movilización han pesado como una losa en la lenta reacción ante la crisis. Pero las revoluciones en el mundo árabe y, también, la victoria contra banqueros y gobernantes en Islandia han transmitido un mensaje muy claro: "Sí, se puede".

"La indignación es un comienzo. Uno se indigna, se levanta y después ya ve", señalaba el filósofo Daniel Bensaïd. Poco a poco se ha ido pasando del malestar a la indignación y de ésta a la movilización. Estamos ante una verdadera "indignación movilizada". Del terremoto de la crisis, ha surgido, finalmente, el tsunami de la revuelta social.

El movimiento en curso expresa la radicalización social más importante, al menos, desde hace más de diez años cuando irrumpió el movimiento "antiglobalización". Ahora, sin embargo, la profundidad social y territorial de la protesta, que se desarrolla en plena crisis económica y social, es mayor. Tiene un doble eje constitutivo inseparable: la crítica a la clase política y a los poderes económicos y financieros. A estos últimos se les señala como responsables de la crisis económica, y a la primera precisamente por su servilismo y complicidad con el mundo de los negocios.

Inspirándose en la plaza Tahrir, el método "ocupación de plaza más acampada" sirvió como elemento motriz para el movimiento en sus inicios. Las acampadas y ocupaciones de plazas no han sido un fin en sí mismas. Han actuado simultáneamente como referente simbólico y base de operaciones, de palanca para propulsar movilizaciones futuras, y de altavoz para amplificar las presentes.

El éxito de la manifestación del 19 de julio plantea el reto de cómo seguir. ¿Cuáles son los próximos pasos? El movimiento necesita profundizar aún más su arraigo territorial y la coordinación de asambleas de pueblos y barrios, hasta ahora su principal logro organizativo. En paralelo, la asignatura pendiente es estrechar los vínculos con la clase trabajadora y llevar la indignación a los centros de trabajo, donde aún domina el miedo y la resignación, y poder contestar a la política de concertación social que mantienen los sindicatos mayoritarios, el desconcierto de los cuales es evidente. Habrá también que seguir trabajando para definir nuevas actividades centrales, que permitan unificar desde la pluralidad y hacer converger objetivos, y para reforzar movilizaciones concretas, como ya está ocurriendo en el caso de los desahucios en muchos barrios.

Desde su irrupción, el principal éxito del movimiento ha sido el de haber puesto fin a la pasividad resignada y al desaliento social que hasta ahora imperaba. Estas semanas han marcado un punto de inflexión. Han sido días de tiempo acelerado y condensado en los que la confortable rutina de los poderes económicos y políticos se ha visto sorpresivamente alterada por un nuevo actor político y social que aún tiene muchas cosas que decir.

* Josep Maria Antentas es profesor de sociología de la UAB y Esther Vivas es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) de la UPF.
** Artículo publicado en Público (ed. Catalunya), 29/06/2011.

+ info: http://esthervivas.wordpress.com


* Blog Esther Vivas - 29.06.11


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Los vertidos y el urbanismo descontrolados amenazan las costas españolas

ECOTICIAS* : El boom inmobiliario, los vertidos orgánicos e industriales y la falta de planificación en torno a los puertos son los puntos negros de las playas españolas. Así lo revela un año más la organización Ecologistas en Acción en su informe Banderas Negras 2011. Esto es una barbaridad, presentado hoy en Madrid. El trabajo permite también identificar los principales lugares de la degradación.
El vertido de forma incontrolada de aguas residuales sin depurar supone un riesgo para la salud. Según los ecologistas, una de las banderas negras se la lleva la playa conocida como ‘Cascada de la Mierda’, en el Parque Natural de la Sierra Helada, en Valencia.
El informe Banderas Negras 2011. Esto es una barbaridad destaca que las comunidades autónomas de la costa “se saltan sistemáticamente la Directiva Marco de Aguas, ya que ninguna depura y reutiliza sus aguas como la ley contempla”. A esto se añade la condena a España por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por verter este tipo de aguas en 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes.
Ecologistas en Acción también denuncia en su trabajo casos relacionados con los vertidos industriales. Subrayan así las carencias de la ley de responsabilidad ambiental y los impactos producidos por los vertidos industriales en la costa. La ría de Huelva es el lugar más contaminado industrialmente.

El urbanismo, a examen

Para los ecologistas, el boom inmobiliario de España ha sido otro factor de la degradación de los recursos naturales marinos y de la calidad del suelo. Su desarrollo ha propiciado grandes complejos urbanísticos. Las banderas negras se han otorgado a las costas de Marbella y Fuengirola como los casos de mayor transformación y degradación por urbanismo en el litoral.

Según Jorge Sáez, responsable del Área Marina de Ecologistas en Acción, la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha tenido una “total falta de sensibilidad ambiental y de capacidad para tener una planificación estratégica, lo que le ha hecho incurrir en inversiones de alicatado de la costa por un valor de más de 170 millones”.

“La mayor parte de su presupuesto ha servido para hacer obras como paseos marítimos, rellenos y regeneraciones artificiales de playas, etc.”, añade el ecologista. La playa de la Barceloneta ha obtenido la Bandera Negra por ser el lugar más transformado y consumidor de dinero público de toda la costa: 60 millones de euros en los últimos cinco años.

El informe también denuncia la proliferación de Puertos del Estado por toda la costa porque “no cuentan con una justificación económica y ambiental y podrían suponer el mayor impacto de la costa española en el siglo XXI”.

Fuente: SINC - http://www.agenciasinc.es/


* Ecoticias - 29.06.11
Foto:

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El pelotazo de Correa en Arganda se acerca a los 24 millones de euros

ElPAÍS/Madrid* : Un informe de la Policía Judicial hecho público ayer destapa la relación entre dos comisiones de más de 12 millones de euros cada una (en total 24,8 millones) cobradas por el presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, por intermediar entre las instituciones gobernadas por el PP madrileño y empresas relacionadas con la red corrupta. El documento vincula el pago de 12,8 millones a Correa en junio de 2006 por parte del empresario Fernando Martín, máximo accionista de la promotora Martinsa, para lograr una adjudicación de suelo público en Arganda del Rey con otra supuesta comisión ilegal de 12 millones, realizada en diciembre de 2004, de origen desconocido. La policía atribuye este pago a los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo. Los dos responsables de la empresa que pagó esta comisión están citados a declarar mañana ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye la rama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira.
La presunta comisión ilegal abonada por el propietario de Martinsa estaba considerada hasta ahora el mayor pelotazo de Correa. Si ahora se demuestra que estas dos transferencias están relacionadas, el beneficio del cerebro de la trama por intermediar con el Ayuntamiento de Arganda se podría haber multiplicado por dos, llegando a superar los 24 millones de euros.

Por el momento son cuatro los imputados del caso Gürtel relacionados con el Consistorio de Arganda: el exalcalde Ginés López, el exdiputado regional Benjamín Martín Vasco, el cargo local Tomás Martín Morales, y el responsable de la sociedad municipal de fomento Juan Fernández Caballero.

Según consta en un documento incluido en el informe remitido por las autoridades suizas, el resguardo de la transferencia de 12,8 millones a Correa realizada desde una cuenta del empresario Fernando Martín no esconde el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de Madrid hecho por la sociedad Martinsa". Esto probaría que el pago se debió, según el informe policial, a la intermediación del cerebro de la red corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. El Consistorio, gobernado por el PP, adjudicó finalmente a Martinsa la denominada Unidad de Ejecución 124, donde estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, por un precio de 77 millones de euros, cuando inicialmente se había tasado en 100 millones. Dos años después, la promotora vendió un tercio del suelo por 73 millones de euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que fue de 25 millones. Hasta el momento no se ha puesto ni un ladrillo en el terreno.

Al concurso que ganó Martinsa en Arganda del Rey el 23 de junio de 2004 se presentaron tres empresas. Pero el Consistorio de Ginés López, a la hora de valorar las ofertas, delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Los técnicos del Ayuntamiento y las dos sociedades valoraron diferentes aspectos del polémico concurso y entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero se pronunció Aguirre Newman, que optó por una empresa distinta de Martinsa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, tampoco resultó ganadora la sociedad de Martín. El último en valorar fue Plarquin, que puntuó la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.

El establecimiento de la conexión entre las dos comisiones de 12 millones fue posible gracias a la documentación remitida por Suiza, que ha destapado que, de los 12,8 millones de Martinsa, ocho ya se encontraban inicialmente en la cuenta de Fernando Martín, mientras que otros cuatro fueron aportados por Ostara Services, del empresario Manuel Salinas. El millón restante tenía su origen en una cuenta de la sociedad Arthington Investments, relacionada con Amando Mayo. Estos empresarios fueron los responsables de la otra comisión pagada a Correa en 2004, sin que se conozca el motivo de la misma. La policía no ha podido determinar el verdadero motivo de esta comisión.

El informe policial aporta la transcripción de conversaciones grabadas por el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, en las que Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros".


* ElPaís - 29.06.11
Foto: Arganda del Rey (Madrid) - cosasdemadrid.es

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Mallorca.- El ex consejero Miquel Nadal, detenido por contrataciones irregulares

ELCONFIDENCIAL* : Agentes de la Policía Nacional han detenido al ex consejero de Turismo y ex presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, en el marco de unas pesquisas que se encuentran bajo secreto dentro del caso Ibatur, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press. Junto a él también se encuentra en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía la ex administradora de la empresa Bahía Difusión, Luisa Almiñana, quien precisamente también está imputada, al igual que Nadal, dentro del caso Maquillaje. Asimismo, han sido arrestadas otras dos personas, y no se descartan nuevas detenciones a lo largo de esta jornada.
Las mismas fuentes han señalado que todos ellos han sido arrestados por su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), empresa mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (PP).
Se da la circunstancia de que Nadal ya fue detenido en el marco del caso Voltor, en febrero de 2009, y eludió su ingreso en prisión tras depositar una fianza de 100.000 euros que posteriormente fue rebajada a 70.000. El ex consejero también está imputado en los casos Maquillaje y Can Domenge, en el marco de los cuales la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel contra él, mientras que está encausado en una quinta causa, la de Son Oms.

En relación con el caso Ibatur, cabe recordar que en sus distintas fases policiales fueron detenidas, exceptuando los arrestos de esta jornada, hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel àngel Bonet. Ahora el cerco se amplía a la antigua UM, ya que hasta el momento únicamente habían sido imputados ex altos cargos del PP.

Varios de ellos se encuentran en libertad bajo fianza, como es el caso de Alabern -que depositó una caución de 350.000 euros-, el publicista Juan Velasco -100.000-, Bonet -250.000- y los empresarios Miquel Deyà -100.000- y Miquel Jaume -15.000 euros-. Se da la circunstancia de que a Alía le fue inicialmente impuesta una fianza de 30.000 euros, aunque a raíz de las confesiones del publicista Bartolomé Morey el magistrado decretó su privación de libertad sin fianza. Tres meses después salió de la cárcel tras abonar una caución de 150.000 euros. El ex gerente abandonó además en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a la empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Gobierno balear a Moscú, y fue sustituido por Alabern.

El juez Juan Ignacio Lope Sola se hizo cargo de las investigaciones tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que la operación se abrió con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera así como en Costa Nord, donde se ubica la Fundación Baleares Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura del PP se encontraba Pau Collado -imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept-.

Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor. Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf -dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en pula golf-, que también fueron registradas.

Bajo sumario desde febrero de 2009

No obstante, el caso Ibatur ya se inició en febrero de 2009 con la primera detención de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.

Mientras tanto, diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa reflejan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula "habitual" de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.


* El Confidencial - EP. - 28.06.11
Foto: Mallorca, exconsejero Nadal y Munar (archivo) - elpais

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Cádiz.- La fiscalía investiga el desvío de 3,6 millones para obras en colegios

ELPAÍS* : La Fiscalía de Delitos Económicos de Cádiz ha llamado a declarar a 11 personas, entre ellos, el exgerente del ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) de Cádiz, por su presunta relación con el desvío de fondos públicos consignados a obras de mejora en centros educativos de la provincia. La investigación pretende esclarecer el destino de los 3,6 millones de euros de los contratos que recibió la empresa Contratas y Mantenimientos Pacheco. Según la fiscalía, solo el 20% de estas obras llegaron a ejecutarse. La delegada de Educación en Cádiz, Blanca Alcántara, mostró ayer la disposición de la Administración a colaborar en este caso. Con todo, asegura que todas las obras que se encargaron a la sociedad investigada están finalizadas.
Las presuntas irregularidades han salido a la luz a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria sobre la actividad de Contratas y Mantenimientos Pacheco entre 2006 y 2008. Este informe revela que los contratos con el ISE, que constituían una de las principales fuentes de ingreso de la entidad, se tramitaron siempre como contratos menores o como obras de urgencia y que, por tanto, no salían a concurso público. Posteriormente, la empresa subcontrataba los trabajos a una maraña de sociedades que, supuestamente, emitían facturas falsas para esconder sus beneficios.

Como consecuencia de esta inspección fiscal, que fue adelantada por el diario Abc, la Agencia Tributaria ha denunciado a los responsables de la empresa por malversación y falsedad continuada en documento mercantil.

Documentación

La delegada de Educación sostuvo ayer que la dirección general del ISE ha facilitado toda la documentación requerida por la Agencia Tributaria desde junio a diciembre de 2010: "Se les dio primero la información tributaria y certificaciones de obras de 40 expedientes y, en una segunda fase, información detallada de 29 expedientes por un valor de más de 50.000 euros". Alcántara reconoce, sin embargo, que no han entregado aún documentación a la fiscalía "porque no nos consta ninguna petición", aunque el ISE ha enviado ya una carta al fiscal para ponerse a su disposición: "La delegación de Educación y el ISE de Cádiz somos los más interesados en resolver las dudas".

Alcántara disiente, con todo, de la fiscalía en el grado de cumplimiento de los contratos: "Esas obras están totalmente ejecutadas y soportadas por expedientes". El ISE de Cádiz dedicó la mañana de ayer a realizar este trabajo de comprobación.


* El País - 28.06.11
Foto: Cádiz - E.Ruíz (ELPAIS.com)

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Portugal suspende el proyecto del AVE entre Lisboa y Madrid

ELPAÍS* : El programa del nuevo Gobierno de centro-derecha portugués, que encabeza Pedro Passos Coelho, contempla la suspensión del proyecto de alta velocidad (AVE) entre Lisboa y Madrid, dentro de un amplio paquete de medidas de ajuste para reducir el gasto público. La decisión "tendrá en cuenta el estatuto jurídico de los contratos ya firmados", precisa el programa que el Ejecutivo ha entregado este martes al Parlamento, y podrá ser reevaluada en el futuro. Durante la reciente campaña electoral, la suspensión del AVE fue uno de los caballos de batalla del nuevo primer ministro. En el mismo apartado de grandes proyectos de obras públicas, el programa de Gobierno de Passos Coelho señala que se analizará "la oportunidad de la construcción de un nuevo aeropuerto en el área metropolitana de Lisboa", que estaba prevista por el anterior Ejecutivo del socialista José Sócrates.
El Gobierno de coalición del Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático Social (CDS) ha entregado al Parlamento su plan de acción, que sigue las líneas del duro programa de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea, a cambio de un préstamo de 78.000 millones de euros.

El listado de medidas incluye la privatización de importantes empresas públicas como la compañía aérea de bandera TAP, la eléctrica EDP, las Redes Energéticas Nacionales (REN) y uno de los dos canales de la televisión público RTP. Asimismo, pondrá fin a los derechos preferenciales (acción de oro) que el Estado mantiene en algunas empresas privatizadas, como Portugal Telecom (PT).

El Gobierno se compromete a reducir sustancialmente lo que denomina "Estado paralelo", y para ello durante los primeros 90 días de su mandato realizará una reevaluación minuciosa de los institutos, fundaciones, entidades públicas empresariales o mixtas, tanto de la Administración central, regional y local. Una de las medidas en este ámbito será la extinción de los cargos de gobernadores civiles. El Tribunal de Cuentas asumirá funciones cada vez más fiscalizadores, a fin de mejorar el control de todos los organismos que reciben fondos públicos.

"Se trata de un programa sobrio y realista por cuatro años, para reducir el peso de la máquina del Estado", asegura el Gobierno, que pretende despolitizar el proceso de reclutamiento de los cargos dirigentes más importantes.

Destaca en educación la evaluación, a través de un examen, de los conocimientos de los candidatos a profesores, una medida que intentó aplicar el anterior Gobierno, y que tropezó con la resistencia de los sindicatos del sector, hasta el punto de que le costó al puesto a la ministra de Educación María Lourdes Rodrigues.


* El País - 28.06.11
Foto: Lisboa, estación Sta Apolonia - treneando

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El movimiento 15M sigue sorteando barreras

DIAGONAL* : Examinado con lupa por los medios de comunicación, hostigado por la derecha y defenestrado por sectores conservadores de Catalunya y el resto del Estado, el movimiento del 15M gana terreno y apoyos entre la población. Las manifestaciones del 19 de junio, en las que participaron más de medio millón de personas en el Estado español, sirvieron para reforzar las líneas básicas de un movimiento que, día a día, demuestra que está aquí para quedarse. La reacciones a esas marchas dan imagen de un sistema desconcertado ante las nuevas formas de participación propuestas y un grupo político, el PSOE, con una profunda crisis de identidad.
Entre 500.000 y un millón de personas salieron el 19 de junio en las manifestaciones convocada a nivel estatal contra el Pacto del Euro. Las marchas, potenciadas por el movimiento 15M sirvieron como demostración en un proceso que sigue fortaleciéndose cuando va ya por su sexta semana. El domingo 19 cerró, de paso, la semana más difícil para el movimiento.
La salida del campamento de la Puerta del Sol, que dejó sin asambleas diarias a muchas de las personas que se habían acercado a la plaza madrileña desde el 16 de mayo; las cargas policiales en Valencia y Madrid durante la jornada de ‘bienvenida’ a los cargos electos el 11 de junio y la sobrerreacción por parte de los medios de comunicación ante los hechos ocurridos alrededor del Parlament catalán el 15 de junio, habían puesto al movimiento en una difícil tesitura: la de reivindicarse una vez más ante la opinión pública.

“Los grupos radicales del 15M ejercen una coacción inadmisible sobre el Parlament catalán”, resumía en su editorial El País el 16 de junio, para cuatro días después reconocer que “el clima pacífico en el que los miles de manifestantes recorrieron las calles [el 19J] demuestra el error político de intentar criminalizarlos”. Estas movilizaciones no están siendo bien digeridas por el establishment político y social.

Así, el 19 de junio más que como una fecha de movilización se planteaba como la verdadera piedra de toque del 15M. Era importante el número de manifestantes, era importante no dar argumentos a quienes buscan criminalizar el movimiento o crear separaciones artificiales entre antisistema e indignados, entre Barcelona y Madrid, entre portavoces ocasionales y personas anónimas. Así, la prueba salió bien, tanto en asistencia como en la imagen de cohesión dada a medios y actores políticos y sociales que habían puesto en cuestión la supervivencia del modelo de participación horizontal.

“No les invito ni a mi casa”

Salvada la trampa de atender la exigencia de dichos actores, el problema vuelve a tenerlo la clase política, inmersa en una crisis de representatividad de la que el caso de Extremadura, comunidad en la que IU ha renunciado a pactar con el PSOE, es sólo un episodio más. Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, en su papel de gestoras de los recortes sociales, y el PSOE, desgastado como todos los Gobiernos de la Europa periférica, tendrán que tomar nota de las demandas del movimiento 15M u optar por ningunear, criminalizar o deslegitimar las protestas con los medios a su alcance.

En el Partido Socialista se lleva el equilibrismo, mientras Marcelino Iglesias, secretario de organización, señala que las ideas del 15M “son reformas necesarias que las democracias avanzadas debemos hacer”, el presidente del Congreso, José Bono, se despachaba contra los indignados que habían bloqueado la entrada al Parlament: “El primer día que me preguntaron dije: ‘estos chicos parecen buena gente’. Pero a éstos de ahora, desde luego yo no los invito ni a mi casa”. No obstante, Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a las elecciones generales de 2012, han optado por pasar de puntillas sobre el tema, esperando quizá un momento propicio para significarse de una u otra forma.

Mientras, el PP, consciente de que su llegada a la Moncloa provocará una mayor conflictividad social, se apunta a la senda marcada por Bono.

Esto no es una isla

El momento es delicado para los Gobiernos europeos. El segundo rescate de Grecia amenaza con hundir las otras economías periféricas: Portugal, Irlanda y España siguen muy pendientes de las nuevas calificaciones de riesgo de la deuda soberana. Para mantener la confianza de los mercados financieros en este trance, el Consejo Europeo ha planteado el llamado Pacto del Euro, que debe ser ratificado el 27 de junio por los países de la zona euro y otros Estados que se han sumado al mismo. Los ajustes en las condiciones de trabajo y reproducción social que promueve el pacto para salvar el euro se plantean en un escenario muy distinto del que existía cuando Zapatero anunció el recorte de salarios en el empleo público y una vez se produjo el primer rescate financiero de Grecia, hace sólo un año.

Los ataques del mercado a la moneda única europea han perdido relevancia frente a las muestras de indignación en calles y plazas. Por más que carezca de caras visibles, o precisamente por eso, por más que haya “indignados con los indignados” que argumenten que son más los que están en casa que quienes protestan en la calle, el movimiento 15M ha planteado de forma inequívoca que la crisis no puede seguir siendo gestionada bajo el axioma de que no hay otra alternativa que perder derechos sociales, aceptar empleos peor pagados y tratar de paliar en el ámbito doméstico los efectos de una deuda privada convertida en pública.

La respuesta no se produce en una isla. En África, Islandia, el Golfo Pérsico o Grecia las protestas duran meses. En Italia, a las protestas estudiantiles de diciembre les ha seguido una negativa histórica al programa nuclear de la derecha. En Reino Unido, uno de los principales sindicatos anuncia las mayores movilizaciones de los últimos cien años si David Cameron, por cierto, modelo para Mariano Rajoy, no da marcha atrás a su programa de recortes de gasto y reformas económicas.


* Diagonal - Redacción - 27.06.11
Foto: Alvaro Minguito

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Bailén.- La épica choca con el urbanismo

ELPAÍS/Jaén* : Cada año, los cañones y los fusiles devuelven el olor a pólvora al Charco de la Gallina y la Huerta de San Lázaro de Bailén (Jaén). Son las recreaciones que tienen lugar en un campo abierto de más de tres hectáreas para rememorar la batalla que en 1808 enfrentó a las tropas españolas del general Castaños y las francesas de Dupont en uno de los episodios más cruciales de la Guerra de la Independencia, no tanto por su trascendencia real como por el simbolismo que supuso la primera derrota en suelo español del poderoso ejército napoleónico.
Tal es la vinculación de Bailén con su batalla que este paraje llegó a ser tipificado como suelo protegido no urbanizable por su valor histórico en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Lo que ocurre es que nadie cayó en la cuenta de que esa protección chocaría con el centenar de viviendas construidas en las últimas décadas y que ahora ven amenazado su futuro por encontrarse en suelo no urbanizable. La amenaza se ha hecho realidad con el precinto de la primera vivienda y no han sido más porque los vecinos afectados han iniciado una cruzada, a través de movilizaciones y recursos legales.

"El anterior alcalde de Bailén quería convertir este lugar en una especie de Waterloo desde el punto de vista turístico, sin tener en cuenta estas viviendas", señala la secretaria de la asociación Charco de la Gallina, María Márquez, en alusión a la intención del anterior regidor, el independiente Bartolomé Serrano, de proteger este lugar.

El avance del PGOU recibió 110 alegaciones, 22 de ellas de vecinos de este paraje, que aún no han sido resueltas. Y a eso se agarran los vecinos para defender la legalidad de sus casas, argumentando que pagan la contribución, además de la luz, el agua o la basura. "No se deben ejecutar las medidas cautelares hasta que no se resuelvan las alegaciones y el recurso", apunta Márquez.

Los afectados recuerdan que la actual alcaldesa, Simona Villar (PSOE), cuando estaba en la oposición también alegó para no proteger esta zona, por lo que le solicitan coherencia y que propicie la regularización de las viviendas, un compromiso expresado por todos los grupos antes de las pasadas elecciones. La alcaldesa, por su parte, no ha querido dar ninguna fecha de aprobación del PGOU, pendiente aún de resolver las alegaciones a su avance.


* El País - G. DONAIRE - Jaén - 27/06/2011
Foto: Bailén (Jaén), ayuntamiento - pueblosespaña

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La Audiencia mantiene imputadas a dos exconcejalas de Málaga en un caso por ruido

SUR* : Los tribunales asisten a una nueva batalla judicial por el ruido en la que los vecinos han ganado el último de los asaltos disputados hasta el momento. Pero los golpes, esta vez, no solo han ido dirigidos contra el negocio que generaba el supuesto exceso de decibelios. La Audiencia Provincial mantiene como imputadas a las exconcejalas de Medio Ambiente Patricia Marín y Araceli González por un presunto delito de prevaricación por omisión al considerar que no actuaron debidamente contra el establecimiento denunciado, según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso SUR.
La causa se inició a raíz de una querella presentada por un grupo de vecinos contra el restaurante Limonar 40, ubicado en el paseo del mismo nombre, motivada por el exceso de ruido que procedía del establecimiento, debido a que este usó como reclamo el recurso de la música, según la Audiencia. Los afectados presentaron dos informes periciales. El primero, fechado en septiembre de 2007, establecía que se superaba en 12 decibelios el límite permitido en la zona; el segundo, de agosto de 2010, elevaba el nivel de contaminación acústica a 24 decibelios.

El caso se siguió en el Juzgado de Instrucción 12 de Málaga, que citó las dos exconcejalas, imputadas por presunta prevaricación; así como a los responsables de la empresa propietaria del local y la que alquiló una parte del mismo para explotar el negocio, que han sido imputados por un supuesto delito contra el medio ambiente, según el auto de apertura de procedimiento abreviado.
Continuas denuncias
Las quejas de estos vecinos por el nivel sonoro de la música del restaurante derivó en varias denuncias formuladas por la Policía Local y por los propios afectados que tuvieron entrada en las áreas de Medio Ambiente y Comercio del Ayuntamiento de Málaga entre 2005 y 2008.
Como consecuencia, se abrieron varios expedientes en los que se acordó el precinto del equipo de música y la imposición de sendas multas de 3.000 y 6.000 euros, lo que, según la Audiencia, «parece haber tenido para los responsables del negocio más el carácter de broma que de verdadera sanción».
La jueza imputó a las exconcejalas al entender que ambas se encontraban en una posición de dominio y capacidad de decisión; «[...] teniendo recursos legales para evitar el daño, no lo hicieron, con una clara dejación de su deber», reflejó la instructora en un auto.
Las dos exedilas y los responsables de la empresa dueña del local recurrieron sus respectivas imputaciones. Patricia Marín, que fue concejala entre 2005 y 2007, alegó que ella no era la responsable en la materia, según recoge la resolución judicial. Araceli González, que la sucedió en el cargo, argumentó que la actividad de su departamento se materializó en las dos sanciones impuestas.
La Audiencia rechazó estas alegaciones, ya que, pese a las multas, no ordenaron inspección alguna del establecimiento. La Sección Segunda desestimó los recursos de apelación presentados al considerar que la actuación observada constituía un medio para «cerrar los ojos de manera consciente» ante una situación, «como es la que aquí sucedía, que precisaba de una intervención urgente», recoge la resolución.


* SUR - 28.06.11
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu

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Madrid.- El 15-M paraliza el desahucio de un hombre de 61 años que no paga el alquiler

ElPAÍS* : El 15-M se ha vuelto a interponer entre las autoridades y un ciudadano para impedir un caso de desahucio inmobiliario. Sobre el nº2 de la calle Nueva en Camarma de Esteruelas, un pueblo a pocos kilómetros de Alcalá de Henares, hoy pesaba una orden de desalojo contra un hombre de 61 añoa que no paga el alquiler desde hace más de un año. Unas treinta personas han acudido a las nueve y media de la mañana para impedir la ejecución de la orden, convocadas por la asamblea del 15-M de Alcalá de Henares, a la que el afectado pidió ayuda. El hombre vive en un apartamento duplex con dos habitaciones "muy pequeñas" y lleva más de dos años en paro. Es músico de profesión y ha trabajado creando composiciones comerciales y para radio. Cuando dejó de encontrar trabajo de lo suyo, se buscó la vida como "jardinero, limpiador, mozo de carga...", explica Cobo. Desde que se quedó en paro, ha vivido de sus ahorros y de la prestación por desempleo que ha cobrado durante seis meses. Después, ya no pudo asumir el pago de los más de 500 euros que le cobra una inmobiliaria por el alquiler del apartamento. El hecho de que el arrendatario sea una agencia, y no un particular, ha sido "significativo" para que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid haya decidido "solidarizarse" con el hombre. "Las inmobiliarias son también responsables de la especulación y el crecimiento de la burbuja inmobiliaria", ha explicado David Cobo, un portavoz de la PAH.

El afectado por la orden judicial de desahucio está divorciado y cobra ahora 375 euros de una pensión no contributiva. Lo que quiere es que le den "tiempo" para buscar "un lugar donde dejar sus cosas y una solución", afirma Cobo. Según este, el hombre, que vive solo pero tiene un hijo de 13 años, se encuentra en una situación de "desamparo habitacional". Por eso, la Plataforma y el 15-M han decidido ayudarle a evitar el desahucio previsto para las diez y media de la mañana. Así lo acordaron ayer en la asamblea general del Movimiento en Alcalá de Henares y con esa intención se ha presentado hoy en el domicilio una hora antes. La Guardia Civil les estaba esperando. Según cuenta Cobo, primero hablaron con las treinta personas que se han movilizado contra el desalojo y aceptaron que sus intenciones eran "pacíficas" y solo querían "hablar con la comisión de desahucio". Tras unos minutos, siempre según la versión del portavoz de PAH, los agentes acordonaron la zona y pidieron a "todo el que no viviera en la calle" que se marchara. Para no contradecir a la Guardia Civil sin dejar la protesta, los treinta concentrados se metieron en la vivienda que iba a ser desalojada poco después. Tras unos minutos, los agentes les informaron que el desahucio quedaba aplazado hasta que se reciba nueva orden del juzgado y que se retiraba el cordón policial de la calle.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid ya impidió hace dos semanas que se desalojara a un inmigrante libanés de su piso en Tetuán . La organización cifra en 90.000 el número de ejecuciones hipotecarias que se realizan en 2010 y dejaron en la calle a "miles de familias con una deuda perpetua". Para luchar contra esto, PAH reclama que se acepte la dación en pago para liquidar las deudas hipotecarias y pide al Estado que cree un parque de viviendas públicas, resume Cobo.


* El País - 27.06.11
Foto: Camarma de Esteruelas (Madrid) - pueblosespaña

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Un borrón en el mapa de Sevilla

ELPAÍS* : A Sevilla le ha salido esta semana un borrón. La decisión del Tribunal Supremo de vetar la construcción de la biblioteca de la Universidad de Sevilla deja a la ciudad sin un edificio firmado por la iraquí Zaha Hadid, reconocida, entre otros, con el premio Pritz-Ker, probablemente el más prestigioso del mundo de la arquitectura. Implica también la pérdida de una biblioteca pública, que tampoco es una buena noticia para ninguna ciudad. Y sobre todo, supone que, una vez más, sean los tribunales los que tengan la última palabra en la planificación urbanística de la ciudad ante la incapacidad de la administración y los administrados de llegar a un acuerdo.
Las obras de la biblioteca central de la Universidad estaban paralizadas por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde julio de 2009. El edificio llegó a los tribunales de la mano de un grupo de vecinos del entorno del Prado de San Sebastián contrarios al proyecto. Aunque el alto tribunal andaluz dio la razón a los vecinos, tanto el Ayuntamiento como la Universidad estaban convencidos de que el Supremo salvaría la biblioteca. Pero los jueces han entendido que la decisión de eliminar parte de los jardines del Prado para levantar ahí el edificio no está suficientemente justificada.

"Cuando se trata de hacer desaparecer en todo o en parte una zona verde, han de expresarse las razones por las que la biblioteca no puede ser construida en otros terrenos para cumplir la misma finalidad de permitir el uso cualificado del entorno universitario", afirma el tribunal.

Los jueces creen que el edificio podría ubicarse en otro sitio sin perjudicar a su uso. Esta parece ser la única salida que le queda al proyecto, en cuyas obras, iniciadas en agosto de 2008, la Universidad ha gastado ya más de cuatro millones de euros. El rector, Joaquín Luque, se reunió el pasado viernes con el nuevo teniente de alcalde, Javier Landa, en un encuentro que el Ayuntamiento define como "una primera toma de contacto" para encontrar una salida. Ambas partes tienen prácticamente descartado que la sentencia del Supremo, que no es recurrible, deje algún resquicio legal para mantener el proyecto en el Prado, a pesar de que la Universidad no esté de acuerdo con el argumento de los jueces de que la biblioteca puede cumplir la misma finalidad en otra ubicación. Según la institución académica, el Prado de San Sebastián tiene una gran importancia geográfica. Este parque está ubicado a medio camino entre el Rectorado (la antigua Real Fábrica de Tabacos) y los campus de Ramón y Cajal y Pirotecnia, en los que estudian unos 20.000 alumnos universitarios, que se beneficiarían del nuevo edificio.

El único emplazamiento alternativo del que se ha hablado hasta ahora lo puso precisamente sobre la mesa el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, cuando aún era candidato. Como en otros tantos asuntos, el ahora regidor ha intentado no posicionarse ni muy a favor ni muy en contra del proyecto, sabedor de que muchos de los vecinos que se oponen al edificio eran potenciales votantes suyos a juzgar por las fuertes críticas que dirigían al gobierno de PSOE e IU, pero conociendo también que la promotora de la obra (la Universidad) es la primera empresa de la ciudad y uno de sus grandes motores económicos.

Zoido, crecido tras su abrumadora victoria electoral, está convencido de que "en una semana" habrá cerrado prácticamente un acuerdo con la Universidad. Pero enfrente se va a encontrar a una institución herida y que sabe que el hoy alcalde acabó posicionándose en contra de las obras aludiendo al daño que supondría el edificio para el parque del Prado, construido en 1997 y en el que la biblioteca ocuparía un 8% de la superficie total. Hasta que se hicieron los jardines, ese terreno era un solar que fue recinto de la Feria de Abril y que, a partir de los setenta, se quedó sin ningún uso concreto. Tras el 22-M, el ya alcalde electo tiró de manual y aseguró que si los jueces daban luz verde al edificio, él lo apoyaría; igual que tras el fallo del Supremo ha recalcado que el gobierno municipal obligará a que se cumpla la sentencia (que la biblioteca no se construya).

Cuando aún era candidato, Zoido habló de la posibilidad de construir la biblioteca en uno de los aparcamientos de la actual Feria de Abril, en la zona de los Gordales, un área despejada donde el edificio podría levantarse sin inconvenientes, pero que no tiene cerca ningún campus universitario. Fuentes municipales señalaron ayer que el gobierno está "abierto a otras opciones" en la negociación abierta entre el Ayuntamiento y el rector, aunque ninguna de las dos partes ha hablado todavía de otras parcelas.

La Universidad de Sevilla solo tiene una cosa clara: necesita una biblioteca central. Pero la sentencia del Supremo tiene otras consecuencias que el rector y su equipo están estudiando y que podría ocasionar un agujero en las finanzas de la institución. Entre ellas, una posible indemnización a la constructora encargada del proyecto, Ferrovial. El vicerrector de Infraestructura, Antonio Ramírez de Arellano, admitió hace unos meses que la empresa podría demandar "entre tres y seis millones de euros", aunque la Universidad no ha puesto cifras a ninguna indemnización una vez conocido el fallo.


* El País - 26.06.11
Foto: Estado de las obras de la biblioteca del Prado, paralizadas desde 2009.- elpais

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La prensa vende pisos

MANUEL DE CASTRO GARCÍA* : Los medios llaman a otra crisis asustando con el "desplome" inmobiliario, que en realidad es bueno.
No busque causas perdidas, lector de periódico de gran tirada. El periodista medio escribe con el fin de contentar a su jefe formal o contentar al poder, su jefe real. Por eso no debería causar asombro que mis colegas salten de un periódico a otro ideológicamente contrario y sean eficientes en ambos. Hay temas recurrentes que evitan discusiones y siempre salen adelante en una reunión de arranque de edición: los de Internacional proponen dar un par de bofetadas a Chávez y ya no tienen que justificar ninguna documentación, que se exige hasta lo imposible para hacer lo propio con, por ejemplo, Israel o Bahrein.
Más fácil lo tienen en la sección de Economía: se sacan de la manga cualquier dato en defensa de la construcción de viviendas y vía libre para publicar aberraciones. La obediente prensa sigue considerando malo el “alarmante desplome” de los precios de la vivienda, que tenía y sigue teniendo un precio ficticio. Sigue afirmando que el crecimiento en la construcción será bueno para la economía, despreciando que tenemos el mayor stock de Europa y que el ladrillo es lo peor para la balanza comercial con el exterior, enfrentados a productos y servicios que conllevan plusvalías reales, investigación y equilibrio financiero para los otros países.

Todavía está por venir el primer político, el primero, del partido que sea, que entre tanta palabrería sobre el cambio de modelo económico se atreva a decir que es bueno que caigan los precios (es malo para el excedente de las cajas y bancos especuladores) y que el sector debería reducirse a la mínima expresión, casi hasta desaparecer, para dejar paso a otro tipo de industria.


* Rebelión - Crónicas de la Emigración - 24.06.11
Foto: Bloques viviendas construcción - diariodemallorca.es

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“El frenesí de la construcción no ha logrado hacer ciudad”

REBELIÓN/Entrevista* : Aboga por entretejer los espacios público y privado (la “calle” y la “casa”), como única forma de “hacer ciudad”; calles y casas en las que fluyen las relaciones sociales, la crianza se hace más fácil y los barrios tienen vida. Calles y casas que facilitan la integración social, la autonomía personal y la igualdad entre mujeres y hombres. Calles y casas que no se han derivado del “frenesí de la construcción de las últimas décadas”.
Marta Román es geógrafa y forma parte de gea21, una consultora dedicada al asesoramiento en diversos temas, desde el urbanismo y el medio ambiente, hasta la igualdad de oportunidades o la economía social. Ha dirigido varios proyectos de investigación acerca de la situación social y laboral de las mujeres y ha participado en otros que tienen como objetivo introducir la perspectiva feminista en la planificación urbanística. Además del enfoque de género, los procesos de participación social son, a su entender, otra clave para construir viviendas, barrios y ciudades.
-La vivienda puede jugar un papel a favor de la integración social, la autonomía personal y la igualdad entre mujeres y hombres… o todo lo contario.
-La vivienda debería jugar a favor de todo eso. Cuando se construyen viviendas considerando que no hay diferencias en la capacidad de acceso a las mismas o que ya están superados los roles de género, lo que se consigue es perpetuar y acrecentar las diferencias.
Las viviendas pueden dejar de ser una carga económica inmensa y dejar de ser inaccesibles para muchas mujeres -que de promedio ganan un 30% menos que los varones por trabajos similares-, si se realiza una política decidida de alquiler. También se pueden plantear otras formas de vivienda con servicios comunes, como lavandería, guardería, espacios de trabajo o comedor, para aquellas personas o colectivos que lo puedan necesitar: personas jóvenes, mayores, madres solteras o separadas, etc. Otra cuestión sería atender las necesidades del trabajo doméstico y dotar a las viviendas de los espacios adecuados para que se desarrollen con facilidad y se puedan compartir: cocinas soleadas y en las que quepan varias personas, tendederos accesibles, zonas de almacenaje, despensas o espacios para guardar carritos de compra o bebé, bicicletas o sillas de ruedas.

Pero una vivienda diseñada bajo los parámetros de género no parece muy compatible con ese auge desmedido de la construcción

Las viviendas construidas bajo parámetros de equidad de género y generación están integradas en la trama urbana o en las proximidades de los núcleos, esto es, no crecen como setas en mitad de la nada. Las viviendas construidas o rehabilitadas bajo los parámetros de género pertenecen a un barrio que es parte fundamental de su propia existencia, con sus espacios públicos, sus equipamientos o el comercio local con el que van a interactuar. El frenesí de la construcción, hecho de forma rápida y estandarizada, ha conseguido urbanizar una parte inmensa del territorio, pero no ha logrado hacer ciudad. Este inmenso parque de viviendas “ensimismadas”, donde el espacio público carece de interés porque las casas se vuelcan hacia los espacios privados y abandonan la calle, no contribuye en absoluto ni a la seguridad, ni a la conciliación, ni a la socialización de las mujeres.

¿De qué forma puede el diseño de una vivienda facilitar el reparto de tareas entre quienes viven en ella?

Cuando la vivienda cuenta con unos espacios de trabajo adecuados para poder realizar las tareas domésticas -principalmente las relacionadas con la cocina y con el lavado y el cuidado de la ropa- es más fácil, cómodo y sencillo que esas tareas se visibilicen y se compartan. En una cocina aislada al fondo del pasillo, ajena a los espacios de relación y donde sólo cabe una persona, es más complicado que todos los miembros de la familia contribuyan al trabajo doméstico.

A la hora de construir una vivienda, ¿el sector inmobiliario tiene en cuenta la multiplicidad de modelos familiares o sigue ciñéndose a las necesidades de la familia tradicional?

El sector inmobiliario tiene una fuerte inercia y no acompaña al cambio social. La composición, estructura y tamaño de los hogares ha variado drásticamente en estas últimas décadas y las mujeres han entrado de forma masiva en el mercado laboral. Mientras tanto, se construyen viviendas muy similares a las de hace treinta años, cuando había un ama de casa dedicada a tiempo completo a su cuidado y mantenimiento.

Buenas prácticas

¿Existen ejemplos de iniciativas que ponen el foco en el bienestar de las personas, en lugar de hacerlo en el superávit de los promotores inmobiliarios?

Las cooperativas de vivienda de países del norte y del centro de Europa llevan años innovando en vivienda. Para empezar, innovan en la propia forma de tenencia, que permite adquirir no una vivienda concreta, sino un “derecho” a tener una vivienda adecuada, que irá cambiando conforme vayan transcurriendo las distintas etapas de la vida. En el marco cooperativo se han ensayado nuevas soluciones y usuarios y usuarias participan en su diseño. También se presta una gran atención a los espacios y servicios comunes. Cuentan que la gente se adhiere a las cooperativas por el menor coste de la vivienda y que permanecen en ellas por esa forma de vida más comunitaria que propician.

¿A qué te refieres cuando dices que tiene que haber un “matrimonio entre la casa y la calle”?

En las últimas décadas se ha conseguido construir vivienda de mucha calidad, con buenos materiales y con un diseño cuidado, pero se han olvidado de que no tiene sentido hacer un precioso piso en un entorno vacío. Siguiendo el símil del matrimonio, cada miembro de esta pareja tiene que aportar algo a esta unión: la calle debe ser atractiva, ambientalmente agradable, tener interés y estar cuidada. No puede ser una vía pensada únicamente para la circulación y el aparcamiento de coches, porque genera ruido y contaminación y no permite usos estanciales.

¿Y la casa?

Debe tener sus ojos y oídos abiertos al espacio público, no debe enclaustrarse tras rejas y vallas. En los bajos debería permitirse la instalación de comercio y otras actividades que doten de vida al espacio público. Esta es la única forma de hacer ciudad, cosiendo y entretejiendo lo público y lo privado y aunando intereses. Los “divorcios” entre estas dos esferas son un desastre para la vida cotidiana.

¿En qué consisten los “espacios intermedios”, de los que habla el urbanismo feminista?

Son, justamente, esos lugares de sutura entre la casa y la calle, entre el “dentro” y el “fuera”, entre lo público y lo privado. Espacios cuya titularidad no importa, pero que juegan un papel privilegiado para fomentar las relaciones sociales, para facilitar la crianza y para alimentar la vida del barrio. Son esas aceras anchas frente a las fachadas, esos pequeños jardincillos que tienen un banco y que sirven para encontrarse con el vecindario, para que descanse una persona mayor que no puede recorrer largas distancias o para que niñas y niños jueguen con autonomía, sin que haya que estar vigilándolos de cerca.

Un barrio propio

¿Somos dueñas y dueños de nuestras propias ciudades?

No quiero ser injusta y tirar por tierra el trabajo de muchas personas que intentan humanizar y dar vida a las ciudades. Sin embargo, es cierto que, si analizamos lo construido, vemos que se prioriza a los coches, antes que a quienes van a pie, y que muchas decisiones se basan en que les salgan las cuentas a los promotores inmobiliarios, antes que en fomentar la vida vecinal.

No obstante, terminamos por apropiarnos de cualquier espacio…

Los seres humanos tenemos tanta necesidad de vincularnos, que muchas veces terminamos amando nuestro barrio, por muy feo que sea. En las experiencias que tengo de procesos de participación vecinal, es curioso comprobar cómo la gente consigue, en sitios insospechados y a pesar de los desastres urbanísticos, darle un sentido al espacio en el que habita y apropiarse de él. ¡Imagínate lo que se consigue cuando se cuenta con un espacio urbano cuidado y pensado para la población!

Hoy en día buscamos una casa para toda la vida. Tal vez esto no sea lo más práctico a medio y largo plazo.

Queremos que la casa que adquirimos sea versátil para las distintas etapas de la vida, que cubra desde la etapa joven de la emancipación, pasando por una vida familiar más o menos extensa, hasta la vejez. Eso es pedirle al hormigón que sea más flexible que nuestra gestión. Si la forma de propiedad fuera el alquiler o cualquier otra que no nos atara de por vida a un espacio concreto, sería más sencillo cambiar cuando la familia crece o decrece o cuando hay un traslado de trabajo, por ejemplo. Creo que innovar en fórmulas de tenencia y mejorar la gestión del parque construido es el camino para dar salida a los problemas de vivienda.

En un barrio con vida urbana

¿Cómo es la vivienda que ha elegido una experta en el tema?

Mi pareja y yo -él también es geógrafo- tardamos casi un año en encontrarla. Teníamos claro que queríamos una casa en el interior de la ciudad, en un barrio consolidado que tuviera vida urbana, comercios y equipamientos próximos. Era fundamental que tuviese buen servicio de transportes públicos porque no tenemos coche. La vivienda está en el borde de un barrio populoso de Madrid, Prosperidad, pero en el interior de una colonia de casas bajas de los años 20, un espacio silencioso y tranquilo. Es un piso situado en un bloque de tres plantas, que a mí me cautivó porque todas sus habitaciones tienen luz exterior. La distribución era muy clásica, pero hace unos años hicimos reforma y convertimos la cocina en el epicentro de la vivienda.

¿Cuál es el espacio de tu casa que más disfrutas?

La cocina, sin duda, porque sirve para prácticamente todo: cocinar, charlar, trabajar, jugar, escuchar música… Ahora mismo estoy escribiendo en la mesa central. El sol entra a raudales por las ventanas, hay una vista preciosa de casitas bajas con pequeños patios y hasta puedo escuchar a los pájaros.

¡Es la casa perfecta!

Le faltaría un trocito de tierra. Me encantan las plantas y una de mis aficiones es plantar semillas. He “criado” un almendro, varias encinas y ahora estoy viendo nacer unos algarrobos. Mi ojito derecho es un mandarino que nació de un pipo casual que alguien tiró en una maceta de casa. Ahora mide metro y medio y está en una maceta grande pero en una pequeña terraza. Me encantaría encontrar un pequeño patio orientado al sur para plantar el mandarino en la tierra y verlo crecer.

En pocas palabras

Lo sugerente: una conversación en un lugar tranquilo con una copa de vino

Lo deserotizante: la apatía

Un éxito: hablar de feminismo en el ámbito del urbanismo

Algo como para tirar la toalla: lanzarme al mar a nadar

Una feminista: esas mujeres anónimas que han permitido con su lucha, tesón y esfuerzo que podamos ser mujeres libres, que podamos formarnos y estudiar, que tengamos derechos ciudadanos y capacidad de decisión sobre muchos aspectos de nuestras vidas

Una época: La actual, porque es la que me ha tocado vivir y, como mujer, veo que nos toca protagonizar un cambio

Un lugar en el mundo: mi barrio, un trocito de la ciudad de Madrid, sin más, con sus miserias y sus grandezas, el lugar donde he tejido mis redes y mis lazos de pertenencia

Fuente: http://www.pikaramagazine.com/?p=3408


* Rebelión - opinión - 25.06.11

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