También en Valencia destacan que las entidades locales están empezando a dar respuesta a sus requerimientos de que informen sobre los posibles supuestos de construcciones ilegales, pero no es suficiente. El fiscal de Medio Ambiente, Joaquín Baños, explica que hay dos casos. "Una cosa es que se requiera directamente información y que los Ayuntamientos no contesten, que son pocos, y otra es que incumplan la legalidad vigente y no pongan en conocimiento de la fiscalía o no adopten las medidas legales oportunas ante el conocimiento de cualquier construcción ilegal", explica.
"Los Ayuntamientos tienen potestad de policía urbanística y si tienen conocimiento de construcciones ilegales es su obligación informar a la fiscalía", dice por su parte la especialista en Castellón, Dolores Ofrecio, quien remitió además sus quejas porque la Administración autonómica tampoco envía información.
Ante esta dejadez, el fiscal de Valencia ha lanzado un mensaje que, dice, es "un aviso a navegantes" y que ha quedado plasmado en la memoria de 2010. "Con los nuevos tipos de prevaricación urbanística omisiva introducidos en el Código Penal en la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, es intención de esta sección depurar las correspondientes responsabilidades penales derivadas de la inacción de los Ayuntamientos". Se trata de un nuevo mecanismo para perseguir estas actitudes.
Baños recuerda que en 2008 instaron a todos los Ayuntamientos a remitir un listado de los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde diciembre de 2004. "Poco a poco van contestando", asegura. De hecho, el 90% de las diligencias abiertas por la propia fiscalía en 2010 corresponden a supuestos de ordenación del territorio a raíz de esta iniciativa. También se ha pasado de dos sentencias condenatorias en 2009 a 20 en 2010.
Aviso a navegantes a tres años vista
El aviso a navegantes de depurar responsabilidades a raíz de la modificación del Código Penal que introduce la consideración de delito la prevaricación urbanística por omisión no tendrá resultados al menos hasta dentro de tres años. Según explica el especialista de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Baños, "el cambio entró en vigor en diciembre del pasado año, por lo que ahora se establecen nuevos plazos para que los Ayuntamientos trasladen las posibles infracciones". "Hasta dentro de dos o tres años no podremos constatar si han cumplido o no", sostiene.
La principal novedad de esta reforma, en cuanto a prevaricación urbanística, se introduce con la modificación del artículo 320 en el que se establecen penas de hasta cuatro años para las autoridades o funcionarios que "silencien las infracciones u omitan la realización de las inspecciones obligatorias". La reforma otorga a los fiscales un nuevo instrumento para perseguir estos delitos.
No obstante, la Fiscalía de Valencia admite que faltan medios para llevar a cabo una completa inspección de los Consistorios. "Lo positivo es que a hora tenemos un instrumento para poder castigar la inacción", afirmó. Así, explica que en esta ocasión no realizarán un requerimiento general. "Lo de 2008 fue excepcional, los Ayuntamientos saben que tienen que informar y son conscientes de que la fiscalía está detrás", manifestó.
* El País - LORENA ORTEGA - Castellón - 29/06/2011
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra (archivo) - elpais.com
0 comentarios :
Publicar un comentario