Benalmádena.- La capital del ocio, lastrada por el paro

SUR/Málaga* : Después de una década de un espectacular crecimiento sustentado en una continua expansión urbanística, Benalmádena se enfrenta ahora al reto de superar una crisis galopante que ha disparado el desempleo, duplicándose en los últimos cuatro años hasta superar los siete mil parados en una localidad que siempre ha dependido de los servicios y la construcción. Además, también ha dejado en cuadro las arcas del Ayuntamiento, uno de los más endeudados de la provincia; nada que ver con las vacas gordas de antaño que incluso permitieron al Consistorio darse el lujo de financiar íntegramente los 20 millones que supuso la construcción del Chare a pesar de ser competencia de la Junta de Andalucía.
Hoy en día, la situación es bien distinta, por lo que la ansiada revitalización económica pende fundamentalmente del turismo y, sobre todo, de su situación privilegiada como referente del ocio familiar de la mano de un parque de atracciones como Tivoli, espacios temáticos como Selwo Marina y Sea Life, el teleférico, la pista municipal de hielo o la reciente apertura de un mariposario.

El otro pilar es el puerto deportivo, en cuya ampliación están depositadas buena parte de las esperanzas de Benalmádena para dar ese ansiado salto de calidad que además vuelva a situar al recinto náutico como motor de la economía local. «Hay poco turismo y de trabajo, mejor no hablar», se lamenta Raúl Silva, un vecino de 67 años.

La población se ha disparado en los últimos años hasta los 64.000 habitante, aunque este incremento poblacional no se ha visto reflejado en materia de infraestructuras y servicios, especialmente en las urbanizaciones. «En el centro todo está muy cuidado, pero a medida que te alejas ves como falta limpieza, hay menos presencia policial y el transporte público deja mucho que desear», advierte Sergio Barranco, que reside en Santángelo Norte, por encima de la autovía. En cuanto a la limpieza, No son las únicas deficiencias. En la Costa y Benalmádena empieza a ser palpable la falta de plazas escolares. Benalmádena ostenta el dudoso honor de ser el único gran municipio de la provincia sin comisaría propia del Cuerpo Nacional de Policía, ya que depende de la de Torremolinos (Mijas tampoco tiene, aunque sí un cuartel de la Guardia Civil). En materia de infraestructuras, los endémicos atascos en la salida de la A-7 son el mejor ejemplo de ese desfase entre crecimiento poblacional y servicios. El Ministerio de Fomento lleva años comprometiéndose a buscar una solución, pero hasta ahora no ha dado ningún paso al frente.
El otro aspecto negativo de ese 'boom' inmobiliario ha sido el predominio del ladrillo sobre las zonas verdes. El parque de La Paloma ha sido hasta ahora la única excepción, convertido en una de las joyas de la localidad, y en el tintero siguen otros grandes proyectos pendientes como el bulevar ajardinado Antonio Andrade, que tapará la cicatriz del cercanías a su paso por Arroyo de la Miel; la restauración de la cantera del monte Calamorro para su aprovechamiento como zona de esparcimiento; o el parque Al-Baytar, que ocupará 20 hectáreas entre Arroyo y Benalmádena Costa.


* Sur - 12.05.11
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)

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La juez decreta la apertura de juicio contra el alcalde de Baiona por denegar una licencia

FARODEVIGO* : El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, la concejala de Urbanismo, Ana Simons Sánchez, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Vilar Márquez, el asesor jurídico externo del Concello Juan Colón Garrido y la secretaria municipal, Susana Gallardo Fariña, podrían sentarse en el banquillo de los acusados en los próximos meses por denegar la licencia de construcción al edificio Vista Baiona, proyectado por la sociedad Herederos de Concepción Taboada Leal en la parcela ubicada en la intersección de las céntricas calles Ramón y Cajal y Virgen del Pilar. La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Vigo da por cerrada la investigación, decreta la apertura de juicio contra todos ellos por un delito de prevaricación.
El auto judicial, con fecha del pasado día 10 de marzo, traslada el proceso a los juzgados de lo penal para que fijen fecha para la vista oral. Al mismo tiempo, la magistrada declara el sobreseimiento provisional de la causa para los concejales Ángeles Silva, Ángel Rodal y Rosa Ana Marcote, que inicialmente se encontraban imputados por formar parte de la junta de gobierno que concedía las licencias urbanísticas. La juez exonera a los tres ediles del proceso por su desconocimiento en cuestiones urbanísticas.

Las imputaciones que formula la magistrada coinciden con las del fiscal, cuyo escrito de acusación también atribuye sendos delitos de prevaricación a los cinco y sobresee a los tres restantes ediles de la junta de gobierno. Por estos delitos urbanísticos, la Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para ostentar cargo público para el alcalde, Vilar y Simons y otros cinco años para Juan Colón y Susana Gallardo. Además, reclama una indemnización para la sociedad presuntamente afectada que se fijaría en función de una tasación económica de los perjuicios.

Rebaja de responsabilidades

Respecto a la acusación particular, el auto judicial rebaja considerablemente las imputaciones y las deja únicamente en prevaricación por falta de pruebas respecto a otros delitos. El escrito presentado por los defensores de Herederos de Concepción Taboada del Río solicitaba una pena de seis meses a un año de prisión y ocho años de inhabilitación para el regidor baionés y Manuel Vilar por prevaricación y tráfico de influencias. Para Ana Simons reclamaba únicamente los ocho años de inhabilitación por prevaricación. A la secretaria municipal y al asesor jurídico externo también les solicitaba prisión por supuestos delitos de falsedad documental y a Susana Gallardo, le atribuía también un delito de infidelidad en la custodia de documentos.


* Faro de Vigo - 11.05.11
Foto: Baiona (Pontevedra) - wikipedia.org

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El PAI Marina d´Or Golf tardará otros ocho años en poder urbanizarse

LEVANTE/Castelló* : La Comisión Territorial de Urbanismo de Castelló, dependiente de la Generalitat, emitió ayer un informe favorable a la petición del Ayuntamiento de Cabanes de ampliar de 5 a 8 años el plazo de urbanización del PAI Marina d´Or Golf, el mayor plan urbanístico de la historia de la provincia, con una extensión de 18 millones de metros cuadrados. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda confirmaron la concesión de la prórroga, prevista por la ley valenciana urbanística (LRAU) para casos excepcionales. El Ayuntamiento de Cabanes, Artemio Siurana, aseguró a este diario que lo que se había solicitado desde el ayuntamiento es una ampliación del número de fases de desarrollo del PAI.
La Generalitat aprobó hace un año la actuación urbanística de Cabanes y Orpesa. La superficie es de 17,92 millones de metros cuadrados, de los cuales el 55,6% es suelo urbanizable y el 44,4% no urbanizable. El proyecto supondrá la cesión a la Generalitat de 800.000 metros para desarrollar el parque de ocio mundo ilusión. Se prevé la construcción de unas 35.000 viviendas, además de campos de golf y hoteles temáticos. Marina d´Or prevé completar su proyecto en el plazo de 20 a 25 años.

Por otra parte, el Ministerio de Economía señala en una respuesta parlamentaria a la diputada María Nuria Buenaventura (GER-IU-ICV) haber constatado varias operaciones de compraventa de terrenos en la zona, con unos precios muy por encima del valor catastral.

Compraventa a precios elevados
«Como consecuencia de los trabajos habituales de seguimiento del mercado inmobiliario desarrollados por la Gerencia Territorial del Catastro de Castelló se han detectado diversas operaciones de compraventa en fechas recientes, relativas a fincas incorporadas en ese sector, en las que el valor por metro cuadrado pagado en las operaciones ha sido notablemente superior a los valores catastrales vigentes, fijados conforme a la naturaleza rústica de las fincas», explica el Ministerio.
En la misma respuesta, expresa su convencimiento de que la «actual situación económica condicionará seriamente» la ejecución del megaproyecto urbanístico, «que no se produciría antes de 25 años». Este plazo coincide con las estimaciones de la empresa urbanizadora, que confía en iniciar a lo largo de 2012 la construcción de los tres campos de golf previstos. En estos momentos está inmersa en el proceso de reparcelación y confía en empezar el año que viene las obras de la primera fase.


* Levante - 12.05.11
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), complejo Marina D'or - extraconfidencial.com

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La mayoría de los portuenses cree que aparecerán más casos de corrupción urbanística

LAVOZDIGITAL/Cádiz* : El retrato sociológico de los ciudadanos de El Puerto de Santa María habla de pesimismo, de algo parecido a la resignación. El estudio realizado por Ikerfel incluye una pregunta que resume esa sensación, la de un futuro complejo y, al parecer, inevitable. La interrogación que arroja ese resultado es: «¿Cree usted que aparecerán nuevos casos de corrupción urbanística en El Puerto de Santa María?». Ni siquiera uno de cada cuatro residentes preguntados tienen la percepción de que esos escándalos pasarán, que ya son cosa del pasado y que espera un futuro algo más sereno. Solo el 22,1% lo piensa. En cambio, los pesimistas, los que creen que aún tendrán que presenciar más acontecimientos de este tipo, relacionados con construcción ilegal, recalificaciones de suelo y uso irregular de terrenos, suman el 71,3%, prácticamente tres cuartas partes de todos los que responden.
El último palo
Esa es la amarga resaca de desconfianza que deja una imagen vista en El Puerto este mismo año. El pasado invierno, sin ir más allá. Agentes de Policía de paisano cargan cajas repletas de documentación extraídas de oficinas municipales. En este caso, se vieron en las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento portuense.

En aquella operación resultaron detenidos el ex edil de Urbanismo durante la etapa de Independientes Portuenses (IP), Juan Carlos Rodríguez; el actual jefe de licencias urbanísticas del Consistorio, Fernando Jiménez Fornell; su compañera sentimental, Milagros Trigo y la socia de ésta en el estudio de arquitectura TEC, Isabel Ruiz.

La escena, además, con otros detalles, con protagonistas distintos, con grados de gravedad que pueden parecer menores o mayores, no era nueva. Desde 2006, sobre todo, se suceden las denuncias ante la Fiscalía de Cádiz y las investigaciones, por presuntos delitos urbanísticos en suelo portuense. La gran mayoría afectan a la etapa de gobierno de Independientes Portuenses en el Ayuntamiento, que abarca 15 años.

La mayoría de los casos está 'sub iudice'. La presunción de inocencia es una norma inviolable, incuestionable en cualquier democracia. Hasta que un juez o un jurado no condenan, todo el mundo es inocente.

Las imputaciones y las detenciones no son más que trámites que conviene no convertir en penas paralelas por adelantado.

Pero la teoría democrática y legal no tiene que ver con las sensaciones de la sociedad. La portuense teme por la reiteración de estos sucesos.

Del 71,3% de vecinos que cree que estos sucesos tendrán más episodios en los próximos meses o años, los más descreídos y desconfiados son los más jóvenes, a los que se le supone una mayor inocencia, una mayor fuerza para tratar de cambiar las cosas.

Entre los encuestados de menos de 25 años, el porcentaje de los que creen que habrá más episodios de corrupción urbanística sube hasta el 81,4%. Si la franja de edad que se analiza es la que va de 25 a 34 años, la sensación aún es peor. El 92,1% de los preguntados da por hecho que las escenas se reproducirán.

La fe de los mayores

Para mayor sorpresa, el grupo que más optimismo aporta a la percepción social de El Puerto de Santa María es el de los mayores, del que cabe esperar menos inocencia e ilusión. De todas las franjas de edad, la que va más allá de los 64 años es la única que está equilibrada. El 55,9% de los encuestados cree que los casos de corrupción urbanística se reproducirán. Casi el 40% (una décima menos, exactamente) confía en que no volverán a reproducirse. Es el mayor porcentaje de todas las edad es y de la división por sexos. Nadie confía más en la mejoría que los ancianos portuenses. En este caso, habrá que pensar también que son sabios por experiencia.


* La Voz Digital - 12.05.11
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org

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Cataluña.- La campaña pasa de puntillas por la corrupción que empañó el urbanismo local

ABC* : Los partidos catalanes están pasando de puntillas por los episodios de supuesta corrupción que en los últimos años han puesto bajo sospecha el urbanismo municipal, principalmente los casos "Palau" y "Pretoria", que han desencadenado un reguero de políticos imputados en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet. Enfrascados en la batalla por los recortes, el paro y la inmigración, en lo que va de campaña los partidos han evitado usar como munición electoral los casos de corrupción que marcaron la agenda política en las vísperas de las elecciones catalanas de noviembre pasado, sobre todo a raíz de la comisión de investigación creada en el Parlament sobre el "caso Millet".
En Cataluña, las sospechas de corrupción en la política municipal, especialmente de la siempre espinosa gestión urbanística, derivan de los dos grandes casos destapados en 2009 entorno al saqueo del Palau de la Música y la trama de "Pretoria", que en apenas unos meses lograron dinamitar el pretendido "oasis catalán".

Con epicentro en Santa Coloma de Gramenet, el caso "Pretoria", un contubernio entre el negocio inmobiliario y el urbanismo municipal que salpicó a los tres grandes partidos, ha asestado un duro golpe a uno de los grandes feudos del PSC con la detención y posterior dimisión de su alcalde, el socialista Bertomeu Muñoz.

Muñoz, suspendido de militancia junto a los cargos municipales también imputados Manuel Dobarco y Pasqual Vela, fue relevado en la alcaldía por la socialista Núria Parlón, que ahora afronta la reválida como cabeza de lista por Santa Coloma con el temor de que los supuestos tejemanejes del ex alcalde le pasen factura en las urnas.

Además de llevar a la cárcel a los ex altos cargos convergentes Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, el sumario del "caso Pretoria" acabó salpicando la gestión de otros municipios del área metropolitana, como Badalona, Viladecans, Montcada i Reixac y, especialmente, Sant Andreu de Llavaneres.

Son varias las operaciones urbanísticas turbias vinculadas a Sant Andreu de Llavaneres, donde el ex alcalde Víctor Ros (PP) -que no concurre a las elecciones municipales- y el ex concejal de Urbanismo Antonio Jiménez (PSC) tienen pendientes, además de "Pretoria", otras causas por supuestos pelotazos urbanísticos.

Paralelamente al "caso Pretoria", los turbios manejos de Fèlix Millet al frente del Palau de la Música han supuesto la imputación del teniente de alcalde de Barcelona Ramon García Bragado y el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, por las irregularidades en el proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al edificio modernista.

García Bragado, que junto a Massaguer ha sido apartado de sus responsabilidades en Urbanismo, decidió no presentarse a las elecciones por considerarlo incompatible con la investigación de que está siendo objeto por favorecer, según la juez, una "operación especulativa" que habría beneficiado un hotelero particular.

Precisamente, las presiones que supuestamente recibió de los partidarios del proyecto hotelero fue una de las razones que llevaron a la dimisión a la concejal del distrito de Ciutat Vella en Barcelona Itziar González.

La concejal, que en las anteriores municipales concurrió como independiente en las listas del PSC, fue también víctima de las supuestas amenazas de una trama de corrupción vinculada a la concesión de licencias turísticas a apartamentos de Ciutat Vella, que ha comportado la imputación de un director de Licencias del Ayuntamiento de Barcelona.

Más allá de la política municipal, la tercera investigación abierta a raíz del "caso Palau" ha comportado la imputación del ex tesorero de CDC Daniel Osàcar -que dimitió en noviembre pasado- por el presunto pago de comisiones de Ferrovial a la formación a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.

La sospecha del presunto desvío de fondos del Palau de la Música en beneficio de CDC ya planeó en las campaña de las autonómicas del pasado noviembre, aunque la imputación de Osàcar se acordó meses después de las elecciones, cuando la formación nacionalista había recuperado la Generalitat tras siete años de tripartito.

A diferencia de García-Bragado, ajeno esta vez a la liza electoral, sí repite como alcaldable de CiU por Badalona el convergente Ferran Falcó, que sigue imputado por el supuesto pago de comisiones a CDC a través de la empresa pública Adigsa abierta en 2005, a raíz de las alusiones del entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a pagos del "3 por ciento" en la adjudicación de obra pública cuando gobernaba CiU.


* ABC - Efe - 11.05.11
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es

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