¿Qué quiere Sol?

ELPAÍS* : A escasos metros del Congreso de los Diputados ha surgido otro parlamento. Otra democracia nace de cero en el kilómetro cero y ha convertido la Puerta del Sol en una gran ágora. En vez de bancadas de diputados hay metros cuadrados de suelo; en lugar de presidente del Congreso hay un moderador que estudió Clásicas y que en la actualidad dice dedicarse a la interpretación. A cambio de la mesa del Congreso hay un chaval que toma nota de lo que se dice y hace un resumen de cada tema antes de pasar al siguiente. No hay un orden del día sino una hoja con 24 puntos abiertos a aportaciones y propuestas que se suceden con solo levantar el brazo y que se aprueban agitando las manos como en el lenguaje de los sordomudos. Existen comisiones por áreas (comunicación, asamblea, infraestructuras, alimentaria...), pero no en despachos sino debajo de tiendas de campaña, lonas o a la intemperie. Hay incluso corrillos, que no son en los pasillos sino en plena calle, en cualquier esquina. Acalorados y apasionados enfrentamientos dialécticos surgen como setas en la nueva ágora de la Puerta del Sol. Aguzando los oídos cualquiera puede ponerse al día de los temas más candentes de la actualidad. Los ciudadanos hablan.

"Consideramos leyes injustas la Ley de Extranjería, el Plan Bolonia, la Ley Sinde, la Ley electoral y la de Igualdad de género", suena por un megáfono que rula de mano en mano en la asamblea. "Hay que acabar con el apoyo estatal a la Iglesia", defiende una mujer de mediana edad. "Los rescates deben ir dirigidos a las familias desahuciadas y no a los bancos", vocea un joven. Una avalancha de propuestas de hora y media. "Estamos buscando un consenso de mínimos que nos aclare lo que estamos defendiendo", apunta el moderador.

Como en La autopista del sur de Cortázar, un hecho extraordinario ha creado una nueva realidad con una dinámica propia. La manifestación que el pasado 15 de mayo reunió a miles de personas indignadas por la situación sociopolítica y económica de España y la posterior acampada en el centro neurálgico de la capital, han dado lugar a un micromundo que se hace y gira al mismo tiempo, en sentido contrario al que venía siendo cotidiano.

Lo primero fue organizarse y garantizar las necesidades básicas. Lo segundo, ahora y ya, es articular un discurso que les permita explicar a la sociedad una queja global y generalizada contra las carencias del sistema democrático imperante

. Se trata de perfilar una protesta que ha sido capaz de aglutinar al amplísimo y heterogéneo número de personas que conforman este movimiento espontáneo.Un movimiento que, más allá de los presentes cada día en la Puerta del Sol, aúna todo un espíritu colectivo de desencanto y hartazgo que viene asolando a una parte de la población. El Movimiento 15-M se infla y se desinfla, sube y baja en función de las horas del día. Hay tres asambleas en cada jornada y una concentración.

En plena recta final de la campaña electoral, estas gentes, venidas de todas las partes de Madrid y ciudades limítrofes, guardan un as en la manga. Cierto es que ni ellos mismos saben aún cuál será la jugada. Ni si pintan espadas o pintan bastos, pero lo guardan como oro en paño y podrían ponerlo sobre la mesa en cualquier momento: "¿Qué haremos el domingo frente a las urnas?". La pregunta se la lanzaban entre ellos mismos, pero nadie daba una respuesta. De momento, lo que sí se ha votado masivamente en sentido favorable es la manifestación del sábado (día de reflexión), que ayer por la noche prohibió la Junta Electoral Central. En la asamblea de hoy Sol definirá cómo, cuándo y dónde.

Todo el trabajo y las reuniones de ayer se centraron, por tanto, en crear el germen de ese manifiesto de mínimos. Primero, los temas clave que les preocupan, luego las propuestas y después las votaciones. El resultado de ese proceso será una especie de programa marco que sustituirá al manifiesto original, que simplemente identificaba el movimiento, y que tratará de dar respuesta a la gran pregunta de los cuatro últimos días: los indignados no quieren las cosas como están, ¿pero qué quieren?

En las asambleas de ayer dieron su apoyo a una serie de propuestas que, sumadas a las que se han ido depositando en los buzones que tiene cada comisión, formarán la base sobre la que, después de someterse a votación, se tratará de elaborar el perseguido manifiesto de mínimos. He aquí algunas de esas reivindicaciones concretas:

- Abolición de leyes injustas. Suprimir y sustituir normas como la Ley Sinde, el Plan Bolonia, la Ley de Extranjería, la Ley de Partidos o la ley electoral. Y apoyan que las leyes clave que aprueben las Cortes vayan precedidas de un referéndum.

- Tercera República. Unos quieren un referéndum para votar monarquía o república, otros apuestan directamente por hacer desaparecer de la Constitución todo lo que tenga que ver con la Casa Real.

- Reformas fiscales. Abogan por "favorecer las rentas más bajas", por "que paguen más los que más tienen" y por "que el IVA sea un impuesto progresivo". Además, entre otras muchas cosas, quieren "que se establezca la tasa Tobin para gravar la especulación y el movimiento de capitales y que lo obtenido por esos impuestos revierta en políticas sociales". Se propugna asimismo "nacionalizar los bancos rescatados".

- Transporte y movilidad. Favorecer el transporte público y alternativo al coche, crear una red de carril bici, subvencionar el abono transporte a los parados.

- Reforma de las condiciones laborales de la clase política. Se aboga por la supresión de sueldos vitalicios, la formación reglada (que opositen), la revisión y balance de las políticas al concluir cada mandato, listas electorales limpias y libres de imputados por corrupción política.

- Desvinculación total de la Iglesia y el Estado y División de Poderes. La religión debe ser circunscrita solo a la intimidad y los jueces deben estar lejos de la política.

- Democracia participativa y directa. Apuestan por un funcionamiento asambleario en la base ciudadana (barrios, distritos...) apoyado en Internet y las nuevas tecnologías. Piden también participación en los asuntos relativos a la gestión de los presupuestos por las distintas administraciones. En general, descentralización del poder político.

- Mejora y regularización de las relaciones laborales. Básicamente se trata de acabar con la precariedad salarial y el "abuso" de los becarios, estableciendo un salario mínimo de 1.200 euros, con un Estado que garantice el empleo y la igualdad salarial.

- Ecología y Medio Ambiente. Cierre inmediato de las centrales nucleares y apoyo a las economías sostenibles.

- Recuperación de las empresas públicas privatizadas. La Administración debe de hacerse cargo de nuevo de la gestión.

- Fuerza del Estado. Reducción del gasto militar, cierre de las fábricas de armas y negativa a la intervención en cualquier escenario de guerra.

- Recuperación de la Memoria Histórica. Condena del franquismo.
El movimiento crece

La organización establecida comienza a dar sus frutos y amplía su ámbito:

- Baños: Instalados para su solo uso nocturno.

- Punto Limpio: Destinado a separar basuras.

- Guarderías: Se ha creado una comisión específica para actividades infantiles.

- Cada comisión dispone de un buzón en el que dejar propuestas.

- De momento rechazan las donaciones, pero se habla de crear una cuenta bancaria que solo se usaría para pagar las multas impuestas a los detenidos.

- El movimiento quiere propagarse y exportar las asambleas a las plazas populares de los barrios.

- Para evitar personalismos se han impartido cursos de portavoz destinados a crear turnos de representantes cada cuatro horas.

- Zona libre de redadas: han creado una comisión de inmigración para atender a extranjeros sin papeles y evitar su detención.


* El País - 20.05.11
Foto: Un joven exhibe un cartel contra la clase política en la concentración de anoche en la Puerta del Sol - elpais

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'The New York Times' sitúa a Camps como paradigma de la corrupción

PÚBLICO* : La 'spanish revolution' ha despertado el interés de todos los grandes medios de comunicación del mundo, entre ellos The New York Times. El prestigioso diario hace su propio análisis de la situación española y en un artículo publicado el jueves atribuye las protestas a la "corrupción de los partidos políticos". Como paradigma de la corrupción coloca al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al que llega incluso a comparar con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. "El domingo, se espera que Francisco Camps sea reelegido como jefe del Ejecutivo regional de Valencia. A finales de año, sin embargo, Camps también estará probablemente en el juzgado para enfrentarse a cargos de soborno como parte de una vasta investigación de corrupción, denominada caso Gürtel, que también incluye a varios políticos de la principal fuerza política de centro-derecha, el Partido Popular", explica el diario en un artículo de opinión. A pesar de todo, The New York Times subraya que estas acusaciones "no han entorpecido" las posibilidades de Camps para la reelección, y llega a comparar al dirigente conservador con Berlusconi: "El señor Camps se ha presentado como la víctima de una caza de brujas por parte de sus oponentes políticos, jueces y medios de izquierda".

El diario norteamericano utiliza una frase del diputado socialista por Madrid, Ferrán Bono, para reflejar esta situación: "Mucha gente en Valencia habla de una 'berlusconización' de nuestra sociedad", ya que "muchos creen de verdad la teoría de la conspiración de Camps".
Fracaso de los políticos

The New York Times explica que ante las elecciones del próximo domingo en más de 8.000 ayuntamientos y en 13 de las 17 comunidades autónomas, "miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes, han tomado las calles en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades esta semana exigiendo el fin de la supuesta permanente corrupción en los partidos políticos".

Pero además, afirma que "alimentando la ira" de los manifestantes también se encuentra "el fracaso de los políticos para aliviar las dificultades que se han impuesto a la población que lucha contra una tasa de paro del 21%".

"El mensaje de los manifestantes es una campaña alternativa que podría eclipsar la de los partidos establecidos y resultar en una bajada de la participación el domingo", indica el diario, que añade uno de los eslóganes de la plataforma 'NoLesVotes' acerca de que "la corrupción en España ha llegado a niveles alarmantes".
Comparaciones con Egipto

El semanario alemán Spiegel también lleva este viernes a su página web las protestas en España, haciendo una comparación, como se ha visto en otros medios de comunicación internacionales, con las manifestaciones en El Cairo que acabaron con la dimisión del presidente egipcio Hosni Mubarak.

"La generación perdida de España encuentra su voz" es el titular del semanario, pero un antetítulo reza "Plaza de Tahrir en España", aludiendo así al centro neurálgico de las protestas en Egipto.

" Los jóvenes españoles parecen haber encontrado su voz y llevan su ira contra los políticos a las calles" (Spiegel)

"Se les ha denominado 'generación perdida', con muchos de ellos incapaces de encontrar trabajo y obligados a vivir en casa de sus padres como resultado de la crisis económica. Pero ahora los jóvenes españoles parecen haber encontrado su voz y llevan su ira contra los políticos a las calles", explica.

Por su parte, el británico The Guardian destaca en sus páginas la prohibición de la concentración convocada para el sábado, jornada de reflexión previa a las elecciones, pero remarca que "es improbable" que "los manifestantes pacíficos" acaten la decisión de la Junta Electoral después de pasar su quinta noche acampados en la Puerta del Sol.

El diario también refleja las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando habló el jueves de "escuchar y ser sensibles" ante las protestas, ya que "hay motivos" para que los jóvenes se muestren críticos.
Entrevista a Javier Cercas

En Italia, los medios de comunicación continúan cubriendo las protestas de España. El diario La Repubblica, bajo el título "Pan y justicia es el desafío al poder de los 'indignados'", dedica una entrevista al escritor español Javier Cercas, premiado en el último festival del Libro de Turín, en la que afirma que "en la calle hay personas que piden sólo una democracia mejor" y subraya que "los jóvenes están preparados, pero no tienen ninguna oportunidad".

Además, Cercas asegura que Zapatero, "ha sido incapaz de afrontar la crisis" porque "es fácil gobernar cuando la economía va bien, pero el líder de un país debe ser juzgado frente a la crisis" y "en la forma de reaccionar y de proponer soluciones". No obstante, afirma que cree en España y comparte "las razones de esta protesta".

Por último, señala que las concentraciones de Sol "se parecen muchísimo" a la "primavera árabe" porque "en El Cairo se pedía democracia, en Madrid justicia social y reformas", pero ambas "son un viento nuevo que desafía a los políticos de cualquier orientación".


* Público - 20.05.11
Foto: 'The New York Times' compara a Camps con Silvio Berlusconi. MORELL / EFE

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Canarias y Baleares permiten concentraciones, Cataluña pone condiciones y Madrid prohíbe

20MINUTOS* : La Delegación del Gobierno en Canarias no desalojará ni intervendrá este sábado en las concentraciones del movimiento del 15M, conocidos como "los indignados", mientras no haya alteraciones de orden público, según han indicado fuentes de la Delegación del Ejecutivo central en las islas. De esta forma, y a pesar de la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir manifestaciones en el día de reflexión, la Delegación de Gobierno canaria no desalojará las al menos tres concentraciones que hay en las islas: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife (Lanzarote), que tienen intención de permanecer al menos hasta los comicios. El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró la mañana de este viernes en una entrevista en la Cadena Ser que su Gobierno actuará "con inteligencia" y garantizando "todos los derechos", pero sin aclarar cómo actuarían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, la portavoz del Gobierno balear, Joana Barceló, se ha mostrado partidaria de escuchar a los manifestantes que se están concentrando estos días en las principales plazas del país en contra del actual sistema democrático, al aseverar que no debe "coartarse la libertad de expresión" de los ciudadanos.

"Hay que garantizar sus derechos y por ello sus críticas contra el sistema deben ser expresadas y escuchadas", ha incidido Barceló en rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha mostrado su "total respeto" a unas manifestaciones "pacíficas".

Cataluña pone tres condiciones

El gobierno de la Generalitat ha afirmado este viernes que será "flexible" a la hora de hacer cumplir la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de prohibir las acampadas el día de reflexión y la cita electoral del 22 de mayo. El portavoz del Govern, Francesc Homs, se ha inclinado por no desalojar por la fuerza a los acampados en las plazas catalanas si las concentraciones son pacíficas y no alteran el orden público ni el normal desarrollo de la jornada electoral. El Govern ve dificultades en un hipotético desalojo policial de la plaza Catalunya de Barcelona y otros espacios públicos de Cataluña donde se están produciendo protestas, ya que no es fácil identificar personalmente a los que están cometiendo un supuesto delito y comunicarles de manera formal que deben abandonar el lugar y, además, el empleo de la fuerza podría agravar la situación e ir contra el "sentido común".

Cataluña insiste en que lo importante es que sigan sin registrarse incidentesHoms ha argumentado que la resolución de la JEC obliga al Govern a garantizar tres cosas: "que se cumpla la normativa vigente, toda ella", que haya un "correcto desarrollo de la jornada electoral" del domingo y que no se altere el "orden público".

Acorde con estas "prioridades", ha señalado el portavoz, la actuación de los cuerpos policiales se ceñirá a los principios de "proporcionalidad y congruencia". En caso de que las concentraciones de protesta deriven en algún momento en altercados o disturbios por las calles, las fuerzas y cuerpos de seguridad intervendrán inmediatamente, pero si no hay incidentes de ningún tipo, el portavoz ha dejado entrever que se evitará el desalojo forzoso.
Madrid prohíbe de nuevo

La Junta Electoral Provincial de Madrid también ha prohibido la concentración de la Puerta de Sol de este viernes, para la que el movimiento 15-M había pedido permiso, y se remite al acuerdo tomado este jueves por la Junta Electoral Central (JEC) para justificar su decisión. Aunque el acuerdo de la JEC sólo alude expresamente a la ilegalidad de las manifestaciones durante la jornada de reflexión de este sábado y el día de las elecciones, la Junta Provincial hace suyos los argumentos esgrimidos por el máximo órgano electoral para volver a prohibir la concentración de Sol durante esta tarde.

La decisión de la Junta de Madrid ha vuelto a contar con el voto particular del magistrado José Manuel Arias, que cree que deberían autorizarse las concentraciones en la plaza madrileña, que en los últimos días han mostrado un "alto espíritu cívico" por el que se "descarta" la posibilidad de que se vaya a alterar el orden público. En su resolución, La Junta Electoral Provincial reproduce parcialmente el punto en el que la JEC afirma que pedir el voto para alguien o reclamar que no se vote a una y otra formación "es un comportamiento no acorde" con la Ley Electoral y "excede del derecho de manifestación garantizado constitucionalmente".

Repite además las consideraciones que hizo el miércoles, según las cuales no hay motivos de urgencia para autorizar la concentración y porque la "petición del voto responsable" que hacen los solicitantes de la manifestación "puede afectar a la campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto".


* 20Minutos - 20.05.11
Foto: Cacerolada Santa Cruz - EFE

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La 'marbellización' del norte de Lugo, paralizada por la Justicia

ELMUNDO* : La ordenación urbanística se ha convertido en uno de los escollos de las administraciones gallegas, dando lugar a procesos judiciales interminables. Tras años de litigios, concesiones de licencias y anulaciones, son dos los municipios costeros de Lugo que todavía permanecen a la espera de resoluciones que aclaren su situación urbanística. Se trata de las localidades de Foz y Barreiros, gobernadas por el PSdeG y el PP, respectivamente. Los dos municipios costeros multiplicaron sus viviendas sin que se registrase un aumento en la misma proporción en el número de habitantes. La problemática focense se remonta al año 2006 cuando el alcalde, el socialista José María García Rivera, autorizó en un solo día la construcción de 1.343 viviendas. Para ello hizo caso omiso de las recomendaciones de la secretaria municipal, quien advirtió al regidor de la "necesidad" del informe jurídico pertinente del que carecían los visados. Las concesiones de edificación fueron firmadas cinco días antes de que el pleno del Ayuntamiento aprobase la suspensión cautelar de licencias para la redacción de un nuevo plan de ordenación urbanística. En una sesión extraordinaria y tras una hora y cuarenta minutos, el regidor local aprobó todas las licencias, 1.343 viviendas, para una localidad con un censo de 10.000 habitantes. Los datos precedentes daban cuenta del despropósito urbanístico que vivía Foz, un municipio que pasó de construir 404 pisos en 2004 a visar más de 5.700 viviendas en el año y medio posterior

Las cifras dispararon las alarmas y por aquel entonces el Colegio de Arquitectos de Galicia alertaba de la presión urbanística a la que estaba sometida la Mariña lucense, concretamente el Ayuntamiento de Foz. Pedían a la Xunta que investigase el urbanismo de la costa de Lugo, lo que puso a la Dirección General de Urbanismo en alerta sobre "la legalidad" de los proyectos.

García Rivera se hacía responsable "de las irregularidades" que se pudieran detectar. Comenzaba una guerra entre la administración local y la autonómica, ambas del mismo color político. María José Caride, responsable de Urbanismo durante el Gobierno bipartito, requería al Ayuntamiento la anulación de las licencias al sostener que "se infringió el ordenamiento jurídico". Una vez terminado el plazo, y ante la negativa del alcalde de proceder en ese sentido, la Xunta interpuso un contencioso-administrativo cuya resolución no se conoce a día de hoy.

El regidor amenazó entonces con abandonar el PSdeG y "montar en cinco minutos" una candidatura independiente. En el medio del rifirrafe, la crisis motivó la paralización de parte de las construcciones, aunque alguna de ellas comenzó a crecer en Foz. El portavoz del BNG en el municipio, Xoán Carlos González Basanta, denuncia un pacto "entre PP y PSOE en materia de urbanismo", lo que "impide" conocer la situación actual del Ayuntamiento y su crecimiento.

Entre las licencias que el mismo alcalde convalidó en una Junta de Gobierno extraordinaria se encuentran una que supuestamente autorizan la construcción de un hotel propiedad de la familia del regidor. El secretario de organización del PSdeG por aquel entonces, Ricardo Varela, no dudaba en ratificar a Rivera como candidato llegando a afirmar incluso que no había cometido "ninguna ilegalidad". Nuevamente concurrirá a los comicios municipales del próximo día 22.
Barreiros, 'a tu aire'

El caso de Barreiros ha hecho que la responsable del Urbanismo del BNG, Teresa Táboas, compare lo acontecido con un capítulo de 'Corrupción en Miami'. En el año 2007 la Xunta, gobernada por PSdeG y BNG, decide suspender las normas municipales en materia urbanística. La razón, la concesión por parte del alcalde popular de 5.800 licencias de construcción en un municipio de poco más de 3.000 habitantes, una actuación que el bipartito gobernado por Pérez Touriño consideró "irregular".

A la entrada de la localidad hay una valla publicitaria en la que puede leerse 'Barreiros a tu aire'. Un eslogan duramente criticado por la oposición quien asegura que responde "exactamente a la vocación del alcalde". "Barreiros vivió una fiebre de la construcción comparable con lo que por aquel entonces ocurría en la Costa del Sol", resume el diputado del PSdeG, Isamel Rego.

Muchas de las obras de entonces no llegaron a despegar y es frecuente encontrarse carteles en los que se anuncia la venta de pisos. En Barreiros, la oferta supera la demanda pero el interés por la compra permanece adormecido.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia daba la razón a la Xunta recientemente, avalando la paralización de las licencias con la suspensión de las normas de planeamiento. Varias sentencias han ido declarando ilegales los permisos concedidos por el Ayuntamiento. Ahora, el caso coge un nuevo rumbo al conocerse la intención de la Xunta de dotar de servicios básicos a las casas levantadas en Barreiros antes del 2007, así como a aquéllas todavía pendientes de construir. Teresa Táboas (BNG) critica que "haya que pagar con recursos públicos los destrozos de los promotores".

Miembros del bipartito justificaron su intervención en la zona paralizando un urbanismo desorbitado que "destrozó" una de las partes más hermosas y vírgenes de la comunidad, la invasión del ladrillo en zonas costeras e incluso protegidas. Alguna de las construcciones "irregulares" que se planean se encuentra a sólo trescientos metros de la playa de las Catedrales, uno de los parajes naturales gallegos más extraordinarios.
La Xunta corrige 'anomalías urbanísticas'

Tal y como ha confirmado la Xunta, la dotación asciende a los 14,1 millones de euros que serán financiados en su mayoría por la administración autonómica, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento costero. Los socialistas creen que se avala "actuaciones ilegales" para "corregir anomalías urbanísticas", por lo que piden la anulación del convenio que autoriza el desarrollo de un plan sectorial de incidencia supramunicipal, cuya aprobación está prevista para el mes de mayo, tras haber recibido en los pasados días un informe favorable por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

El convenio incluye que los constructores renuncien a reclamar responsabilidades patrimoniales, ya que disponen de una licencia de obra del Ayuntamiento para sus promociones. A cambio, éstos exigen a la Xunta que retire todos los contenciosos. De este modo, la edificación en los solares en los que se concedieron las licencias podría reactivarse en cuestión de meses. Los constructores desconfían de esta opción ya que creen que, aunque ahora se retiren los contenciosos, "no se harán tres mil pisos porque no hay quien compre ni quien financie".

El presunto delito de prevaricación en la concesión de 44 licencias para construir 3.000 viviendas sigue su curso en el Juzgado de Mondoñedo. El alcalde, Alfonso Fuente, anunció además que recurrirá la sentencia del TSXG que avala la intervención que hizo la Xunta en el 2007. Es previsible que el ámbito judicial se demore varios años, tal y como indican otros recursos de casación por la vía contenciosa.


* El Mundo - 20.05.11
Foto: Vista de Foz en primer término, con Barreiros al fondo. | Efe

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El Puerto.- Ecologistas advierte al PP que si paraliza los expedientes disciplinarios a las viviendas ilegales, “los denunciaremos”

BAHÍADECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha mostrado su “perplejidad e indignación” ante el anuncio que ha realizado hace unos días el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de que se está ultimando la suspensión de sanciones a las viviendas ilegales. “Indignación que aumenta por el hecho de anunciarse en plena campaña electoral; es decir, se intenta de nuevo atraerse el voto de las personas que han construido de forma ilegal prometiendo que no se les sancionará”. “Es lamentable que se tenga que recordar a los políticos que las leyes están para cumplirse y que no se puede prometer a los infractores a las leyes que no se les sancionará, cuando además se trata de conductas gravísimas, que en ocasiones pueden incurrir en delitos tipificados en el Código Penal”, añaden desde el colectivo conservacionista en una nota remitida a Diario Bahía de Cádiz. En este sentido, se recuerda que “si primero se prometió por parte del PSOE e IP legalizaciones a mansalva, ahora el PP, con el aplauso vergonzoso del Pleno, promete que paralizará las sanciones a los que han construido de forma ilegal en suelo no urbanizable ¡y todo unos días antes de las elecciones! Vergonzoso y lamentable. Todo menos cumplir la Ley, que obliga de forma taxativa a derribar las construcciones ilegales, y si no la derriba el propietario, a imponer multas coercitivas hasta que lo haga, y si no lo hace, demoler por la administración repercutiendo el coste en el propietario”.

“En El Puerto no se derriba nada, y este convencimiento de impunidad es el que ha provocado la proliferación de este cáncer que ha destruido parte de nuestro territorio e hipotecado de forma irreversible el ordenamiento de nuestro municipio”, lamentan desde Ecologistas en Acción.

Este grupo verde interpreta este anuncio “electoralista” como “irresponsable” ya que “va a provocar una nueva avalancha de construcciones ilegales al saberse inmunes a los expedientes ya que medio plazo se paralizarán o en todo caso las multas se descontarán de sus gastos de urbanización”. Y se añade que “la única arma eficaz contra esta lacra de la construcción ilegal es la aplicación estricta de la ley con la demolición de lo construido e imposición de multas. Estas medidas sancionadoras y el envío a Fiscalía de varios casos de construcciones ilegales es lo que ha paralizado en parte en estos tres últimos años este fenómeno en El Puerto”.

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) deja claro (Art. 185.2.A) que las parcelaciones ilegales no prescriben, “por lo que el Ayuntamiento debe proceder a desmontar las infraestructuras de estas urbanizaciones ilegales (viales, redes de agua y electricidad, accesos…) independientemente del tiempo que haya pasado desde su construcción. Pero no hay ni un solo expediente contra estas parcelaciones, solo contra las viviendas a nivel individual, lo que ha permitido la total impunidad de los propietarios que han parcelado y urbanizado de forma ilegal fincas en suelo no urbanizable”.

Por otro lado, se considera “intolerable” que “se proponga que las multas ya pagadas se destinen a compensar los gastos de urbanización que obligatoriamente deberán sufragar los propietarios de estas construcciones ilegales. La Ley deja claro que las multas coercitivas se deben destinar a ampliar y mejora el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), esto es, adquirir terrenos públicos para construir viviendas protegidas y equipamientos públicos. Quien tiene que compensarnos a la mayoría de ciudadanos que no hemos infringido la legalidad es la minoría que sí lo han hecho, y una buena forma sería que se destinaran las multas que deben pagar a ampliar los suelos públicos y sufragar los gastos de construcción de viviendas protegidas para jóvenes y personas con menos recursos”.

“¿POR QUÉ NO SE DICTA TAMBIÉN UNA AMNISTÍA PARA MULTAS DE TRÁFICO O PAGO DE IMPUESTOS?”

Para Ecologistas en Acción la situación es “tan esperpéntica” que se podría llegar a suspender las sanciones por construcciones ilegales en suelo no urbanizable y mantener las sanciones por infracciones menores en suelo urbano o urbanizable. Y se preguntan: “¿por qué no se dicta también una amnistía para multas de tráfico o pago de impuestos? Más aún, ¿por qué no se permite que las multas que hemos pagado por infracciones de tráfico se destinen a las mejoras de nuestro propio vehículo infractor?”.

El Ayuntamiento portuense, “en vez de dedicarse a prometer a los constructores ilegales beneficios de todo tipo para ganarse su voto envenenado”, a decir de este colectivo, “debe hacer cumplir la ley, procediendo a cobrar las multas coercitivas, y destinando el dinero de estas multas a construir viviendas para los más necesitados, y derribar todo lo que no se vaya a legalizar”.

Caso contrario, Ecologista en Acción ya avanza que estudiará acciones legales contra los responsables municipales “que, por acción u omisión, se nieguen a aplicar la ley para que no se sancionen conductas estipuladas como infracción o delito por las leyes en vigor”.


* Diario Bahía de Cádiz - 19.05.11
Foto: vivienda ilegal - bahiadecadiz

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Castro.-El juez inhabilita a Muguruza 7 años por prevaricación en el 'caso Mioño'

ELCORREO/Cantabria* : El Juzgado de lo Penal nº2 de Santander ha condenado a siete años y medio de inhabilitación para empleo y cargo público al alcalde de Castro, Fernando Muguruza, y a los actuales concejales, José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza y Salvador Hierro por un delito de prevaricación. Los tribunales abordaban la adjudicación irregular de las obras de rehabilitación del túnel de Mioño a la empresa Izeta, cuyo gerente era hermano del entonces edil de Industria, Jaime Díez Muro, que ha sido condenado por los mismos hechos junto a otros miembros del equipo de gobierno de la pasada legislatura, como Santiago Vélez y el secretario municipal César Saiz. El juez de lo Penal José Hoya Corominas considera probado que en septiembre de 2004, el empresario Juan Ignacio Díez Muro se valió de su condición de familiar del responsable de Industria para mantener contactos «personales y directos» con el edil de Obras, Salvador Hierro, para que se adjudicara a Izeta «beneficiándose de su relación familiar», el acondicionamiento, limpieza y reforma del túnel de Mioño. Por este hecho, el industrial ha sido condenado a 16 meses de prisión y una multa de 7.090 euros por un delito de tráfico de influencias.

Esta condena de inhabilitación al mandatario castreño y a varios ediles podría impedir que se presenten a las elecciones locales de este domingo con el recién creado partido Alternativa Castreña Independiente (ACAI). La reforma de la Ley Electoral establece que «aquellas personas que estén condenadas por prevaricación a penas de inhabilitación aunque la sentencia no sea firme son inelegibles».
La Junta Electoral de Laredo se reunió ayer por la tarde para estudiar la sentencia cuya decisión se hará pública hoy, último día de la campaña electoral, y en la que tendrá que pronunciarse sobre si los candidatos que han sido condenados pueden presentarse a los comicios del 22M. Si la resolución es contraria, desde Alternativa Castreña Independiente han confirmado que se pasaría a los siguientes de la lista, que serían Ana Arnedo, exsecretaria del PP, y Ana Zubiaurre, concejal de Turismo y exmilitante popular. El abogado de los candidatos de ACAI condenados, Luis Revenga, ha dicho que recurrirá el fallo.
En el fallo judicial, el magistrado José Hoya asevera que la omisión de los trámites administrativos no se justifica por el «desorden» en el Ayuntamiento, que fue uno de los principales argumentos de las defensas en la vista oral. El juez incide en que la oferta de Izeta fue aceptada «sin más», omitiendo el procedimiento administrativo y con una adjudicación efectuada «sin transparencia». Hoya hace hincapié en que los acusados actuaron «a sabiendas de la injusticia» de su resolución y agrega que en esa junta de gobierno participaban personas «expertas en contratación».
Siete causas abiertas
Fernando Muguruza, expulsado del PRC en 2007 y declarado tránsfuga, está imputado en otras siete causas por presunta prevaricación e irregularidades urbanísticas y de contratación en el Ayuntamiento de Castro, que preside desde 2003. El 18 de febrero de 2010 se convirtió en el primer regidor de Cantabria que ingresaba en prisión (provisional) por la tramitación de unas licencias de construcción en el alto de La Loma.
Muguruza permaneció 20 días en el centro penitenciario de El Dueso (Santoña) hasta que la Audiencia de Cantabria revocó el auto del titular de Instrucción número 2 de Castro, Luis Acayro, que ordenaba que entrara en prisión. El magistrado justificó el encarcelamiento preventivo porque, a su juicio, había riesgo de «reiteración delictiva» y de que «destruyera pruebas». Finalmente, la Audiencia ordenó que quedara en libertad porque «no había un peligro fundado» de que pudiera ocultar o destruir pruebas, ni tampoco en que incurriera en nuevos delitos.
A parte de la causa por las obras del túnel de Mioño, en la que ya hay una condena, el juez instructor ha concluido la investigación de otros dos procedimientos: la autorización de licencias a la promotora Urdicam y la adjudicación, presuntamente ilegal, de unas tareas de desratización en el municipio.


* El Correo - 20.05.11
Foto: Muguruza - deia

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España no está preparada para su gran terremoto

PÚBLICO* : España no está preparada para afrontar una posibilidad no tan remota: que se libere bajo la superficie un terremoto de una magnitud entre 6 y 7, el máximo que se puede esperar en este territorio. Un seísmo muchísimo menos grave que el ocurrido junto a Japón en marzo, pero que podría tener efectos devastadores en las actuales condiciones. La normativa de prevención y protección frente a sucesos sísmicos se ha relajado o está incompleta, en algunos casos a falta de desarrollar, y la información que aportan los científicos a los legisladores está pendiente de actualizarse. Además, no se ha preparado a la ciudadanía para esta clase de situaciones, y la mayoría desconoce qué debe hacerse en caso de terremoto, incluso cuando viven en una región que no es inmune a sus riesgos. Los ciudadanos que fallecieron en la ciudad murciana de Lorca, en zona de peligro, cayeron víctimas de cascotes y tabiques que les sorprendieron en lugares en los que no deberían haberse colocado durante un seísmo.

En este contexto, el Colegio Oficial de Geólogos quiso advertir ayer de estos problemas mediante un decálogo de mejoras que ayudarían a evitar que el susto se convierta en tragedia. "No sabemos cuándo será, pero sí sabemos dónde", aseguró el presidente de los geólogos españoles, Luis Suárez, quien señaló las provincias de Sevilla, Granada, Málaga, Almería, Murcia y Alicante como aquellas donde más rigurosos debían ser en la preparación de edificios y personas frente a terremotos. "España tiene mecanismos para la prevención de riesgos naturales, lo que hay que hacer es desarrollarlos", aseguró Suárez.

Una de las principales peticiones de los geólogos es que se recuperen los estudios geotécnicos previos a la edificación. El año pasado dejó de ser obligatorio para los constructores contar con un visado que certifique que se ha realizado un análisis de las características del terreno, en relación al tipo de construcción prevista y al entorno donde se ubica.

Este visado fue obligatorio entre 2007 y 2010, al aprobarse el Código Técnico de Edificación, pero se retiró tras la desaparición del Ministerio de Vivienda porque suponía muchas trabas al procesoedificador.

Lo ocurrido en Lorca aporta más lecciones que pueden aprenderse frente a futuros eventos. Buena parte de los edificios no estaban adaptados a la normativa sismorresistente, la que señala qué requisitos deben cumplirse en las construcciones para estar preparadas ante los terremotos que se pueden producir en una zona determinada.

"Los edificios fuera de la norma son los que se han comportado mal", aseguró Suárez, quien trazó un paralelismo entre la falta de controles que han causado la crisis económica y la relajación de la vigilancia dirigida a la prevención de terremotos. "El beneficio económico pesa mucho", expresó.
Fallos en la construcción

Precisamente ayer se celebró en Granada el IV Congreso de Ingeniería Sísmica, en el que los expertos allí reunidos achacaron los daños sufridos en Lorca a fallos en la construcción, fundamentalmente en cerramientos y albañilería, y al incumpliento de la ley. "No planeamos los edificios desde conceptos sismorresistentes", indicó el arquitecto y especialista en vulnerabilidad sísmica estructural Patrick José Murphy Corella, que ha participado, junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la evaluación de los daños sufridos en la localidad murciana.

De los primeros datos extraídos sobre el terreno, los expertos concluyen que en España existe, por lo general, una falta de conocimiento de las normas sismorresistentes vigentes. "No hemos conseguido que esos conocimientos lleguen a todos los profesionales que intervienen en la construcción de las edificaciones", precisó Corella.

Alex Barbat, presidente de la Asociación Española de Ingeniería Sísmica (AEIS), expresó la falta de preparación de España en este ámbito: "Japón nos lleva más de 50 años de ventaja porque ha desarrollado estructuras muy resistentes desde los años 20, tras el terremoto que devastó Tokio en 1923", informa Amina Nasser.
Rehabilitar edificiosMás de 8.000 casas inhabitables en Lorca

En la localidad murciana sufrieron daños graves los edificios antiguos, del casco viejo y, en general, todos las construcciones previas a la primera normativa sobre terremotos, de 1974. En este apartado, los geólogos proponen que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) se concentre en lograr que todos los edificios situados en zonas de peligrosidad sísmica se adapten a la normativa en un plazo de cinco años. Esencialmente, las infraestructuras críticas y de especial importancia como hospitales, edificios de bomberos, de comunicaciones, depósitos de agua y gas, centrales eléctricas... Todo, a pesar de los importantes costes económicos que esta adecuación pueda suponer.

Las comunidades autónomas tienen la obligación de elaborar mapas de riesgos naturales, desde inundaciones a seísmos, en virtud de la Ley del Suelo. Sin embargo, según denuncian los geólogos, sólo Aragón ha adaptado su normativa de suelo a estas exigencias. Murcia, como casi toda España, no contaba con esta herramienta, y ni siquiera había desarrollado una normativa específica actualizada sobre peligrosidad sísmica.

Los geólogos también piden a las autonomías que las consejerías de ordenación del territorio elaboren estudios específicos de vulnerabilidad sísmica. Se trata de trazar mapas a escala local en los que se señale qué tipo de daños pueden esperarse en cada terreno de un municipio.

Desde el plano científico, Lorca refuerza la necesidad de reformar el Mapa de Peligrosidad, la biblia sobre prevención de seísmos de la que parte la normativa aplicable en cada lugar en función de sus riesgos. Este mapa, que se actualiza una vez por década, se quedó muy corto en el terremoto lorquino. Según indica, en la zona en la que se ubica la localidad, sobre la falla de Alhama, se debía esperar un seísmo que como máximo produjera una aceleración del terreno de 0,12g (el coeficiente que mide la fuerza del temblor de la tierra). El día 11 de mayo se desató una sacudida de 0,36g, justo el triple de lo esperado.
Más de 8.000 casas inhabitables en Lorca

Un total de 1.544 edificios del casco urbano de Lorca y algunas pedanías presentaba ayer código amarillo o rojo, para indicar precaución o prohibición de acceso, respectivamente, según informó el concejal de Urbanismo, Francisco García. Son un total de 8.352 viviendas. De las 589 construcciones con código rojo, 17 presentan riesgo de colapso estructural. García señaló que el objetivo es "salvar los edificios, una vez garantizada la seguridad de las personas", informó ayer la agencia Efe. El último parte municipal revela que se ha decretado la demolición de cinco bloques del barrio de La Viña, aunque inicialmente sólo se derribarán dos, a la espera de comprobar el comportamiento de los otros tres. También hay dictadas órdenes de demolición para una nave industrial, una vivienda en la pedanía de El Consejero, una casa unifamiliar y el edificio Benemérita, de cuatro plantas y ubicado junto al cuartel de la Guardia Civil.


* Público - 20.05.11
Foto: Lorca - elmundo

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Ceuta.- El fracaso de la ciudad

SEPTEM NOSTRA* : Todo el mundo lo dice, y los primeros los políticos que han llevado las riendas de la ciudad en el último decenio: Ceuta ha dado un cambio espectacular en su imagen, sobre todo en el centro urbano. El Presidente de la Ciudad viene sacando pecho de todas las obras que han impulsado en estos últimos años, que es cierto han cambiado el aspecto de Ceuta. La más espectacular quizá sea la peatonalización del Paseo del Revellín y buena parte de la calle Real, a la que caben añadir otras actuaciones no menos impactante desde el punto de vista arquitectónico, como el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras, la profunda modificación de la Plaza de los Reyes o el recientemente inaugurado Auditorio de la Manzana del Revellín. Considerada la ciudad como un hecho puramente físico, el éxito de la política del gobierno de Juan Vivas parece incuestionable, a pesar de todas las críticas que hemos realizado desde esta columna de opinión. Sin embargo, una lectura menos superficial y aparente de la realidad de nuestra ciudad nos lleva a concluir que Ceuta es un auténtico fracaso como ciudad. Y lo es porque nuestros gobernantes ignoran qué es realmente una ciudad.
Una de las mejores definiciones del concepto de ciudad la podemos encontrar en un breve artículo de Lewis Mumford, titulado “What is a City?” (The City Reader,1966). Para nuestro querido maestro, “la ciudad es una colección relacionada de grupos primarios y asociaciones propositivas: los primeros, como la familia y los vecinos, son comunes a todas las comunidades, mientras que los segundos son especialmente característicos de la vida en las ciudades.

Estos variados grupos se mantienen ellos mismos a través de las organizaciones económicas que son más o menos colectivas, o al menos reguladas de manera pública, y están alojados en estructuras permanentes, en el seno de un área relativamente limitada. Los recursos físicos esenciales de la existencia de una ciudad son el sitio fíjo, el alojamiento duradero, las facilidades permanentes para el encuentro, el intercambio, y el almacenaje; los recursos sociales esenciales son la división social del trabajo, la cual no atiende simplemente a la vida económica sino a los procesos culturales. La ciudad en su completo sentido, entonces, es un plexo geográfico, una organización económica, un proceso institucional, un teatro de acción social, y un símbolo estético de la unidad colectiva. La ciudad fomenta el arte y es arte; la ciudad crea el teatro y es el teatro. Es en la ciudad, la ciudad como teatro, donde las más propositivas actividades del hombre se centran y elaboran, -a través del conflicto y la cooperación-, las personalidades, los eventos, los grupos, en unas más significativas culminaciones”.
Una de las más importantes conclusiones que se puede obtener de este concepto de ciudad es que “los hechos sociales son lo principal, y la organización física de la ciudad, sus industrias y sus mercados, sus líneas de comunicación y tráfico, debe estar subordinadas a sus necesidades sociales”. Por desgracia, a lo largo de la historia son escasos los ejemplos en los que se ha priorizado los aspectos sociales en las ciudades. Tenemos que retrotraernos a la Atenas de Sófocles y Sócrates para encontrar la cristalización del modelo ideal de ciudad encarnado por un nuevo tipo de ciudadano caracterizado por la integridad, el equilibrio, la simetría y la autodisciplina. Esta forma ideal apenas se mantuvo una generación, y no volveremos a encontrarla, siempre de manera aproximada, hasta otros momentos puntuales de la historia como la Florencia de Dante o la Venecia del siglo XV. A Sócrates y Sófocles vinieron a sustituirlos una visión distinta de la ciudad, la que representaron Platón y Pericles. A partir de este momento, los edificios empezaron a ocupar el lugar de las personas. Tal y como relata Mumford en su obra cumbre “La ciudad en la historia”, tras los grandes monumentos de la Grecia clásica, se oculta una exaltación de yo colectivo y de la personalidad del propio Pericles. De este modo, se dio un fenómeno que se ha repetido en multitud de ocasiones en el desarrollo de las ciudades: la sólida estructura física ocultaba la podredumbre moral que había tras ella.
En el amplio estudio que hizo Mumford sobre la evolución de la arquitectura y del urbanismo, llamó la atención sobre lo que considera “una de las más enigmáticas contradicciones del desarrollo humano, a saber, las tantas veces reiterada falta de armonía, por no decir de duro conflicto, entre el orden estético y el orden moral”. Lo que descubrió Mumford como una constante en la historia de las ciudades es que a medida que la vida de la ciudad se desintegraba, su aspecto exterior tendía a ofrecer un grado mucho más elevado de orden formal y coherencia. Así pues, en palabras de Mumford, “con excesiva frecuencia, la envoltura física refinada es la expresión definitiva de un organismo cívico frustrado y debilitado espiritualmente”.
En Ceuta, nuestros más prominentes gobernantes, declarados admiradores de Napoleón y Alejandro Magno,-por otra parte continuadores ideológicos del esteticismo urbano que inauguró Pericles-, practican una política de fachadismo que pretende ocultar su total despreocupación por las funciones sociales de la ciudad. Nuestra ciudad más que un “drama social” representa a la perfección una versión tragicómica de la novela sátira “Cándido o el optimista” de Voltaire. Somos la quintaesencia del optimismo leibniziano según el cual vivimos en “el mejor de los mundos posibles”. Ni los datos del desempleo, el fracaso escolar, la conflictividad social y los pésimos resultados de los indicadores ambientales y sociales son capaces de despertar la conciencia de una sociedad adormecida y conformista. Un cuidado escenario y un atrezzo constituido por flores y esculturas acogen una tragicomedia teatral dirigida y protagonizada por un único actor principal, acompañado por un nutrido grupo de figurantes de dudosa capacidad. Y qué decir del público, un concurrido colectivo de sonámbulos boquiabiertos que aplauden efusivamente a su ídolo y gritan desde sus asientos: ¡Qué bonita está mi Ceuta!.
El fracaso de Ceuta como ciudad, al igual que le ocurrió a la ciudades griegas en el periodo helenístico, se debe al poco esfuerzo que se hace por mantener a la mayoría de los ciudadanos vinculados a la política local, dentro de una esfera de ciudadanía plena, dando licencia a la irresponsabilidad y al desentendimiento de los asuntos públicos.
Tal y como proclamó Tucidides, “el individuo que se niega a participar en la vida pública es un inútil”. Una participación ciudadana completamente ausente del discurso y la acción del gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. En este aspecto también se ha impuesto la política del simulacro y el fingimiento. Así movimientos sociales antes reivindicativos se han convertido en un coro de aduladores que sirven de coartada perfecta al gobierno para disimular su escaso interés en que los ciudadanos participen de manera activa y crítica en los asuntos públicos.

* El Faro - Opinión - 16.05.11

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