C.Valenciana.- La explosión de la burbuja

ELPAÍS: El jueves 18 de abril de 2007, Astroc, la inmobiliaria que convirtió a Enrique Bañuelos en uno de los 100 hombres más ricos del mundo, perdió un 43% de su valor en Bolsa. El lunes 23, las acciones perdieron otro 37%. La firma estrella de la era del ladrillo había crecido de forma sostenida y había multiplicado su valor por 10 en menos de un año. Hasta que se desplomó. Muchos ahorradores perdieron mucho dinero. Pero Francisco Camps todavía se permitía prometer el pleno empleo durante la campaña electoral que le llevaría a su segundo mandato como presidente de la Generalitat. Los promotores inmobiliarios ya alertaban sobre ciertos excesos en la producción. Los precios de la vivienda se habían disparado y los inversores internacionales empezaban a mirar hacia otros mercados.
Ya había algunos nubarrones, pero eran tiempos felices en los que fluía el crédito a bajo interés. La construcción y el negocio inmobiliario se tragaban las dos terceras partes del dinero fresco que ponían en circulación las entidades financieras. Y la Comunidad Valenciana, la California de Europa, concentraba su iniciativa en la promoción y los servicios personales.

El naufragio de Astroc fue todo un síntoma. Bañuelos encarnaba el modelo de empresario que surgió al calor de la falta de control público sobre el negocio inmobiliario. Un promotor recuerda la consigna de un consejero del ramo: "¡Cread riqueza, cread riqueza!". Y empleo. Mucho empleo. Pero de poca calidad.

Gerardo Camps, consejero de Economía y Hacienda, reiteraba que la Comunidad Valenciana estaba llamada a ser una comunidad de servicios. El impulso de grandes eventos como la Copa del América o el Gran Premio de Fórmula 1 acentuaban la apuesta del Consell por el turismo y la inversión residencial. Un modelo que se quebró definitivamente en septiembre de 2007 cuando varios bancos estadounidenses que habían concedido generosas hipotecas a demasiados clientes sin recursos se arruinaron.

En septiembre de 2008 quebró Lehmann Brothers, modelo de un agresivo banco estadounidense de inversión. Y vino la cascada. El crédito se frenó en seco. Lo mismo que la construcción, el motor que debía producir el pleno empleo.

La debacle económica barrió la Comunidad Valenciana en todas direcciones e hizo temblar a todos los sectores. Una parte de la industria manufacturera que competía porque producía a costes más bajos que los fabricantes italianos había sido barrida por la liberalización comercial y el acceso global a mercados con costes laborales irrisorios.

Las actividades que arrastraba la construcción sufrieron el mayor golpe. Desde el textil para el hogar hasta el mueble pasando por el azulejo, tres industrias con gran implantación en territorio valenciano.

A lo largo de la legislatura, la destrucción de tejido empresarial ha sido elevada. Entre 2007 y 2010 la cifra de empresas activas cayó un 4,4%, porcentaje muy superior al 1,36% que arrojó en el periodo la media española, según el INE. A finales de este año había 352.366 empresas en la Comunidad Valenciana.

El desglose por sectores indica cómo en la industria el número de empresas activas ha caído un 8,27%. El segundo descenso más abrupto lo sufrió el comercio, un 6,6%. Los servicios, con un 3,57%, y la construcción, con un 1,17% menos de empresas activas, tampoco han vivido buenos tiempos.

Pero el impacto más dramático tiene rostro humano. El boyante mercado laboral registraba en 2007 una tasa de paro del 8,55%, ligeramente por encima del 8,47% que era la media española. Pero en Castellón bajaba hasta el 6,41%, muy cerca del pleno empleo técnico que los expertos cifran en un paro del 5%.

La Comunidad Valenciana tiene ahora menos ocupados que en 2007 pese a que la cifra de trabajadores en activo no ha dejado de crecer. Y el paro se ha triplicado en estos años.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2007 mostraba que en la Comunidad había 2,18 millones de ocupados, cifra que ha caído y no llega a 1,9 millones en el primer trimestre de 2011. Por el contrario, el número de parados ha pasado de 200.000 a rozar los 600.000. Y la tasa de paro se ha disparado hasta el 24,12%.

Especialmente dramático ha sido el aumento del desempleo entre los inmigrantes. Entre los extranjeros que acudieron a trabajar a la Comunidad Valenciana cuando la burbuja todavía se hinchaba, el número de parados se ha multiplicado por cuatro desde 2007. En abril de 2007 había 20.008 inmigrantes parados, según datos del Ministerio de Trabajo. En el mismo mes de 2011 eran casi 90.000.

La Generalitat asistió al huracán sin capacidad de reacción. Durante los años de bonanza se sumó a la fiesta del crédito fácil y la deuda pública nunca dejó de crecer. Francisco Camps cerró su primer ejercicio como presidente de la Generalitat con una deuda cercana a los 8.000 millones. A finales de 2010, la deuda alcanzó los 17.600 millones de euros.

La hipoteca de las empresas públicas creció en paralelo desde 1.500 millones de euros a finales de 2003 hasta 3.000 millones de euros a finales de 2010.

Los presupuestos de la Generalitat no permiten alegrías. La nómina de los empleados públicos y los gastos fijos asociados a los servicios de Sanidad, Educación y Bienestar Social consumen la inmensa mayoría del dinero formalmente disponible. Y cuando los ingresos quedan por debajo de lo previsto, no se puede pagar. Así de simple.

Gerardo Camps, actual vicepresidente económico del Consell, anunció en enero de 2009 el denominado Plan Confianza encaminado a paliar la virulenta destrucción de empleo en la Comunidad Valenciana que se financiaría con un crédito específico.

Francisco Camps ha reiterado que la Generalitat supo reaccionar a tiempo, siempre a diferencia de José Luis Rodríguez Zapatero, al inyectar 1.700 millones de euros para mover la economía. Pero la Sindicatura de Cuentas cifró en 343 millones el gasto asociado al Plan Confianza en 2009. Y el propio Gerardo Camps asumía en febrero pasado que apenas había pagado 138 millones de euros de una partida de 1.020 millones destinada a financiar inversiones productivas en los municipios valencianos.

La crisis financiera internacional no ha hecho sino complicar la situación de la Generalitat. A lo largo de casi todo el año 2010, el Instituto Valenciano de Finanzas no ha podido vender deuda en los mercados institucionales. En octubre pasado forzó a Bancaja y a la CAM a comprar una emisión de 1.000 millones de euros. En diciembre recurrió a una emisión de bonos patrióticos dirigidos a particulares que debía cubrir las deudas acumuladas con diversos proveedores de la Administración autonómica. Pero esas deudas nunca llegaron a saldarse, como prueba la proliferación de asociaciones y federaciones patronales que reclaman el pago de facturas pendientes desde hace años.

La impotencia, sin embargo, ha sido maquillada con victimismo. Y con un chivo expiatorio: José Luis Rodríguez Zapatero es el origen de todos los males que afectan a los valencianos.

Escenario 2011
- La riqueza por habitante a finales de 2010 era de 20.465 euros. La renta media en toda España ha subido hasta los 23.063.

- La deuda de la Generalitat a finales de 2010 ascendía a 17.600 millones de euros y representaba el 17,2% de la riqueza regional

- En el primer trimestre de 2011 el número de ocupados fue de 1.887.400

- El número de parados alcanzó los 599.900, cifra que arroja una tasa del 24,12%.

- El censo de empresas activas en 2010 sumaba 352.366 sociedades.

- 181.081 estaban vinculadas al sector servicios.

- El sector del comercio redujo su censo hasta 90.005 empresas.

- El sector de la construcción mantenía 53.544 sociedades.

- El tejido industrial redujo su peso sobre el conjunto a 27.764 sociedades.

Escenario 2007
- La riqueza regional por habitante era de 19.057 euros a finales de 2005. La media española era entonces de 20.838 euros por habitante.

- La deuda de la Generalitat a finales de 2006 rozaba los 11.000 millones de euros y representaba el 11,3% de la riqueza regional.

- En el primer trimestre de 2007 había 2.188.500 ocupados.

- El número de parados ascendía a 204.500, cifra que arroja una tasa del 8,55%.

- El censo de empresas activas en 2007 superaba las 368.000.

- 187.771 empresas estaban vinculadas al sector servicios.

- El sector del comercio acumulaba un censo de 96.356 empresas.

- El sector de la construcción sumaba 54.180 sociedades.

- El tejido industrial estaba representado por 30.269 sociedades.


* El País - 9.05.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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El urbanismo acecha uno de los pulmones verdes de San Roque

LAVOZDIGITAL/Cádiz* : El peligro de la excavadora y la piqueta se cierne sobre uno de los ‘pulmones’ de mayor valor ecológico del sur de España. El Ayuntamiento de San Roque trata de sacar adelante un criticado plan urbanístico con el que se podrían construir 2.800 viviendas, campos de golf y hoteles en un alcornocal situado en las fincas de Guadalquitón y Borondo en pleno litoral y junto a la prestigiosa urbanización de Sotogrande. Un proyecto que en 2003 fue calificado como «inviable» por la Junta, pero contra el que la Administración andaluza no se «blindó», y que ahora tiene visos de convertirse en realidad si el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (Potcg) se aprueba. Comunidades de vecinos y ecologistas ya han presentado numerosas alegaciones. El objetivo es salvar hectáreas y hectáreas de un vergel de gran importancia medioambiental que rompe con la tradicional barrera de ladrillo que se erige en la costa. El riesgo que acecha a este alcornocal no es nuevo.

En 1987 el propietario de la primera de las fincas y el Consistorio alcanzaron un acuerdo por los que estos terrenos se incorporaban al PGOU a cambio de una superficie de 60 hectáreas para un campo de golf municipal. Los trámites continuaron hasta que la Consejería de Medio Ambiente declaró en 2003 «inviable» cualquier intento de edificar en las 200 hectáreas de alcornocales que pueblan Guadalquitón. «El gran error que cometió es no proteger la zona», explica uno de los opositores al proyecto urbanístico.

Primera derrota
Pero los interesados en poblar de ladrillo ese tramo de franja costera no cesarían en su empeño tras esta primera derrota. «El valor natural de esta finca es inigualable, porque es la única del Mediterráneo en la que el bosque de alcornoques llega prácticamente a la orilla del mar. Estoy muy contento de haber llegado a este acuerdo, y muy pronto se formalizará por escrito». Estas declaraciones las realizó en 2009 el actual alcalde de San Roque, Fernando Palma (PP), tras saberse que estaba en negociaciones para que la finca Guadalquitón pasase a titularidad municipal. Han pasado dos años y el discurso ha cambiado sutil pero peligrosamente para este espacio natural. «En lo que respecta a Borondo-Guadalquitón, era la que tenía más dificultades de salir adelante, porque se complicaba con la postura de los ecologistas y los informes de Medio Ambiente. Pero parece que va a prosperar este área residencial ligada a un espacio natural para el disfrute general», señalaba el regidor tras una de las reuniones con la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Un espacio de «valor natural» se convertía en una zona residencial.
La puerta entreabierta que han aprovechado el Ayuntamiento y las sociedades propietarias de las fincas, Servicios Índice S.A. y Guadalquitón Inversiones S.A., se llama Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar y las nuevas oportunidades de aprovechamiento del suelo. El gobierno local y la otra parte firmaron el 20 de octubre del año pasado un convenio en el que se recogen 579.049 metros cuadrados para «uso residencial y terciario y un máximo de 2.800 viviendas».
Uso recreativo
El Potcg inicialmente declara suelo no urbanizable buena parte de Guadalquitón, pero permite edificar para uso recreativo y hotelero en una franja de litoral de 15 hectáreas y en otra gran superficie en la zona norte de la finca, cercando el alcornocal. El espacio situado junto a la costa es un auténtico «caramelo» para cualquiera que tenga intereses urbanísticos y hoteleros. Una zona paradisíaca, casi virgen, de alto valor ecológico que se vería gravemente amenazada. Menor protección aún tiene su vecina finca de Borondo, que sería el lugar elegido para acoger parte de estas edificaciones en el caso de que la Consejería de Obras Públicas tumbe el Plan de Ordenación del Territorio, aunque esto parece poco probable. «Otro de los problemas es que habrá que dotar de servicios y suministros a estos complejos urbanísticos. Llevar luz y agua, construir carreteras… Y eso también tiene su impacto», señala uno de los residentes.
Antonio Muñoz, representante de Verdemar-Ecologistas en Acción, es uno de los máximos defensores de la conservación de este espacio. Expresa su total oposición a cualquier tipo de intervención urbanística en el alcornocal y su entorno y señala que creen «que la sociedad civil desea que permanezca tal como está».
Distintos colectivos vecinales también se pronunciaron en los mismos términos. «Debemos vender un turismo sostenible», señala una de las residentes, quien hace hincapié en la necesidad de romper el modelo impuesto en el resto del litoral andaluz.
Un vecino del lugar se mostró contundente al ser preguntado qué significaría para él la urbanización del alcornocal: «Me cambiaría mi entorno vital. Es un lugar que nuestros hijos y nietos deben conocer tal como está».
«Sería una patada que edificaran en Guadalquitón», señala otro residente, quien manifiesta: «Para mí es muy importante porque vivo dentro de este paisaje». Además, señala que ya hace años se hizo una extracción de áridos con la que no estuvieron de acuerdo y que se ha formado una laguna donde están habitando especies asociadas al entorno.
Este periódico se puso en contacto con la Consejería de Medio Ambiente para saber si esta Administración podía realizar alguna actuación en el caso de que se apruebe definitivamente la urbanización de Guadalquitón y Borondo y señalaron que ya han remitido el informe ambiental para que se adjunte al Potcg, en el que siguen manteniendo su postura de 2003 sobre la inviabilidad de construir en el alcornocal.
El proyecto está a la espera del visto bueno de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz y su homóloga andaluza, que emitirán sendos informes que deberá estudiar Obras Públicas y Transporte.


* La Voz Digital - 9.05.11
Foto: San Roque (Cádiz), pulmón verde junto Sotogrande - lavoz

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Gijón.- Los focos calientes del suelo

LAVOZDEASTURIAS* : Sin punto de retorno. La corporación municipal aprobará el próximo 13 de mayo un Plan General de Ordenación (PGO), que aún mantiene focos conflictivos para los gijoneses. La nueva ordenación del suelo para la próxima década, ha reabierto viejas fisuras, después de que el anterior PGO de Teixidor (2005) fuera declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA). De hecho, dos colectivos vecinales de Vega ya han anunciado que emprenderán medidas legales contra el recién redactado documento: “No hay razón para cuestionar ni la forma, ni el fondo del plan”, atajó el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. El PGO entrará en vigor dos días antes de las elecciones municipales.
Cabueñes La parroquia se convierte en nuevo núcleo urbanizable, con una densidad edificatoria que llegará hasta los 600 pisos. La Plataforma contra el Muro de Cabueñes (SOS Cabueñes) siempre ha mostrado su rechazo a la reordenación urbanística, al entender que deriva del anterior planeamiento. Las alegaciones presentadas al documento fueron rechazadas y Urbanismo mantiene la densidad edificatoria prevista para más de 200.000 metros cuadrados.
En la misma tesitura, se encuentran los núcleos de Granda, Castiello de Bernueces o el Alto del Infanzón. El plan estima la creación de unas 8.000 viviendas en estos nuevos suelos urbanizables.

Les Caseríes La Federación Les Caseríes , que agrupa las asociaciones rurales, siempre ha mantenido una complicada relación con el urbanismo gijonés. El colectivo rural ha fijado su caballo de batalla, desde hace una década, en un aumento de los núcleos rurales del municipio. Presentaron una batería de alegaciones al PGO por considerar que existe una pérdida de derechos en las situaciones fuera de ordenación. No obstante, los servicios técnicos aseguraron que las viviendas fuera de ordenación tenían garantizado su mantenimiento, e incluso podrían solicitar obras parciales durante los próximos 15 años. El colectivo lo tacha de insuficiente.

El Muselín Los planes municipales pasan por desalojar el barrio para transformarlo en una extensa zona verde. Los vecinos del Muselín presentaron una serie de alegaciones al PGO, que fueron admitidas parcialmente y cambiaron la calificación de los terrenos a urbanizables, pero sólo a efecto de expropiaciones. Por su parte, Urbanismo alega riesgo de derrumbe de las casas más próximas a la ladera. Los vecinos llevaron a cabo varias movilizaciones, que incluyeron barricadas y cortes de tráfico. El derrumbe de los edificios obligará a desalojar a unas 200 personas. Prevén que su lucha se dirima en un contencioso.

Poniente El blindaje del suelo industrial que ha llevado a cabo el ayuntamiento en el nuevo plan ha sido rechazada por los vecinos de Poniente (próximos a los terrenos de Naval Gijón), quienes realizaron una alegación para solicitar que la zona tuviera un uso mixto (residencial e industrial). El edil de Urbanismo garantizó que en el suelo se desarrollará una industria limpia.


* La Voz de Asturias - 8.05.11
Foto: Vista de la parroquia de Cabueñes, en la que se prevé edificar unas 600 viviendas - lavoz

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C.Valenciana.- Los vecinos de Gürtel

ELMUNDO* : El 'caso Gürtel' limita al norte con el 'caso Fabra' y al sur, con el 'caso Brugal'. Es el mapa de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Si José Joaquín Ripoll, líder del PP alicantino, ha dejado de incordiar a Camps, enemigo íntimo dentro del partido, es porque su negociado también se ha visto salpicado de basura. Si Fabra observa ahora la actualidad política valenciana con media sonrisa es porque sabe que después de siete años soportando casi en solitario el peso de la justicia sobre sus hombros, la sospecha de corrupción se ha extendido ahora como mancha de aceite por toda la Comunidad. Si él cae, por qué no lo harán todos los demás, se debe preguntar.
En Alicante, el problema se llama Brugal (Basuras RUrales Gestión ALicante). La supuesta trama de corrupción surgió en 2007 en la comarca de la Vega Baja. La adjudicación del servicio de recogida de basura en la ciudad de Orihuela se vio entonces salpicada por presuntos sobornos, que se saldaron con la detención del empresario Ángel Fenoll, varias personas de su entorno y concejales de distintos consistorios de la zona.

De todos ellos, solo Fenoll, su hijo y un concejal del PP permanecieron un mes en la cárcel, de donde salieron previo pago de 26.000 euros. Sin embargo, fueron precisamente las cintas que presentó Fenoll a la Policía y en las que grabó con cámara oculta sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos, las que provocaron la apertura de nuevas diligencias y una segunda fase de la operación.

Ésta a su vez, se divide en varias ramificaciones. La más mediática estalló en julio de 2010 con las detenciones del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela; y el empresario alicantino, Enrique Ortíz.

La presunta implicación de Ripoll estaría relacionada con la adjudicación del Plan de Residuos de la Vega Baja a la Unión Temporal de Empresas Cespa-Ortiz, de la que forma parte el constructor alicantino. Tras una sonada detención, no exenta de algunas contradicciones, el presidente del PP alicantino acabó imputado por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y uso de información privilegiada.

De nuevo, el seguimiento policial a los presuntos actores de la trama, ayudó a abrir otro capítulo de Brugal. En él se conectaba a Ortiz con el Ayuntamiento de Alicante, apuntando en esta ocasión a presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los informes policiales de la Fiscalía Anticorrupción hacían en este caso referencia al supuesto de que el anterior alcalde y diputado del PP en las Cortes Valencianas, Luis Díaz Alperi, y la actual primera edil, Sonia Castedo, presuntamente pudieran haber facilitado información privilegiada; que Castedo supuestamente pudo pactar con Ortiz la remodelación del estadio Rico Pérez; y que pudo haber recibido dádivas del empresario. También que Castedo (edil de Urbanismo en la época investigada) podría haber diseñado y resuelto aspectos de la redacción del planeamiento "a la medida de Ortiz".

Desde hace unas semanas, el juez de Orihuela, Carlos San Martín, ha llamado a declarar a parte de los imputados por el asunto de las basuras, mientras que el magistrado que se ocupará de la pieza separada correspondiente a Alicante está revisando la información para diseñar el calendario de declaraciones, entre las que podría incluirse la de la alcaldesa Sonia Castedo. La duda es si será antes o después del 22-M.

Castellón es territorio Fabra

Castellón es territorio Fabra. Para lo bueno y para lo malo. Y dentro de lo malo, lo peor es un calendario judicial que se remonta a 2003: el eterno caso Fabra. Al presidente de la Diputación de Castellón le achacan delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal.

Hablar del caso Fabra es hablar del colapso de la Justicia en Castellón, del retraso en todos los juzgados, del escandaloso retraso en los juzgados de Nules. Allí se interpuso la primera demanda, por allí han pasado hasta nueve jueces y cuatro fiscales.

En diciembre de 2003, Vicente Vilar, un empresario castellonense y hasta entonces amigo íntimo de Carlos Fabra, se querelló contra el presidente de la Diputación. Le acusaba de cobrarle cantidades millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios del gobierno de Aznar para legalizar los fitosanitarios que fabricaba.

Desde entonces varios informes han constatado millones de euros defraudados, Fabra ha ganado hasta tres veces la lotería, y el proceso ha avanzado a ritmo pausado. El 1 de junio de 2010, el juez de Nules acordó transformar en procedimiento para el juicio toda las diligencias previas. La Audiencia de Castellón consideró en diciembre que sus delitos fiscales habían prescrito.

Fue recurrido, aunque la Abogacía del Estado lo hizo fuera de plazo. Fabra está más cerca que nunca del banquillo, aunque ha pasado tanto tiempo que la cita le pillará retirado del panorama político. Dicen que su hija Andrea, diputada por Castellón en el Congreso y casada con el ex consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, está dispuesta a prolongar la dinastía.


* El Mundo - 7.05.11
Foto: Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll. | Efe

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Lugo.- El TSXG rechaza un recurso del Concello y del promotor por la obra del Garañón

LAVOZDEGALICIA* : El caso del Garañón tuvo una nueva vuelta de tuerca a nivel judicial. Esta vez, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó un recurso de apelación interpuesto por el Concello de Lugo y el promotor de la polémica obra de construcción de viviendas en las cuestas del parque, Ricardo Iglesias Paredes, contra una sentencia de del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Lugo. En su fallo, el tribunal lugués estimaba una recurso que había presentado la Asociación Cultural en Defensa del parque Rosalía de Castro contra un acuerdo del Ayuntamiento de Lugo, de fecha de 14 de febrero de 2007, mediante el cual se aprobaba definitivamente el proyecto de urbanización de la unidad de actuación CS5.
La sentencia apelada por los ya reseñados, emitida en el mes de septiembre de 2009, rechazaba la posibilidad de que, «en orden a analizar la impugnación indirecta del plan de reforma interior que daba cobertura al proyecto de urbanización de la citada unidad de actuación impugnado, pudieran analizarse cuestiones de tipo formal o procedimental que afectaran a la referida norma urbanística, singularmente la ausencia del informe del departamento autonómico competente en materia de cultura».
Recuerda el TSXG que la sentencia impugnada concluyó que dicho informe era también necesario para ejecutar el proyecto, por lo que se imponía anular el acuerdo municipal de febrero de 2007 que lo aprobó y ordenar que se retrotrajera el procedimiento para su obtención.

Un informe necesario

Las partes apelantes pretendían la revocación de la sentencia de instancia y que se desestimara la demanda lo que suponía confirmar el decisivo acuerdo municipal. Entendían que no se precisaba el informe de la Xunta en materia de protección del patrimonio cultural. El promotor admitía, en todo caso, un pronunciamientode Cultura en relación con las termas romanas, ubicadas en el balneario, por tratarse de un bien catalogado, pero no con relación al sanatorio Portela, por entender que se trata de un edificio que no tiene protección y que solo está inventariado.

El TSXG comienza advirtiendo en la sentencia que no se discute que el Concello de Lugo sea el competente para aprobar el proyecto de urbanización, «pero ello no significa ignorar que, cuando dentro de su ámbito o colindancia, se encuentran bienes catalogados o inventariados, tiene que intervenir igualmente el departamento autonómico competente en la materia».

Las termas y el Portela

Recuerda el fallo que en la zona se encuentran las termas romanas, declaradas conjunto histórico artístico en el año 1931 e incluidas en el catálogo del inventario de bienes culturales del Plan General de Ordenación urbana de lugo de 1993, con un grado de protección atribuible al de los yacimientos arquelógicos. En cuanto al Portela, el TSXG recuerda que, aunque no es un bien catalogado, figura includido en el Inventario del Patrimonio de Galicia. La ley establece protección para dichos bienes para evitar la desaparición.

Dice la sentencia que, en ambos casos, se requiere la previa autorización autonómica. En cuanto a las termas el informe debe ser emitido para cualquier intervención que les afecte «y ello se produce tanto cuando la obra en cuestión se ejecute en el propio inmueble inventariado, como cuando se acometa en otros que le están adheridos o que sean colindantes, pero siempre que, en estos casos, se les ocasione un grado de afectación siquiera mínimo».

Los integrantes de la sala juzgadora destacan que en otras ocasiones recordaron que, pese a que el artículo 54 de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, «tan solo le otorga protección al bien inventariado en lo que le afecte y no a todo su entorno, tal proyección se proyectará cuando la intervención en los inmuebles colindantes le afecte a aquel, de modo que se está en presencia de una realidad cuyos límites no aparecen bien precisados (como el entorno definido) y se hace necesario buscar la única solución posible, ya que la afectación no es sino un concepto jurídico indeterminado cuya concertación debe obtenerse reduciendo la zona de incertidumbre que en casa caso se presenta; y para ello se debe tener en cuenta que si bien es cierto que existen otras categorías de bienes que tienen mayor protección que los inventariados, el control preventivo autonómico de estos debe operar en el inmediato o cercano entorno, pues es posible que sobre él se proyecten consecuencias negativas».


* La Voz de Galicia - 5.01.11
Foto: La polémica obra de las cuestas del parque en una foto de archivo del mes de abril del año pasado - lavoz

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Toma la calle "Democracia Real YA. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros"

DEMOCRACIA REAL YA!* : Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes… queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas, de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos. Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo. Mediante esta plataforma, queremos ayudar a coordinar una acción global y común entre todas aquellas asociaciones, grupos y movimientos ciudadanos que, a través de distintas vías, están intentando contribuir a que la actual situación cambie.
Convocamos a todos, en calidad de ciudadanos, a salir a la calle el día 15 de Mayo, a las 18 horas, bajo el lema “Democracia Real YA. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Te animamos a que te unas de forma pacífica y sin símbolos políticos excluyentes para hacer que se escuche una sola voz.

Puedes enviar un mail a contacto@democraciarealya.es para adherir a la convocatoria tu grupo, asociación, blog o plataforma, o para colaborar en la difusión y organización en tu ciudad de la protesta.

Asimismo, te invitamos a que suscribas con tu firma nuestro manifiesto.

En pie de paz y de justicia social. Unid@s, podemos.

Entra también en el apartado correspondiente a tu localidad en la sección de convocatorias locales.

¿Dónde?

Toda España Dirección: Puntos centrales de las capitales españolas.

Pagina Web: http://democraciarealya.es/

¿Cuando?
Domingo, 15 de mayo de 2011

Hora: 18:00h

¿Cuanto?
Precio: Gratis


* Democracia Real Ya! - Mayo 2011


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