Alicante.- El mayor vivero de empresas está vacío 18 meses después

ELPAÍS/Ibi* : Su primera fase se inauguró a bombo y platillo con la presencia del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pero más de año y medio después sigue prácticamente vacío. Fue publicitado como el vivero más grande o como uno de los más grandes de España. Sin duda el mayor de la Comunidad Valenciana, puntualiza ahora la Cámara de Comercio de Alicante. El vivero de empresas levantado en Ibi por la entidad que preside José Enrique Garrigós, 22 naves para albergar nuevos proyectos empresariales en las que se invirtieron 2.398.000 euros financiados en parte por fondos europeos, apenas tiene cuatro de sus naves ocupadas. Y el resto del proyecto, una segunda fase de 16 naves y un edificio polivalente de 1.000 metros cuadrados destinado, entre otras cuestiones, a albergar a asociaciones empresariales, está sencillamente parado sine díe.

Hasta el primer trimestre de este año solo había una nave ocupada. Y el Ayuntamiento de Ibi, en manos del PP, llegó en un momento dado a usar parte de este espacio como almacén, una situación que ya se ha corregido.

La Cámara de Comercio de Alicante asegura que esta situación obedece a la pertinaz crisis económica pero también a la sobreoferta de naves industriales que hay en Ibi, una localidad con mucho suelo industrial por ocupar.La Cámara de Comercio de Alicante asegura que está buscando soluciones para reactivar el vivero en colaboración con Promoibi, la agencia de promoción económica local. Entre esas alternativas, plantea ofrecer usos compartidos en una misma nave para empresas complementarias, un mayor periodo de carencia para las empresas alquiladas o dar entrada a las organizaciones empresariales de la zona.

También defiende que ya han dado pasos para estimular el alquiler de estas naves. Durante el primer trimestre de este año rebajaron el precio del alquiler de las naves y ello facilitó que la ocupación pasara de una a cuatro naves. La entidad cameral deja claro que hasta que la primera fase no esté llena no abordarán la segunda.

Pero la oposición política de Ibi reclama esta segunda fase. El concejal del PSPV-PSOE, Antonio Martos, exige a la Cámara "que cumpla el acuerdo que le corresponde, que es construir el edificio multifuncional para empresas". Martos reclama más ayudas a los emprendedores.

"Era un proyecto en el que el Ayuntamiento de Ibi ha comprometido 18.000 metros cuadrados de terreno a cambio de nada", lamenta el portavoz de EU, José Vicente Verdú. El edil cree que el convenio firmado en su día entre la Cámara y el Ayuntamiento "está mal planteado y está terminando mal" porque la contraprestación a la que se comprometió la Cámara, que según él es la construcción del edificio multifuncional, no está hecha y porque el suelo que se cedió ahora podría servir para "aliviar el déficit del Ayuntamiento".


* El País - ROSA BIOT - Alicante - 27/11/2011
Foto: Alicante, vivero de empresas vacío- alicante

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La Laguna.- Policías nacionales entran en Urbanismo y piden expedientes

ELDÍA/Tenerife* : Investigadores de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se personaron ayer en el Ayuntamiento de La Laguna para solicitar documentación sobre diversos expedientes en la Gerencia de Urbanismo y en la Policía Local acerca de asuntos que investiga el Juzgado de Instrucción nº1 que están relacionados con la disciplina urbanística, las licencias y el ocio nocturno en el municipio. Los agentes estuvieron acompañados por personal del citado órgano judicial y permanecieron varias horas en el interior del consistorio.
Según las fuentes consultadas por EL DÍA, unos cuatro policías de paisano y personal de dicho Juzgado accedieron en primer lugar hasta la sede de la Concejalía de Urbanismo. Los investigadores solicitaron a la Secretaría de la Gerencia Municipal de Urbanismo expedientes vinculados a las áreas de Disciplina Urbanística y de Licencias.

Las gestiones de la referida Comisión Judicial están relacionadas con diversos asuntos. En las citadas pesquisas, los profesionales de la Policía Judicial y los funcionarios del Juzgado tardaron entre dos y tres horas aproximadamente. En el marco de colaboración habitual de la administración municipal, los papeles fueron facilitados sin obstáculo alguno.

Después, los agentes de paisano se dirigieron a la calle Consistorio y entraron en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local.

Tras identificarse como policías nacionales y personal del Juzgado, los citados funcionarios solicitaron entrevistarse con personal del cuerpo de seguridad municipal para reclamarles de forma clara los papeles que les interesaban y que están relacionados con el ocio nocturno.

Supuestamente, en ese caso la investigación está relacionada con unas diligencias declaradas bajo secreto de sumario y que afectan, al menos, a las actas levantadas a un conocido local situado en pleno casco urbano de la ciudad, según los datos que trascendieron ayer.


* El Día - 26.11.11
Foto: La Laguna (Tenerife), ayuntamiento - aytolalaguna.com

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'Malaya'.- Roca pagó préstamos de hipotecas y estudios a mandos de la Policía Local

ELMUNDO/Málaga* : "Yo presté dinero para la hipoteca de una casa y también para carreras universitarias que finalmente no se iniciaron». Así se pueden resumir los argumentos del principal acusado en el ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, para justificar presuntos sobornos a ex mandos de la Policía Local de Marbella como Rafael del Pozo.
En el caso del que fuera máximo responsable del citado cuerpo de seguridad, Rafael del Pozo, el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal ha admitido haberle entregado 60.000 euros «para el pago de la hipoteca de una casa que se quería comprar».
Roca, convertido no sólo en prestamista sino en asesor financiero de Del Pozo, sostiene que le hizo «un estudio» sobre dicha operación inmobiliaria: «Acordé con él dar la entrada de la vivienda y si no podía hacer frente a la hipoteca la casa me la quedaba yo, como así fue».

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, también ha confesado haber hecho pagos de 6.000 euros tanto a Del Pozo como al ahora subinspector Juan Esteban Saborido -no acusado- para que ambos hicieran frente a sus carreras universitarias de Derecho «en una universidad privada», ha detallado el ex asesor urbanístico. Se da la circunstancia de que Saborido ya estuvo imputado en el robo de sumarios de Jesús Gil, desvelado por EL MUNDO el 10 de agosto de 2001, pero dicho caso se archivó por falta de pruebas.

Roca justifica los pagos por dicho concepto académico en «la matrícula» que ambos policías debían asumir. Finalmente- ha añadido- «no llegaron a comenzar esos estudios». No obstante, a día de hoy Del Pozo es licenciado en Dereho, está colegiado y ocupa un lugar junto a su abogado defensor en los estrados de la sala de vistas.

El fiscal sostiene que los pagos a Del Pozo eran presuntos sobornos relacionados con hacer la vista gorda a determinadas actuaciones irregulares del equipo de gobierno de Marisol Yagüe, especialmente relacionadas con el urbanismo de Marbella, como los precintos de las obras ilegales.

También se le ha preguntado a Roca por un pago de 18.000 euros que presuntamente recibió el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, también acusado por diversos delitos en este macrojuicio del ‘caso Malaya’.

«Yo le entregué un sobre con 18.000 euros a su hija Puri, porque él no quiso aceptarlos». Roca explica así el pago de una «comisión» para retribuir al fedatario público por una operación inmobiliaria.

«¿No es cierto que ese pago al secretario fue por dejar prescribir certificados de licencias de obras?», ha preguntado el fiscal a Roca. El acusado, una vez más, ha desvinculado cualquier pago con decisiones administrativas ilegales llevadas a cabo desde el Ayuntamiento de Marbella. Así pues, sigue buscando la figura del cohecho impropio, como delito, que sólo acarrea penas de multa y no de prisión.

Reloj Bulgari

Por lo que respecta al pago de 6.000 euros y un reloj marca Bulgari al funcionario judicial Francisco Ramírez Olivera, también encausado, Roca también ha enmarcado dichos pagos en negocios ajenos al Consistorio marbellí.

«Paco Ramírez tenía y tiene muy buena relación con el promotor Manuel Lores y yo le gratifiqué por una intermediación en unos terrenos». Con esta línea de defensa Roca niega haber sobornado a dicho oficial de Justicia-también en el banquillo- por revelarle datos confidenciales de los distintos procesos judiciales que se instruían en Marbella.

El empresario portuense Manuel Lores también se sienta en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de cohecho activo, al haber pagado a Roca por obtener supuestos beneficios urbanísticos en sus proyectos marbellíes.


* El Mundo - José Carlos Villanueva - 28.11.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Nueva amenaza de ladrillo junto al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

ELPAÍS/Almería* : La amenaza medioambiental sobre el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar persiste pese a la proclamación de políticas y medidas de preservación del patrimonio natural que, finalmente, las Administraciones no llegan a cumplir. El último proyecto conocido que lastraría la imagen del Parque y que cuenta con el beneplácito de la Consejería de Medio Ambiente, es el que promueve el Ayuntamiento de Níjar en la zona del Nazareno, que linda con el Parque Natural.
En un espacio de 230 hectáreas verdes el Consistorio y una promotora del grupo OHL planean construir 1.000 viviendas, 2.500 plazas hoteleras y un campo de golf de 27 hoyos. El proyecto ha sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Níjar. Su alcalde, Antonio Jesús Rodríguez (PP), ve en la zona un "potencial turístico" y lo quiere aprovechar. "España se recuperará y nosotros queremos tener todos los pasos dados para cuando haya interés real, Níjar tenga todo su trabajo realizado".

De hecho, el regidor nijareño cree que en 14 meses se podría colocar el primer bloque de hormigón en el Nazareno de no existir obstáculos en el camino.

Los colectivos conservacionistas ya han anunciado que presentarán alegaciones a una iniciativa que plantea "un modelo de ciudad difusa" y que, además, "elimina la zona de amortiguación natural en el Parque y aumenta el consumo hídrico", en opinión de Ecologistas en Acción, Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) y Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Por otro lado, no descartan que la "especulación" sea el objetivo del proyecto que camina sobre alfombra roja en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Almería (POTAUA). "No van a hacer nada, por lo que no se va a crear ningún puesto de trabajo, y es probable que sirva para lavar dinero negro" expresan conjuntamente las asociaciones conservacionistas, quienes auguran que "lo único que conseguirán por el momento, si es que lo hacen, es subir el precio del suelo, al tiempo que intentan acceder a dinero público", a través de una subvención o mediante la creación de infraestructuras.

La amenaza en el entorno del Parque en terreno nijareño también incluye el proyecto en La Boca de los Frailes donde el Ayuntamiento de Níjar pretende construir una urbanización de 480 viviendas. "Tenemos que sentar las bases para el futuro de Níjar, que se genere empleo y riqueza", justifica el alcalde, mientras las organizaciones ecologistas no descartan poner ambos proyectos en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y de la Unesco.

El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es Reserva de la Biosfera y eso conlleva que debe permanecer libre de atentados en su entorno, una cuestión en la que los agentes implicados no se ponen de acuerdo y el devenir aporta muchos ejemplos. El más claro y aberrante es la construcción del macrohotel en la playa de El Algarrobico, en Carboneras, pero los atentados también se cometen en la periferia del Parque Natural, un suelo que debía ser igualmente protegido y no solo por una cuestión paisajística.

Entre Níjar y Almería capital, municipios vecinos hacia levante, se proyecta la construcción de tres campos de golf con sus correspondientes urbanizaciones de ocio y residenciales, y todo en los límites con el Parque Natural. Además del campo del Nazareno, en Retamar, en los terrenos de Hoya Altica, la Junta de Andalucía no ha puesto obstáculo a otro campo de golf y a un resort con 1.800 viviendas, hoteles y otros servicios contra los que se han presentado nueve alegaciones en el período de exposición pública. El tercer campo de golf lleva la firma de la Consejería de Turismo y Deporte. Se trata de una Escuela de Golf en El Toyo, en la capital -donde ya existe un infrautilizado campo de golf- al que el consejero Luciano Alonso se refirió por última vez en mayo. Entonces, anunció que las obras comenzarían en cinco meses.

Debate oportunista

La ecología aún tiene que superar algunos prejuicios antes de calar hondo en las mentes de los ciudadanos. Se enfoca (interesadamente) como una actitud respetable en épocas de bonanza y sacrificable cuando tocan mal dadas. La ecología se reduce bajo este prisma a casi un ejercicio de capricho y se elude contemplarla como una actitud vital, como una opción necesaria y urgente ante la vida y todos sus aspectos, incluido el desarrollo económico.

El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es uno de los mejores ejemplos que existen en Andalucía de todo esto. El Algarrobico, los planes para Los Nazarenos y una infinidad de medidas y proyectos de los políticos locales y autonómicos se escudan en la supuesta creación de puestos de trabajo y demás beneficios en general para recortar protección a la única y verdaderamente irremplazable riqueza de la zona: su valor ecológico.


* El País - MARTA SOLER - Almería - 28/11/2011
Foto: Níjar (Almería), zona urbanización - teleprensa

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El embudo que come a los coruñeses

FRANCISCO ESPIÑEIRA* : Diez años después de que el Ayuntamiento -gobernado por Francisco Vázquez- y el Gobierno central -dirigido por Aznar- pusieran en marcha el protocolo para ampliar la avenida de Alfonso Molina y generar una entrada más rápida a la ciudad, la situación sigue en el mismo punto. Los estudios técnicos y económicos se acumulan encima de las mesas de los sucesivos alcaldes, concejales de Infraestructuras y Urbanismo, presidentes del Gobierno y ministros de Fomento.
Y mientras el dinero se escapa entre tanto folio, miles de ciudadanos, coruñeses y residentes en el área metropolitana de la ciudad más pujante de Galicia, la misma que aporta más de un tercio del PIB gallego, siguen consumiéndose cada día en un atasco casi perpetuo, en el que las retenciones se forman ya porque sí, sin más motivo que la imposibilidad de que circulen más coches de forma simultánea por la ciudad.
La última decisión del gobierno central en funciones parece casi una tomadura de pelo para estas miles de personas que cada día despilfarran su tiempo intentando superar el atasco perpetuo.Resulta que el Gobierno -en funciones- acordó iniciar las negociaciones con la empresa concesionaria -que pertenece al fondo inversor americano Citi- para aumentar el precio del peaje de la autopista que sirve de cordón umbilical de la ciudad con el mundo para que acomete las obras de ampliación del vial a su paso por Santiago y en el puente de Rande.

O sea, que, si no se han explicado mal, el resumen es que se van a emplear los fondos de todos los automovilistas gallegos que usan la AP-9, la vía más rentable de toda España, en aumentar las ganancias de un fondo inversor estadounidense a cambio de hacer obras en dos sitios y olvidarse de un tercero que lleva diez años esperando a que le den un poco de aire a la vía de salida y entrada de la ciudad que soporta una densidad circulatoria superior a la de la Castellana madrileña.

Y, si nadie lo remedia, los coruñeses habrán de seguir sufriendo el colapso de esa injusticia histórica mientras las sucesivas administraciones pasan de largo sobre las soluciones que la comarca demanda. Ya de poco sirve anunciar que la panacea la traerá la tercera ronda. Si los plazos más optimistas se cumplen, ese trazado alternativo, más bien complementario, no estará operativo al completo antes del 2013. O sea, que nos quedan al menos dos años de atasco perpetuo con la paciencia como único remedio.

La AP-9 es la vía más rentable del país y ahora quieren subir el peaje para su ampliación

* La Voz de Galicia - Opinión - 27.11.11


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Valencia.- Colosal saqueo de dinero público

ELPAÍS* : Bajo las anodinas siglas de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales SA) se esconde la historia de un colosal saqueo de dinero público. Emarsa, empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos, se dedicaba a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L’Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Y se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y su área metropolitana pagan con la factura del agua.
En julio de 2010, el PP, que controlaba la sociedad desde los años noventa, decidió liquidarla al encontrarse en situación de quiebra. La disolución reveló la existencia de un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial, que abarca el periodo de 2004 a 2010 y cuenta ya con 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que los gestores de Emarsa pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. El fraude total podría superar los 30 millones. Mientras, los directivos disfrutaban a su costa de toda clase de extravagancias.

Compraban, con fondos de la sociedad, joyas, bolsos de Loewe, relojes, bolígrafos Montblanc, prendas de vestir en Armani, dispositivos electrónicos (ipods, libros electrónicos, ordenadores portátiles), accesorios de automóvil, mil euros de lotería cada año. Cargaban el alquiler de vehículos de lujo y circuitos de spa. Hacían viajes de placer con sus familias, a París, Nueva York, Johannesburgo y más destinos alojándose con gastos pagados en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Se hospedaban en establecimientos de similar categoría, en la misma Comunidad Valenciana, acompañados de teóricas traductoras rumanas. Siempre por cuenta de Emarsa.

Fueron capaces de gastarse 92.443 euros en un año en asadores, marisquerías y restaurantes con estrellas michelín. Y aún así, en los 23.000 folios del sumario pueden encontrarse facturas de 7,5 euros de tabaco o de compras en el supermercado.

En un momento de las más de 50 horas que lleva declaradas ante el juez, el exgerente Esteban Cuesta contó cómo funcionaban las cosas. El entonces presidente de Emarsa y hoy todavía vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP, Enrique Crespo, también imputado, iba a su despacho, le entregaba unas facturas de Loewe y le daba la orden de acercarse al establecimiento a pagarlas. Entre compras, viajes y banquetes, los responsables de Emarsa se gastaron en seis años casi un millón de euros, según la abundante documentación de que dispone el juez Vicente Ríos.

El instructor cuenta con multitud de indicios de que el auténtico pillaje se produjo, sin embargo, mediante el pago de suministros y servicios falsos. Algunos, inverosímiles: Emarsa pagó, por ejemplo, por reparaciones en los digestores (tanques para depurar el agua) número cuatro, cinco y seis, cuando en la planta solo había dos. Y lo hizo a empresas administradas por tres hermanos, María Paz, Víctor Manuel y Sebastián García Martínez, este último a su vez jefe de departamento de la depuradora. Contrató cursos de formación por 188.000 euros, la mayoría por Internet y sin control de asistencia.

Adquirió teóricamente, en poco más de seis meses, 164 teclados; 149 ratones; 155 fuentes de alimentación; 141 licencias antivirus y 79 monitores, aunque en Emarsa solo había 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, el propio Sebastián García Martínez, actuaba, de hecho, como director de informática en la planta y a veces firmaba en su nombre como recibido y conforme las partidas que él mismo vendía... Así hasta 35 empresas ahora investigadas que facturaron a Emarsa 40,3 millones de euros.

La sociedad estaba controlada por una asamblea metropolitana en la que el Ayuntamiento de Valencia tiene el 45% de los votos y el PP goza de amplia mayoría. Trabajar en Emarsa era una canonjía (nueve empleados ganaban más que el presidente del Gobierno) y la empresa fue llenándose de cargos de segunda y tercera fila del partido y de sus socios de Unión Valenciana. El propio Cuesta, a quien Rita Barberá nombró alcalde pedáneo, se mantuvo como dirigente local del PP de Valencia hasta pocos días antes del 20-N.

La seguridad de que nadie les controlaba llevó a los directivos a ser muy poco cuidadosos. Entre las facturas pagadas a las empresas investigadas algunas tienen por detrás “impreso nada menos que una previsión de tesorería” de la propia Emarsa, ha destacado el juez. Otras, de distintos proveedores sospechosos, están escritas al principio en letras negras, que cambian a mitad a color verde, naranja o rosa. Como si al taller de fabricación de falsas facturas se le hubiera acabado la tinta.

Corruptelas de Emarsa: detalles de un pillaje

1. Gastos a costa de la sociedad pública. Los directivos cargaron a Emarsa decenas de miles de euros por la compra de joyas, bolsos de Loewe, bolígrafos Montblanc, accesorios de automóvil, décimos de lotería (mil euros al año), ipods, ropa, cestos de bebé, circuitos de spa, alquiler vehículos de lujo...
2. Viajes pagados. Dirigentes de la sociedad viajaron a París, Nueva York, Johannesburgo, Marrakech, Estocolmo, Andorra... En varios casos, los directivos se desplazaban con sus familias y Emarsa también pagaba los hoteles.
3. Comidas. Los directivos cargaron 300.000 euros en comidas a Emarsa entre 2005 y 2010. Sólo en 2009, ya en plena crisis, las facturas por comidas en marisquerías y restaurantes de alto nivel ascendieron a 92.443 euros.
4. Lodos (toneladas). Las empresas de tratamiento y transporte de lodos facturaron más toneladas de las que generaba la planta. Por este concepto, Emarsa pagó más de 20 millones de euros entre 2004 y 2010.
5. Camiones ultrarrápidos. Los camiones de transporte de lodo iban y volvían a la planta en tiempos imposibles. Supuestamente un camión salía de la planta de Valencia, llegaba a Requena (a 68 kilómetros), descargaba, volvía a la planta, cargaba y volvía a estar listo para partir en menos de 15 minutos.
6. Obras. Emarsa pagó 4,2 millones de euros a dos empresas que administraba la misma persona, tenía la sede en su casa y apenas tenía trabajadores. Las empresas facturaron, por ejemplo, por reparaciones en maquinaria que no existía o por pintar fachadas de edificios que, por sus características, no se podían pintar.
7. Partidas informáticas. Emarsa compró en menos de un año 164 teclados, 149 ratones o 141 licencias antivirus cuando solo tenía 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, hermano de la empresaria que hacía las obras y reparaciones, que facturó 4,5 millones mediante dos empresas, actuaba a la vez como jefe de informática de Emarsa. En algunos casos firmaba en representación de la sociedad como recibido y conforme los suministros que él mismo vendía.
8. Violación de las normas de contratación. La mayor parte de los contratos investigados incumplían los principios de publicidad y concurrencia. El caso más sangrante es el del proveedor informático que admitió al juez que una de sus dos empresas facturó 1,8 millones a Emarsa sin contrato, “con un acuerdo verbal”.
9. Oídos sordos a los auditores. Las auditorías de la firma Mazars advirtieron seis años seguidos (2004-2010) sobre las irregularidades en las formas de contratación. El presidente de Emarsa, Enrique Crespo, hizo caso omiso y afirmó ante el consejo que no detectaban problemas importantes. Crespo también rechazó la propuesta de que para acordar contratos y disposición de fondos hiciera falta al menos la intervención de dos responsables con firma mancomunada.
10. Empleados que solo iban a cobrar. El exgerente Esteban Cuesta ha admitido al juez que contrató por indicación de Crespo a cuatro personas que solo iban por la planta a cobrar. Uno (Luis Botella) es el concejal de Urbanismo del PP de Moncada; otra (Marisol Giner) era la exportavoz del PP de Benetússer.
11. La Generalitat inyectó el triple de fondos. Durante el periodo investigado (2004-2010), el Gobierno valenciano casi triplicó los fondos destinados a Emarsa (de 6,4 millones de euros en 2004 a 18,4 millones en 2009), mientras la cantidad de agua depurada sólo aumentaba un 6,5%.
12. Ingresos en metálico. El gerente Esteban Cuesta ingresó en sus cuentas 251.000 euros en efectivo entre 2005 y 2009.


* El País - IGNACIO ZAFRA - 27 NOV 2011
Foto: Manises (Valencia), alcalde E.Crespo - elpais

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Vigo.- El Superior manda tirar un restaurante de lujo en la marina de A Lagoa

ELPAÍS* : El puerto deportivo de A Lagoa, en la falda del monte vigués de A Guía, se ha convertido en un calvario judicial para su promotor, el empresario Manuel Fernández de Sousa. Una tras otra, todas las construcciones levantadas en el dominio público han ido sumando sentencias en contra en primera instancia, después confirmadas por el Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG). En esta ocasión llegan de dos en dos, que afectan a la nave que levantó sobre una pequeña caseta de madera desmontable, que fue engullida por una construcción fija cinco veces mayor, en la que la concesionaria abrió un lujoso restaurante. Una ordena el cese definitivo de actividad. La otra, su derribo.

Las dos sentencias del tribunal gallego desestiman sendos recursos presentados por la empresa Astilleros y Construcciones A Lagoa, propiedad del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, contra dos fallos de distintos juzgados de lo contencioso administrativo de Vigo, el 1 y el 2. El Tribunal de Xustiza confirma las sentencias iniciales en todos sus extremos, condena a costas al recurrente y cierra la vía judicial a los intentos de la promotora de la marina para legalizar sus construcciones.

Tras hacerse con los derechos de la concesión de la Autoridad Portuaria para construir el puerto deportivo, Fernández de Sousa lo dotó de tres grandes naves y una construcción para restaurante sin solicitar licencia al Ayuntamiento. Esta última motivó un acuerdo de reposición de la legalidad aprobado por la Gerencia de Urbanismo de Vigo en mayo de 2007 y ratificado en octubre de 2008. A Lagoa recurrió entonces a la vía judicial, en la que ha cosechado sendas derrotas.

El TSXG tumba los argumentos de la promotora del puerto deportivo vigués. Esta alegaba que el expediente de restauración de la legalidad no identificaba correctamente la superficie y características de la instalación prefabricada inicial, para la que disponía de una licencia de caseta desmontable. La sala de lo contencioso-administrativo del TSXG sostiene que en efecto la construcción que se ordena demoler no coincide con la garita de 30 metros cuadrados para la que tenía permiso, pero que esto se debe a que fue sustituida mediante una ampliación que absorbió la anterior. "Toda ella es ilegal", sostiene el fallo.

A Lagoa también intentó demostrar que, al ser el de Vigo un puerto de interés general, la competencia exclusiva para actuar sería de la Autoridad Portuaria, a lo que replica la sentencia que el Ayuntamiento de Vigo tenía "competencias para pronunciarse sobre la legalidad o no" de la obra. El promotor alegó, igualmente sin éxito, que el Plan Especial del Puerto no podía supeditarse al planeamiento urbanístico municipal. Por último, denunció que en la tramitación del expediente no se dio audiencia a la Autoridad Portuaria, lo que se le deniega por no haber tenido ese organismo "participación alguna en la realización de la obra".

"Ningún defecto se observa en el procedimiento tramitado, ni en su contenido ni en la resolución dictada", falla el TSXG, que recuerda que la misma sala de lo contencioso administrativo se ha pronunciado sobre asuntos análogos en sentencias de 2009 y 2010, en las que ya se analizaron "los mismos argumentos". En todos los casos, el tribunal con sede en A Coruña dictaminó la ilegalidad de las naves anexas.

La otra sentencia del Superior ratifica el cese definitivo de la actividad del restaurante cafetería que alberga la nave, con un razonamiento similar al del fallo que ordena el derribo. Los dueños del puerto perdieron en primera instancia y el TSXG ratifica aquel fallo, al compartir "plenamente" los argumentos del juez de instancia.

A la espera de la piqueta
Las sentencias se suceden, pero los vecinos de Teis, el barrio costero vigués en el que está enclavado el puerto deportivo, siguen a la espera de que se concreten en forma de derribo. La primera de las dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de forma irrevocable data de diciembre de 2010, y afecta a dos de las tres naves, las de mayor tamaño, que, junto a la que alberga el restaurante, se levantan en terrenos de la marina de A Lagoa. Todavía no se ha ejecutado.

Ante la resistencia de A Lagoa a derribar las naves, el concejal de Urbanismo de Vigo, José Mariño, firmó el pasado 11 de marzo un requerimiento al propietario para que ejecute las demoliciones, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, será el Ayuntamiento de Vigo el que efectuará los trabajos, para después pasarle la factura a la empresa. Mariño afirmó entonces que la sentencia se cumpliría "en uno o dos meses" pero, transcurrido ese plazo, las construcciones siguen en pie.

Confirmada la negativa de A Lagoa, la gerencia de Urbanismo de Vigo aprobó el pasado 18 de noviembre la contratación del derribo de dos de las naves ilegales, presupuestado en 84.767,76 euros. De momento, la instalación que alberga el restaurante debe esperar.


* El País - PABLO LÓPEZ - 28/11/2011
Foto: Vigo, puerto deportivo A Lagoa - google

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'Malaya'.- Roca admite que pagó a un funcionario judicial de Marbella

SUR/Málaga* : Juan Antonio Roca sigue dando detalles sobre la trama de pagos bajo cuerda que impulsó en Marbella, según él "por orden de Gil". El principal imputado en el juicio por el 'caso Malaya' sigue intentado justificar ante el juez todos los pagos en metálico que repartió entre los concejales del equipo de gobierno como "gratificación" para que no rompieran el tripartito. Pero estos sobres con dinero no solo llegaban a los ediles, como mantiene la Fiscalía Anticorrupción.
Roca también tuvo negocios o tratos con funcionarios del Ayuntamiento o cargos que podían ayudarle en su control del gobierno municipal. Roca habló hoy de los supuestos pagos que efectuó a Leopoldo Barrantes, que fuera secretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, Rafael del Pozo, jefe de la Policía Local o Francisco Ramírez, funcionario de los juzgados de Marbella.

Este último caso es quizás uno de los más llamativos, ya que la Fiscalía sostiene que Ramírez era una especie de 'topo' de Roca en los juzgados, al que mantenía informado de los distintos procesos judiciales en los que estuviesen implicados miembros del Ayuntamiento. El considerado cerebro de la trama admitió esta mañana en el juicio que pagó 6.000 euros y regaló un reloj a este funcionario judicial, aunque niega que fuese un soborno. "Me hizo una gestión para la venta de unos terrenos en el Puerto de Santa María", dijo Roca, que vinculó este favor con el pago de los 6.000 euros.
Ante las preguntas del fiscal, Roca aseguró que Francisco Ramírez "no me tenía al tanto. Alguna vez le he preguntado por algún tema que estaba en su juzgado, en algún momento me ha dado información de una citación de los concejales, pero sin mayor importancia, No era una persona que me contara lo que pasaba en los juzgados", declaró Roca.
Los estudios de Derecho de Rafael del Pozo
Respecto a las entregas de dinero que se reflejan en su contabilidad relacionadas con Rafael del Pozo, exjefe de la Policía, Roca también los desvinculó con sobornos para que lo informara de posibles investigaciones. Roca explicó que unos pagos de 120.000 estuvieron relacionados con la compra de una vivienda por parte de Del Pozo, que le pidió ayuda para gestionar una hipoteca. "Acordé con Del Pozo dar yo la entrada de la vivienda y que si él finalmente no podía hacer frente a la hipoteca, yo me quedaría con ella". Según su testimonio, finalmente Del Pozo no consiguió la hipoteca y Roca se quedó con la casa y la seguió pagando. Otro de los pagos a Rafael del Pozo, Roca dijo que era un adelanto para que se matriculara en la carrera de Derecho en una universidad privada, pero que finalmente no le llegó a hacer.
Respecto a Leopoldo Barrantes, Roca también argumentó que los pagos tenían que ver con negocios privados suyos y no con el papel del secretario municipal en el Consistorio. Roca aseguró que Barrantes le presentó e un promotor de Extremadura que estaba interesado en vender una parcela, por lo que le pidió a Roca asesoramiento. Al conseguir vender Roca la parcela recibió una comisión que quiso compartir con Barrantes, que era el que le había facilitado el contacto. "Como me dice que no quiere comisión, que él solo quería hacerle un favor a su amigo, le doy un sobre a su hija, un regalo de 18.000 euros". La Fiscalía mantiene que este dinero tiene que ver con que el secretario municipal hacía la vista gorda ante las irregularidades que se cometían en el Ayuntamiento.


* SUR - 28.11.11 - ENRIQUE MIRANDA
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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Torrevieja dio licencia a la planta de basura con cinco informes en contra

ELPAÍS/Alicante* : La planta de transferencia de basura de Torrevieja ha devenido en un foco de problemas para el Gobierno local, del PP. La concejal del PSPV Fanny Serrano desveló ayer en un pleno que el concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, le concedió por decreto a la UTE que se encarga de la recogida de los residuos, formada por La Generala y Acciona, una licencia de obras para construir la planta el 12 de noviembre de 2010, desatendiendo hasta cinco informes en contra de la arquitecta municipal, del jefe del servicio de Urbanismo y de dos arquitectos técnicos, también municipales. El concejal Moreno avaló el permiso con un informe externo.
La empresa solicitó el permiso en marzo de 2005, tras serle adjudicado el contrato de recogida de residuos durante una década, pero se le concedió cinco años y medio más tarde. Para colmo, esa misma licencia fue declarada caducada el 21 de septiembre de este año por inactividad.

Moreno reconoció que le han pedido al promotor que inicie un nuevo trámite para obtener otra licencia. Pero, ahora mismo, la planta sigue funcionando sin licencia de obra, actividad o apertura porque nunca ha dispuesto del estudio de impacto ambiental y de ningún informe favorable que no fuera externo. Sin embargo, el Gobierno se niega a cerrarla. El portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón, vio en esta actitud una estrategia dilatoria para que "el tema siga muerto" y legalizar la planta en una actuación urbanística más amplia, movimiento que calificó como "un pelotazo".

Por la adjudicación de este contrato en 2004 ya está imputado el exalcalde y actual diputado autonómico Pedro Ángel Hernández Mateo. La juez vio indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y falsedad documental y remitió la causa al TSJ valenciano por su condición de aforado. El arquitecto municipal y la secretaria del Consistorio abogaron por dejar desierto el concurso. Hernández Mateo encargó un informe jurídico externo a un despacho que trabajaba con asiduidad para la empresa que resultó adjudicataria.


* El País - 26.11.11
Foto: torrevieja.es

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El Puerto.- La Fiscalía de Cádiz ha interpuesto denuncia contra el alcalde por “trato discriminatorio” a los diseminados

BAHÍADECÁDIZ* : La Fiscalía de Cádiz ha procedido a interponer denuncia ante el Juzgado Decano de El Puerto de Santa María, contra el alcalde, Enrique Moresco y la teniente de alcalde, anterior delegada de Urbanismo, Patricia Ybarra. Así lo aseguran desde Fevema (federación de vecinos de diseminados, de asociaciones de vecinos de núcleos ilegales en la ciudad).
“Según hemos podido conocer, esta denuncia de Fiscalía parte de varias diligencias instadas por determinados colectivos a la que se han acumulado otras tantas provenientes de asociaciones federadas a Fevema, que consideran que han recibido un trato discriminatorio por parte del equipo de Gobierno”, indica este colectivo en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.

Y es que, como han indicado los representantes de dichas asociaciones, “estando todos en las mismas circunstancias ante un documento como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en la actuación del Gobierno municipal con los diferentes diseminados no ha primado la igualdad de trato”. Con todo, “consideramos que ésta es una buena oportunidad para que los responsables políticos del equipo de Gobierno demuestren su tan llevado discurso de la anterior legislatura de que nunca incumplirían la ley”.

PETICIÓN DE REUNIÓN, SIN RESPUESTA

Por otra parte, Fevema aprovecha para recordar al actual concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, su “obligación de cumplir con los ciudadanos”, indicando que “ya han transcurrido seis meses desde que tomara las riendas del área, y “aún no se ha dignado a responder a ni una sola de nuestras peticiones de reunión, que le hemos remitido tanto a través del Registro General como personalmente a través de su asesor o coordinador de área José Galán”.

“Esperamos que Diego Muñoz sea más receptivo que la anterior concejala de Urbanismo y tenga a bien oír y escuchar sin sectarismo nuestras demandas, para evitar que en el futuro se nos tache como hizo su antecesora, de grupo de presión, cuando desde esta federación estamos demostrando sobradamente que tenemos talante conciliador y paciencia a pesar de la indiferencia del equipo de Gobierno ante las necesidades de las familias portuenses”, se remarca.


* Diario Bahía de Cádiz - 27.11.11
Foto: El Puerto (Cádiz), diseminados - bahiadecadiz

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Madrid.- El 15-M okupa un edificio en Carabanchel y otro en Galapagar para convertirlos en centros socioculturales

ELPAÍS* : Los indignados de Carabanchel han okupado esta mañana un economato que llevaba más de una década abandonado, según ha informado la asamblea popular del barrio a través de la red social Twitter. En Galapagar integrantes de la asamblea popular también han okupado un antiguo centro de salud "para la ciudadanía" y ya han elaborado un calendario de actos que incluyen debates, mercadillos de trueque o encuentros de la marea verde (nombre que recibe el movimiento en favor de la educación pública).
Después de celebrar una asamblea en la plaza de Oporto este mediodía, una veintena de los asistentes han entrado en el inmueble de la calle Algorta, donde ya se encontraban media docena de personas y han colgado una pancarta anunciando la "apertura del nuevo espacio socioculutural liberado El Eko". El objetivo es dotar a este espacio de contenidos socioculturales para el barrio, según aseguran los okupas. Aunque la Policía Nacional ha acudido hasta el lugar, se han retirado sin que se produjeran incidentes.

Los okupas de Carabanchel han explicado que rehabilitarán el inmueble para convertirlo en un centro social, aunque no han concretado ninguna fecha de apertura o de inicio de las actividades socioculturales.

Estas son la cuarta y quinta okupaciones en Madrid en los últimos meses tras las de Corredera Baja de San Pablo, Concepción Jerónima y el Hotel Madrid, en la calle Carretas.


* El País - AGENCIAS - Madrid - 27/11/2011
Foto: Madrid, okupación 15M en Carabanchel - fotograccion

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Barcelona.- La Rotonda. La degradación de un edificio histórico

E-NOTICIES* : El edificio la Rotonda, de estilo modernista, que está en desuso desde hace 5 años se encuentra en un estado ruinoso -grietas y humedades por toda la fachada, mosaicos en mal estado, palomas dentro del edificio y puertas y escaleras oxidadas-como se puede ver en las imágenes que ha cedido la plataforma cívica Salvem La Rotonda, que quiere detener la reforma que debe llevar a cabo la inmobiliaria Núñez y Navarro.
La plataforma viene denunciando que "Núñez y Navarro, propietario desde 1999, se ha distinguido por no cuidarse en absoluto de hacer el más mínimo mantenimiento ni limpieza y es el principal responsable del lamentable estado del edificio, junto con el anterior ayuntamiento, que nunca le obligó a cumplir sus responsabilidades legales para con un edificio protegido".

La empresa logró que el anterior Ayuntamiento le aprobara un Plan urbanístico especial, con el informe en contra de los propios servicios técnicos de Sarrià Sant Gervasi en que "le permiten edificar más m2 de los que le corresponden, alterando la forma del edificio en altura y profundidad".

La plataforma denuncia que la constructora Núñez y Navarro pretende derribar una parte del edificio La Rotonda de Barcelona, ​​"sin respetar la normativa que protege el edificio modernista, y con el objetivo de hacer 5 plantas de aparcamiento subterráneas".

La empresa "prevé también el derribo de una tercera parte del edificio protegido. La parte no protegida, de Enric Sagnier -arquitecto diseñador del edificio-, se derriba totalmente".

El edificio modernista está catalogado por el Ayuntamiento de Barcelona y fue construido a principios del siglo XX para ser un hotel. De hecho, fue hotel -primero el Metropolitan y luego el Hotel La Rotonda- hasta los años setenta.

Después de estar unos años abandonado, el inmueble fue ocupado por el Hospital Sant Gervasi, especializado en salud mental y geriatría, que en el mes de agosto del 2007 se trasladó -porque se le acabó el contrato- en las dependencias del Hospital Duran y Reynalds de L'Hospitalet de Llobregat. Desde entonces el edificio está completamente vacío. "Las farmacias estamos con el agua al cuello"


* E-Notícies - 11.11.11
foto: Barcelona, edificio la Rotonda en peligro - e-noticies

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Lugo.- Cultura vuelve a vetar el proyecto de O Garañón por ''desproporcionado''

ELPROGRESO* : La urbanización de O Garañón acaba de recibir un nuevo varapalo, el enésimo. La Consellería de Cultura desestimó el recurso presentado por el Concello al informe negativo sobre el proyecto de urbanización y lo hace con los mismos argumentos y, si cabe, más contundencia.
La Xunta ve «desproporcionado» el proyecto de edificación y dice que el hecho de que el entorno de O Garañón ya esté degradado por acciones urbanísticas previas no justifica que se estropee todavía más. «La cuestión ahora debatida es que no se degrade todavía más su entorno», afirma.
El Concello considera que la urbanización no está dentro del ámbito de las termas (Bien de Interés Cultural) ni del sanatorio Portela (incluido en el inventario de patrimonio cultural de Galicia). Defiende que entre las torres proyectadas y el antiguo hospital hay una parcela para la que el plan general vigente prevé siete plantas de altura y entre los edificios y las termas se interpone la Avenida República Arxentina, la Costa da Viña y la N-VI.

Sin embargo, Cultura mantiene que al no estar delimitado el contorno de esos bienes ni por la Xunta ni por el Concello, rigen las Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento de las provincias gallegas. El Concello siempre discutió esta aplicación, ya que considera que rigen solo para suelo rústico, pero la consellería mantiene que se deben guardar 100 metros de distancia a elementos de arquitectura civil protegidos (el sanatorio) y 200, a restos arqueológicos (las termas).

Cultura tampoco acepta el argumento del Concello de que no hay afectación negativa al parque Rosalía de Castro porque este no es un bien protegido -pregunta por qué entonces se protege en el nuevo plan general de urbanismo- y que no se produce anulación de la visibilidad en el contorno.

La Xunta sostiene que la incidencia paisajística de las seis torres proyectadas en O Garañón sobre el Parque es indiscutible y, en base a los planos del proyecto de urbanización, Cultura calcula el impacto de los edificios. «Parece claro que uns bloques de máis de 82 metros lineais cunha altura de 30 metros cara á rúa proxectada e de 40 metros cara a Avenida da República Arxentina producen unhas pantallas artificiais que anulan a visibilidade e contemplación dos bens protexidos e dos seus contornos», señala la consellería en su respuesta al recurso municipal.

Una de las alegaciones del Concello se refería, precisamente, a que la Xunta se extralimitaba en su informe porque además de referirse al proyecto de urbanización se pronunciaba también sobre la edificación. «Non pode pretenderse que se realice unha avaliación técnica que ignore o que resulta evidente do propio contido (descrición, grafado e planos) do proxecto de urbanización. Todo isto permite avaliar o desproporcionado das edificacións futuras en relación cos bens do patrimonio cultural e os seus contornos, o que ademais pode constatarse na realidade construída na actualidade», responde Cultura, en alusión a las dos torres levantadas ya y cuya construcción fue paralizada por el juzgado hace un año.

La Xunta tampoco ve incongruencias en los informes de sus arqueólogos y arquitectos. Los primeros afirman que O Garañón no es una zona propicia para hallazgos, pero eso no supone que no exista impacto negativo, dice Cultura. Los arquitectos señalan que el sanatorio Portela ya fue objeto de actuaciones que perjudicaron su valor y que la nueva urbanización no menoscaba las termas, pero el Gobierno gallego insiste en que el proyecto rompe la armonía de la zona y recalca que no se puede degradar más.

El Concello tiene dos meses para recurrir al juzgado la decisión de la Xunta, pero acaba de conocerla y aún no ha tomado una decisión.

ALTERNATIVAS
Hacer otro proyecto o pagar indemnizaciones

El edil de urbanismo, Luis Álvarez, explicó que los servicios jurídico y de arquitectura del Concello analizarán en las próximas semanas la respuesta de Cultura para decidir si se recurre o no al juzgado y analizar alternativas.

Otra propuesta

El Concello anunció en su día que, si el proyecto no es legalizable, se pediría otro al promotor, pero este podría optar por pedir indemnizaciones.


* El Progreso - 24/11/2011 - Carmen Uz
Foto: Lugo, polémicas torres O Garañón - lavozdegalicia

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Andratx.- Massot, Gibert y Mir vuelven al banquillo por permitir la ampliación de un chalet en zona protegida

ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El exjefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, el excelador municipal Jaume Gibert y el exasesor jurídico del Consistorio José Ignacio Mir, volverán a sentarse el próximo miércoles en el banquillo de los acusados en el marco de la pieza 55 del caso Andratx, por haber permitido la ampliación de una vivienda unifamiliar de 134 metros cuadrados que había sido construida en los años noventa y que estaba ubicada en terreno protegido. Se trata de la decimoquinta pieza del caso que será enjuiciada -todas las anteriores se han saldado con condena-.
La Audiencia acordó suspender esta vista el pasado día 10 después de que la defensa de Mir pusiera en conocimiento del tribunal de la Sección Segunda que su patrocinado se encontraba enfermo. En concreto, la Fiscalía solicita seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para Massot por un presunto delito de prevaricación, las mismas penas para Gibert por la misma infracción penal y 9.000 euros de multa por falsedad en documento oficial para Mir, quien ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los abogados Josep de Luis e Isabel FluxÃñ en representación del Ayuntamiento 'andritxol', pide en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, dos años de prisión para Massot -quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otros dos flecos de la causa-, un año y ocho meses para Gibert y un año de cárcel para Mir.
En su escrito de acusación, el Ministerio relata cómo el propietario del terreno obtuvo en 1992 licencia para levantar un chalet a pesar de que sólo había unas ruinas que no podían rehabilitarse por haber perdido el uso de vivienda, mientras que cinco años después le fue concedido otro permiso para construir una piscina. Sin embargo, fue en 2001 cuando los tres acusados entraron en escena al ser solicitada licencia para ampliar el chalet.
Así, Massot emitió en junio de 2002 un informe favorable a la concesión pese a indicar en el mismo que se trataba de suelo catalogado como Area Natural de Especial Interés (Anei) y Area Rural de Interés Paisajístico (Arip). Y ello a pesar de conocer «perfectamente» la normativa urbanística, los trámites a seguir si era terreno protegido y saber que se estaba solicitando una ampliación que suponía rebasar en dos veces y media el volumen máximo autorizable por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Andratx, según el escrito.
Por su parte, prosigue la Fiscalía, Gibert emitió un informe oficial en el que de forma inveraz afirmaba que en la parcela existía una vivienda cuya antigüedad era anterior a 1950, debido a que «parte de la construcción era una buena imitación de las técnicas constructivas de las edificaciones rurales de Mallorca». Del mismo modo, Mir emitió su informe jurídico el 26 de junio de ese año, también favorable y con un «incumplimiento claro de la legalidad», según la acusación pública. Los informes de los acusados posibilitaron de esta forma que la licencia fuese concedida el 5 de julio.
Se da la circunstancia de que la Audiencia desestimó, en el marco de esta pieza, el recurso de apelación que interpuso Mir contra el auto dictado por el anterior juez del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción del fleco. El imputado alegaba que actuó de este modo debido a que ya había sido otorgada una licencia en 1992 por nadie impugnada y su abogado apuntaba además a la carencia de conocimientos técnicos suficientes por parte de su patrocinado. Unas alegaciones que fueron rechazadas de plano por el órganio judicial, que confirmó de este modo el auto recurrido.


* Ültima Hora - EP. - 26.11.11
Foto: Andratx (Mallorca) - diario de mallorca

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C.Valenciana.- Mociones municipales contra la cesión de suelo público para colegios concertados

ELPAÍS* : La oposición frontal de todos, padres, alumnos, profesores, inspectores y sindicatos, a la cesión de suelo público para construir colegios concertados ha llevado a la Plataforma per l'Ensenyament Públic a iniciar una campaña de mociones en todos los Ayuntamientos para "frenar la privatización" del sistema educativo valenciano. Se trata del segundo sistema en el nivel nacional en el que más ha crecido la enseñanza privada concertada.
La Plataforma ha convocado también reuniones en las Cortes Valencianas con todos los partidos para retirar el artículo de los Presupuestos de 2012 que regula la cesión de infraestructuras públicas, y concentraciones en las tres capitales y municipios de mediano tamaño. La campaña concluirá el 21 de enero con un manifestación en Valencia.

"La Plataforma continúa con estas acciones y la campaña iniciada el curso pasado de oposición a esta iniciativa, porque considera que la construcción de este tipo de centros, los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS), suponen un freno a la construcción de centros públicos", afirma en un comunicado. Esta estrategia de privatización de la enseñanza pública supondrá "una reducción de unidades y de profesorado por culpa del trasvase de alumnos de la escuela pública a los nuevos centros".

La Plataforma está integrada por la federación de padres de alumnos FAPA-Valencia, los sindicatos CC OO, STEPV y UGT, la confederación de asociaciones de vecinos de la Comunidad Valenciana (Cavecova), las federación de alumnos Faavem, las asociaciones de directores de Primaria y de Secundaria, la de inspectores Adide, los movimientos de renovación pedagógica MPRs y los sindicatos universitarios BEA, Campus Jove y SEPC.


* El País - NEUS CABALLER - Valencia - 25/11/2011
Foto: Valencia, protesta por una enseñanza pública de calidad (archivo) -- ccoo

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“Pagamos ahora los efectos de la fiesta inmobiliaria”

ENRIC LLOPIS* : Se informa de la crisis como fruto del azar, sin causas ni responsables, y con una sola receta para salir de la misma: planes de austeridad, ajustes y recortes. Para el reputado economista y estadístico, José Manuel Naredo, sí que hay un origen claro de la actual recesión en el estado español: “ahora estamos pagando las consecuencias del festín inmobiliario de los últimos años, impulsado por la coalición de un neocaciquismo disfrazado de democracia y el binomio formado por el poder financiero y las grandes constructoras”.
Naredo, que incluida la última ha estudiado con detalle tres burbujas inmobiliarias, ha realizado estas reflexiones en el segundo taller de la Academia de Pensamiento Crítico de Socialismo 21 y El Viejo Topo, titulado “¿Es España diferente? El modelo inmobiliario español y sus consecuencias económicas, ecológicas y sociales”.
En Europa se distinguen dos modelos inmobiliarios. El primero, por el que han apostado Alemania o Suiza, se basa en la regulación de la propiedad y la actividad inmobiliaria, el alquiler, la vivienda social y la conservación del patrimonio. “Los países que se han movido dentro de este paradigma se han visto menos afectados por la crisis”, subraya Naredo. Pero el estado español, y muy singularmente el País Valenciano, se han apuntado al segundo modelo, que les ha hundido en la recesión; reclasificaciones de suelo y plusvalías a mansalva, y vivienda libre y en propiedad (con absoluta independencia de las necesidades demográficas) son los rasgos de esta alternativa.

El economista, autor de “Luces en el laberinto” (2009) y “Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas” (2010), explica en su último libro algo en lo que se insiste poco: las raíces franquistas del modelo inmobiliario español. “La especulación de unos pocos se impuso durante el franquismo a la planificación urbana y la ordenación del territorio al servicio de la mayoría”, explica Naredo, quien añade que Madrid se convirtió en uno de los ejemplos más logrados de este fenómeno. Además, la vivienda libre y en propiedad fue desplazando –en un proceso que culminaría en la democracia- a la vivienda social y el alquiler (antes de esta transformación, en Barcelona, Valencia o Bilbao se daba un predominio absoluto del arrendamiento). Para rematar, salta a la vista la raigambre franquista de las grandes constructoras españolas.

Por ejemplo, Naredo sitúa en “los años del desarrollismo” franquista la primera ola de “urbanismo salvaje” en el litoral, un proceso de urbanización sin precedentes (el parque de viviendas aumenta en esos años un 40%) y la demolición o reedificación de los edificios de los cascos históricos. Fenómenos, todos ellos, que se consolidarían en décadas posteriores.

Éste es el origen del disparatado paradigma inmobiliario. ¿Y los efectos? Devastadores. En plena burbuja, España consumía casi 60 millones de toneladas de cemento anuales y más de una tonelada de cemento por hectárea de media. Lo que está detrás de estas cifras –explica el profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid- es “la masiva destrucción de suelo y de sistemas agrarios, reclasificados de manera casi sistemática, para la obtención de plusvalías”.

Se padece actualmente la resaca del boom en forma de recortes, paro y exclusión. Pero entonces, entre 2001 y 2007, la orgía se celebraba sin freno. El estado español construía más viviendas que Francia y Alemania juntas, aunque la población de estos países fuera el triple que la española y la superficie territorial, el doble. “La burbuja, concluye José Manuel Naredo, no guarda relación con la demografía ni con las necesidades básicas de la población; a medida que crece la construcción de viviendas, lo hacen también los precios, en función de las expectativas de negocio”.

La denominada crisis de las deudas soberanas también se explica -en el caso español, donde el endeudamiento privado supera ampliamente al público- por el monocultivo del ladrillo. Si en 1995 (antes de la burbuja), la deuda hipotecaria de las familias españolas en relación con su renta disponible era inferior a la de franceses, alemanes, japoneses, británicos, estadounidenses y canadienses, en 2006 (en pleno boom) superaba a estos. Los ciudadanos españoles habían hipotecado irremediablemente su futuro, en un país salpicado de “operaciones” urbanísticas y “megraproyectos”, y que ocupaba una posición de vanguardia en kilómetros de autovía, líneas de tren de alta velocidad y ruinosos aeropuertos provinciales.

Sin embargo, a juicio de Naredo, peor que los daños económicos, sociales y ambientales del modelo, es “el estrés psicológico y la bancarrota moral, individual y colectiva provocada”; una corrosión de los principios que conducía al agio generalizado y alcanzaba cotas de corrupción como las registradas en el Ayuntamiento de Marbella. Ahora, “con un modelo inmobiliario agotado –subraya Naredo-, en lugar de reformarlo para volver a la vivienda social (de la que carece el país) y regular el stock de pisos vacíos, se opta inexplicablemente por la reforma del mercado de trabajo o de las pensiones”.

Actualmente, recuerda el autor de “El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano” (2011), “el gran patrimonio inmobiliario está en manos del sector financiero, que está en peligro de padecer una crisis de solvencia; Ésta se hará evidente cuando los balances contables vayan recogiendo el desplome del sector del ladrillo, es decir, la desvalorización de promociones, viviendas y solares”; “una de las salidas será, a buen seguro, la creación de bancos malos, en los que las entidades financieras podrán hacer sus enjuagues, provisiones, maquillajes y guardar sus pasivos; ya están subastando a la baja su patrimonio inmobiliario y, presumiblemente, acabarán saldándolo como sucedió en Japón”. Esto, bancos y cajas de ahorros. Los ciudadanos, mientras, continuarán soportando desahucios al no poder afrontar sus hipotecas.

* Rebelión - Opinión - 26.11.11

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La corrupción descabeza el poder político y empresarial de Alicante

ELPAÍS* : Las supuestas tramas de corrupción político-empresariales que se han gestado en la provincia de Alicante en el último lustro han acabado por pasar factura al poder político, en manos del PP de manera hegemónica, y a la gran patronal alicantina, Coepa. En dos días, la cúpula de ambas organizaciones ha quedado descabezada con las dimisiones de sus líderes, José Joaquín Ripoll y Rafael Martínez Berna, respectivamente.
Ambos tenían sobre sus espaldas la pesada losa de la sombra de la corrupción. El veterano político popular, por su imputación en el sumario paradigmático de la promiscuidad entre lo público y lo privado, el caso Brugal, que indaga una red corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Y el empresario, por la implicación de su empresa Hormigones Martínez en la trama de amaños de contratos de obra pública.
En el plano político, la dimisión de Ripoll podría ser solo la avanzadilla de las consecuencias del voluminoso sumario de Brugal. Una pieza de esta causa indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sumario hay ya 19 imputados y dos políticos de relevancia acusados por el fiscal Anticorrupción, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor Luis Díaz Alperi. Ambos son diputados autonómicos. Esta condición de aforados impide al juez instructor pronunciarse sobre su imputación.

La sospecha de la corrupción no se ha limitado al ámbito político y empresarial. El hasta hace meses emblema de las finanzas de la provincia, Caja Mediterráneo (CAM), tampoco ha salido mejor parado. Las dimisiones de Ripoll y Martínez Berna se producen cuatro meses después de la criba que el Banco de España ha hecho en la caja. Los nuevos administradores destituyeron al consejo de administración. Y la Audiencia Nacional investiga ya la gestión de la exdirectora general María Dolores Amorós.Alberto Fabra, jefe del Consell y, a su vez, líder de los populares valencianos, pactó con José Joaquín Ripoll su salida de la dirección provincial del PP de Alicante dos días después de las elecciones generales y a una semana vista de que el veterano político alicantino tenga que comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal. Ayer, Fabra, preguntado por la nueva etapa que se abre en el PP alicantino tras la dimisión de Ripoll (baluarte de la defensa del poder alicantino frente a Valencia) hizo un llamamiento a la unidad. "Apuesto por todos aquellos que quieren unidad y trabajar de forma conjunta", aseguró en declaraciones a este periódico el presidente de la Generalitat tras almorzar con empresarios y políticos en Elda.

Fabra, que presidió los actos de celebración del 40º aniversario del instituto tecnológico del calzado (Inescop), el primero creado en la Comunidad Valenciana, también enfatizó el apoyo ciudadano recibido por el PP en la provincia de Alicante. "Hemos sabido responder a las necesidades de los ciudadanos, que nos han dado su masiva confianza", defendió para añadir que a partir de ahora espera "lo mismo que antes".

Y preguntado por la dimisión del presidente de la patronal alicantina, Fabra calificó la decisión de "responsable". El presidente aseguró que habló con el ya exdirigente empresarial y que éste le explicó que no quería "enturbiar" a la institución con sus asuntos. Una decisión que Fabra valora. El jefe del Ejecutivo valenciano trasladó sus mejores deseos a Martínez Berna en esta nueva etapa.

Mientras, desde el sector empresarial se siguió valorando la figura de Martínez Berna. Su dimisión, conocida por unos, prevista por otros y sorpresiva para la mayoría, termina con una etapa en la que se apaciguaron las aguas dentro de Coepa, muy encrespadas durante la presidencia de Modesto Crespo.

En el ámbito político hubo más reacciones. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, resaltó que el empresario ha sido "un grandísimo presidente" de Coepa. "Son cuestiones personales que hay que respetar", comentó.

Y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, pidió más transparencia en la gestión de Coepa y consideró que ésta "tiene que quedar libre de las irregularidades en las que se ha visto involucrada en los últimos tiempos".


* El País - S. NAVARRO / R. BIOT - Alicante / Elda - 26/11/2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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El Supremo ratifica la anulación del PGOU de Guillena de 2006

ABC/Sevilla* : El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos de casación promovidos por el Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) y la Junta de Andalucía, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, el 9.09.2008, anuló la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de dicho municipio, a cuenta del incumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En concreto, este instrumento de planificación urbana fue promovido por el exalcalde socialista de Guillena Justo Padilla, condenado luego por prevaricación tras autorizar la construcción de naves empresariales en suelos reservados para zonas verdes. Mediante una sentencia emitida el 18 de noviembre y recogida por Europa Press, la sección 5ª de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirma, en todos los aspectos, el fallo del TSJA que, en 2008, anuló la resolución del 7.07.2006 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, perteneciente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la cual fue aprobado definitivamente el PGOU de Guillena.

El Supremo, así, ha desestimado los recursos de casación impulsados por la Junta y el Consistorio, ahora gobernado por Lorenzo Medina Moya (PSOE), e incluso ha impuesto las costas a estas administraciones.

«Se ha orillado el cumplimiento de la Ley»

"Los autores del planeamiento han eludido de manera consciente la obligación de que el plan se ajuste en determinados aspectos a la Ley 7/2002", señala la sentencia del Tribunal Supremo entre otros aspectos, toda vez que ya el fallo confirmado del TSJA, también recogido por Europa Press, resolvía que "simple y llanamente, lo que se ha hecho es orillar de manera consciente y asumida el cumplimiento de la Ley, de norma de rango superior, obviando su mandato". El primigenio nuevo PGOU de Guillena ya fue anulado por primera vez en 2005 como consecuencia de las acciones judiciales emprendidas por una asociación de vecinos de Las Pajanosas. El procedimiento de elaboración del nuevo planeamiento urbano, así, fue retrotraído hasta desembocar en la resolución de fecha 7 de julio de 2006, gracias a la cual la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobaba definitivamente, y otra vez, el nuevo texto de ordenación urbana. No obstante, un nuevo recurso promovido por la vía Contencioso Administrativa motivó la ya citada sentencia del TSJA, recurrida en casación por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y ahora ya confirmada por el TS.

Los argumentos de Ayuntamiento y Junta

Frente a la acusación de incumplimiento de la LOUA, cuya Disposición Transitoria Cuarta establece que las determinaciones de los planes y restantes instrumentos de ordenación urbanística "deberán ajustarse plenamente a la ley en lo que se refiere al régimen urbanístico del suelo y la actividad de ejecución", la administración autonómica señalaba que al Consistorio se le ordenó redactar un documento complementario en el que se recogiera esto. Sin embargo, según el fallo del TSJA, no consta en el expediente este documento, "ni ninguna de las partes dan cuenta del mismo". "Se ha incumplido una norma imperativa de carácter obligatorio", señalaba el TSJA en la sentencia ratificada, que además acusaba al Ayuntamiento, entonces gobernado por Justo Padilla (PSOE), de "crear artificialmente una inseguridad que no puede tener amparo jurídico, creando la apariencia equívoca de determinaciones de naturaleza reglamentaria vigentes destinadas a ordenar y desarrollar urbanísticamente el municipio de Guillena".



* ABC - 25.11.11
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info

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Las primeras cinco familias entran a vivir en un edificio ocupado de Barcelona

20MINUTOS* : Las primeras cinco familias han entrado a vivir este viernes en el edificio de viviendas, hasta ahora vacías, de la calle Hostafracs, un bloque que fue ocupado la semana pasada por el movimiento del 15M con el fin de dar cobijo a personas en paro y desahuciadas de sus casas.
"Desde hoy se convierten en nuestros vecinos", ha celebrado un portavoz del movimiento 15M de la Asamblea Plaza de Sants, Ferran Aguiló, en una conferencia de prensa en la que estaban presentes las familias que habitarán el inmueble.
Ante la previsión de que llegue la semana que viene la denuncia que ha presentado la propietaria del edificio, Aguiló ha pedido a la justicia y a la administración que "se respete el derecho a la vivienda". Para el portavoz del 15M, las ocupaciones de edificios vacíos para darles un uso social no se debería penalizar.

El movimiento del 15M justifica la ocupación porque, según Aguiló, los poderes políticos no actúan contra la "emergencia social" que supone que, en Cataluña, haya habido 18.000 desahucios desde 2008, cuando existen unas 50.000 viviendas vacías.

El inmueble de Hostafrancs, en el que no ha habitado nunca nadie hasta la fecha, fue construido hace tres años por Nyala 2000, una inmobiliaria que quebró y fue absorbida por la entidad Sa Nostra. En el bloque, situado en los números del 1 al 3 de la calle Hostafrancs, vivirán un total de doce unidades familiares.

Una de las nuevas inquilinas ha explicado que no le dieron un piso de protección oficial donde alojarse con sus dos hijos pequeños (de 4 meses y 3 años) y su marido, después de ser desahuciados y que tuvo que vivir en el domicilio de su suegra, en el que, en total, convivían siete personas en un espacio de 35 metros cuadrados


* 20 MInutos - EFE - 25.11.11
Foto: 'Flashmob' en la plaza de Sant Jaume de Barcelona bajo el lema "Todos somos ciudadanos. Nadie sin hogar". (ANDREU DALMAU / EFE)

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Galicia.- La Caixa dedicó el 30% de su obra social a inversiones inmobiliarias

ELPAÍS* : Pronto desaparecerá todo rastro de la caja de ahorros en Galicia. La Xunta acelera el proyecto de ley para transformarla en una "fundación de carácter especial", según lo expresado hoy por el director de Política Financiera, Manuel Galdo. Esa norma permitirá que NCG no esté sometida a las mismas obligaciones contables que tiene hoy como caja, sino que "se simplificarán", dado que ya no gestiona el negocio bancario. Sin ocultar su rechazo a la valoración que el Banco de España realizó sobre los activos de la entidad, una decisión que redujo a la mínima expresión el peso de Novacaixagalicia en el banco-, Galdo explicó en la comisión parlamentaria de Presupuestos que esta fórmula es la más adecuada para el futuro de la entidad que ahora gestiona la Obra Social. "De los 96 edificios que tiene, 15 no están en uso", afirmó, a modo de recordatorio de las enormes inversiones en ladrillo que tanto Caixa Galicia como Caixanova desplegaron en la última década para sustentar su labor, que supuestamente debería haber sido más asistencial. "El 30% de la inversión de la Obra Social estaba dedicada a activos inmobiliarios".

Repitiendo los argumentos que más de una vez ha usado la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, Galdo insistió en que la culpa de la privatización de la caja la ha tenido el Gobierno, con el decreto de recapitalización del pasado febrero que obligó a las cajas en dificultades a elevar su solvencia. También recordó que alguna de ellas (Caixa Galicia) llegó a crecer en un solo ejercicio "un 50% sin que el supervisor dijese nada".

Por la mañana, Novagalicia Banco celebró en Vigo su tercer consejo de administración presidido por José María Castellano. Siguiendo el calendario que pactaron hace un mes, los copresidentes de la caja de ahorros gallega, Mauro Varela y Julio Fernández Gayoso, presentaron su carta de renuncia. Hasta diciembre no serán sustituidos.


* El País - MARÍA FERNÁNDEZ - Vigo - 25/11/2011
Foto: Galicia, caixa- caixa

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El placer de las ciudades

MARTA ROMÁN RIVAS* : No hay placer urbano en la ciudad aséptica y limpia de la primacía económica, aunque ésta tenga grandes parques y anchas calles. No hay placer en las bajas densidades, como las grandes promociones de adosados que no permiten la diversidad y la mezcla. No hay placer en la zonificación que separa y segrega los usos y a quienes tenemos la vida mezclada nos rompe. Tampoco hay placer en la urbanización sin límites que nos hace invertir horas en transporte para alcanzar cualquier lugar. Un espacio pensado para producir, transitar y consumir tal vez funcione para quienes se asemejan a ese ciudadano-tipo para los que han sido creados, para el resto es un desastre. Es decir, para todos, pues nadie cumple toda su vida con ese canon.
Igual que no hay mujeres frígidas sino amantes torpes, también nuestras ciudades, ese milagro colectivo al que hay que mimar, se han visto asaltadas por intervenciones urbanísticas que en vez de amar y explorar su complejidad, su diversidad, sus entresijos, su riqueza urbana, se han empeñado en cambiar este cuerpo vibrante y creativo, por otro normalizado, reglado y previsible.
Como escribe Jordi Borja (5) “no hay crisis de ciudad ni la ciudad es la generadora de graves problemas sociales. En todo caso si la ciudad no cumple es porque hay urbanización sin ciudad. El problema es la no ciudad, no la ciudad”. Tenemos que tenerlo muy claro, igual que nosotras no somos el problema, la ciudad tampoco lo es.

La conocida sexóloga americana, Shere Hite (1), explica en un artículo que la idea socialmente extendida de la existencia de un centro de placer en el interior de la vagina, el famoso “punto g”, no se corresponde con las vivencias y experiencias de millones de mujeres de todo el planeta. El problema no es sólo dirigir la búsqueda en una dirección incorrecta y que las mujeres no obtengan el placer, sino distorsionar la percepción que las mujeres tienen de su propio cuerpo. Como cita la autora,“ la sociedad ha condenado a las mujeres, como si sus sensaciones estuvieran equivocadas y no fueran las debidas”. Aunque Freud sabía que las mujeres encuentran el placer más fácilmente a través de la estimulación externa, sus teorías redundaban en la idea de que las mujeres no se comportaban correctamente y se debían “adaptar”, “madurar” y “crecer”, consiguiendo con sus ideas culpabilizar y negar la sexualidad femenina.

¿Qué tiene que ver “el punto g” con el urbanismo? Casi en la misma época en que Freud está definiendo cómo debía responder el cuerpo de las mujeres, el “Urbanista Rey” (2 ) Le Corbusier (3) está desarrollando su teoría de las proporciones en la construcción. Extasiado por el progreso técnico, asimila el cuerpo humano con las máquinas y plantea que “los hombres están hechos con el mismo molde desde las épocas más lejanas que conocemos (…) toda la máquina tiene por base el esqueleto, el sistema nervioso y el sistema circulatorio; y así es para cualquiera de nosotros, exactamente y sin excepción. Estas necesidades son tipo, es decir que todos tenemos las mismas.” Bajo esta concepción del cuerpo humano y sus necesidades llega a definir un habitante-tipo, un modelo humano único, que alcanza 1,829 metros de estatura, y que será el patrón a partir del cual se conciban los espacios construidos. Un modelo de habitante al que muchas personas, la mayoría, no se asemejarán jamás.

Tanto en el caso de Freud como de Le Corbusier, quienes están hablando de sexo o de ciudad representan una autoridad máxima en su materia. Pensadores que, aunque cuestionados o debatidos posteriormente, han sentado las bases de sus respectivas disciplinas y han contribuido al legado cultural del siglo XX. Y resulta que ambos omiten o niegan la fisiología, la experiencia y las necesidades de las mujeres o convienen que ésta es errónea. Por ello, es lógico que las mujeres hayamos vivido nuestro cuerpo como si de un extraño se tratase -ya que no se comporta como decían los expertos que debía hacerlo- y vivamos como extranjeras en un espacio urbano inadecuado -ya que no encajamos en ese molde de ciudadano sobre el que se construyen nuestras casas y ciudades-.

Jane Jacobs 4 con su magnífica obra “Muerte y vida de las grandes ciudades americanas” nos ayuda a entender la posición de los urbanistas con respecto a la ciudad y las distorsiones que han generado en ellas. Esta autora plantea que los urbanistas tanto conservadores como progresistas se caracterizan por un rasgo esencial: odian a las ciudades y, como tal, se enfrentan a ellas como reformadores sociales. Al igual que Freud se enfrenta a lo que él denomina “el enigma de la naturaleza femenina” y asume a la mujer como anomalía, como cuestión, como curiosidad, como problema social que debía resolverse, los urbanistas se enfrentan a las antiguas ciudades orgánicas, bulliciosas y densas, también como problema, porque las conciben como espacios desordenados, caóticos y sucios. Su ideal es poner orden en ese aparente caos y crear espacios limpios, luminosos, ventilados, higiénicos y geométricos que se comporten “como deben”, sin darse cuenta que estas intervenciones muchas veces lo que hacen es convertir las ciudades en frígidas. El cuerpo de cada ciudad tiene sus propias reglas de salud, placer y belleza, equilibrios sutiles que se pueden dañar si se les imponen normas universales o planteamientos “freudianos” como lo que manifiesta el urbanista francés: “La recta es también sana para el alma de las ciudades, la curva es ruinosa, difícil y peligrosa; paraliza”.

Freud y Le Corbusier realizan un ejercicio supremo de poder al considerar que la imagen que tienen de la realidad es la que se acerca a la norma universal y, por ello, se pueden permitir el lujo de creer en su propia idea transformadora. Mientras unos centran la atención en la búsqueda infructuosa del “punto g”, alterando la forma de relación y las vivencias de millones de mujeres, la intervención en las ciudades se hace con la misma falta de cuidado ante la diversidad y ante la complejidad del fenómeno urbano. El fondo de la cuestión no es que los métodos de análisis y de aproximación sean inadecuados, lo plantean como inadecuado es el propio sujeto: la mujer o la ciudad misma que no se asemeja a “la norma”.

Jane Jacobs, en la obra anteriormente citada, plantea la situación concreta de un barrio de Boston lleno de vida, North End, pero que por sus características de población de renta baja, por la inmigración y por la densidad elevada, es considerado por los urbanistas como un barrio a extinguir. Reconstruye una charla con un planificador local que conoce por propia experiencia lo agradable que es pasear por sus calles e, incluso, comenta los logros sociales de esa zona donde hay menos delincuencia que en ningún otro lugar y cuya mortalidad infantil es la más baja de todo Boston. Aún así, el planificador sigue reiterando que es un barrio urbanísticamente mal concebido por la densidad, la falta de espacios libres o la calidad de la vivienda y predomina su visión de urbanista antes que su propia experiencia como ciudadano.

Es precisamente en esa mezcla de usos, en la yuxtaposición, en la proximidad, en ese desorden aparente, donde las mujeres podemos encontrar un lugar adecuado para desarrollar nuestra vida, justo en los espacios que muchos teóricos detestan. Lugares donde poder tejer relaciones sociales, donde es posible compatibilizar tiempos y espacios y donde hay una mayor densidad de servicios de todo tipo.

Al igual que si seguimos a la búsqueda del “punto g” en nuestras relaciones íntimas, tenemos más garantizada la frustración que de placer, el punto “g” de las ciudades tampoco está donde nos han dicho. No hay placer urbano en la ciudad aséptica y limpia de la primacía económica, aunque ésta tenga grandes parques y anchas calles. No hay placer en las bajas densidades, como las grandes promociones de adosados que no permiten la diversidad y la mezcla. No hay placer en la zonificación que separa y segrega los usos y a quienes tenemos la vida mezclada nos rompe. Tampoco hay placer en la urbanización sin límites que nos hace invertir horas en transporte para alcanzar cualquier lugar. Un espacio pensado para producir, transitar y consumir tal vez funcione para quienes se asemejan a ese ciudadano-tipo para los que han sido creados, para el resto es un desastre. Es decir, para todos, pues nadie cumple toda su vida con ese canon.

Igual que no hay mujeres frígidas sino amantes torpes, también nuestras ciudades, ese milagro colectivo al que hay que mimar, se han visto asaltadas por intervenciones urbanísticas que en vez de amar y explorar su complejidad, su diversidad, sus entresijos, su riqueza urbana, se han empeñado en cambiar este cuerpo vibrante y creativo, por otro normalizado, reglado y previsible.

Como escribe Jordi Borja (5) “no hay crisis de ciudad ni la ciudad es la generadora de graves problemas sociales. En todo caso si la ciudad no cumple es porque hay urbanización sin ciudad. El problema es la no ciudad, no la ciudad”. Tenemos que tenerlo muy claro, igual que nosotras no somos el problema, la ciudad tampoco lo es.

* Marta Román Rivas Geógrafa Julio de 2005

* Publicado en la revista ARTECONTEXTO – Número 8. Otoño 2005.
1 Shere Hite. El País – EPS marzo 2001.
2 Françoise Choay « El urbanismo. Utopías y realidades » Lumen (1970)
3 Le Corbusier, «Propos d’urbanisme » (1946)
4 Jane Jacobs “The Death and life of Great American Cities”. Random House. New York. (1961)
5 Jordi Borja “La ciudad conquistada” Alianza. (2003)


* Plataforma PAH Valencia - 11.11.11

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La Xunta defiende el fichaje de un promotor como jefe de Urbanismo

ELPAÍS/Pontevedra* : Con meses de retraso llegó ayer al Parlamento la polémica por el nombramiento como jefe de la Consellería de Territorio en Pontevedra de José Luis Díez Yáñez, exapoderado de una promotora inmobiliaria vinculada a la red Gürtel que aún pleitea con el Ayuntamiento de Sanxenxo por un negocio fallido para construir una urbanización de lujo sin viviendas públicas. El fichaje fue defendido por la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, que no vio problema en que alguien que trabajó para 14 promotoras pasase al poco tiempo a ser garante de la legalidad urbanística. Al contrario, la circunstancia le parece deseable. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", leyó.

El asunto se debatió en la comisión de ordenación territorial del Parlamento a instancias del diputado nacionalista Bieito Lobeira, que partió del caso específico de Díez para criticar el estrecho vínculo entre el urbanismo de Sanxenxo y la consellería que dirige Agustín Hernández. La propia Rivas fue gerente de Urbanismo del municipio costero en la época de Telmo Martín, y un asesor de Hernández, José Luis Narbón -uno de las artífices de la normativa territorial en tiempos de José Cuiña-, es responsable de un bufete que defiende a infractores urbanísticos, por un lado, y al propio Ayuntamiento de Sanxenxo por otro, al que en cuatro años cobró más de 345.000 euros en minutas judiciales. "Sanxenxo es una escuela de formación para cargos del PP en materia de urbanismo", cargó Lobeira, que pidió el cese de Díez.

La cuestión no era plantear la legalidad de los nombramientos, que el diputado del BNG no puso en duda, sino su ética. Díez Yáñez fue director de relaciones institucionales de Sedesa, empresa vinculada al caso Gürtel de presunta financiación ilegal del PP. Entre las 12 compañías relacionadas con Sedesa en las que estuvo empleado, fue apoderado de Mirador de Sanxenxo, una promotora que pactó con el Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés, con Martín de alcalde y Rivas de gerente de Urbanismo, pagar al consistorio 4,8 millones de euros para eludir la obligación de construir viviendas de protección oficial en una urbanización en Monte Faro con 1.330 viviendas de lujo.

El acuerdo se vio frustrado por los requisitos extra que instauró el bipartito. Díez Yáñez trató de recuperar el montante ingresado para la empresa, por lo que firmó personalmente un recurso de reposición contra el Ayuntamiento. El conflicto siguió en el juzgado. Un año después de rubricar el recurso, fue nombrado jefe territorial, cargo que lleva aparejado el de presidente de la comisión provincial del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Sustituyó en el puesto a Evaristo Juncal, que cesó tras desvelar EL PAÍS sus negocios con testaferros de narcotraficantes. "Los cargos de responsabilidad en un Gobierno no deberían estar vinculados a actividades privadas recientes en el mismo ámbito en que ejercen responsabilidad política en la actualidad", reprochó Lobeira.

En su respuesta, Rivas recordó la tramitación del acuerdo inicial entre el Ayuntamiento y la promotora, insistiendo en su legalidad. También quiso sacar pecho por la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo, del que destacó que el Ayuntamiento ha ganado todos los pleitos en su contra menos uno. Olvidó decir que el trasiego judicial de la norma le ha costado a las arcas locales más de 900.000 euros, según las propias cuentas municipales. Lobeira le reprochó que fuese ella la encargada de responder a una pregunta que afectaba a su gestión. "Es una versión de parte", protestó. Después llamó a "terminar con la impunidad del PP en Sanxenxo y en Galicia para asumir como normal este tiempo de procesos".

Rivas se ciño de entrada a la legalidad del nombramiento. "No incurre en incompatibilidades. Renunció en acta notarial a los apoderamientos que ostentaba en la empresa privada". Y deslizó una acusación al propio BNG. "El acceso a puestos directivos desde el sector privado no es nuevo, como tampoco el camino inverso y cualquiera que sea el color político, como ustedes saben".


* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 26/11/2011
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Madrid.- 15 'okupas' se instalan en un bloque de viviendas abandonado

ELPAÍS* : Un grupo de unos 15 okupas se han instalado hoy en un nuevo bloque de viviendas abandonado ubicado en el nº11 de la calle Concepción Jerónima de la capital, entre Tirso de Molina y la calle Carretas. El edificio, que desde fuera parece estar reformado y en bastante buen estado (además de con materiales de calidad, la puerta, de madera maciza, es moderna).
El edificio ha sido ocupado durante la noche, ha confirmado a Efe una de las personas que se encuentran en el interior de este inmueble de cinco plantas y 28 viviendas. El nuevo espacio tiene como objetivo, según han explicado, realojar a familias madrileñas que se han quedado sin vivienda porque han sido desahuciadas. El bloque de pisos, conocido en el barrio por su fachada rosa, está abandonado desde hace años.

Sus nuevos ocupantes tienen la puerta cerrada a cal y canto y algunos de ellos se encuentran asomados a los numerosos balcones del edificio, muchos de ellos con la cara cubierta por pañuelos u otras prendas. "Tomamos lo que el Gobierno nos niega", reza una de las pancartas que han colgado de las ventanas. Otras son Okupar es la solución y No os da vergüenza echar a gente a la calle.

Una mujer ha asegurado desde dentro que "han liberado este espacio" para que vivan personas desahuciadas y ha matizado que están "relacionados con el Hotel Madrid (de la calle Carretas)" pero que emprenden esta acción "a título individual". En la cuenta de Twitter de Hotel Madrid informan de "una nueva liberación en la calle Concepción Jerónima 11". "Necesitan ayuda!!!!", añaden. Varias personas pertenecientes a la Oficina de vivienda 15-M y del Hotel Madrid consultadas por este periódico no tenían conocimiento de esta nueva okupación.

Se trata de la segunda okupación que surge de este grupo en poco más de un mes. El domingo pasado anunciaron que se han instalado junto a 16 familias en el número 33 de Corredera Baja de San Pablo, en Malasaña.

La entrada de los Cines Madrid, tapiada para evitar la 'okupación'
La entrada de los Cines Madrid, ubicados en la plaza del Carmen, en el centro de la capital, se encuentra tapiada por un muro de ladrillos con el objetivo de evitar la okupación de este espacio cerrado desde hace casi 10 años. Según fuentes de la empresa que gestiona este espacio, Deportes y Espectáculos S.A., con sede en San Sebastián, la entrada por la plaza del Carmen ha sido bloqueada tras conocerse "en prensa" de que el cine "era objetivo" de las okupaciones que se están realizando en las últimas semanas en el centro de Madrid.

Los cines están cerrados a raíz de un ERE en 2004, según han señalado desde la empresa, si bien han asegurado que el espacio no se encuentra abandonado. Una trabajador de la empresa acude al establecimiento diariamente para acondicionar el espacio y limpiar los alrededores, al ser un lugar que ocupan de forma habitual indigentes de la zona. Asimismo, los cines siguen contando con tomas de luz y agua.

La empresa planea reabrirlo del año que viene con una explotación mixta que pudiera combinar salas de cine y un hotel con unas seis habitacines, por ejemplo, o incluso viviendas. Mientras tanto, y para evitar que sea okupado, se baraja alquilarlo para actividades de ocio audiovisual.


* El País - C. PÉREZ-LANZAC / AGENCIAS - Madrid - 25/11/2011
Foto: Varios okupas se asuman a las ventanas del bloque "liberado" en la calle Concepción Jerónima de Madrid.- elpais

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