Girona.- Amapolas en lugar de viviendas

ELPAÍS* : El nuevo barrio de Domeny, la última gran zona urbanizable que queda en Girona, ya tiene ramblas, aceras, semáforos y parques infantiles. Pero faltan las viviendas para los usuarios de estos servicios. Ningún promotor ha solicitado una licencia para los 1.200 pisos que proyectaba el plan parcial del Ayuntamiento. De momento, en los solares crecen amapolas y margaritas. Los únicos ocupantes son los obreros, que se afanan en acabar el pavimentado, y los jardineros, que han llenado de árboles y plantas el barrio. Los trabajadores se sorprenden de que no haya ningún proyecto en marcha en las 25 hectáreas que ocupa el terreno, situado entre una fábrica de Nestlé y el antiguo barrio de Domeny. "No me lo puedo creer. ¡Tú no sabes el curro que lleva esto!", exclama uno de ellos. Llevan seis meses plantando árboles y plantas.
El pleno del Ayuntamiento aprobó en 2006 la reparcelación de las fincas, calificadas como suelo rústico, para crear 35 parcelas con 113.000 metros cuadrados de suelo edificable.

Roser Mutgé, vecina de 79 años de una imponente masía situada tras la urbanización, vendió los terrenos en aquel momento. Recuerda que allí siempre hubo campos de cultivo. "Plantábamos maíz, trigo, de todo", explica. Las obras de urbanización, que comenzaron en 2008, están prácticamente acabadas, y el Ayuntamiento ya ha hecho llegar la luz y el alcantarillado.

Algunos aprovechan las instalaciones como una moderna pista de skate, situada en uno de los márgenes de la urbanización en la que relucen las pintadas. "Está muy chula", dice André, un brasileño de 20 años. Es la única pista que hay en la ciudad, por lo que los skaters han corrido a usarla, aunque según el Ayuntamiento aun no está terminada. El cartel de "peligro, tensión" que cuelga de una valla no les da miedo. Mejor aquí que esquivando a la policía por la ciudad. "Ya se han hecho algunas pequeñas exhibiciones", dice Leni, un joven hondureño que da saltos con su patinete.

Las obras de urbanización han costado unos 10 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento ha desembolsado uno. El resto corre a cargo de los propietarios de los terrenos. Además, el Consistorio deberá hacerse cargo a partir de ahora del mantenimiento de las instalaciones y los parques infantiles. De las 1.200 viviendas proyectadas, el 30% serán de protección oficial. Pero tampoco estas van a empezar a construirse de momento. "Ya tenemos pisos públicos a nuestra disposición en otras zonas. No vamos a poner a gente a vivir aquí en un gueto", razona la concejal de urbanismo, Isabel Salamaña (PSC).

La historia del incipiente barrio está llena de sobresaltos. En 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña invalidó el Plan Especial que el Consistorio había aprobado en 2005 y obligó a reiniciar su tramitación. El pasado febrero, el pleno tuvo que modificar varios aspectos del proyecto que unas propietarias habían llevado a los tribunales.

La urbanización tiene dos carriles bici, dos campos de petanca, todo tipo de juegos para los niños e incluso una zona que parece una futura pista de patinaje. "Todo es de la ciudad", dice Salamaña, que añade que el Consistorio lo mantendrá como hace con el resto de parques. "Los domingos está lleno de niños y gente de la zona paseando", dice.

"Aquí pondrán seguridad, ¿no?", pregunta un trabajador de una empresa encargada de las obras, sorprendido al conocer que por ahora no habrá pisos. "La verdad, me sabe mal. Cuando se acaba una obra siempre va gente a hacer pintadas", concluye.


* El País - 4.05.11
Foto: Girona, vista general - tripadvisor

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Calp otorga permisos para habitar viviendas que luego no pueden contratar la luz

LEVANTE/Alicante* : El mundo al revés. En los pueblos de la Marina Alta hay numerosas urbanizaciones cuyos propietarios no tienen cédulas de habitabilidad o licencias de primera ocupación porque los servicios urbanísticos son de obra. Pero en el edificio Costa-Calpe, en la partida calpina del Saladar, ocurre todo lo contrario. Los escasos dueños de viviendas (en los balcones hay muchos carteles de «se vende» y «disponible») tienen todos los permisos que se les puede exigir. Todos. Pero la compañía Iberdrola les dice que no puede darles de alta la luz en la comunidad y en las viviendas. De hecho, la empresa eléctrica todavía no ha terminado la red eléctrica del Saladar. Así pues, un año después de obtener del ayuntamiento la licencia de primera ocupación, los propietarios siguen con luz de obra. «Estamos a merced de un auxiliar de obra y cada mes tenemos que abonar la abusiva factura que nos cobra Iberdrola. Y no podemos dejar de pagar, ya que la devolución de un recibo supondría el corte del suministro», denuncia el presidente de la comunidad de propietarios, Andrés Castelló.

Estos vecinos iniciaron hace meses las gestiones para lograr el contrato de luz. Pero la compañía se lo negaba sin dar explicaciones. En llamadas de teléfono, critican, se dejaron un dineral. La vía del correo electrónico tampoco surtió efecto. Por fin, el presidente de la comunidad recibió una llamada de la empresa eléctrica que le aseguró que tanto el ayuntamiento como la promotora del edificio sabían de sobra que no había suministro eléctrico en la partida del Saladar. Sin embargo, el consistorio otorgó licencia de primera ocupación y la conselleria de Industria emitió el certificado de instalación eléctrica de baja tensión.
En el departamento de urbanismo del ayuntamiento, estos propietarios no tuvieron más suerte. Les indicaron que Iberdrola debía acabar la red eléctrica durante este año y que, como tenían luz de obra, no pasaba nada.
Estos vecinos se sienten engañados. Tanto es así que han presentado una queja en el ayuntamiento y una denuncia ante la OMIC. Preguntan por qué el ayuntamiento les ha dado todos los permisos sin que exista red de suministro eléctrico y advierten de que se puede haber incurrido en un delito. También critican que están viviendo en condiciones precarias por los fallos en la luz de obra.


* Levante - 3.05.11
Foto: Calpe (Alicante), urbanizaciones - L. HEVESI (El Mundo)

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¿Cómo se va a aplicar el nuevo sistema de valoraciones inmobiliarias?

EXPANSIÓN* : Con la salida a la luz del documento que desarrolla el Reglamento de la Ley del Suelo se busca solventar el problema de la especulación para llenar de transparencia el mercado del suelo.
Gerardo Roger Fernández, arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Juan Carlos III, ya adelanta que "el reglamento atiende específicamente a la Valoración del Suelo aplicada a los expedientes expropiatorios que la Administración acomete por razones de interés general". Por lo tanto, asegura, "no afecta directamente a la gestión del suelo en general y, en todo caso, sólo tendría consecuencias positivas en la gestión del suelo público obtenido tras el procedimiento de expropiación". El Ministerio de Fomento ha rectificado del anteproyecto la parte dedicada al Registro de la propiedad alegando que se podían colar infracciones urbanísticas, por lo que en este momento el eje principal del Reglamento es el sistema de valoraciones, que permite aplicar métodos y normas de valoración más precisos de forma más técnicas.

En definitiva, se pretende promover una transformación real del modelo de crecimiento urbano, y así definitivamente superar la etapa de desregulación en la que la tensión que existía por al especulación sobre el suelo llevó al precio medio de la vivienda por metro cuadrado a duplicarse en nuestro país, haciendo imposible al acceso a una vivienda a la mayoría de los ciudadanos.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene saber cómo van a influir estos nuevos criterios de valoración de los suelos organiza, el próximo 1 de junio, la conferencia 'Desarrollo del Reglamento de la Ley del Suelo', donde se darán cita los máximos representantes del sector para analizar y estudiar los cambios e innovaciones que se proponen en la nueva norma.

Sobre los convenios urbanísticos, Roger indica que "sólo afectaría indirectamente a aquellos Convenios Urbanísticos que comportasen obtención del suelo por expropiación, garantizando para esos casos una mayor transparencia y equilibrio económico en el proceso de valoración". En definitiva, esta nueva regulación servirá para despejar algunas de las dudas que se plantean sobre la validez de los convenios, pero otras subsisten e incluso se incrementan.

Lo que sí regula claramente el nuevo reglamento es, según explica Roger es "la valoración expropiatoria de los suelos urbanizables y urbanos, tasándolos desde su realidad fáctica pero sin consideración de expectativas especulativas que no se deriven del esfuerzo inversor del propietario, tal como establece el artículo 47 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a impedir la especulación del suelo".

En cuanto a las indemnizaciones por pérdidas de facultades urbanísticas, Roger apunta que "el propietario de suelo sujeto a actuaciones urbanizadoras dispone de la facultad de participar en la ejecución de las mismas, abonando los costes y recibiendo los beneficios que la misma comporte a sus derechos". Obviamente, añade, si por razones de interés general debe ser expropiado, "el propietario deberá ser indemnizado por la pérdida de la facultad de participar. Una indemnización que la Ley del Suelo establece de manera análoga al valor económico del aprovechamiento que para actuaciones de iniciativa privada le corresponde a la Administración en función del principio de participación pública en la plusvalías".

La tasación de edificios, en cambio, se realiza por el valor de reposición de los mismos. O lo que es lo mismo, explica Roger, "por el valor de mercado de lo realmente construido aplicando el método de comparación". De nuevo, "se trata de valorar generosamente lo existente, pero no las expectativas exógenas al esfuerzo inversor del propietario", añade.

Las viviendas libres no se ven afectadas por el reglamento al no ser objeto de expropiación. Pero, el nuevo reglamento si afectará a las viviendas protegidas, "cuyo destino sea tanto la venta como el alquiler, de promoción y titularidad pública", indica.

Por último, ¿cómo afecta el nuevo reglamento a los bancos y cajas? Las entidades financieras pretenden gestionar el activo que poseen, el suelo, de una forma eficiente en estos momentos de crisis. Pero, asegura Roger, las entidades sólo podrán tener el cuenta el nuevo reglamento "en aquellos suelos para los que los Planes Generales de Ordenación prevean su ejecución por expropiación, tal como aclara la Disposición Adicional Séptima que se incorporó a la Orden ECO 805/2003, que es la norma que regula las Valoraciones Inmobiliarias por las Entidades Financieras".


* Expansión - 3.05.11
Foto: Vivienda digna, cartel novasatenerunacasaenlaputavida

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Colombia, con menos de 4 metros cuadrados de espacio público por habitante

UNIVERSIA* : Los nuevos esquemas de vivienda de interés social, con unidades de 37 metros cuadrados por familia, urgen mejorar la cantidad de espacio público disponible por habitante. Ciudades como Bogotá han avanzado en reducir el déficit de espacio público y equipamientos. Sin embargo, el incremento poblacional para los próximos 10 años en la capital que se calcula en 1.800.000 nuevos habitantes, impone un gran reto en la planeación, generación y construcción de grandes obras de infraestructura y la adecuación del espacio público, de modo que se logren brindar las condiciones de calidad de vida para todos los habitantes de la ciudad. Así lo indicó William H. Alfonso, profesor del programa Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario, al revelar que actualmente la disponibilidad de espacio público construido es inferior a cuatro metros cuadrados por persona, lo que ubica al país lejos de los estándares internacionales: según la Organización Mundial de la Salud el espacio público por persona es de mínimo 15 metros cuadrados.

<“En Bogotá los más afortunados, por así decirlo, son los habitantes de las zonas de Usaquén y Suba, quienes gracias al diseño de los planes parciales nuevos cuentan hasta con 9 metros cuadrados de espacio público cada uno. Los más afectados son los habitantes del centro de la ciudad, pues en sectores como La Candelaria sólo se cuenta con 1.3 metros cuadrados de espacio público por persona”, reveló el investigador. En Colombia más del 60% de las ciudades son construidas de modo informal, sin ninguna planeación ni ordenamiento, lo que genera un gran déficit de parques, zonas verdes, espacio público y equipamientos. En Bogotá se acude a obras “remediales” que implican un gran impacto social y económico en sus ciudadanos, como lo refleja el estado actual de la ciudad, dijo. “A esto se suman los nuevos esquemas de vivienda de interés social, con unidades de 37 metros cuadrados por familia, lo que hace urgente mejorar la cantidad de espacio público disponible por habitante”, afirmó el académico. Es importante tener en cuenta que en los próximos 20 años cerca del 80% de la población nacional vivirá en las ciudades. La magnitud y elevado costo social y económico de la construcción y administración del espacio público en las urbes del país, hacen de éste uno de los temas prioritarios en la agenda del desarrollo nacional. De ahí la importancia de crear condiciones urbanas que contribuyan en la planeación y la ejecución de proyectos para intervenir el espacio público urbano, explicó el profesor de la Universidad del Rosario. Territorio, urbanismo y espacio público El paradigma en el desarrollo de planes urbanos en Bogotá se concreta específicamente en el espacio público: la estructura urbana y su funcionalidad dependen de la infraestructura de soporte, en especial las redes de servicios públicos, el sistema vial, la red de equipamientos y el sistema que las articula, que es el sistema de espacio público. “La idea es avanzar en la forma de proyectar la ciudad de una manera más integral y sistémica, más aún si se tiene previsto que la capital recibirá un millón ochocientos mil nuevos habitantes en menos de 10 años, lo que hace necesario acudir a estrategias para generar nuevo suelo urbano, especialmente por renovación urbana y completar los demás sistemas de redes de servicios e infraestructura”, agregó. Bogotá contaba con 7'881.156 habitantes en 2005 según el Dane, cifra que aumenta progresivamente debido al crecimiento poblacional, a la migración por el fenómeno del desplazamiento que presenta el país y porque la capital nacional se ha convertido en el destino predilecto de vivienda, estudios y oportunidades de trabajo de cientos de personas provenientes de diferentes lugares del territorio. Para contribuir a la toma de decisiones en ordenamiento del territorio y disminuir el déficit que tiene la ciudad en espacios públicos y equipamientos, el programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario ofrecerá un Diplomado en Territorio, Urbanismo y Espacio Público, con el objetivo llevar a cabo un proceso de formación y cualificación de las personas que tienen injerencia en los procesos de planeamiento, gestión y desarrollo urbanos, fortaleciéndolos conceptualmente en aspectos del planeamiento, ordenamiento físico y formas de gestión urbana. Además se socializarán las estrategias de intervención sobre el territorio y las herramientas adecuadas para mejorar la coordinación y la acción entre los sectores públicos y privados, en beneficio de la ciudad y sus habitantes. Inscripciones hasta el 12 de mayo en Bogotá en el teléfono 4225321, fuera de Bogotá 018000 511888 o en el correo carolina.ulloa@urosario.edu.co. Fuente: Universidad del Rosario * UNIVERSIA - 3.05.11
Foto: Bogotá (Colombia), espacios públicos - universia


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La compradora de un piso ilegal acusa al alcalde de A Cañiza de prevaricar

ELPAÍS/Pontevedra* : El alcalde popular de A Cañiza, César Mera, que agota sus últimas semanas en el cargo después de desempeñarlo 36 años -también fue presidente de la Diputación de Pontevedra-, afronta, con otra media docena de personas -promotores, un constructor y tres arquitectos-, una demanda por los posibles delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, estafa y prevaricación, en relación con la construcción y venta de un edificio de viviendas del municipio con múltiples irregularidades. Mera, según la demanda, ha ido dilatando la reposición de la legalidad y propiciado que esta sea costeada por los compradores de las viviendas en lugar del promotor. El asunto viene de lejos. Ya en 2005 una concejal socialista denunció que las obras que se ejecutaban en el nº72 de la calle Carmen, un edificio para nueve viviendas, incumplían la normativa urbanística local y el proyecto para el que había obtenido licencia. El alcalde quedó emplazado a la apertura del correspondiente expediente de reposición de la legalidad y a realizar una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Ponteareas que sirviera de aviso a los potenciales compradores de las viviendas.

Agustín Pacheco Hernández y Paulina Gregorio Vidal, los socios de la promotora que realizaba las obras, Fincas Cañiza, SL, son el yerno y la hija de Manuel Gregorio, a la sazón teniente de alcalde de A Cañiza, circunstancia que, según la demanda presentada en los juzgados de Ponteareas, bien podría haber influido en la actitud municipal. Mera atribuye el detonante del proceso a motivaciones políticas del dirigente socialista Luis Piña, "mala gente", le dice a la compradora de una de las viviendas en una conversación que ella grabó y que aporta a la demanda.

El Ayuntamiento abrió expediente de reposición de la legalidad urbanística y requirió a Fincas Cañiza para ajustar las obras a la licencia otorgada. Pero la promotora fue formulando sucesivos recursos contra la paralización de las obras, hasta acabarlas, sin llegar a operar en ellas la reposición de la legalidad, y a su vez fue vendiendo las viviendas sin que nadie previniera a los compradores del litigio que pesaba sobre ellas.

En septiembre de 2009 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en sentencia firme, evitó la demolición del edificio al atribuir a "un error" su infracción capital (la invasión por los pilares de la obra del ancho normativo de la calle en 20 centímetros), e instó a Fincas Cañiza a subsanar media docena de aspectos ilegales. Pero la promotora aduce que está en la ruina.

Mera, según la demanda y las conversaciones grabadas que la acompañan, comprometió entonces la colaboración municipal -y la de su potencial sucesor en la alcaldía, el candidato del PP, Miguel Domínguez- para que se "maquillen" las obras ordenadas -añadiendo una pared a la fachada que disimule la anchura del vuelo o simulando ventanas falsas, por ejemplo-, que realizará otro constructor supuestamente concertado con él al efecto, José María Fernández Amado, el cual es también propietario de un bajo y de dos de las viviendas del edificio. Fernández Amado ha accedido a esta propiedad en un marco de relaciones y deudas con Fincas Cañiza, que esta, según afirma en otra conversación grabada, no ha acabado de saldar con él, y propone a los demás propietarios que sufraguen las obras de reforma al precio de "unos 15 o 20 millones de pesetas".

El edificio está parcialmente habitado y funciona aún, en abastecimiento de agua y electricidad, con las conexiones de obra. El alcalde garantiza la conexión futura a las redes municipales sin coste mayor para los propietarios, siempre y cuando estos apañen las reformas ordenadas por el TSXG y no presenten denuncias.

Es lo que ha hecho una de las compradoras. Contra el alcalde, Fernández Amado, Fincas Cañiza y los arquitectos Jesús Alonso Taboada (tasador de Tecnicasa), Francisco M. Iglesias Rodríguez, director técnico de la obra, y Pablo Ortiz Uribarri, que certificó su final, porque supuestamente ninguno constató sus ilegalidades y todos certificaron su realización de acuerdo al proyecto y a la normativa. El Ayuntamiento aún no se ha planteado qué hacer si los propietarios no asumen las obras.

"Con denunciar no vas a ganar nada"

"Yo te doy mi consejo: Tino [Agustín Pacheco Hernández] no tiene un duro, solo deudas. Si el juez le condena y os tiene que indemnizar, tiene otras deudas preferentes. Con denunciar no vas a ganar nada, solo gastar dinero. Lo que debes intentar es que se vaya solucionando poco a poco", propone el alcalde de A Cañiza, César Mera, a la compradora de vivienda que le ha denunciado. La grabación de la conversación es una de las que acompañan la demanda en los juzgados de Ponteareas, junto con otras en las que interviene José María Fernández Amado, el constructor dispuesto, según la demanda, a ejecutar las obras de "maquillaje" que simulen el cumplimiento de la sentencia del TSXG.

Las conversaciones grabadas abundan en el criterio de que las infracciones urbanísticas denunciadas solo tienen una motivación política -"El Piña [Luis Piña, líder local del PSOE] es mala gente, se dedica a decir para tener un voto", afirma Mera- que consideran desactivada porque Manuel Gregorio -teniente de alcalde, padre y yerno de los propietarios de Fincas Cañiza- ya no está en la corporación. Mera califica como "infracciones normales" las denunciadas y dice que "Tino es un ingenuo perdido, él no es mal tío pero está desbordado". Para desanimar las intenciones de denunciar de la compradora le dice: "Vas a conseguir una sentencia a tu favor, pero el otro [Tino] no te va a pagar, está hipotecado por todas las esquinas".

El alcalde, que conoció por este periódico la presentación de la demanda, asegura ahora haberse guiado por la prudencia ("Si hubiéramos mandado derribar, sería peor") y concluye sobre su papel: "Yo solo intento arreglar el problema colaborando con los propietarios".


* El País - 2.05.11
Foto: A Cañiza (Pontevedra) - xornal

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Castellón recalifica un solar para que el CEU imparta Medicina

ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Castellón ha recalificado una manzana de suelo, de industrial a uso docente, con el fin de que la universidad privada Cardenal Herrera-CEU pueda impartir los estudios de Medicina y Enfermería que aún no han sido autorizados para la universidad pública Jaume I. La solicitud surgió del grupo Lubasa, propietario del inmueble en el que se imparten las clases, ubicado en la Ciudad del Transporte. La petición se realizó en julio de 2010, cuando aún no se habían iniciado las clases. Sin embargo, el cambio de la calificación del suelo no se realizó hasta marzo de este año, cuando la titulación ya estaba en marcha.
Además, el Ayuntamiento se ha negado a conceder la misma categoría de suelo docente a una manzana colindante después de que el propietario de la misma lo solicitara, ante la decisión adoptada respecto a sus vecinos.

La solicitud del uso docente para el suelo de Lubasa se realizó para "todas las categorías" de enseñanza. Los técnicos municipales la rechazaron al considerar que su inclusión en una zona de uso industrial "produce interferencias negativas" ya que, entre otras cosas "nos podemos encontrar en una misma manzana usos tan diferentes e incompatibles entre sí como un uso de educación infantil junto a un taller de reparación". El grupo Lubasa modificó su petición y la limitó a uso de enseñanza superior y otras enseñanzas, con lo que la autorización fue aprobada por el Ayuntamiento.

No para todos
Al mes siguiente de que el Consistorio castellonense aprobara la modificación, el propietario de varias parcelas de una manzana colindante solicitó que el cambio de uso del suelo "se haga extensible" a las de su propiedad. Pero en este caso se rechazó pese a que la razón dada por el grupo Lubasa para albergar las aulas de la Cardenal Herrera-CEU fue la "evolución del mercado inmobiliario y la crisis económica actual, que aconsejan introducir cambios en la oferta de usos permitidos".

El Ayuntamiento entendió que los criterios seguidos en el caso anterior no eran "aplicables" ya que, según un informe técnico "deben darse cuando coexistan las circunstancias apropiadas para ello". Además, alegaba que su ubicación no era adecuada.


* El País - 3.05.11
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com

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