Imputan al alcalde de Chella por un posible delito contra la ordenación del territorio

LEVANTE/Valencia* : El alcalde de Chella, Pablo Seguí, del PSPV, deberá comparecer el próximo miércoles en un juzgado de Xàtiva. Lo hará en calidad de representante municipal como imputado por las presuntas irregularidades detectadas en las obras del PAI Carlos Fabra. Se le atribuyen presuntos delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y el patrimonio histórico de la localidad.
Once son las familias que se consideran agraviadas por unas actuaciones urbanísticas que comenzaron en 2008. Desde entonces, los afectados han interpuesto varios contenciosos, aunque ninguno había prosperado hasta ahora. Su inclusión en el PAI -pese a estar ya residiendo en la zona y disponer de las cédulas de habitabilidad pertinentes- les supuso volver a desembolsar unos costes de urbanización ya abonados en su momento, denuncian.

Tal como indica un informe de la policía judicial, el consistorio podría haber cobrado esos costes a riesgo de incurrir en un posible delito. También se dictan irregularidades en la consignación de las facturas de obra, efectuadas por Segogar. Los vecinos acusan a la mercantil de incluir partidas de material inexistentes en los trabajos efectuados hasta ahora.

Otro de los aspectos que aborda la investigación judicial es la posibilidad de que Segogar comenzara las obras sin contar con los permisos oportunos. Los trabajos deberían haber sido ejecutados definitivamente a finales de 2009. Sin embargo, el incumplimiento de plazos y la posterior reanudación de las obras habría provocado unos sobrecostes de 34.000 euros, que los vecinos han tenido que pagar de su bolsillo.
"Llevamos ya abonados más de 60.000 euros desde que comenzó el proceso", lamenta uno de los afectados. "Y Lo peor es que no nos ha reportado ningún beneficio: tenemos los mismos servicios que antes de que empezaran las obras", afirman. La justicia también investiga la legalidad del desmonte provocado por el PAI, que comportó la sustracción de 2.000 metros de la montaña situada al fondo de la urbanización. "Es un delito ecológico. Cuando compramos la casa había un paisaje inmejorable que nos han robado", denuncian los vecinos. Las obras hoy aún continúan.

"No hemos cometido
ningún delito"
"Estoy muy tranquilo. Somos un ayuntamiento honrado y no hemos cometido ningún delito". El alcalde de Chella, Pablo Seguí, realizaba ayer esas declaraciones tras conocer la noticia de su imputación por presuntos delitos urbanísticos. El primer edil socialista indica que "el PAI responde coma por coma a lo que dicta el PGOU aprobado en 2001 por el PP y ratificado por la Conselleria" y manifiesta que la ejecución de las obras "se ha hecho conforme al Plan General", explicó ayer. El primer edil niega que las facturas de los trabajos incluyan partidas inexistentes, como denuncian los vecinos, e indica que "lo importante es la liquidación definitiva. Una vez acaben las obras se cobrará únicamente por los trabajos realizados", señala. Seguí, además, asegura que existe un "trasfondo político" en su imputación, que se produce cuando falta poco más de un mes para las municipales.


* Levante - 21.04.11
Foto: Chella (Valencia) - forociudad

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Ciutadella.- La juez imputa también a la diputada autonómica A.Gener en el ‘caso Citur’

ÚLTIMAHORA/Menorca* : Tras tres intensos meses de instrucción, el juzgado nº2 de Ciutadella levantó ayer el secreto de sumario que pesaba sobre el caso Citur y duplicó el número de imputados en el presunto amaño de concursos públicos desde el área de Turisme del Ajuntament que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Entre los presuntos responsables figura ya la actual diputada autonómica, concejal y secretaria general del PP menorquín, Antònia Gener Bosch, a quien la juez instructora, Raquel Martínez, ha citado a declarar el próximo jueves 5 de mayo. La imputación de Gener, que se añade a la ya conocida de sus excompañeros de gobierno Llorenç Brondo, Avel·lí Casasnovas, Gabriel Cardona y Antònia Salord, era un secreto a voces en el entorno de la investigación desde que, el pasado 29 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción registró las dependencias municipales. Curiosamente, Gener renunció hace diez días a concurrir como nº2 de la candidatura del PP al Consell insular alegando «motivos personales».

Además de Gener, la juez Martínez también imputa presuntos ilícitos penales a seis funcionarios, a los que ha citado a declarar en una doble sesión de comparecencias los días 5 y 6 de mayo. Se trata -tal como ya había adelantado Ultima Hora Menorca-del secretario de la corporación, Santiago Saura Pradas; la secretaria accidental, Ester Allés Coll; el asesor jurídico responsable del área de contratación, José María Simón Chueca; el director del área de Medi Ambient, Xavier Cardona Capella; la coordinadora de Turisme, Soledad Navarro Mercader; y la funcionaria Teresa Bagur Capó.

Asimismo, la juez instructora ha imputado a la exarquitecto municipal María Antonia Castro, contratada como cargo de confianza por el anterior gobierno del PP y que fue cesada fulminantemente de sus funciones con la llegada a la alcaldía de la socialista Pilar Carbonero. Se da la circunstancia de que Castro ya está imputada por el ‘caso de las ratas' y deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

El empresario menorquín Manel Mercadal, detenido en primera instancia por la Policía Judicial, el empresario y exgerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de Ciutadella, Javier Liy, el ingeniero mallorquín Daniel Aguiló Ferretjans y los técnicos externos José Manuel Urós Gallego, Miguel Ángel Mayol Amengual y Gisela Loran Benavent (Taller d'Enginyeria Ambiental) han sido igualmente imputados en la causa. Estos tres últimos y el funcionario Xavier Cardona deberán testificar mediante exhorto, al igual que la actual gerente del PDPT de Ciutadella, Lisa Valcepina; y el empresario Antonio Jorge Peña, que lo harán en calidad de testigos.

También han sido citados el 6 de mayo a declarar como testigos, el concejal de UPCM, Joan Triay, quien interpuso la querella que ha dado lugar a la investigación judicial; y el informático del Ajuntament de Ciutadella, Jordi Anglada, quien colaboró activamente con los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán durante las largas sesiones de intenso registro al consistorio.


* Última Hora Menorca - 19.04.11
Foto: Gener vuelve al Juzgado. El 5 de mayo declarará como imputada en la llamada ‘Operación Xoriguer’. El 14 de septiembre de 2006 ya tuvo que dar cuentas, aunque entonces en calidad de testigo, por su participación en la operación de permuta del ‘caso de las ratas’. - ultimahora (archivo)

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La alcaldesa de Manilva ignoró la ley al contratar obras con sus empresas

ELPAÍS/Málaga* : La intervención municipal de Manilva (11.000 habitantes) avisó a su alcaldesa Antonia Muñoz (IU) al menos en dos ocasiones de que no podía pagar facturas a la empresa Muebles y Decoración Valentín SL., de la que ella misma es administradora, porque incumpliría la ley de contratos del sector público. Así consta en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que se alerta de que, al proponer el pago de 41.733 euros en facturas a esta sociedad, se está incumpliendo el artículo 49.1 de esta ley, en el que se aborda las prohibiciones para contratar. Estas apreciaciones figuran en el margen de un listado de facturas que, según fuentes consultadas, se incluyó en el orden del día de una junta de gobierno local. Los albaranes se emitieron el 29 de noviembre de 2010 y según otro informe de la intervención se dieron por buenos el 21 de febrero de 2011. Cuatro de ellos, que suman 7.740 euros, constan como pagados.

El juzgado número 5 de Estepona (Málaga) investiga una serie de supuestas irregularidades en la contratación de personal, obras y servicios de la localidad. Entre ellas figura la facturación de 666.965 euros a tres empresas vinculadas con la alcaldesa, certificada recientemente por el secretario municipal. La jueza Isabel Conejo, instructora del caso, ha imputado a la regidora por delitos contra la integridad de la Administración pública.

El secretario municipal ha remitido a la juez un listado de 91 facturas entre las que hay tres emitidas por la Carpintería Valentín, administrada por el esposo de la regidora; 40 de muebles y Decoración Valentín S. L., a cuyo frente figuran ambos esposos; y las 48 restantes pertenecen a Excavaciones Salvador González Vázquez S. L., propiedad de un primo hermano de la regidora y que acumula 479.067 euros en pagos.

El secretario asegura en su escrito que en 33 contratos no superiores a 3.000 euros "no está acreditada la realización de publicidad, ni de libre concurrencia, ni la existencia de criterios de selección". De hecho, en esos casos, no existe un expediente ni procedimiento administrativo anterior a la presentación final de la factura.

El Partido Popular, personado en la causa abierta contra la regidora manilveña, aseguró ayer que el montante supuestamente facturado por las empresas vinculadas a Muñoz asciende a 1,1 millones de euros. Entre las personas "favorecidas" por la regidora, según el portavoz municipal popular, Francisco Miguel Álvarez, figuran no solo las sociedades de familiares directos de la alcaldesa sino también empresas de amigos suyos, así como las de otros concejales del municipio costasoleño.

Según la vicesecretaria provincial del PP, Margarita del Cid, estas irregularidades denotan que el equipo de gobierno de Izquierda Unida es protagonista de una presunta red de tratos de favor, del que, además, "el PSOE [socio de IU] ha sido cómplice, porque está callado en todo este procedimiento y con el silencio avala la actuación de la alcaldesa".

El portavoz del PP en el municipio aseguró que la empresa Muebles y Decoración Valentín, de la que es administradora la regidora, ha llegado a facturar 174.513,36 euros en estos últimos cuatro años sin que se haya podido acreditar "la relación de publicidad ni de libre concurrencia" de los contratos. También precisó que el pasado 21 de febrero Muñoz "aprobó una factura y se concedió el abono de más de 68.800 euros" en una junta de gobierno local. Dos de las facturas corresponden a 10.300 euros en madera para quemar en las fiestas de San Juan en 2009 y 2010.

Asimismo, Álvarez detalló que, como consecuencia de unas inundaciones en el municipio, se realizaron, por vía de urgencia, una serie de pagos a empresas vinculadas a familiares y amigos del equipo de gobierno de Manilva. Una de estas sociedades, que facturó por decreto de la alcaldía 24.655 euros, pertenece, según el edil popular, a un cargo de confianza de IU en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).


* El País - 21.04.11
Foto: Manilva (Málaga) - elpais

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Arahal.- La Fiscalía denuncia a un edil por hacerse un rancho en suelo rústico

DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Urbanismo ha presentado en los juzgados de Marchena, después de un año de investigaciones, una denuncia contra el concejal del Partido Socialista Independiente (PSI) de Arahal Manuel Rodríguez Lobato, al que atribuye presuntamente un delito contra la ordenación del territorio por haber construido un rancho con una vivienda de 142,54 metros cuadrados en zona catalogada como suelo urbanizable y donde no es posible construir. La denuncia de la Fiscalía se dirige también contra la esposa de Manuel Rodríguez Lobato, concejal de Hacienda y Obras Públicas en el Ayuntamiento de Arahal, y contra el edil de Urbanismo, Manuel Bravo García, así como contra tres arquitectos municipales y el secretario del Ayuntamiento por haber informado favorablemente a la concesión de la licencias para la construcción de la vivienda.

El caso fue denunciado por el candidato del PSOE, Fernando Chaves, hermano del vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, quien recientemente fue procesado por un delito de injurias y revelación de secretos por haber difundido en los boletines de su partido informaciones relacionadas con la casa de campo del concejal independiente.

La Fiscalía de Medio Ambiente asegura en la denuncia remitida ahora a los juzgados que las edificaciones realizadas por el edil de Hacienda Manuel Rodríguez Lobato "resultan del todo ilegalizables, al ser contrarias al planeamiento urbanístico" porque se encuentran en un suelo catalogado como no urbanizable y no cuentan con "causa alguna de justificación que permitan su autorización por ser ajena a una explotación agrícola, conforme a su volumetría, apariencia y uso realmente otorgado".

El Ministerio Público entiende que se trata de una amplia obra constructiva, "integrada por un complejo en torno a una vivienda residencial dotada de todos los servicios y destinada principalmente como casa solariega y para uso propio y de recreo".

La denuncia sostiene que el concejal Manuel Rodríguez Lobato aprovechó el "conocimiento y relación" con su compañero de partido, el también concejal de Urbanismo, Manuel Bravo García, para "conseguir la legalización y aparentar que las obras promovidas eran conformes a las normativas municipales de planeamiento urbanístico". Con el concierto de ambos concejales, iniciaron los trámites para la construcción de una "nave de aperos" el 17 de marzo de 2008, licencia que fue concedida por un decreto del concejal de Urbanismo, que también aprobó otras licencias para la construcción de la vivienda para el "personal encargado de la vigilancia".

Las licencias solicitadas por el concejal fueron realizadas, según el Ministerio Público, para "disimular la envergadura del proyecto constructivo y del verdadero destino a uso de vivienda residencial", lo que propició que "se le diera a los correspondientes expedientes urbanísticos trámite distinto al legalmente establecido para las autorizaciones de edificaciones vinculadas a explotación agrícola, industrial o turística del suelo".

La inspección ocular constató que se trata de una vivienda destinada a un uso residencial, que cuenta con una distribución interior de salón, cocina y baño en la planta baja, además de otro salón de grandes dimensiones, y en el segundo piso tres dormitorios y otro cuarto de baño.

La Fiscalía concluye que las licencias concedidas son "manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico" y se otorgaron para "dar apariencia de una ficticia legalidad que ocultara la ilegalidad de la edificación y su otorgamiento con la finalidad de favorecer a los solicitantes por razones de relación personal". El fiscal ha pedido la declaración como imputados de los dos concejales, de los tres arquitectos municipales y del secretario.


* Diario de Sevilla - 21.04.11
Foto: El Arahal (Sevilla), rancho ilegal de edil - diariodesevilla.es

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Pájara.- Vecinos de La Pared denuncian al Ayuntamiento por «prevaricación»

CANARIAS7/Fuerteventura* : Un grupo de vecinos de una urbanización de La Pared presentó ayer una denuncia contra el Ayuntamiento de Pájara «por un presunto delito de prevaricación». Exigen al Consistorio que disuelva la junta de compensación de la urbanización y que garantice los servicios mínimos (basura, alumbrado, etcétera) que marca la ley.
La asociación de vecinos Viejo Rey presentó ayer en los Juzgados de Puerto del Rosario una denuncia contra el Ayuntamiento de Pájara «por un presunto delito de prevaricación por no haber intervenido ni tomado parte en la situación de la urbanización de La Pared, que arrastra desde hace años problemas graves relacionados con el abastecimiento de agua, el alumbrado público, el asfaltado de las calles, la carencia de un sistema de depuración de aguas, etcétera».

Los vecinos afectados reclaman al Ayuntamiento de Pájara, en primer lugar, que restablezca la legalidad urbanística de sus inmuebles, esto es, «que disuelva la junta de compensación», entidad presidida por el promotor de la urbanización, con quien los denunciantes mantienen un enfrentamiento. En segundo lugar, los vecinos solicitan al Consistorio «que se haga cargo de los servicios mínimos que dicta la ley, como son el abastecimiento de agua, la depuración de agua, el alumbrado de las calles y el asfaltado de las calles».


Una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el plan general de 1998 y actualmente se encuentra vigente el planeamiento de 1989. Es por ello que muchas casas de la urbanización de La Pared se hallan en una situación de «desamparo legal», porque están fuera de ordenación a la espera de la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico. En este sentido, los vecinos aclaran que «todas las viviendas cuentan con licencia de obra del Ayuntamiento de Pájara, están legales, disponen de certificado de habitabilidad. Pagamos nuestros impuestos como cualquier ciudadano del municipio, pero no recibimos ningún tipo de servicio por parte del Ayuntamiento».
Un total de 200 familias residen en la urbanización afectada, aunque en la denuncia presentada ayer están implicados los propietarios de unos 60 inmuebles.


Según el alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, «existe una junta de compensación que funciona perfectamente y es la que debe solucionar los problemas». Perdomo añadió que a los vecinos «se les ha dicho cuál es el procedimiento en varias reuniones que hemos tenido con ellos».

Corte de agua inminente. El mayor problema de los vecinos de la urbanización de La Pared es que el Consorcio de Abastecimiento de Aguas (CAAF) está a punto de cortarles el agua por una deuda de más de 120.000 euros. Según los denunciantes, a pesar de que ellos pagan sus recibos a la junta de compensación, ésta no ingresa al Consorcio y por eso se ha acumulado la deuda. Los vecinos responsabilizan al Ayuntamiento de Pájara de la deuda, porque, «como órgano de control, tiene que controlar a la junta de compensación, pedir los libros de cuenta, etcétera, y nos consta que no lo está haciendo».


* Canarias 7 - 19.04.11
Foto: Pájara (Fuerteventura) - cannarias.com

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Dimite ministra chilena de Vivienda por escándalo de sobreprecio en obra vial

PADIGITAL/Santiago* : Un escándalo por el sobreprecio de una obra vial que implicaría una pérdida de 35 millones de dólares para el Estado, derivó en la renuncia de la ministra de Vivienda y Urbanismo chilena, Magdalena Matte.
Matte explicó que decidió “asumir la responsabilidad política” y evitar un conflicto innecesario. El gobierno anunció que su reemplazante será el ingeniero Rodrigo Pérez Mackenna, intendente (gobernador) de la Región de O"Higgins, en el sur. Matte estaba en el centro de la polémica desde que se conoció que en febrero detuvo el pago de $35 millones a la constructora Kodama, que ella misma había autorizado en enero, por considerarlo en su momento demasiado alto.

Además, envió los antecedentes al Ministerio Público para que determine si hubo algún ilícito en el acuerdo extrajudicial.

La constructora Kodama demandó al ministerio por unos $81 millones por el retraso en la construcción de un corredor vial por causas ajenas a la compañía. El monto final fue rebajado a $35 millones.


* PA Digital - EFE - 20.04.11
Foto: Santiago de Chile, vista general - condestino

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