Las obras de la biblioteca central de la Universidad estaban paralizadas por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde julio de 2009. El edificio llegó a los tribunales de la mano de un grupo de vecinos del entorno del Prado de San Sebastián contrarios al proyecto. Aunque el alto tribunal andaluz dio la razón a los vecinos, tanto el Ayuntamiento como la Universidad estaban convencidos de que el Supremo salvaría la biblioteca. Pero los jueces han entendido que la decisión de eliminar parte de los jardines del Prado para levantar ahí el edificio no está suficientemente justificada.
"Cuando se trata de hacer desaparecer en todo o en parte una zona verde, han de expresarse las razones por las que la biblioteca no puede ser construida en otros terrenos para cumplir la misma finalidad de permitir el uso cualificado del entorno universitario", afirma el tribunal.
Los jueces creen que el edificio podría ubicarse en otro sitio sin perjudicar a su uso. Esta parece ser la única salida que le queda al proyecto, en cuyas obras, iniciadas en agosto de 2008, la Universidad ha gastado ya más de cuatro millones de euros. El rector, Joaquín Luque, se reunió el pasado viernes con el nuevo teniente de alcalde, Javier Landa, en un encuentro que el Ayuntamiento define como "una primera toma de contacto" para encontrar una salida. Ambas partes tienen prácticamente descartado que la sentencia del Supremo, que no es recurrible, deje algún resquicio legal para mantener el proyecto en el Prado, a pesar de que la Universidad no esté de acuerdo con el argumento de los jueces de que la biblioteca puede cumplir la misma finalidad en otra ubicación. Según la institución académica, el Prado de San Sebastián tiene una gran importancia geográfica. Este parque está ubicado a medio camino entre el Rectorado (la antigua Real Fábrica de Tabacos) y los campus de Ramón y Cajal y Pirotecnia, en los que estudian unos 20.000 alumnos universitarios, que se beneficiarían del nuevo edificio.
El único emplazamiento alternativo del que se ha hablado hasta ahora lo puso precisamente sobre la mesa el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, cuando aún era candidato. Como en otros tantos asuntos, el ahora regidor ha intentado no posicionarse ni muy a favor ni muy en contra del proyecto, sabedor de que muchos de los vecinos que se oponen al edificio eran potenciales votantes suyos a juzgar por las fuertes críticas que dirigían al gobierno de PSOE e IU, pero conociendo también que la promotora de la obra (la Universidad) es la primera empresa de la ciudad y uno de sus grandes motores económicos.
Zoido, crecido tras su abrumadora victoria electoral, está convencido de que "en una semana" habrá cerrado prácticamente un acuerdo con la Universidad. Pero enfrente se va a encontrar a una institución herida y que sabe que el hoy alcalde acabó posicionándose en contra de las obras aludiendo al daño que supondría el edificio para el parque del Prado, construido en 1997 y en el que la biblioteca ocuparía un 8% de la superficie total. Hasta que se hicieron los jardines, ese terreno era un solar que fue recinto de la Feria de Abril y que, a partir de los setenta, se quedó sin ningún uso concreto. Tras el 22-M, el ya alcalde electo tiró de manual y aseguró que si los jueces daban luz verde al edificio, él lo apoyaría; igual que tras el fallo del Supremo ha recalcado que el gobierno municipal obligará a que se cumpla la sentencia (que la biblioteca no se construya).
Cuando aún era candidato, Zoido habló de la posibilidad de construir la biblioteca en uno de los aparcamientos de la actual Feria de Abril, en la zona de los Gordales, un área despejada donde el edificio podría levantarse sin inconvenientes, pero que no tiene cerca ningún campus universitario. Fuentes municipales señalaron ayer que el gobierno está "abierto a otras opciones" en la negociación abierta entre el Ayuntamiento y el rector, aunque ninguna de las dos partes ha hablado todavía de otras parcelas.
La Universidad de Sevilla solo tiene una cosa clara: necesita una biblioteca central. Pero la sentencia del Supremo tiene otras consecuencias que el rector y su equipo están estudiando y que podría ocasionar un agujero en las finanzas de la institución. Entre ellas, una posible indemnización a la constructora encargada del proyecto, Ferrovial. El vicerrector de Infraestructura, Antonio Ramírez de Arellano, admitió hace unos meses que la empresa podría demandar "entre tres y seis millones de euros", aunque la Universidad no ha puesto cifras a ninguna indemnización una vez conocido el fallo.
* El País - 26.06.11
Foto: Estado de las obras de la biblioteca del Prado, paralizadas desde 2009.- elpais
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