La burbuja inmobiliaria española - Jesús Encinar

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* YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=IBkCn2xVhBg&feature=youtu.be&hd=1

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Alicante.-El Consell cambia la ley para permitir negocios en el campo

INFORMACIÓN* : La Conselleria de Urbanismo ha modificado la Ley del Suelo No Urbanizable -el nuevo texto ya está en vigor- para agilizar la puesta en marcha de actividades económicas que relancen la economía en zonas castigadas por la crisis agrícola, y frenar así el despoblamiento rural. La iniciativa, que sirve como base para desarrollar lo que la estrategia territorial define como parques agrícolas, posibilita la instalación en suelo no urbanizable de negocios como casas de alojamiento rural, tiendas de productos agrícolas asociadas a una pequeña explotación agropecuaria, campamentos y centros deportivos. Para ello la nueva legislación, que nació del desarrollo del decreto-ley de medidas urgentes aprobado en julio del año pasado, fija una serie de condiciones que agilizan la tramitación administrativa y, a la vez, eliminan aspectos que en ocasiones hacían inviable cualquier iniciativa. En principio, los técnicos estiman como zonas susceptibles de acoger estas iniciativas todo el interior. Existe, incluso, un primer bosquejo cromático en el que aparecen municipios de l'Alacantí, Elche, Orihuela, Bigastro, Vall de la Gallinera, Guadalest, Altea, Dénia y la Montaña.

Entre las novedades incorporadas a la legislación, el Consell reduce a la mitad el plazo máximo para la obtención de la Declaración de Interés Comunitario de los proyectos, que pasa de seis a tres meses, una reducción que afecta a la creación de casas rurales, tiendas de productos agrícolas o plantas ornamentales, estacionamiento de vehículos y maquinaria, campamentos de turismo, centros deportivos y centros educativos y sanitarios.
La modificación puntual de la normativa urbanística permite, además, legalizar multitud de restaurantes construidos en suelo no urbanizable en el interior de la provincia desde hace años y que, en la mayoría de los casos, funcionan gracias a un limbo legal.
Para la implantación de casas rurales de alojamiento se ha eliminado, además, la obligación de que se sitúen como mínimo a 5 kilómetros del núcleo urbano, y que la parcela tenga al menos media hectárea, en aquellos casos en que la Conselleria de Turismo informe de que se trata de un establecimiento de interés para el turismo rural. Asimismo se permite implantar instalaciones de venta de productos agrícolas con licencia municipal sin necesidad de poseer la Declaración de Interés Comunitario.
Por otro lado, se ha suprimido la obligatoriedad de que los campamentos de turismo y centros deportivos o recreativos reserven un mínimo del 50% de la parcela a uso agrario o forestal. También se permite que en los centros educativos y sanitarios se tenga en cuenta sus espacios abiertos y libres de edificación a la hora de valorar si se cumple el requisito legal de dejar el 50% de la parcela libre.
Los ayuntamientos pueden determinar, en función de los cambios introducidos, la cuantía del canon económico para edificar en suelo no urbanizable, otorgar prórrogas, y fraccionar o reducir el canon, hasta un 50%, especialmente para actividades que generen empleo, según figura en el texto consultado por el periódico.

COYUNTURA NEGATIVA
El lastre de los precios y la falta de agua
La falta de agua calidad, los precios irrisorios que cobra el agricultor por sus productos y la atomización del sector agrícola de la provincia han provocado que prácticamente no haya relevo generacional en el campo alicantino, lo que agudiza el drama de la despoblamiento rural. Uno de los objetivos de esta flexibilización legislativa es, precisamente, ayudar invertir la tendencia y que las zonas rurales, por muy diseminadas que estén, vuelvan a atraer las inversiones. De ahí que la ley del suelo no urbanizable haya eliminado muchas de la que hasta ahora se consideraban trabas insalvables. Se pretende que el campo pueda combinar su carácter bucólico con el comercial. De ahí la potenciación, por ejemplo, de casas rurales con tiendas anexas.


* Información - 3.05.11
Foto: Orihuela (Alicante), la vega y la sierra - wikipedia.org

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El alcalde de Mazaricos infló precios de obras amañadas para tener más ayudas

ELPAÍS/A Coruña* : Al igual que en Cee y Fisterra, la documentación intervenida por la policía en el Ayuntamiento de Mazaricos prueba no solo la vulneración reiterada "de forma dolosa y no negligente" de la ley para amañar contrataciones públicas en 2008, 2009 y 2010, sino también el cobro de al menos un soborno de 5.000 euros. En el sumario de la Operación Orquesta, la trama de corrupción en la Costa da Morte que investiga el juzgado número dos de Corcubión, son múltiples las pruebas recabadas, tanto documentales como en las escuchas practicadas por la policía con orden judicial, que implican como principal responsable al alcalde, José Manuel Santos Maneiro, del PP y en libertad provisional acusado de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Quedan también, para la policía, "apuntaladas" las imputaciones por cohecho y tráfico de influencias del teniente de alcalde y concejal de Obras, Manuel Rodríguez Caamaño, que declara hoy en el juzgado por este caso de corrupción generalizada en la adjudicación de obras en la Costa da Morte.

Para la unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, "es evidente que de todos los hechos tiene conocimiento el alcalde". Maneiro, según destacan los investigadores en sus conclusiones finales, tras cotejar escuchas policiales y documentos, participó directamente en el amaño de adjudicaciones de obras para concederlas a los Ogando, los constructores de Muxía principales imputados en esta trama en la Costa da Morte, y en "revestir" los procedimientos "de aparente legalidad".

Incluso el alcalde de Mazaricos, que al igual que su primer teniente de alcalde, es candidato a su reelección en los comicios del 22 de mayo, llegó a falsear el importe de una de las obras investigadas, incrementándolo en 1.400 euros, para obtener la máxima subvención concedida por la Xunta. En el expediente para mejorar la pavimentación y equipamiento del campo de la feria en A Picota, -repleto de irregularidades administrativas, reseña la policía, que incluso hacen que esta adjudicación pueda ser "nula de pleno derecho"- no solo "se saltó las normas dolosamente".

La obra fue adjudicada en 2010 a Ogando por tener el mejor precio de las tres ofertas presentadas y "amañadas previamente". Ese constructor propuso un presupuesto de 91.926,68 euros. Pero en el escrito del alcalde para solicitar una subvención a la Consellería de Economía "se han ajustado, en unión con los empresarios", sus ofertas "hasta el 100% del presupuesto de adjudicación", 93.326,59 euros, para así "recibir el máximo de la subvención", limitada a 70.000 euros. "Las obras, de haberse ceñido a los primeros presupuestos" de las empresas, "habrían sido 1.400 euros más baratas". Al inflarlos, el regidor de Mazaricos logró su propósito: Economía le concedió la subvención máxima, 69.995 euros en dos anualidades correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011.

El delito de cohecho del que se acusa al regidor y a su teniente de alcalde, así como al conserje municipal, Benito Carreira, también queda probado, según reseñan los agentes en sus conclusiones finales. Daniel Ogando hijo reconoció en su declaración ante el juez el pago de dinero a Carreira, al que denomina "el carterista", así como al teniente de alcalde, "ya que los que reciben obras del Ayuntamiento son los que sufragan los gastos de las fiestas de A Fervenza", explicó el constructor. Según su versión, por ese motivo entregó 5.000 euros en metálico en agosto de 2010, como reconoce en una conversación con el teniente de alcalde. En esa llamada intervenida por la policía, Ogando explica a Caamaño que es dinero "para pagarle el anuncio de la revista" de esas fiestas. Pero entre la documentación incautada por los agentes que participan en la investigación, que incluye las cuentas de las fiestas de A Fervenza de 2009 y 2010, aparece consignado que Ogando solo pagó 300 euros por el anuncio de media página publicado en la revista. Es uno de los cuatro empresarios que más pagan por aparecer en esa publicación con la que se financian los festejos estivales de Mazaricos.


* El País - 2.05.11
Foto: Mazaricos (A Coruña) - escapadarural

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Tres conselleries tienen obras prioritarias pendientes por valor de 584 millones

LEVANTE/Valencia* : Tres conselleries tienen pendientes la adjudicación de obras "prioritarias" que suman un total de 584 millones de euros. Se trata de inversiones que iban destinadas a nuevas sedes judiciales, colegios y depuradoras que, en algunos casos, pese a contar con la financiación necesaria no se acaban de impulsar. El tapón que obstruye algunas operaciones se encuentra en la Conselleria de Economía. La información ha sido recopilada por la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, que la semana pasada acordó con la Conselleria de Infraestructuras crear una mesa técnica de obras públicas en colaboración con la banca para agilizar las concesiones.
La Conselleria de Medio Ambiente y su empresa pública Epsar (Entidad Pública de Saneamiento y Aguas Residuales) es la que retiene el mayor volumen de inversión.

Se trata de la licitación por el sistema concesional de 17 nuevas depuradoras y 20 mejoras de otras tantas (la instalación del tratamiento terciario de las aguas y obras anexas) que se distribuyeron en siete lotes que sumaban una inversión total de 303 millones de euros (113 para construcción y 190 para la explotación y financiación). La previsión, según lo pactado entre el vicepresidente Juan Cotino y el gerente de la Epsar con los contratistas, era licitar a lo largo de 2010 los siete lotes. "Pero estos plazos no sólo no se han cumplido" sino que un total de siete concursos licitados entre 2008 y 2009 (algunos adjudicados provisionalmente) se han anulado mediante anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) "para incorporarlos a los siete lotes de concesiones. Pero la verdad es que ha pasado 2010 y no se ha licitado ningún lote de los anunciados". Con las incorporaciones de los contratos anulados, el coste de los 7 lotes de depuradoras por concesión asciende a 450 millones de euros.
Esta dilación resulta incomprensible, "habida cuenta que la Epsar cuenta con un crédito de unos 300 millones procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y que el pago a futuros de las inversiones, el Plan de Concesiones de la Epsar, están garantizadas vía canon o tarifa a satisfacer por los usuarios". Por ello, los contratistas se preguntan: "¿por qué la Conselleria de Economía no pone a disposición de la Epsar el aval necesario para obtener el crédito del BEI?". Su "perplejidad" aumenta tras la concesión de avales por parte de la Generalitat a seis empresas públicas por valor de 287,6 millones, entre los que no se incluía a la Epsar "con lo cual quedan unos 450 millones de obra y explotación sin poder concesionarse y lanzar trabajo y actividad al mercado de la construcción".
Otro plan congelado tras ser anunciado a bombo y platillo es el Justi-Seu o Plan de Innovación de Sedes Judiciales, presentado por el entonces conseller de Justicia, Fernando de Rosa, y Francisco Camps, en la Ciudad de la Justicia, para construir 16 nuevas sedes judiciales que se licitarían entre 2008 y 2010. En este tiempo sólo se han licitado y están en ejecución tres sedes judiciales (Elx, Paterna y Vila-real) y quedan pendientes 188,4 millones de euros (el 77,32%) de las actuaciones anunciadas en 2008.
La empresa pública Ciegsa tiene pendientes de adjudicar 15 colegios licitados durante 2010 (en Llíria, Torrent, Dénia, Castelló, Gandia, Piles, Chiva, Villanueva de Castellón, Nàquera, Benifaió, Almàssera, Benicarló, Alicante, Torrevieja y Rojales) por 94 millones de euros. Al parecer, las constructoras tienen problemas para encontrar financiación. Ciegsa abona con pagarés a varios años y suele retrasarse en estos pagos, por lo que los bancos se muestran reticentes a aceptarlos como aval.


* Levante - 3.05.11
Foto: Protesta por el retraso del IES Bulevar Sur en Valencia - levante

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'Malaya'.- El juicio más largo de la historia

ELPAÍS/Málaga* : El macroproceso del caso Malaya, la gran causa contra la corrupción en Marbella, va camino de batir un récord indeseado por todos: el del juicio más largo de la historia de España. La vista oral, que arrancó el 27 de septiembre de 2010, estaba previsto inicialmente que terminara a finales de este año. Sin embargo, tanto la Sección Primera de la Audiencia de Málaga como la Fiscalía Anticorrupción coinciden en calcular que el proceso contra el exasesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca y sus 94 -otra plusmarca- compañeros de banquillo durará entre dos años y dos años y medio, con lo que difícilmente acabará antes de finales de 2012. A este plazo habría que añadirle un periodo "no inferior a seis meses" para que el tribunal, presidido por el magistrado José Godino, redacte la sentencia.

De confirmarse este plazo, el enjuiciamiento del caso Malaya superaría con amplitud otros juicios célebres como el de la intoxicación masiva por el aceite de colza (1987), que duró 15 meses, o el juicio por la matanza del 11-M en Madrid (2007), que duró cuatro meses y medio. También dejará atrás a otro macroproceso histórico de la Costa del Sol: el del caso Intelhorce, sobre irregularidades en la gestión de esta fábrica textil malagueña tras su privatización, que se prolongó durante 16 meses. En este caso, que se inició en 1998 con 39 acusados, el juicio debió repetirse desde el principio ya que tras las vacaciones de verano de 1999 uno de los magistrados del tribunal se había jubilado.

El pasado jueves, el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo, alertó de que la duración del juicio era "insostenible desde el punto de vista organizativo", ya que para poder celebrar el juicio del caso Malaya -cuyos magistrados se dedican a este asunto casi en exclusiva- ha habido que reforzar la Sección Primera. Arroyo solicitó a las acusaciones y las defensas que agilicen las sesiones -ya se han celebrado 44, a razón de tres por semana-, acelerando los interrogatorios y, si es posible, renunciando a la práctica de pruebas que no sean estrictamente necesarias.

Para hacer más gobernable un sumario de decenas de miles de folios, el tribunal acordó dividir el juicio en varios bloques en función de los delitos estudiados. Para empezar a rodar se eligió un asunto con pocos procesados y bastante acotado -el pelotazo inmobiliario de la llamada operación Crucero Banús, por la que Roca y sus socios se embolsaron seis millones de euros tras una recalificación urbanística- . Ahora se enjuicia el segundo bloque, sobre el entramado principal de blanqueo del exasesor. La previsión es que este tramo, junto con el tercero, también dedicado al blanqueo a través de inversiones en obras de arte y otros bienes, termine antes de las vacaciones de agosto, de modo que en otoño se pueda iniciar el cuarto bloque, dedicado a los delitos de cohecho.

La duración de este tramo del juicio, con más de 30 procesados, entre empresarios que supuestamente pagaron sobornos a Roca y concejales que cobraron a cambio de resoluciones favorables al que fue mano derecha del fallecido alcalde Jesús Gil, resulta muy complicado de determinar. Tras él, se prevé analizar los negocios en común de Roca con otros empresarios con intereses en Marbella. El resto de bloques del caso Malaya, como el cohecho de la empresa de autobuses Portillo o la tenencia de armas del exjefe de la Policía Local Rafael del Pozo, todavía no está previsto en qué orden se van a enjuiciar, según fuentes del tribunal.

La división en bloques ha permitido que los 95 procesados no tengan que permanecer en la sala durante todo el tiempo que dure el juicio. Sin embargo, ha tenido como efecto perverso que algunos testigos y pruebas practicadas se van a repetir en cada uno de los bloques. Es el caso de las declaraciones de los policías que investigaron el caso, que en el segundo bloque ya indicaron que algunas preguntas ya las habían contestado en el anterior. Y todo parece indicar que tendrán que contestarlas de nuevo en el siguiente.


* El País - 1.05.10
Foto: Imagen de los procesados sentados en la sala del juicio del caso Malaya el 5 de octubre de 2010.- elpais

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Lanzarote.- Sobre lo excesivo

M. MARTÍN GONZÁLEZ* : El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife se ha encontrado una papa caliente con el Charco de San Ginés, en el cual, a día de hoy, sigue recayendo una protección como bien de interés cultural, BIC, instada por el Cabildo de Lanzarote. El equipo de gobierno municipal actual, presidido por el PP, y el anterior, por el PSOE, se han opuesto a la medida alegando lo excesivo de la delimitación, pero se encuentran con que si echan a bajo el BIC, la cosa va a cantar, puesto que se trataría de levantar una veda urbanística sobre un espacio altamente sensible, cosa que sí parecen apreciar hasta ellos. Para no comprometerse mucho se han encargado un plan especial vinculado al planeamiento urbanístico, cosa perfectamente legal, que permita al ciudadano considerar que el Ayuntamiento va a organizar el espacio, pero sin “los excesos” del BIC.
Se ha ignorado, porque así les ha convenido, que la ley de Patrimonio Histórico de Canarias otorga a los ayuntamientos, si el Charco continuara siendo BIC, la potestad de ordenar todo ese espacio con un instrumento denominado, igualmente, como Plan Especial (de Protección), lo cual genera unas posibilidades mayores que el otro plan para organizar tan singular espacio, incluido los usos.

La herramienta, de bastante alcance, pero menos ambiciosa que la del BIC, permite controlar lo que desde esa administración denominan como casco histórico, y goza de algunas diferencias, siendo una, y no la más despreciable, que es el Ayuntamiento quien controla todo el proceso, y que se hace desde una perspectiva urbanística, no cultural.

Permite el plan que el Ayuntamiento controle, qué y qué no, cómo y a quién, sin consideraciones patrimoniales que han de tenerse en cuenta en catálogos de protección y en los BIC.

A priori, el ejercicio de esta competencia no debiera ser malo, pero ha de contarse con una variable, como es la de la andadura del Ayuntamiento en asuntos de conservación, pues no hay que olvidar que el catálogo de bienes protegidos aprobado en 2008 es de carácter municipal, elaborado desde esa instancia, y escenifica el ejercicio de la golfería con que se ha actuado desde distintos ámbitos, hasta lograr lo que parece un imposible jurídico, como es la aprobación de un instrumento que no protege, sino todo lo contrario, pues favorece la demolición de lo aparentemente protegido y la sustitución edificatoria por nuevos edificios con mayores alturas. Eso, en la mayor parte de lo “protegido”, que son setenta bienes.

El plan especial, desde la perspectiva municipal, podrá dejar fuera las consideraciones a entornos de protección o áreas de influencia del casco histórico, lo cual significa que podrán pasar de valorar la repercusión de una determinada parcela, fuera de “su” propuesta de casco histórico, pero colindante con él, si así lo estimara, para no agraviar a un propietario, aunque lo que hubiera de construirse fuera una patada en la espinilla para el casco. ¿Más diferencias?, pues la no consideración a los valores, ambientales o naturales, pues del único valor que podrán hablar, si así lo quisieran, es del referido a las plusvalías que se pueden generar con una planta más, aquí, o aquí. Significa también que elimina del proceso a otras instancias como el Cabildo de Lanzarote y a su incómodo Servicio de Patrimonio, o al Gobierno de Canarias, a la hora de establecer la ruina y demolición de las casas, que ya se apañan ellos solitos. Y de ahí, que cada cual se haga su composición e imagine lo que viene, quizás avalado por un “lo bonito que va a quedar”, pero sin patrimonio.

Esa realidad, por tozuda, determina que quede en cuestión la imparcialidad de quienes tengan la responsabilidad de establecer las actuaciones en la zona. La administración municipal pone sobre la mesa sus proyectos urbanísticos, sus pretensiones de ciudad, sus iconos, los intereses de los propietarios del suelo, los personales, y cuantos otros deseara, siendo por ello por lo que no parece un buen juez para determinar qué conviene pues de entrada se ignoran los valores culturales, muestra de lo cual es su negativa al BIC.

La delimitación del BIC ha sido tachada de excesiva, y a mí, como ocurrencia, que parece una fórmula generalizada de actuar, lo que se me antoja es columpiarme en ese término, y entre otras cosas, redefinirlo: “lo que compromete los intereses urbanísticos de algunos propietarios, principalmente si estos son empresas constructoras, amigos, políticos, o todo a la vez.

Excesivo, para Lanzarote, en lo que nos ocupa, es la corrupción de los funcionarios y la clase política, el robo a las arcas públicas, la perversión del sistema o la prevaricación permanente. El catálogo de protección, es excesivo, y la falta de responsabilidad de los equipos de gobierno que lo permitieron y de los técnicos que lo avalaron, es también excesiva. Ver crecer veinte hoteles ilegales es igual de excesivo.

No he escuchado a ninguno de los que se quejan de la protección como BIC, calificar de excesivo nada de lo expuesto.

Excesivo, resulta el adormecimiento de la población, su complicidad con los dirigentes a la espera de una migaja de la corrupción. Y excesivo, parece el que vayan en listas quienes esperan un puesto de trabajo para cuatro años. También, la contratación de decenas de asesores-amigos resulta un exceso, como lo es el que entre funcionarios del Cabildo se llamen “hijos de puta” y el presidente de la corporación se abanique con el sumario sobre este asunto. Pero estamos hablando, o eso dicen, del urbanismo de aquí, donde el patrimonio carece de la más mínima consideración. También hablamos de las cosas de aquí y cómo se las ventilan.

La decencia, la mesura y el servicio público, debieran ser lo único excesivo, pero es justo lo que está bajo mínimos. A los hechos me remito.

* Diario de Lanzarote - 2.05.11
Foto: El actual equipo de gobierno municipal espera que una vez aprobado definitivamente este plan especial, “se firme el decreto anulando el Bien de Interés Cultural (BIC) que en esto momentos pesa sobre el Charco de San Ginés y toda su zona de influencia”, que considera “excesiva”.- diariodelanzarote

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