Marbella.- La 'notitia criminis' llegó del juzgado

SUR/Málaga* : No era funcionario, ni concejal, ni alcalde, solo un empleado contratado. Sin embargo controlaba de manera «absoluta» desde su despacho en la empresa municipal Planeamiento 2000 el urbanismo de Marbella. Este fue el punto de partida para investigar al presunto cerebro del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, el hilo del que tirar que proporcionó el juez Miguel Ángel Torres a los reponsables policiales durante una reunión a la que les convocó un sábado por la mañana en su despacho del juzgado. Así lo explicó ayer ante el tribunal que juzga el caso uno de los inspectores de la Udyco que participaron en las pesquisas que destaparon la trama de corrupción urbanística. El policía intentó despejar las dudas que la abogada defensora de Roca sembró al preguntarle insistentemente sobre el momento preciso en que comenzó la investigación policial. Rocío Amigo trató de poner de manifiesto que las pesquisas pudieron no ajustarse a la legalidad y que incluso la policía ya investigaba a Roca antes de que se lo ordenara el juez instructor. «La 'notitia criminis' llega por parte del juzgado y por la declaración que el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Jorge González, hizo ante el juez», aseguró el inspector con contundencia ante las insinuaciones de la letrada.

El testigo relató de forma detallada el inicio de la investigación del 'caso Malaya': «El juez Miguel Ángel Torres nos citó a una reunión en su despacho, por lo especial de la investigación. Era sábado. Nos pidió especial sigilo por la complejidad del asunto y nos dio en mano el mandamiento de investigación en el que iba adjunta la declaración de Jorge González, en la que éste hablaba del poder de Roca en el Ayuntamiento». El mando policial agregó que Miguel Ángel Torres les puso al tanto de que había sido el redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, que finalmente no fue validado, que había muchos concejales imputados en delitos urbanísticos y que el sentido de sus votos en las comisiones de gobierno dependía de lo que se indicara desde la oficina de planeamiento que dirigía Roca, al que se le adjudicaba ya en aquel entonces un importante patrimonio.
Sospechas de cohecho
Rocío Amigo cuestionó al policía por qué se investigó por cohecho a Juan Antonio Roca cuando, según dijo, de la declaración de Jorge González se desprendían solo imputaciones por delitos contra la ordenación del territorio (urbanístico), prevaricación y tráfico de influencias. El testigo respondió que los investigadores llegaron a esa conclusión a partir de una serie de elementos.
«Roca no ocupaba cargo electo, ni era funcionario y controlaba el urbanismo de Marbella de forma absoluta y exhaustiva como si fuera el alcalde. Además tenía procedimientos judiciales abiertos, de hecho estaba en libertad bajo fianza por un delito grave como la malversación de caudales públicos ('caso Saqueo I')», dijo el policía. Añadió que «el juez nos informó de las imputaciones contra los concejales y de que algunos de éstos habían dicho que votaban lo que decía Roca, por lo que éste estaba usurpando la voluntad popular, lo cual es una cuestión de extrema gravedad, al menos para nosotros, no sé si para usted», apostilló el policía.
El resto de las preguntas de la abogada del principal imputado al agente se centraron deslegitimar las intervenciones telefónicas y los registros practicados durante la operación policial. El inspector en todo momento subrayó las «dificultades» para investigar a Roca, que disponía de un servicio de contra vigilancia como, a su juicio, se demostró más tarde con un informe, conocido como 'dossier Bernard', hallado durante el registro del trastero de su casa en el que figuraban datos privados de periodistas, promotores, abogados, como José María del Nido, así como de Julián Muñoz y otros ediles que se aliaron con él antes de la moción de censura de 2003.


* SUR - 27.04.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy


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Benaocaz.- La Fiscalía manda al juzgado la denuncia de las viviendas del Parral

LAVOZDIGITAL* : «La Fiscalía entiende que la construcción de un bloque de pisos en Benaocaz puede tener significación penal y traslada nuestra denuncia al juzgado de Ubrique». Así lo da a conocer Ecologistas en Acción después de que la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz les haya notificado que la denuncia que remitieron el pasado mes de octubre por la construcción de un bloque de 24 viviendas en la ladera del Parral de la localidad serrana «ha sido remitida al Juzgado de Ubrique para la incoación de las oportunas diligencias previas tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados». La organización proteccionista denunció ante la Fiscalía al exalcalde José Rafael Reyes Pérez (PSOE) por haber dado licencia de obras para la construcción de un bloque con altura y edificabilidad muy superior a lo permitido por las normas urbanísticas. La licencia fue otorgada por el entonces alcalde a pesar de los informes técnicos contrarios del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación que advertían que el proyecto incumplía las normas urbanísticas

Para los ecologistas el hecho «más grave» es que esta parcela era de propiedad municipal y estaba destina a la construcción de vivienda protegida. Razones que aseguran que no evitaron que Reyes la vendiera a Procicu S. L, para la construcción de viviendas de renta libre. Estas razones llevaron a la organización proteccionista a presentar la denuncia por considerar que se trataba de una resolución «injusta y, además, contraria a la legislación vigente».
A pesar de pedir responsabilidades a Reyes, Ecologistas en Acción entiende que puede haber también responsabilidades penales por parte de otros políticos que «a sabiendas de que se estaba construyendo este bloque ilegal, no actuaron». La organización recuerda que en enero de 2008 presentaron sendas denuncias -cuando el bloque estaba todavía en construcción- ante el director del parque natural -Miguel Ángel Maneiro-, la delegada de la Consejería de Obras Públicas -por entonces Silvia López, actual delegada de Medio Ambiente-, y el entonces presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Antonio Perales. «Ninguno de estos responsables públicos hizo nada, permitiendo la terminación de las obras», critican.
Satisfacción
La organización proteccionista, que muestra su satisfacción por la actuación de la Fiscalía, entiende que los responsables públicos mencionados pudieran haber incurrido sendos delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, prevaricación urbanística, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y fraude especial cometido por autoridad abusando de su cargo.
El alcalde popular Juan María Mangana (PP) dictó un Decreto suspendiendo los efectos de la licencia de obras, anulación que fue ratificada por sentencia de 6 de octubre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera número 1. No obstante recuerdan que «el edificio sigue en pie y el Ayuntamiento de Benaocaz, otra vez presidido por un alcalde socialista -Manuel Cabrera-, no ha emprendido acción alguna para restaurar la legalidad urbanística, reponer el terreno a su estado anterior y reclamar la titularidad pública de estos terrenos por haber sido la venta manifiestamente ilegal».


* La Voz Digital - 29.04.11
Foto: El edificio de la ladera Parral, que ha generado la denuncia de Ecologistas en Acción. :: LA VOZ

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Vall d´Uixó.- Los vecinos amplían la querella de Monte Zamora a los técnicos de urbanismo

LEVANTE/Castelló* : Los vecinos promotores de la denuncia por las presuntas construcciones irregulares en el Monte Zamora, de la Vall d´Uixó, han mostrado a Levante de Castelló su intención de «ampliar en breve plazo de tiempo la querella interpuesta en su día para que «abarque también al personal administrativo del área de urbanismo» del consistorio vallero. Los demandantes expusieron y justificaron esta decisión, puesto que «de las declaraciones que se han sucedido en los últimos días en los juzgados, nuestros abogados entienden que se ha apuntado cuestiones que atañen a los administrativos de la casa (ayuntamiento), especialmente por los temas relativos a los expedientes a las viviendas que se construyeron en un área no autorizada».
Primeras declaraciones. Cabe recordar que recientemente por los juzgados de Nules han pasado a prestar declaración ante el juez instructor diversos políticos valleros. Comparecieron como imputados tras una querella presentada por dos vecinas de la Vall d´Uixó, con propiedades sin construcción en la zona denominada Monte Zamora. Éstas consideran irregulares las «viviendas que se han construido en una zona urbana no programada».

Por ello, el juzgado número 4 de Nules llamó a declarar como imputados a los ex alcaldes Vicent Aparici y Josep Tur (PP y PSPV), así como a la actual alcaldesa Isabel Bonig.
También pasaron por los juzgados los exconcejales de urbanismo Alfonso López, Enrique Segarra, Olimpia Aznar, al igual que el actual, Óscar Clavell. También pasó el concejal popular José Villalba y una técnica municipal. Tras las declaraciones de todos ellos, ahora las denunciantes piensan bajar un escalón en su querella e «incluir al personal de la concejalía que pudiera haber tramitado los expedientes sobre aquellas construcciones».
Por otra parte, hasta el 13 de mayo está en exposición pública la modificación número 23 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Vall, que propone la regularización de las 25 viviendas construidas en dicho Monte Zamora, modificación en la que no están de acuerdo las denunciantes, que también son propietarias, y que están estudiando alegar pues consideran que hay un «agravio comparativo» entre las personas que han construido y las que «no lo hemos hecho, cumpliendo la Ley». Además, las denunciantes consideran que «siempre que se ha intentado normalizar la zona nunca se ha tenido en cuenta el desarrollo completo de toda el Área 5».
La semana pasada, el juzgado número 4 de Nules dio por finalizada la ronda de declaraciones de los alcaldes, concejales y ex ediles valleros. Y lo hizo poco después de oir el testimonio de la actual alcaldesa, Isabel Bonig. Todos ellos afectados por una presunta prevaricación urbanística en el Monte Zamora.
El juez citó a declarar el pasado mes de enero a Bonig y a sus antecesores Josep Tur y Vicent Aparici, por un supuesto delito al permitir unas obras que se tendrían que haber paralizado. La actual alcaldesa, que no quiso aclarar el sentido de sus declaraciones ante el juez, si que dejó claro su «total tranquilidad»..


* Levante - 26.04.11
Foto: La Vall d'Uixó (Castellón) - uv.es

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Madrid.- Las 13 "tonterías" de Aguirre

ELPAÍS* : La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Esperanza Aguirre, reconoció ayer que en las listas electorales de su partido en la región hay imputados. Sin embargo, la presidenta le restó importancia. "En mis listas hay gente que está imputada pero por tonterías, no por acusaciones", señaló en una entrevista en Antena 3. "No presumí de no tener imputados", quiso puntualizar Aguirre en la misma entrevista. Pero el pasado 15 de abril, el mismo día en que Aguirre pedía disculpas a los ciudadanos por la vinculación del PP con el Gürtel en algunos municipios, alardeó de su rapidez en apartar a los responsables. "El PP no se ha andado con componendas", recalcó. "Eso nos distingue del Partido Socialista, que tiene dirigentes condenados e imputados". La presidenta trata en los días previos a la campaña de sacudir el efecto negativo del caso Gürtel en Madrid recordando su determinación para echar a los corruptos. Pero la dirigente popular solo actúa cuando el asunto llega a los medios. En 2005 tuvo conocimiento a través de una publicación de la revista Interviú de los vínculos de su viceconsejero, Alberto López Viejo, en los negocios de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.

Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que la presidenta se limitó a preguntar al exdiputado popular sobre los negocios y este le aseguró que no había nada irregular. López Viejo repitió en la lista popular y fue designado consejero de Deportes hasta que estalló el Gürtel. El sumario del caso ha revelado que López Viejo cambió el nombre de las empresas a las que les adjudicaba contratos de forma irregular a raíz de aquello. Aguirre también fue informada sobre supuestas irregularidades en Boadilla, epicentro de la trama. Un concejal independiente del municipio remitió una carta advirtiendo de operaciones irregulares; varios funcionarios de Boadilla también remitieron otra misivia alertando de actuaciones irregulares en el Ayuntamiento. Pero Aguirre hizo oídos sordos y confirmó en 2007 a Arturo González Panero como alcalde. Ahora la presidenta incluye a 13 imputados en sus listas. Son los siguientes:

1. Íñigo Henríquez de Luna. Imputado por el caso Bécara, una ramificación del Guateque, el caso de concesión irregular de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. Henríquez de Luna es concejal en Madrid y ocupa un puesto destacado en la lista de Aguirre a la Asamblea regional. El juez del caso Guateque lo imputó tras recibir una denuncia de los propietarios de uno de los pisos del edificio donde el concejal autorizó la instalación de una tienda de decoración Bécara. El concejal del PP alegó que se trataba de una venganza de la familia por haberles cerrado un despacho profesional.

2. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas (110.080 habitantes). Imputado por un delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida a los funcionarios. El juez que instruye el caso observó indicios de delito tras una denuncia presentada por el PSOE, que alertaba de una operación de la Empresa Municipal de Vivienda de Alcobendas, por la que recompró dos fincas valoradas en 12 millones de euros por el doble de su valor.

3 y 4. Juan Ignacio Fernández Rubio, candidato del PP en Las Rozas (88.000 habitantes) y viceconsejero de Empleo de Madrid. Hasta hace un par de años fue alcalde de Guadarrama (15.000 vecinos), donde fue imputado por haber convertido un antiguo molino de piedra situado en terreno protegido en un restaurante de lujo, en el que tenía intereses. Por el mismo asunto también está imputado Miguel Rodríguez Bonilla, que repite en las listas del Ayuntamiento de Guadarrama. Era la mano derecha de Fernández Rubio cuando autorizaron el restaurante, donde también tenía intereses.

5. Raúl Pérez Vaquero. Candidato del PP en Coslada (91.218 habitantes). Imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos, ha evitado la cárcel tras pagar una fianza de 22.000 euros. Está procesado por no ejecutar una sentencia contra el jefe de policía de Coslada, Ginés Jiménez, que protagonizó el caso Bloque, de supuesta corrupción policial en el municipio.

6 y 7. Miriam Rabaneda. La candidata del PP y exalcaldesa de Pinto (42.445 habitantes) está imputada por un delito de prevaricación. Durante el breve periodo en el que estuvo al frente del Ayuntamiento -entre las elecciones de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2008, cuando se produjo una moción de censura-, ella y su hermana Tamara Rabaneda, exconcejal de Hacienda, que también está en la lista, autorizaron varios pagos que luego fueron reprobados por dudosa legalidad por los técnicos municipales.

8. Luis Partida. El alcalde de Villanueva de la Cañada (17.271 habitantes), que repetirá como candidato a la alcaldía, está imputado por el caso Porto, que acabó con la carrera política del anterior director de Urbanismo, Enrique Porto. Partida está acusado de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, por el desbloqueo del sector de Los Pocillos de su municipio, donde Porto tenía terrenos que luego revendió con notables plusvalías.

9, 10 y 11. Clara Torres Ruiz. Sobre la alcaldesa de Torres de la Alameda (7.896 habitantes) pesa una imputación por malversación de fondos públicos, al haber aprobado en el pleno subidas de sueldo a los trabajadores municipales supuestamente irregulares, ya que no existía partida presupuestaria ni consignación económica. Varios meses después, la decisión contó con un informe negativo de la Intervención Municipal. También están imputados los concejales del PP Ramón Polo y Manuel Tello, que también repiten en la lista.

12. Pilar Algovia Aparicio. El Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez citó a la alcaldesa de Colmenar de Oreja (8.397 habitantes) y al arquitecto municipal el pasado 18 de abril como imputados con letrado. La regidora está acusada por un delito urbanístico denunciado por Ecologistas en Acción, que supuso otorgar licencia para la construcción de una vivienda en zona verde.

13. Ana María Pinos. Alcaldesa de Belmonte del Tajo (1.488 habitantes), está imputada por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio por instalar una caseta de construcción en una zona protegida.


* El País - 28.04.11
Foto: Madrid, presentacion Gurtel en Presidencia Comunidad (archivo) - publico.es

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Paterna.- Detenidas 39 personas por una estafa inmobiliaria de cinco millones

ELPAÍS/Valencia* : Agentes de la policía nacional de Paterna han detenido a 39 personas -34 hombres y cinco mujeres- acusadas de participar en una estafa hipotecaria en esta localidad valenciana. El valor de lo defraudado asciende a más de cinco millones de euros. Los principales encausados, seis hombres, captaban a personas de pocos recursos para constituir hipotecas con documentación falsificada. Uno de los detenidos había sido el director de la sucursal bancaria implicada. Las investigaciones comenzaron en enero, a raíz de una operación policial anterior sobre préstamos hipotecarios en la que fueron detenidas 22 personas. Como consecuencia de dicha operación, los agentes averiguaron que un exdirector de una sucursal bancaria de Quart de Poblet podría estar implicado en la tramitación de hipotecas, presuntamente falsas, constituidas entre febrero de 2008 y mayo de 2009.

Los cabecillas de la trama captaban a personas de clase social media-baja con nulo poder adquisitivo a los que pagaban entre 100 y 3.000 euros, y confeccionaban documentación falsa a su nombre (nóminas, declaraciones de IRPF...) para obtener hipotecas de forma fraudulenta. La trama pagaba las primeras cuotas para enmascarar la estafa como una hipoteca impagada más, producto de la crisis. En unos casos las viviendas procedían de obras nuevas, cuyos promotores también estaban implicados.


* El País - 27.04.11
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es

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Oviedo y Elche son las ciudades más limpias de España y Badajoz y Jerez, las más sucias

20MINUTOS* : Oviedo y Elche son, al menos en opinión de sus vecinos, las ciudades más limpias de España, mientras que Badajoz y Jerez de la Frontera son las más sucias, según un estudio de la OCU que vuelve a establecer una diferencia clara entre el norte peninsular, más concienciado con la limpieza viaria, y el sur. Estas son algunas de las conclusiones del cuarto estudio -el primero data de 1995- que la Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado sobre la gestión de residuos y la limpieza viaria en 62 ciudades españolas, entre las que están todas las capitales de provincia y otras muy pobladas, y para el que se ha pedido opinión a una muestra representativa de 6.728 ciudadanos. El informe confirma una evolución positiva en limpieza viaria, aunque mejorable, y apunta que los excrementos de perro en las calles y la basura generada por el botellón de los jóvenes provocan las quejas más frecuentes de los ciudadanos.

Se advierte también una "clara" mejoría en la gestión de los residuos, "en parte -considera OCU- porque los vecinos colaboran de forma activa", y se insiste en que a un mayor presupuesto municipal para la limpieza viaria y la gestión de las basuras no tiene por qué corresponder un mayor grado de satisfacción de los vecinos.

Es el caso de Madrid, donde el grado de satisfacción por ambos servicios municipales no alcanza en ningún caso el 50 %. Y un dato curioso de la capital: en 2009 ningún madrileño fue multado por no recoger de la calle los excrementos de su perro, según la OCU. Lo mismo ocurrió en Valencia, a pesar de que ambas ciudades disponen de ordenanzas que castigan esa falta de civismo. Elche y La Coruña, por el contrario, fueron las que más sancionaron por ello.

Desde 1995 hasta 2011 la satisfacción global de los españoles en cuanto a la limpieza de sus ciudades pasó de 53 puntos a 58, de un total de 100, una mejora "claramente insuficiente" para la OCU, que llama la atención sobre el hecho de que hasta 16 hayan visto empeorar sus resultados. Entre ellas, Sevilla, Palma de Mallorca, Badajoz y Santa Cruz de Tenerife.

Oviedo obtiene una puntuación de 85 puntos, frente a los 30 de Badajoz, una nota muy similar a la obtenida por Jerez, Sevilla, Jaén, Alcalá de Henares, Teruel y Málaga. Se presume de limpieza en Elche, Bilbao, Pamplona, Getxo y San Sebastián. La capital del Principado de Asturias gasta en limpieza viaria 49,6 euros al año por vecino, dispone de una papelera por cada 51, un empleado de la limpieza por cada 1.120 y un medio mecánico por cada 2.575 habitantes.

Madrid gasta 122,9 euros al año por vecino y Barcelona 97,3, pese a lo cual sus habitantes no se encuentran entre los más satisfechos por la limpieza de calles y plazas. El presupuesto medio del total nacional se sitúa en 52,51 euros. OCU insiste en que "la satisfacción con la limpieza viaria no está relacionada con el mayor o menor presupuesto que anualmente se dedica a este tipo de labores". Lo más eficaz, opina el 84,3 % de los ciudadanos encuestados, es concienciar a la gente.

La gestión municipal de los residuos es valorada en el estudio de la OCU con 57 puntos sobre 100, frente a los 45 de 1995, mejoría que a juicio de la organización "ha venido de la mano de la implantación de la recogida selectiva de residuos".
Más del 80 % recicla

Más del 80% de los encuestados confesó que siempre o casi siempre separa en casa el papel, el vidrio y los envases. El porcentaje baja al 70 % con las pilas, al 64 % con los medicamentos, al 46 % con los restos de aceites domésticos y al 35 % en el caso de los de pintura.

Oviedo encabeza también el ránking de ciudades cuyos vecinos valoran la gestión de los residuos, seguida por Pamplona, Bilbao, Elche, Logroño y Getxo, y Badajoz, el de las menos valoradas, entre las que figuran también Jaén, Las Palmas, Sevilla, Jerez, Santa Cruz de Tenerife y Huelva.

Entre las carencias que observa el informe, la más llamativa es "la casi inexistente implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica". Tan sólo se realiza en las capitales catalanas, en Pamplona, Burgos, Valladolid, Vitoria y Bilbao, si bien en la capital vizcaína todavía se está experimentando con ello.

El 47 % de los encuestados consideró cara o muy cara la tasa que los ayuntamientos cobran por la recogida de basuras, que se sitúa en una media anual de 78,9 euros. En Gerona se cobra la más alta: 142,35. Madrid, que impuso esta tasa hace dos años y cobra una media de 102 euros por vivienda, y Palma de Mallorca, con 119,02, son las dos ciudades con unos vecinos más críticos con este impuesto.



* 20 Minutos - EFE - 28.04.11
Foto: Basuras - 20minutos

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