Pacto con penas mínimas y sin prisión para la exconcejal de Obras de Chipiona

DIARIODECÁDIZ* : La Audiencia Provincial de Cádiz escenificó ayer un episodio más de tolerancia y permisividad con las construcción ilegal de viviendas. Margarita Lorenzo, exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Chipiona llegó al Palacio de Justicia para enfrentarse a una petición fiscal de cuatro años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Estaba acusada de prevaricación y falsedad documental por haber facilitado agua y luz a más de cien viviendas enclavadas en suelo no urbanizable. Poco después, Lorenzo salió de la Audiencia con una condena mínima. Los mismos delitos pero nada de prisión sino 15 meses de suspensión de empleo o para cualquier cargo de elección. También inhabilitación pero sólo para trabajar o ejercer un cargo relacionado con el área de Urbanismo.
Antonio Blanco, encargado de Obras y Servicios Municipales, acusado también de los mismos delitos y con las mismas penas en la petición fiscal, logró una condena como la de la exedil.

Los abogados defensores de ambos pactaron con la fiscal y obtuvieron así una sentencia de conformidad que no pasará desapercibida para otros imputados por hechos similares ocurridos en otro municipios que están pendientes de procesamiento y de juicio.

La Sección Cuarta redactará ahora la resolución pactada entre la Fiscalía y las defensas de los dos procesados. Si no hay algún cambio no comentado ayer, recogerá como hechos probados los que relata la calificación provisional de la Fiscalía. Esto es, que la entonces concejal delegada de Obras y Servicios y el encargado de ese área municipal hicieron exactamente lo contrario de lo que dispone la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: en lugar de impedir que les fuese facilitada agua potable y energía eléctrica a los propietarios de viviendas construidas ilegalmente, elaboraron resoluciones e informes destinados a que el agua y la luz llegase a esas casas.

Las resoluciones se dictaban sin tramitar ningún expediente, sin contar con informe jurídico que avalase esa actuación y en la mayoría de los casos contaban con un informe tipo que invariablemente y de forma estereotipada aludía a una supuesta escasez de recursos económicos e ingresos de los solicitantes, a una supuesta situación social difícil, a supuestas situaciones de insalubridad higiénico sanitarias para el caso de no concederse la luz y el agua y a un supuesto nuevo desarrollo urbanístico de la zona que en todos los casos estaba "en vías de solución".

Las autorizaciones eran realizadas para burlar lo dispuesto en el artículo número 175 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece la obligación de que las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones exijan, para la contratación provisional de los respectivos servicios, la acreditación de licencia de obras y, para la contratación definitiva, la licencia de ocupación o de primera utilización.

Pese a que las autorizaciones eran concedidas en ocasiones para parcelas en las que no había construcción alguna o para cuartos de aperos, señala el escrito de acusación de la Fiscalía, el informe del encargado de Obras y Servicios Municipales mencionaba siempre la existencia de una "vivienda en zona consolidada urbanísticamente de hecho".


* Diario de Cádiz - 19.07.11
Foto: Chipiona (Cádiz) - uca.es