La Fiscalía endurece la petición de multas por construcciones ilegales

DIARIOCÓRDOBA* : La Fiscalía de Córdoba ha dado una vuelta de tuerca en su lucha contra las construcciones ilegales y ha elevado la cuantía de la petición de la pena de multa con el fin de que las condenas por delitos contra la ordenación del territorio no salgan baratas al infractor. Una decisión que justifica en que, en la mayoría de los casos, el infractor mantiene lo edificado al no acordarse la demolición, se beneficia de la suspensión de la pena de prisión y salda el asunto pagando una escasa multa, hasta el punto de que son muchos los que prefieren que su caso se lleve por la vía penal para hacer frente a multas inferiores a las que se les impondrían por vía administrativa. Así, para paliar este escenario, si hasta ahora las multas solicitadas por la Fiscalía se movían entre los 3.000 y 6.000 euros, ya están llegando a los juzgados de lo Penal escritos de acusación en los que se pide, en algunos casos, hasta 54.000 y 60.000 euros.

La fiscal delegada de la sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, Consuelo Fidalgo, explica que esta decisión de elevar la petición de pena de multa, acordada en la junta de fiscales, pretende "ponerlas en relación con el valor de las obras" y equipararlas a las multas administrativas, "de forma que no sea más beneficioso ser castigado en el ámbito penal que en el administrativo".

ESCASAS DEMOLICIONES La Fiscalía de Córdoba ha observado, según se recoge en la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía que, "en muy escasos supuestos" se acuerda en las sentencias condenatorias la demolición de las construcciones ilegales. En esos casos, añade, la pena prevista es la de prisión y multa, pero como quiera que los infractores, en su mayoría, no cuentan con antecedentes penales computables, "se les conceden casi automáticamente los beneficios de la suspensión de la condena", que siempre es inferior a la solicitada de entre uno y dos años. Así, señala la Memoria, "sin incurrir en exageración alguna podemos considerar que, en ocasiones, los infractores terminan consiguiendo su propósito con el pago de una escasísima multa", que ronda generalmente en las sentencias entre 1.500 y 3.000 euros. Tanto es así que la Fiscalía asegura en la Memoria que "somos conocedores" de que los propios infractores "interesan que su expediente administrativo se lleve por la vía penal" porque saben que la multa que se les va imponer por el delito "es muy inferior a la que le correspondería imponer en vía administrativa" con la aplicación de la ley de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA).

Así, la Fiscalía incorpora ahora, para valorar la situación, un expediente administrativo que se remite por la Gerencia de Urbanismo en el que se hace una valoración de lo construido según los criterios del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental y sobre la misma, conforme a la LOUA, se establece la sanción a imponer en vía administrativa. Como ejemplo, a una edificación valorada en 52.400 euros le correspondería una multa según la LOUA que oscilaría entre 39.300 y 78.600 euros, con lo cual "se aprecia con claridad que el importe de las multas que se imponen en la actualidad en la jurisdicción penal está muy por debajo de estas cantidades".


* Diario Córdoba - 12.07.11
Foto: Cordoba, viviendas ilegales - abc.es