Lanzarote.- La Fiscalía mantiene las penas contra el expresidente del Cabildo D.Martín, Fiestas y Machín

CANARIAS7* : Ayer quedó visto para sentencia el juicio por la obra de los aseos de Los Dolores, donde el fiscal incorporó un delito más en su acusación contra Dimas Martín y Fiestas Coll, a los que acusa de obra ilegal, además de daños al patrimonio y prevaricación. A Sergio Machín le imputa prevaricación, las defensas pide absolución. Tras más de veinte horas de plenario en los dos últimos días, ayer quedó visto para sentencia el juicio contra el ex presidente del Cabildo, Dimas Martín, el ex consejero de Obras Públicas, Sergio Machín, y el ex jefe de la Oficina Técnica, José Manuel Fiestas Coll, como responsables de las famosas obras de construcción de los aseos públicos de Los Dolores, en Tinajo.
El fiscal, en sus conclusiones amplió un delito más a su acusación para Dimas Martín y el técnico Fiestas Coll, a los que acusa de obra ilegal, además de los dos iniciales de prevaricación administrativa y daños contra el patrimonio. Mientras que a Sergio Machín, sólo le acusa de cooperador necesario en la prevaricación administrativa. En sus conclusiones el Ministerio Público cree que los tres atentaron contra el patrimonio histórico de forma flagrante, al permitir que se rompiera la colada volcánica, como según éste quedó demostrado en el juicio por los testimonios de los técnicos.

Al mismo tiempo destacó la prevaricación de libro que a su juicio cometieron los tres acusados, al camuflar una obra injusta, y sin los permisos habilitantes como calificación territorial, licencia o permisos de patrimonio y de la Comisión Iglesia Estado. Que además se adjudicó de forma irregular al constructor, sin oferta de otras empresas, y cuya obra estaba casi terminada tres días antes de que se firmara la resolución que la autorizaba por el propio Dimas Martín. Por ello según el fiscal incurrieron en una prevaricación de libro, una nueva modalidad consistente en disfrazar de legal un procedimiento de adjudicación cuya obra estaba ya terminada y adjudicada antes de autorizarse».


Por todo ello, mantiene la petición de penas de un año y nueve meses de cárcel, por un delito de daños contra el patriomonio, y de 10 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por prevaricación administrativa para Dimas Martín, mientras que para Fiestas Coll y Machín pide una pena de un año y nueve meses de cárcel y siete de inhabilitación.

Por su parte las defensas pidieron la libre absolución de los tres acusados, además de que se tenga en cuenta la circunstancia de dilaciones indebidas, en un juicio que ha tardado ocho años en celebrarse y que se ha aplazado en dos ocasiones, la última casi dos años, por razones ajenas a la investigación o a los acusados.

Para las defensas, no existieron daños al patrimonio, porque el Bien de Interés Cultural se mantiene inalterado, íntegro, y además se restauró una zona deteriorada por que antiguamente estaba ocupada por unos corrales y la acumulación de escombros, además de que los trabajos no afectaron al BIC; sino a su zona de influencia.

Además, alegan que contó con informe, no vinculante, de los técnicos de Patrimonio, que la obra no necesitaba calificación territorial porque al estar aprobado el Plan General de Tinajo, el suelo es urbanizable y la licencia, no era necesaria por la denominada colaboración interadministrativa. Y en cuanto a la adjudicación se hizo por procedimiento negociado invitando a tres empresas, por ser obra de menor cuantía. Por todo lo cual, según la defensa, la denuncia en todo caso debió ir por un contencioso, no por vía criminal, como hizo el PSOE.


* Canarias 7 - 10.05.11
Foto: Tinajo (Lanzarote) - sobrecanarias

.................................... Leer más...

Marbella.- La alargada sombra del juez Torres

SUR/Málaga* : Nueva sesión del juicio por el 'caso Malaya'. Ayer se retomó la vista oral del macroproceso que enjuicia su segundo bloque, el de blanqueo de capitales vinculado a varias operaciones y sociedades de Juan Antonio Roca, el principal imputado en la presunta trama de corrupción. Se retomaba uno de los juicios más mediáticos con la sombra siempre presente del juez instructor del proceso, Miguel Ángel Torres. En cada jornada hay continuas referencias (y críticas) al magistrado pero ayer uno de los abogados fue más allá e incluso llegó a plantearse la posibilidad de pedir que el juez comparezca como testigo para aclarar algunas cuestiones de la investigación. La propuesta la dejaba en el aire José Antonio Choclán abogado defensor de Óscar Benavente, presunto testaferro de Roca, durante el interrogatorio a uno de los principales investigadores de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco). El letrado preguntaba por los indicios que llevaron a la policía a intervenir el teléfono de su defendido. El agente explicó que tenían indicios policiales como para pensar que su patrocinado «podía estar colaborando con el señor Roca en sus actividades».

En un momento de la comparecencia el policía aseguró que, la única forma de responder a las cuestiones planteadas por el abogado era «preguntando al señor magistrado instructor» a lo que el abogado respondió: «Entonces lo tengo que citar como testigo. Quizás nos reservamos -ante este nuevo hecho de nueva aparición ya lo estaba reflexionando- la posible proposición de la prueba testifical del señor magistrado instructor; en la medida en que se están refiriendo a determinados conocimientos privados e informaciones que no constan en la causa», trasladó a la sala. Justo después el presidente del Tribunal, José Godino, daba por finalizada la sesión que continúa hoy con el interrogatorio al mismo policía.
Por su parte, el resto de las defensas preguntaron a este testigo y a su compañero (también de la Udyco) sobre los indicios de las diligencias, las fechas de las escuchas telefónicas y los registros cuestionando en todo momento la investigación que, a su parecer, comenzó antes de que existiera autorización judicial. Ambos funcionarios aseguraron que siempre actuaron bajo «requerimiento judicial». La abogada de Roca, Rocío Amigo, intentó poner contra las cuerdas al segundo funcionario en declarar al señalar discordancia de fechas entre las intervenciones telefónicas y la autorización pertinente. El agente dijo tajante que siempre se hacían «con amparo judicial».


* Sur - 10.05.11
Foto: Marbella, jueces Torres y Urquía (archivo) - J.Lanza (SUR)

.................................... Leer más...

Valladolid.- El Ayuntamiento pierde 11,6 millones de los 16,7 que adelantó por Panibérica

NORTECASTILLA* : Era una posibilidad y desde ayer, una realidad. El Ayuntamiento perderá los 11,6 millones de euros que se acordaron como penalización, tras no ejercer la opción de compra a la que se había comprometido con Panibérica para la adquisición de los terrenos de la vieja fábrica en el Callejón de la Alcoholera. Hace unos días el Ayuntamiento dio a conocer un nuevo informe de tasación en el que el valor de ese suelo bajaba de 52,5 a 20 millones de euros, re- ducción que no ha debido de gustar a la empresa, que ayer comunicó a la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, su rechazo a aceptar la nueva oferta.
El Consistorio ha intentado con la nueva tasación negociar una compra mucho más barata de esas parcelas y no perder los 11,6 millones de penalización -7,2 de ellos en especie por el valor de los terrenos que le vendió en Nicas- pero Panibérica, perteneciente al Grupo Lesaffre, ha dicho 'no' a esa rebaja de 32,5 millones de euros.

Así, el Ayuntamiento solo recuperará el 30% de los 16,7 millones de euros que la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda entregó para poder ejecutar su opción de compra. 5,1 millones de euros regresarán a las arcas municipales y los terrenos del Callejón de la Alcoholera se quedarán en manos de la empresa líder mundial en soluciones de panificación, que se supone intentará encontrar un mejor postor. Fuentes de la compañía precisaron que la empresa ha realizado una importante inversión, cercana a los 58 millones de euros, en la nueva fábrica y que la nueva propuesta obligaría a redefinir los créditos que se solicitaron con los bancos para la nueva planta, lo que supondría un importante trastorno.
Hasta el 15 de mayo
El acuerdo alcanzado en julio de 2008 entre Panibérica y el Ayuntamiento para la reubicación de esta empresa junto a Nicas contemplaba una opción de compra por parte del Consistorio del suelo resultante del derribo, que le obligaba al Consistorio a pagar antes del próximo 15 de mayo 35,8 millones de euros más el IVA -teniendo en cuenta la primera tasación de 52.530.293 euros- a Panibérica para quedarse con un terreno en el que caben medio millar de viviendas. De no ejecutar esa opción de compra, que es lo que ha ocurrido finalmente, la compañía tendrá derecho a hacer suya, en concepto de penalización, la cantidad ya entregada po-r la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (Viva) como precio de la opción, aunque reducida el 30%. Como así será.
El Ayuntamiento, en una nota de prensa, asegura que mantiene relaciones cordiales con la empresa, con la que se ha alcanzado un acuerdo amistoso. Desde la institución se insiste en que «ante la crisis económica actual», VIVA encargó una nueva tasación a TINSA para conocer el valor de los terrenos que ocupaba la fábrica, cuyo resultado «confirma que el valor del suelo ha sufrido una rebaja considerable, al pasar de los 52 millones de euros iniciales a poco más de 20 millones». A la vista de este dato, la Sociedad Municipal trasladó a la dirección de la fábrica la reducción del precio, «ya que no estaría justificada el pago a la empresa privada muy por encima del valor real».
Como consecuencia de esta decisión, Panibérica de Levaduras deberá reintegrar a VIVA el 30% del importe del contrato, que asciende a 5.011.968 euros más IVA, suma que se destinará a rehabilitación y edificación de VPO. Hasta la fecha, VIVA había desembolsado 9,5 millones y había entregado la parcela del polígono de Nicas.
Con el nuevo precio de tasación, la Sociedad Municipal había encontrado dos compradores para dos parcelas y poder iniciar la edificación de VPO a tres bandas. La intención era «compartir los riesgos de la operación en la situación económica actual», según el Ayuntamiento.


* El Norte de Castilla - 10.05.11
Foto: Terrenos en el Callejón de la Alcoholera durante la demolición de la planta - nortecastilla

.................................... Leer más...

Alicante.- Cambios, crisis y escándalos

INFORMACIÓN* : La marcha de Luis Díaz Alperi en septiembre de 2008 y su relevo al frente del Ayuntamiento por parte de la entonces concejal de Urbanismo Sonia Castedo supuso un antes y un después en este último mandato municipal, liderado con mayoría absoluta por el PP (15 concejales) y con la única oposición del PSOE (14 ediles), y marcado por la crisis y las sospechas de corrupción que han salpicado la vida política.
Cuatro años que parecen no haber pasado por los grandes proyectos de la ciudad como el Centro de Congresos, en pleno debate sobre si es o no necesario tras la reciente apertura del Auditorio Provincial. También sigue enquistada la aprobación definitiva del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sometido a investigación judicial en el marco del llamado caso Brugal, que ha extendido las sospechas de corrupción sobre varios políticos municipales. Entre ellos, la propia alcaldesa, investigada por presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz.

El escándalo de corrupción del caso Brugal se saldó con la dimisión, en octubre de 2010, del entonces líder del grupo municipal socialista, Roque Moreno, quien al igual que lo hiciera Castedo, admitió haber pedido trabajo a Ortiz para conocidos. Su abandono supuso el segundo cambio al frente del PSOE tras la marcha de Etelvina Andreu meses después de las últimas elecciones. La socialista Carmen Sánchez Brufal tomó las riendas de un grupo que ha ido dividiéndose hasta romperse en pedazos. Hasta tres portavoces en cuatro años. Y en esta elecciones, una nueva cara: la de Elena Martín.
El archivo del caso de los aparcamientos y la exculpación de los políticos en el caso Mercalicante aliviaron el peso judicial sobre el equipo de gobierno, pero otros casos han ido abriéndose y continúan hoy sin resolverse definitivamente. Un cúmulo de causas por las que han llegado a coincidir en el tiempo hasta tres concejales imputados por diferentes asuntos.
El mandato comenzó prácticamente paralelo a la crisis económica, lo que ha obligado a ir ajustando los presupuestos por la reducción de ingresos ante la caída de la recaudación de impuestos derivados de la construcción. La situación se agudizó en el último año, cuando el Ayuntamiento aprobó un plan de ahorro y la congelación de la plantilla para equilibrar sus cuentas. Se ha pasado de la época de las vacas gordas a la de los recortes, de los que no se han librado ninguna de las concejalías, ni tampoco las fiestas de Hogueras.
No todo han sido sombras. Entre las luces destacan algunos proyectos que se han hecho realidad en la ciudad en los últimos cuatro años pese a las dificultades de financiación. Entre ellos, la remodelación de la avenida de Dénia, la prolongación de la Vía Parque y su acondicionamiento con parques y zonas deportivas, la ampliación del tranvía para conectar Alicante y San Vicente, la construcción de una nueva estación de autobuses, el desbloqueo del soterramiento y las obras para la llegada del AVE en 2012 y la mejora del acceso sur a la ciudad. Esta última actuación, inaugurada recientemente, se ha convertido en una de las grandes bazas electorales de la alcaldesa que se enfrenta por primera vez a las urnas como cabeza de lista.
Desde que Alperi le dio el relevo, Castedo apostó por poner "guapa" la ciudad y prometió una política de mano tendida, que tradujo no en una mejor relación con la oposición, sino en una mayor cercanía hacia los vecinos y en el diálogo con los colectivos sociales más activos. Su primera decisión de calado político se centró en los cambios en Seguridad y la destitución del edil Pablo Suárez, pero las más polémicas se concentraron durante el último año. Castedo se vio obligada a asumir que para gobernar no se puede contentar a todos y, ante la avalancha de críticas, no tuvo más remedio que dar marcha atrás en su propuesta de crear un botellódromo para los jóvenes o de abrir al tráfico un tramo de la Explanada para complacer a los comerciantes del centro.
En marzo de 2010 Castedo decidió desprenderse de sus competencias en Urbanismo y delegó en un abogado del equipo redactor del PGOU, Alfonso Mendoza. En el terreno urbanístico, el polémico plan Rabasa continúa a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre su legalidad, si bien se ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre el planeamiento. Ahora se tramita una modificación de este plan para poder instalar allí una tienda Ikea, de la que el PSOE cuestiona su ubicación, y un macrocentro comercial anexo que los comerciantes de la ciudad rechazan firmemente.


* Información - 7.05.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

.................................... Leer más...

Barreiros, más casas que vecinos

ELPAÍS/Lugo* : Aplacada la euforia constructiva, Barreiros se enfrenta a los próximos comicios a la sombra de urbanizaciones y chalés ya edificados o a medio construir desperdigados por la línea de costa y centenares de apartamentos a la venta. Cuatro años de parálisis urbanística, crisis y paro han hecho mella en el municipio lucense donde se apilan materiales de obra y casetas de promociones inmobiliarias junto a grandes prados de vacas a un paso de la playa de Altar. El alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, acusado por la fiscalía de prevaricación, aprobó con nota el último examen electoral del 2007 tres meses después de que la Xunta del bipartito le retirase por decreto las competencias urbanísticas por un chorreo descontrolado de licencias para edificar 4.000 viviendas en terrenos sin redes ni servicios. El desmadre de ladrillos no les pasó factura a los populares que contaron 34 votos menos que en 2003 y repitieron con mayoría absoluta. Fuente se examina el 22 de mayo por segunda vez después de muchos atolladeros jurídicos para tratar de desbloquear las 44 licencias para 3.174 pisos que impugnó el bipartito y que ya le han costado a las arcas locales más de 200.000 euros en los últimos dos años, el equivalente al 7% del presupuesto anual que ronda los tres millones de euros.

Lejos de sonrojarse, el regidor popular presume del "potencial residencial" de su localidad y achaca lo ocurrido a una persecución política. "Se dieron las licencias que permitían las normas", se justifica Fuente, que vivió "dos años negros" hasta que el PP retornó a la presidencia de la Xunta en 2009. Los vecinos, en general, no parecen rebelarse contra la invasión cementera de sus costas que únicamente fue cuestionada por una oposición muy minotaria y los ecologistas. En Barreiros casi dan por hecho que Fuente seguirá en la alcaldía.

"La gente se fue acostumbrando", resume una dependienta, resignada ante el paisaje de bloques de cemento entre casas de piedra y labradíos. No todos aplauden el trabajo de la actual corporación y opinan que ha crecido el descontento por un modelo de urbanismo que llenó la costa de pisos vacíos sobre terruños sin saneamiento ni luz levantados por mano de obra foránea.

El candidato nacionalista, Antonio Veiga, se queja amargamente de que las urbanizaciones alteraron la dinámica de un pueblo "que no avanzó nada" y el socialista, Manuel Lens, opina que la parálisis urbanística también se contagió al plano institucional. Ambos lamentan que el alcalde solo atienda "a sus intereses" y descuide los servicios mientras crece el déficit.

"Aquí hubo mucho caciquismo y mucho peto", se despacha un vecino que prefiere el anonimato. Cuenta que algunos empezaron a recriminarle al alcalde que edificase tanto en la parroquia de San Miguel de Reinante, con 777 vecinos, y este contrató a más gente. Lo compara con "la Diputación de Baltar en pequeñito". "El 30% del personal municipal es de allí", apuntan desde la oposición. En pleno verano, entre socorristas y limpieza de playas, la plantilla supera el centenar, admite Fuente.

Xesús Seivane, presidente de la Asociación de Comerciantes de Barreiros (ACIAM) denuncia que las constructoras hicieron "auténticas salvajadas" y arrasaron con hórreos centenarios para edificar "gallineros", como llama a las urbanizaciones que aparecen entre "corredoiras". "Fuimos los primeros en protestar que había que poner orden (luz y agua) antes que las casas, y nos pusieron de malos", cuenta Seivane. "Parecía que todas las leiras eran solares y todos querían jubilarse así: vendiendo las tierras", explica el hostelero.

Ocho kilómetros de costa salpicada de ocho largas playas de arena blanca enlazadas por un paseo marítimo fueron el mejor reclamo turístico para este municipio de 3.203 habitantes y 77 kilómetros cuadrados encallados en A Mariña Oriental, entre Foz y Ribadeo. Barreiros despegó momentáneamente como paraíso urbanístico para los que buscaban una segunda vivienda a orillas del Cantábrico y amagó con ser la pequeña Marbella del norte gallego. En 2007, el municipio recaudó 1,9 millones por licencias de obras, según el portavoz del BNG, y en el centro de Barreiros se contaban "seis o siete" inmobiliarias, de las que solo queda una.

A lo largo de la N-634 a su paso por Barreiros, varias promotoras anuncian sus "últimos pisos" con "acabados de lujo" y abundan los carteles de particulares que anuncian sus fincas y terrenos en venta. De aquella fiebre urbanística quedan ahora por solucionar decenas de conflictos entre vecinos que vendieron o apalabraron sus fincas y promotores que no les pagaron todo. Seivane asegura que son varios los que cobraron una primera señal por los solares donde ahora se levantan centenares de pisos inacabados en calles de tierra sin tuberías, luz o alcantarillas.

Barreiros explotó urbanísticamente en 2006. En un año, el Ayuntamiento dio 71 licencias para 1.826 viviendas de nueva planta. Se amparó en unas normas subsidiarias de 1994 pasando por alto la Lei do Solo. La Xunta suspendió el planeamiento de Barreiros en 2007 e impuso duras restricciones al ladrillo. El Tribunal Superior de Xustiza ha avalado al bipartito frenando el recurso del Ayuntamiento y los promotores, pero la batalla jurídica sigue adelante. El alcalde anuncia que en los "próximos días" se firmará el convenio entre la Xunta, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento que destina 14 millones a legalizar las viviendas y costear las redes y tuberías que tenían que haber hecho los promotores.


* El País - 9.05.11
Foto: Barreiros (Lugo), playa - mma.es

.................................... Leer más...

Huelva.- El mañana nunca muere

HUELVAINFORMACIÓN* : Ligado al reto de la supervivencia económica, el resurgir del (macro)urbanismo será en estos próximos cuatro años uno de los mayores desafíos para los gestores municipales, en la defensa común de grandes proyectos que impriman en Huelva la definitiva fachada de capitalidad y, entre otros objetivos estratégicos, el acercamiento del casco urbano a la Ría del Odiel con la expansión meridional de la ciudad.
Los primeros mandatos del alcalde Pedro Rodríguez, con la Operación Relanzamiento del Plan General de 1999, supusieron en la época de bonanza un vértigo de obras en áreas consolidadas y descampados (todavía colea la proclama del PP de que "la ciudad ha cambiado más en una década que en un siglo"); pero el pinchazo inmobiliario instaló, como en todos los municipios, un escenario ralentizado, en algunos casos, una frenada en seco, mitigada en el último bienio con los fondos anticrisis del Gobierno central y la Junta de Andalucía, que han servido a actuaciones como la remodelación de la Gran Vía, la de la antigua avenida de Tráfico Pesado o los planes de mejora de espacios públicos e infraestructuras en las barriadas.

Sin embargo, las revoluciones anunciadas durante todos estos años, como el Ensanche sur o el proyecto de Isla Chica en los terrenos del viejo estadio -ambos, banderas electorales del regidor- han sido promesas eternizadas, primero en un lustro de bloqueo judicial y administrativo (en ambos casos a instancias del Gobierno andaluz, en la guerra obstruccionista entre los mandatarios del PP y el PSOE). Cuando los jueces y la propia Administración dieron vía libre a estos planes urbanísticos se vieron enormemente lastrados por la sequía de la crisis.

Por un lado, la operación del Ensanche Sur (los candidatos defienden modelos diferentes del planeamiento) conlleva, según la concibieron los mandatarios del PP, la urbanización de 120 hectáreas entre el actual Recinto Colombino, Marismas del Titán y el paraje de Las Metas, donde Adif acometió la primera fase de trabajos geotécnicos para la construcción de la futura estación del AVE (otra de las incógnitas que se abren en el nuevo mandato es el rumbo que tomará el asunto de Las Metas, una vez se desalojen todos los suelos municipales y se derriben las edificaciones para que Adif pueda disponer de la totalidad de los terrenos del Plan Especial de Infraestructuras Ferroviarias). En el ámbito del futuro Ensanche -que afecta a una quincena de entidades propietarias, encabezadas por el Grupo Trusam, que actuará como agente urbanizador, a través de Natural Links- se proyecta la Ciudad de la Justicia, un palacio de congresos, un nuevo club de tenis, un centro deportivo, un centro de salud, 3.400 viviendas (la mitad, VPO), colegios, institutos, guarderías, una catedral, parques y un nuevo recinto ferial. El balcón del Ensanche será el paseo marítimo que está construyendo la Autoridad Portuaria, arrancando en el Muelle de Riotinto.

En lo que respecta a Isla Chica, el que se considera segundo centro de la ciudad sigue aguardando el regreso al futuro después de diez años de muchos ruido y pocas nueces, aunque semanas atrás el Ayuntamiento visualizó el reinicio de la operación con la limpieza del solar del antiguo Colombino, preparando las obras de remodelación de la Plaza del Estadio para proseguir con los trabajos que ya comenzaron este mandato con la reforma de la Plaza Houston. Una de las cuestiones pendientes para encarrilar la situación en el nuevo mandato es el desbloqueo del proyecto del centro comercial y de ocio previsto en la zona, enquistado en la falta de financiación que impidió a una sociedad de 104 empresarios del barrio adquirir la parcela terciaria, a pesar de las oportunidades y aplazamientos brindados desde el Consistorio. Además, en este plan urbanístico de cinco hectáreas, se construirá un hotel, 36 viviendas, un centro de salud, un edifico de uso social y un gran parque, el Jardín Marisma, que incorporará un estanque y un auditorio al aire libre, y será la columna vertebral del conjunto de edificaciones.

Otra de las asignaturas pendientes es la ejecución del Plan Especial de Reforma Interior del Manuel Lois -después de que se empezara a demoler el antiguo hospital en 2007-, suspendido también en el limbo de la crisis.

En el Casco Histórico estaban previstas algunas intervenciones de calado que esta misma coyuntura ha congelado en el tiempo, como el proyecto de un parque-mirador en el cabezo de San Pedro (incluso se llegó a plantear la recreación del Castillo de los Guzmanes como reclamo turístico); la rehabilitación del viejo cuartel del Paseo Santa Fe; o la operación de la plaza mayor porticada en el solar del antiguo Mercado del Carmen, una vez que éste se demolió el año pasado tras la odisea del traslado de los comerciantes a las nuevas instalaciones de Pescadería.

Con estos cabos sueltos en la ejecución del PGOU, se abortó la ejecución del planeamiento que el Consistorio abortó en 2006 para poner en carga más suelo para el horizonte de 2023 y, entre otras expectativas, emprender la expansión urbana hacia el Norte, por el territorio de Montija, como ya esbozaba el vigente plan general.

Los aspirantes al Gobierno local se enfrentan, pues, al cometido nada desdeñable de romper este círculo vicioso, en el que la limitación de recursos (tanto públicos como privados) tiene varadas tantas maquetas y futuribles, esperando los brotes verdes.


* Huelva Información - 8.05.11
Foto: Huelva, aérea - cacela-hispania

.................................... Leer más...