De cara a evitar lo que podría significar la práctica paralización del desarrollo de la ciudad y sus consecuencias negativas para los distintos sectores económicos y el propio empleo, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, sus técnicos, mantienen desde hace unas semanas contactos para que, tal y como señaló ayer el delegado municipal de Urbanismo, "podamos contar lo antes posible con unas normas transitorias que garanticen el desarrollo de la ciudad hasta la aprobación definitiva del PGOU", documento que, cabe recordar, se encuentra en estos momentos en fase de revisión, tarea que se inició en 2009 tras tener constancia el entonces gobierno de José María Román de la referida sentencia del TSJA.
"Aunque ha pasado ya algo más de un mes desde que se conoció la sentencia, en el Ayuntamiento aún no hemos recibido la notificación, algo que, obviamente, va en favor de la ciudad, ya que, como hicimos público en su día, estamos trabajando con la Junta de Andalucía para contar lo antes posible con unas normas transitorias que garanticen el normal funcionamiento de la ciudad hasta la aprobación definitiva del PGOU una vez tengamos la sentencia".
"Aunque no barajamos una fecha concreta", destacó el edil popular Andrés Núñez, "la intención del equipo de gobierno es que entre la comunicación de la sentencia y la entrada en vigor de las normas transitorias transcurra el menor tiempo posible y para ello estamos trabajando desde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía desde que se tuviera constancia de la anulación del PGOU".
Aunque, tal y como destacó Andrés Núñez, la sintonía entre Consistorio y Junta es la correcta, el Consistorio deberá plantear una petición formal a la Administración andaluza de cara al desarrollo y entrada en vigor de dichas normas transitorias, petición que debe impulsar la Corporación en sesión plenaria. Es por ello que, casi con toda seguridad, el equipo de gobierno podría plantear tal petición en el próximo pleno ordinario, sesión que tendrá lugar este jueves por la mañana.
Teniendo en cuenta lo mucho que se juega la ciudad en esta tema, el delegado municipal de Urbanismo y la totalidad del equipo de gobierno confían en poder contar con el respaldo, cuando menos, mayoritario de los miembros de la Corporación.
Cabe recordar que entre la petición formal de dichas normas transitorias y su entrada en vigor efectiva se prevé un plazo máximo de seis meses. Dicha pretensión deberá pasar por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Cabe recordar que la solución provisional a la situación creada por la anulación del PGOU se sustenta en el artículo 35.2 de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, que permite requerir a la Junta de Andalucía unas normas provisionales que doten de «seguridad y estabilidad» a la localidad hasta que se apruebe el PGOU definitivo.
Concretamente, dicho artículo establece que, «cuando resulte necesario para salvaguardar la eficacia de las competencias autonómicas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previa audiencia al municipio o municipios afectados y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, podrá suspender motivadamente, en todo o parte de su contenido y ámbito territorial y para su innovación, cualquier instrumento de planeamiento por un plazo de hasta dos años».
* Diario de Cádiz - 20.08.11
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
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