Alicante.- La Policía investiga si 29 personas o sociedades se enriquecieron con la tramitación del PGOU

LEVANTE* : La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial está llevando a cabo una amplia investigación patrimonial de las personas y sociedades que en mayor o menor medida han estado cerca de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. El titular del juzgado de Instrucción nº5 de Alicante, Manrique Tejada, autorizó el pasado 30 de agosto la petición de la Brigada de Blanqueo de Capitales para acceder a los datos fiscales y tributarios de 29 personas y sociedades que pudieron beneficiarse económicamente de la tramitación del nuevo documento urbanístico de Alicante. El objetivo de la policía es conocer al detalle los movimientos de capital de las cuentas bancarias de los afectados por la investigación y de las empresas que a través de ellos intervinieron en el desarrollo urbano de la capital.
Como no podía ser de otra forma, dado que han sido objeto preferente de las escuchas policiales, el empresario Enrique Ortiz, la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, figuran en la lista de personas que están siendo objeto de una profunda investigación sobre su patrimonio y que autorizó el juez Manrique Tejada.

Además de los mencionados, destacan en la lista los nombres de otras personas que también han aparecido de forma recurrente a lo largo de la pieza separada del caso Brugal que afecta a la ciudad de Alicante. Entre ellos están el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio en Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez. Esta sociedad también está siendo objeto de un peinado fiscal al ser citada en el sumario como la mediadora entre el empresario Enrique Ortiz y el equipo redactor del PGOU.
Precisamente el responsable de la elaboración del nuevo ordenamiento urbano, Jesús Quesada, y la sociedad en la que trabaja, Laboratorio de Proyectos, también figuran en la lista autorizada por el juez.
Uno de los hijos de Luis Díaz Alperi y las sociedades que podrían haberse visto involucradas, según el sumario, en un presunto intento de ocultación de la identidad del dueño de las propiedades donde vivían los tres descendientes del exalcalde (Viviendas Sociales del Mediterráneo y Jacobriz) están incluidas en la orden judicial que permite a la policía investigar los patrimonios.
Además, como se puede comprobar en el cuadro adjunto, también están siendo objeto de investigación patrimonial empleados del empresario Enrique Ortiz y de las sociedades participadas por este último.
En total, de las 29 autorizaciones para investigar los patrimonios, once corresponden a personas físicas y el resto a empresas. En listado de éstas últimas aparecen, Aligestión, la sociedad que utilizó Ortiz para hacerse con la propiedad del Hércules, y el propio Hércules Club de Fútbol en su calidad de Sociedad Anónima Deportiva.

Castedo habló con Ortiz para buscar algo contra Luna
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el constructor, Enrique Ortiz, supuestamente trataron de «compartir información» para usarla contra el síndico del Grupo Socialista en las Cortes Valencianes, Ángel Luna, relativa a la época en la que éste era alcalde. Según consta en uno de los informes policiales dentro del sumario de la pieza separada del caso Brugal, la alcaldesa y Ortiz mantuvieron una conversación telefónica el 20 de octubre de 2009, en la que buscan esta información. En concreto, Castedo le dice a Ortiz que ella dispone de información relativa a que «él recalifica un suelo de Hansa Urbana y después él adjudica lo de Hansa Urbana», a lo que Ortiz replica «eso es lo más gordo que él tiene» y a continuación le explica «el PAU 4, que le aprueba un huevo de ... primero... luego la CAM se lo vende regalado a Hansa, luego lo recalifican y hacen chalet para todo quisqui». Más adelante, Ortiz le da a Castedo otro dato: «Se lo aprueba él y luego se va a trabajar con él». La edil concluye pidiéndole que busque algo más y Ortiz responde: «Vale, lo que pasa es que este ha sido siempre muy acojonado en esas cosas». j. i. alicante

El empresario intentó limar asperezas entre Castedo y Ripoll
El empresario, Enrique Ortiz, supuestamente medió entre el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, para que llegara a «un acuerdo mutuo» con Sonia Castedo, a quien le pide una «estrategia» para «ir convenciéndole». En una de las conversaciones interceptadas por la investigación que consta en uno de los informes policiales del sumario, Ortiz le explica a Sonia Castedo que ha estado reunido con Ripoll y le pide que le ponga «deberes a ver qué estrategia hay». En la conversación entre la alcaldesa y Ortiz, mantenida el 16 de febrero de 2009, Ortiz le dice que Ripoll está «blandito» y que le ha dicho que en Valencia «no la van a dejar llegar a un acuerdo, si en Valencia no quieren que lleguemos a un acuerdo, quieren que se pelee conmigo». Según Ortiz, él le ha replicado que eso «no es así». Castedo le pregunta a Ortiz si Ripoll le ha dicho que es «un poco hija de puta» y el empresario le responde: «No, no, él a mí, eso no me puede decir nada». A continuación, le indica que le ha «dado consejo: tenéis que llegar a un acuerdo mutuo, si no está muerto». europa press alicante

Costa niega «trato de favor» y tener vínculos con Ortiz
El coordinador de Economía del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Ricardo Costa, imputado en el caso Gürtel, negó ayer que Ortiz le haya realizado «cualquier tipo de pago o trato a su favor» y tener relación con esta trama. Costa se ha manifestado en estos términos en un comunicado tras conocerse que el Ministerio Fiscal cree que el empresario Enrique Ortiz pudo realizar un pago a favor del que fuera secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) hasta octubre de 2009, Ricardo Costa, además de encargar trabajos al socio de éste, Emilio Álvarez, abogado, con el que quería trabajar «por huevos». El sumario incluye un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que la Policía recoge conversaciones de Ortiz en las que solicita al hermano de su mujer, Miguel Carratalá, que le de al socio de Costa «trabajos que tengáis ya, y empezar a trabajar». El informe recoge también una conversación entre el padre de Ricardo Costa, Juan Costa, y Ortiz, en la que éste le solicita el pago de una factura pendiente para poder pagar el IVA.


* Levante - 5.06.11
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