El magistrado tomó anteayer la primera decisión relevante en el proceso desde el viernes, cuando levantó el secreto de sumario, al llamar a declarar a los primeros imputados: el redactor general del PGOU, Jesús Quesada, el próximo 30 de junio, Ortiz, el 4 de julio, y la mujer de este último, María Manuela Carratalá, 'Maleles', al día siguiente.
Quizás para esas fechas disponga de la información que reclamó en noviembre de 2010 a dos cajas de ahorros, la CAM y la del Monte de Piedad de Zaragoza, sobre el origen de los ingresos a Arturo Soto. El juez Tejada quiere conocer, «con el máximo nivel de detalle posible», los «instrumentos formales de pago» de ese dinero y la titularidad, autorizaciones o cualquier otra vinculación de las cuentas corrientes desde la que salió.
Esos casi 45.000 euros corresponden a siete cheques por importes que oscilan entre los 1.562, 81 y los 14.745. Esta última cifra fue abonada a Caja Rural desde la CAM el 28 de septiembre de 2009. En esas fechas, la Policía detectó múltiples llamadas de teléfono entre Castedo y Ortiz que versan sobre el estadio Rico Pérez y otros aspectos del PGOU. También están recogidas en el sumario reuniones a dos bandas, algunas de ellas en el domicilio del constructor.
El mes anterior, en agosto, la alcaldesa y su marido disfrutaron junto a Ortiz de unas vacaciones en su yate, 'Elena', por la isla de Ibiza. Igualmente, los investigadores sospechan que la dirigente del PP percibió como dádiva de manos del empresario un coche, un Mini Cooper, que a su vez ella habría regalado a una amiga.
Las diligencias ordenadas a finales del pasado año por el juez Tejada incluyen también otros mandamientos a tres bancos para que aporten datos sobre las cuentas a nombre de María Manuela Carratalá. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que 'Maleles' solía sacar grandes sumas de dinero en efectivo a instancias de su marido para sobornar a políticos, entre ellos al exalcalde Luis Díaz Alperi. En las conversaciones del matrimonio se ocultan presuntamente dichas entregas con la palabra «bocadillos».
En cuanto a los cheques, fuentes del entorno de la alcaldesa alegan que podrían corresponder a transferencias cobradas por su marido por trabajos realizados con su camión hormigonera, y no descartan por tanto que alguno de los pagos provenga de alguna de las constructoras de Ortiz, con el que mantiene relaciones profesionales.
El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante ya solicitó en agosto del pasado año a Hacienda información fiscal y tributaria sobre el núcleo familiar Soto-Castedo. Ambos están incluidos en un listado junto al hermano de la regidora, José Luis Castedo, el arquitecto Jesús Quesada, Ortiz y un hijo de Luis Díaz Alperi, entre otros.
Por otro lado, la Policía interceptó una llamada entre el empresario imputado y la alcaldesa el 9 de abril de 2009 en la que ella le previene de que la Policía podría tener intervenido su teléfono. En concreto, Castedo refiere que Marta (podría ser García-Romeu, actual portavoz del equipo de gobierno municipal) se había enterado por «Pablo», quien le había advertido de esa circunstancia. «Yo no sé si es cierto, yo no sé si es verdad, eso es mentira», responde Ortiz. El tal Pablo es identificado previamente por los agentes como Pablo Suárez, concejal delegado de Tráfico cuya destitución habría instado Díaz Alperi, según el fiscal, por perjudicar un negocio de su hijo Otto en un contrato público.
* La Verdad - 9.06.11
Foto: Sonia Castedo, junto a su marido (c), celebra la victoria el 22-M. :: EFE
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