En una sentencia dictada el 27 de junio pasado por la Sección 5ª de la Sala Contencioso Administrativo, el Alto Tribunal estatal admite, sin embargo, de forma parcial el recurso interpuesto por el empresario, al entender que el TSJC no se pronunció sobre una de las cuestiones que alegó el promotor para pedir que no se admitiera el recurso de IR-Verdes que dio pie a la anulación del plan parcial. En concreto, la abogada de Amador Díaz sostenía que el acuerdo plenario era meramente confirmatorio de otro anterior, no recurrido, y que daba el visto bueno a esta urbanización por silencio administrativo con efecto en octubre de 2002.
Pero el Supremo viene a ratificar que la “controversia de fondo”, es decir, la ilegalidad del plan parcial de Varadero, porque se le aplicaban la ley de la Moratoria Turística y el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), ya quedó resuelta en la sentencia del TSJC de julio de 2007, dado que se trata de cuestiones “relacionadas con la interpretación y aplicación de disposiciones de derecho autonómico, cuyo examen no puede ser abordado en casación”. Señalan los magistrados de la jurisdicción estatal que “para declarar la inadmisión del recurso [de IR-Verdes] tendríamos que aceptar que hubo aprobación por silencio [del plan parcial], cuando esa es precisamente la cuestión controvertida”.
Y es que el TSJC ya dejó claro, en un auto firme de 2005 y hasta en tres sentencias de 2006 y 2007, que el plan parcial de Varadero fue ilegal desde el primer momento, porque la Ley 6/2001, conocida como de Moratoria, paralizaba su tramitación, al tiempo que el PIOT, que entró en vigor en octubre de 2007, protegió esta costa por sus valores medioambientales como Área de Regulación Homogénea, y por tanto está considerada suelo rústico de protección ambiental 1.
En esta causa se personaron los concejales de IR-Verdes Escolástico Gil y Jacinto Correa, así como el Ayuntamiento de El Rosario, que preside el socialista Macario Benítez. La Compañía Española E. Kirchner, SL, también recurrió, aunque su recurso no lo admitió a trámite el TS.
En la sentencia del Supremo se recuerda que al TSJC le llamó “poderosamente la atención” que la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), presidida por Domingo Berriel, no frenara hasta 2007 este plan parcial, pese a que el PIOT protegía esta franja costera.
Todo este asunto se encuentra ahora en la vía penal por una denuncia de IR-Verdes ratificada por la Fiscalía, una causa abierta en la que están imputados el alcalde y la edil de Urbanismo, Ana Lupe Mora, entre otros concejales y exediles del PSOE, así como la secretaria municipal de la citada Corporación.
* Revista San Borondón - 19.08.11
Foto: El Rosario (Tenerife), urbanismo salvaje - greenpeace
0 comentarios :
Publicar un comentario