Cabe recordar que el Defensor del Pueblo Europeo, a finales del pasado año, había emitido un informe en el que reconocía el derecho al acceso a este tipo de información, a la vez que juzgaba inválidos los argumentos que España esgrimía para no autorizar su difusión. Sin embargo, España ha desoído los argumentos de la institución europea, y la Comisión Europea sigue sin poder facilitar el acceso a estos informes. Ben Magec – Ecologistas en Acción recuerda que los documentos ocultados corresponden, en su mayor parte a los informes sobre las alternativas al puerto de Granadilla.
Para Yasmina Encinoso, portavoz ecologista “la evidencia de la existencia de estas alternativas invalidaría los argumentos con los que España convenció a la Unión Europea para que autorizase la construcción del puerto de Granadilla. La afección a los Sebadales del Sur, protegidos dentro de la Red Natura 2000, está condicionada por lo dispuesto en la Directiva Hábitat, que advierte que sólo se autorizarán proyectos que, siendo de interés general, carezcan de cualquier tipo de alternativa que no destruya estas zonas protegidas a nivel europeo. En caso de que se evidencie que habían informes que reconocían las alternativas al proyecto, se estaría constatando públicamente que se ocultaron datos relevantes para salvar la norma comunitaria y que por eso se incurrió en un delito que será denunciado ante todas las instancias competentes”.
Por otra parte, Ben Magec-Ecologistas en Acción recuerda que el Parlamento Europeo ha advertido que no dispondrá fondos a una obra que se encuentre en trámite judicial, por lo que entiende que esta afirmación se aplica a este caso. La admisión a trámite del Tribunal Europeo, y la evidencia de las irregularidades y las mentiras en el procedimiento de aprobación del puerto, podrán suponer un verdadero varapalo a la autorización europea, por lo que los ecologistas advertirán a Europa que, atendiendo a su propio criterio, no debe comprometer fondos para este puerto.
La Federación ecologista recuerda que el puerto de Granadilla aún mantiene abiertos varios frentes jurídicos que en cualquier momento podrían dar lugar a sentencias en contra del proyecto. Según Encinoso “de iniciarse las obras, la multa que tendría que asumir el Estado Español o la Comunidad Autónoma, más el dinero que ya se está desperdiciando, debería hacer pensar a las autoridades si en un momento de crisis estamos en situación de arriesgar tantos fondos del erario público. Es más, la destrucción de los Sebadales del Sur, así como del resto de ecosistemas y especies amenazadas que se verán afectados, será irreversible. Llegado el momento, exigiremos responsabilidades personales y patrimoniales a quienes están provocando esta catástrofe anunciada”.
* Rebelión - 9.08.11
Foto: granadilla puerto - viñeta Azagra
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