El piso fue subastado por impago y se lo adjudicó por ausencia de otras ofertas el banco con el que la mujer tiene la deuda, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La entidad bancaria pide que se ejecute la sentencia. La juez encargada del caso, María Trinidad Cepa Palanca, titular del juzgado de primera instancia del juzgado 31 de Madrid, pidió en su segunda sentencia, que fijaba para hoy la fecha del lanzamiento, que se pusieran "los medios necesarios" para ejecutar el desahucio. Y la policía lo ha hecho.
La "guardia pretoriana de la banca"
Aunque la llegada del secretario judicial se espera para las 9.30, una veintena de activistas hacía guardia ya desde las siete y media en la puerta de la vivienda, en el número 140 de la calle Virgen de Lluc del distrito Ciudad Lineal. Cuando faltaban 10 minutos para las ocho han hecho acto de presencia al menos 12 furgonetas de la Policía, de las que se han bajado unos 40 antidisturbios, que han acordonado la calle en un perímetro muy amplio y han echado a los activistas, que a esa hora habían aumentado a unos 30, y periodistas. Sin violencia pero con firmeza -a un activista le han retorcido el brazo-, los han hecho retroceder bastantes metros hasta la esquina de Virgen de Lluc con Florencio García. Desde ese punto no se ve el portal y no dejan que nadie se acerque. Sigue llegando gente hasta sumar unos 50.
"Pueblo Nuevo acordonado. Hay decenas de personas, xo necesitan +", dice @PAH_Madrid en Twitter. En la misma red social, la plataforma acusa a la policía, a la que tilda de "guardia pretoriana de la banca", de sumarse "a la violencia ejercida por los bancos".
Mientras tanto, dentro del piso, con María José, hay tres personas de la PAH y de Democracia Real Ya, dos de ellos encadenados a la propia puerta de la vivienda. Uno de ellos es Paco, que promete: "Resistiré con todo mi corazón". Unos vecinos que están viéndolo todo comentan: "¿Todo esto para desalojar a la Pepa? Madre mía, y teniendo un hijo discapacitado". "Este desahucio lo vamos a parar", siguen gritando los indignados, que corean una y otra vez "le llaman democracia y no lo es". No ha pasado de llegar gente, ya son unos 200. "¡Vecinos de Pueblo Nuevo, a una de vuestras vecinas la van a desahuciar, la está echando el banco!", canta un grupo de unos 15 activistas alrededor de la zona acordonada, donde explican lo que está ocurriendo a los vecinos con los que se cruzan. "¡Despertad, mañana podéis ser vosotros!". Los vecinos les miran con simpatía.
Además de la concentración de apoyo, la PAH ha llevado a cabo acciones legales para tratar de ayudar a esta familia. El abogado de la plataforma, Rafael Mayoral, ha puesto de madrugada en el juzgado de guardia una denuncia contra la juez por prevaricarión. Lo fundamenta en el artículo 704 de la ley de enjuiciamiento que dice, según explica, que la juez ha dictado sentencia sabiendo que la afectada no vive sola. A su juicio, la magistrada debería haber notificado el desalojo a los dos hijos para que pudieran alegar. Además, ha solicitado la paralización del lanzamiento.
"Este desalojo, mañana lo ocupamos"
A las nueve y media de la mañana, la comisión judicial, compuesta de varias personas y apoyada por varios agentes, ha llegado al portal y ha entrado mientras los concentrados gritaban " ¡vergüenza! ¡queremos un chalé como el de zetapé!" y "¡esto no lo haría un buen policía!". Mayoral, que ejerce las labores de defensa de la mujer, no ha podido pasar. Los indignados increpan a los agentes y la tensión sube el tono. Desde megafonía, un activista pide que no se insulte a la policía y algunos le abuchean. Llegan más agentes. "Este desalojo, mañana lo ocupamos", corean los indignados, que están divididos en dos grupos en ambos extremos del cordón policial.
Cuando faltaban diez minutos para las diez, María José ha salido a la ventana con su hija de 24 años a dar las gracias a los concentrados. "Nos desalojan. Gracias, de verdad, no soy morosa, lo que soy es pobre". Pasados 20 minutos de las diez de la mañana, Paco, el activista encadenado, ya está fuera, en la calle. Parece que el desahucio se ha ejecutado. Los activistas quieren ir ahora a la junta municipal de Ciudad Lineal para pedir una vivienda para María Jose."No se puede qedar en la calle", sostienen.
Poco después llega un camión y una furgoneta de mudanzas para los enseres de la familia. "Una vez desahuciada, María Jose sigue teniendo una deuda de 200.000 euros,"mucho más de lo que valía el piso cuando se hipotecó", recuerda un portavoz de la PAH.
Un caso complejo
El de María José, que fue el tercer desahucio paralizado por la PAH y que se va a convertir en el primero que la policía impide impedir, es un caso bastante complejo. Sus problemas se remontan a hace 18 años, cuando hipotecó su piso para ayudar a su expareja a saldar una serie de deudas. En 2002, terminada esa relación e incapaz de asumir sola las cuotas, acudió a una reunificadora de deudas que le tramitó un nuevo préstamo con la CAM, que le concedió 157.000 euros. Hoy, la entidad le reclama 200.000 euros, una cifra lejos de las posibilidades de esta mujer, que ingresa 520 euros por tener un hijo discapacitado a su cargo y 168 euros por la Ley de Dependencia. También vive con ella una hija de 24 años licenciada y en paro.
La familia ha solicitado una alternativa al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que les ha informado de que tardarán tres años en asistirles y les han aconsejado que acudan a un albergue. Eloi Morte, de la PAH, ha insistido en que el objetivo es lograr una alternativa habitacional o un alquiler "social" que les permita quedarse en el piso por un 30% de sus ingresos.
* El País - CARMEN PÉREZ-LANZAC - Madrid - 20/07/2011
Foto: Antidesahucio frenado.- Hace mes y medio que comenzó la campaña para frenar desahucios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca - 20minutos
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