La carga policial de Barcelona reaviva las protestas en España

20MINUTOS* : Miles de ciudadanos en toda España han portado este viernes flores en protesta por la operación policial llevada a cabo en Barcelona para desmontar el campamento de los 'indignados' -que se ha vuelto a activar- en la plaza de Cataluña, lo que ha motivado una oleada de apoyos y concentraciones en todas las plazas. Tras la operación policial, que se ha saldado con más de 120 heridos leves y ha generado numerosas críticas, cientos de personas, algunas con flores y otras con las manos pintadas de blanco, han vuelto a la acampada en la plaza catalana.
El conseller de Interior, Felip Puig, ha defendido la actuación policial, necesaria para la salubridad y para retirar elementos potencialmente peligrosos de cara a la celebración de una posible victoria este sábado del Barça en la final de Champions, y ha agregado que los Mossos d'Esquadra sólo han sido contundentes frente a los ataques recibidos.
Sin embargo, los 'indignados' de Barcelona han mostrado su rotundo rechazo a las cargas policiales y han criticado la poca disposición del Gobierno autonómico de cara a mediar en busca de un consenso ante una posible celebración de la Liga de Campeones. En Lleida se ha repetido el intento de desmantelamiento y más de mil personas han emprendido a última hora una manifestación de protesta por las intervenciones policiales contra las acampadas.

La Puerta del Sol

Uno de los lugares en contagiarse del espíritu de Barcelona ha sido la Puerta del Sol de Madrid, que al igual que en el resto de plazas, se ha vuelto a abarrotar para expresar su solidaridad. Cientos de los asistentes han alzado sus palmas, pintadas de blanco, y flores de colores. Al grito de "Cataluña no está sola" y "Sol para Cataluña", miles de personas se han reunido en torno al campamento, donde han incidido en el carácter pacífico de las movilizaciones y en su intención de mantener esta actitud durante todo el fin de semana.

En la capital, el gobierno regional en funciones y el PP de Madrid han exigido al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de la Puerta del Sol, porque lo que empezó siendo una protesta de ciudadanos 'indignados' está "degenerando de manera dramática en un asentamiento prácticamente chabolista", ante lo que Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho que analizará con la Policía esa posibilidad.

Más plazas

En Andalucía, miles de personas de varias ciudades se han manifestado con lemas como "Todos somos plaza Cataluña", y en Sevilla los acampados, que han guardado tres minutos de silencio, han anunciado su intención de permanecer de manera indefinida. La concentración del colectivo de 'indignados' en Valencia convocada frente a la Delegación del Gobierno ha derivado en una manifestación de apoyo a los acampados de Barcelona, cuando uno de los portavoces del colectivo ha invitado al resto a cortar el tráfico de la céntrica calle Colón, hecho que ha provocado algunos momentos de tensión con los policías, que finalmente han permitido la marcha.

En Vitoria se han juntado decenas de personas en la plaza de La Virgen Blanca bajo el lema 'La violencia no es la solución', una concentración que ha discurrido en un ambiente festivo, con una actuación musical en directo, que ha costado una multa a los organizadores.

En la Plaza del Arriaga, de Bilbao, varios centenares de personas con flores en sus manos han permanecido cinco minutos en silencio y una vez transcurrido ese tiempo, ha estallado un bullicio de trompetas, silbidos y gritos. Con carteles que rezan 'La violencia no nos calla' y con flores que se han repartido entre los asistentes, los concentrados de la plaza de España en Palma han manifestado su apoyo a Barcelona.

En Las Palmas, la acampada también ha convocado en el Parque San Telmo una concentración en protesta por la "brutal acción policial". Los 'indignados' de Logroño han expresado su "rechazo, rabia e indignación" contra las "actuaciones violentas, desproporcionadas e injustificables" de las fuerzas policiales en los desalojos, y, además, han denunciado la incautación de "equipos informáticos".

En Santander, unas 500 personas se han concentrado con flores en la Plaza Porticada, donde se ha guardado un minuto de silencio, al igual que en la Plaza del Castillo de Pamplona. En Galicia han expresado su solidaridad en una concentración en la Plaza del Obradoiro de Santiago que ha superado el millar de asistentes, entre ellos numerosos peregrinos y turistas. "Todos somos Barcelona" y "Esta democracia no nos representa", fueron algunos de los lemas coreados.

En Murcia, más de 500 personas han guardado un minuto de silencio, lo que se ha repetido en Oviedo y Gijón. En Zaragoza, cientos de personas, con flores y cacerolas, se han concentrado ante la sede de la Delegación de Gobierno. Las protestas se han repetido en distintas ciudades extremeñas y en Castilla y León, donde se han oído frases como "No hay pan para tanto chorizo".


* 20Minutos - 27.05.11
Foto: Cientos de personas se manifiestan en la madrileña Puerta del Sol.- EFE

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Palma.- Anticorrupción reclama 91 años de cárcel para los 18 encausados por la trama Scala

DIARIODEMALLORCA* : La juez Carmen Abrines abrió ayer juicio oral contra el exconseller de Industria y Comercio en el anterior Govern del PP, Josep Juan Cardona, y otros 17 acusados en el llamado caso Scala, una presunta trama de expolio sistemático y organizado del consorcio público CDEIB, dedicado a la promoción exterior de productos baleares. La magistrada fija una fianza de 7,3 millones de euros para Cardona, su número dos en la conselleria Kurt Viaene y Antònia Ordinas, la exgerente del CDEIB. La fiscalía anticorrupción y el actual Govern piden 91 años de cárcel para los 18 encausados y 15 millones de multa para Cardona, Ordinas y Viaene.
La juez estima que Cardona y otros dos altos cargos de la conselleria de Comercio –Kurt Viaene, director general de Promoción Industrial, y Antònia Ordinas, directora-gerente del Consorci Per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB)– encabezaron una presunta asociación ilícita dedicada, con denuedo, a desviar fondos públicos a sus bolsillos particulares o a los de sus allegados. La magistrada ha cuantificado en casi 5,5 millones de euros el dinero del Govern malversado por las maquinaciones de los tres principales acusados.

La fianza de 7,3 millones exigida a los tres imputados es mayor, teniendo en cuenta los intereses y las penas de multa contemplados para los delitos de corrupción.
Los otros encausados que serán juzgados por este sumario son: Felip Ferré, exedil del PP de Lloseta y casado, en esa época, con una sobrina segunda del anterior president del Govern Jaume Matas; Arnaldus Van den Hurk, socio de Ferré; Isabel Rosselló, esposa de Ordinas; Jaime Fernández Abad; Joan Rosselló; Francisco García Cerrato; Sergio Pereletegui; Jaume Gil; Manuel Saez Vidal; Pedro Veny; Juan Simonet; Antoni Vicens; Antonio Munar y Francisco Mauri.
La fiscalía, y la acusación particular en nombre del actual Govern, ejercida por la letrada María Ángeles Berrocal, acusan al trío de integrar "una asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos que tenían a su disposición por razón de su cargo".
Las acusaciones hablan, sin tapujos, de "creación de una estructura jerárquica y perfectamente organizada"; diseño que permitió "el saqueo sistemático de las arcas públicas".
Para Cardona, las acusaciones demandan una condena de 21 años de prisión; que asciende a 20 para Kurt Viaene y a 6 para Ordinas, a la que se aplican las atenuantes de confesión y devolución de parte de lo malversado. Isabel Rosselló se enfrenta a 7 años de cárcel; Felip Ferré a 6; Joan Rosselló, otros 6; y su exsocio "Arnaldus", a10. Anticorrupción también pide 7 millones de multa para Cardona y Viaene y 1 millón para Ordinas por los sobornos cobrados.
Cardona "ocupó la posición de líder o jefe director de la presunta trama. El ex presidente del PP de Eivissa "impartió las instrucciones a sus subordinados"; "se ocupó como conseller de Comercio de nutrir económicamente al CDEIB de fondos públicos, mediante el trasvase de dinero de la propia conselleria o desde del Instituto de Innovación Empresarial (IDI)".
Para las acusaciones, la presunta banda de saqueadores escogió el CDEIB para enriquecerse porque su actividad como organizadora de ferias y otros eventos promocionales "era idónea para enmascarar el continuo y sistemático desvío de fondos".

Total impunidad
Además, no había "controles previos administrativos, ni financieros sobre la gestión de ese consorcio público", que recibió en la pasada legislatura unos 25 millones de euros. Eso les dio una sensación de "total impunidad".
El auto establece para los otros 15 acusados fianzas, que en algunos casos son millonarias. No obstante, la mayoría de estas sumas tendrían que ser aportadas de forma solidaria con los 3 encartados principales. Así, para Isabel Rosselló se piden 4,2 millones; 3,3 para Joan Rosselló; y casi 2 millones para Ferré y su antiguo socio Anoldus Van der Hurk.


* Diariode Mallorca - 27.05.11
Foto: Josep Juan Cardona y su abogado Josep Zaforteza.- diariomallorca

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Las Palmas.- Cifran en 13 millones de euros las pérdidas por la operación del Canódromo

CANARIAS7* : La llamada operación del Canódromo, una permuta de terrenos que hizo con una constructora el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria bajo mandato del PP, causó un perjuicio a la corporación de más de 13 millones de euros, según han sostenido hoy PSC-PSOE y Compromiso por Gran Canaria. Esa cifra de supuestas pérdidas fue expuesta en la última sesión ordinaria del Pleno de la corporación que se celebraba en este mandato y con motivo de la aprobación de las conclusiones de la comisión de investigación creada en torno a dicha operación, que rechazó el PP argumentando, en palabras de su concejal Felipe Afonso, que la iniciativa era "la última pataleta" del PSC.
Frente a Afonso, que sostuvo que los socialistas sólo querían empañar la imagen del que será el futuro alcalde de la ciudad tras las elecciones del 22-M, Juan José Cardona, porque era el concejal de Urbanismo del PP cuando se cerró la operación, el actual responsable de las políticas del territorio, Néstor Fernández (PSOE), insistió en señalar el "perjuicio causado a los ciudadanos".

Perjuicio que cifró en más de 13 millones de euros desde la tesis de que el Ayuntamiento efectuó la permuta de terrenos del Canódromo obteniendo un suelo destinado a un parque que fue sobrevalorado en favor de la empresa Urbacan.

Como compensación, la corporación entregó a esta empresa unas parcelas cuyo coste era 2,7 veces el precio real que debió pagar, 6.882.258 euros frente a sólo 2.515.970.

La comisión de investigación en sus conclusiones, en base a un informe pericial sobre la operación encargado a la Universidad Politécnica de Cataluña, concluyó que se había generado un beneficio indebido de más de 4.300.000 euros.

A esto hay que sumar otro beneficio de 8.956.443,41 euros que también consiguió Urbacan a resultas del mismo negocio, según mantuvo el concejal de Urbanismo en funciones.

En concreto, Néstor Fernández expuso que la empresa revendió poco tiempo después dos parcelas que recibió en la operación inicial y logró sendas plusvalías de 4.475.000 y 4.481.000 euros respecto al valor en que se habían tasado cuando el Ayuntamiento se las entregó.

Lo que implica que, si se suma ese beneficio de 4.475.000 y 4.481.000 euros que habría obtenido la corporación de haber vendido esas parcelas directamente a los 4.300.000 euros que pagó de más en la permuta de los terrenos del Canódromo, la operación "ha podido costar al Ayuntamiento más de 13 millones de euros", concluyó.

Ese parecer del grupo de gobierno socialista en funciones fue compartido desde la oposición por Compromiso por Gran Canaria, que respaldó con sus votos la aprobación de las conclusiones del informe mientras que el PP las rechazó.

Para la portavoz de Compromiso, esta operación supuso un "notable perjuicio para la ciudad" y desde esa opinión, rechazó igualmente las respuestas del PP sobre que la elevación hoy al Pleno de esas conclusiones suponían "una revancha" por la victoria de los populares en las últimas elecciones o "un ataque al candidato" a alcalde y futuro primer edil Juan José Cardona.

Felipe Afonso, por contra, negó la fiabilidad de las cifras y los planteamientos respaldados por PSC y Compromiso y afirmó que las acusaciones vertidas respecto a la operación eran "falsas" y sólo se explicaban por una "lamentable forma de hacer política" de los socialistas, consistente en no gobernar y sólo "hacer oposición a la oposición".

Un hecho éste que es el único que explica que pusieran en marcha desde el gobierno municipal una comisión de investigación para estudiar actuaciones de mandatos anteriores, consideró.

Néstor Fernández respondió que el único objetivo que se ha perseguido con la iniciativa es intentar clarificar esa operación, que Bernarda Barrios recordó que su partido "venía denunciando desde hace ocho años".

Finalmente, Fernández añadió que "serán otras instancias las que resuelvan definitivamente este asunto", a través de varias causas causas judiciales que hay abiertas al respecto.


* Canarias 7 - 27.05.11
Foto: Las Palmas, torres Canódromo (archivo) - canarias7.es

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Portugal pierde a una generación

ELPAÍS* : La indignación que ha sacado a la calle a decenas de miles de jóvenes en España tuvo su precedente en Portugal el 12 de marzo pasado. De manera espontánea, multitudes se levantaron en Lisboa, Oporto y otras ciudades contra la precariedad que condiciona el presente y el futuro del país. El 40,5% de los desempleados tiene menos de 34 años y estudios superiores. La protesta partió de cuatro jóvenes licenciados que crearon el movimiento Geração à rasca (Generación en apuros), reconvertido después en Movimiento 12 de Marzo (M12M).
La indignación que ha sacado a la calle a decenas de miles de jóvenes en España tuvo su precedente en Portugal el 12 de marzo pasado. De manera espontánea, multitudes se levantaron en Lisboa, Oporto y otras ciudades contra la precariedad que condiciona el presente y el futuro del país. El 40,5% de los desempleados tiene menos de 34 años y estudios superiores. La protesta partió de cuatro jóvenes licenciados que crearon el movimiento Geração à rasca (Generación en apuros), reconvertido después en Movimiento 12 de Marzo (M12M).

Mario Leston Bandeira, catedrático de Sociología del ISCTE, Instituto Universitario de Lisboa, sostiene que la crisis es de tal proporción que "la conquista del capitalismo que permite ahorrar y hacer planes de futuro está en cuestión". Los jóvenes llevan la peor parte porque no pueden construir una familia o tienen tremendas dificultades para ello. "El movimiento Geração à rasca surgió ante la falta de perspectivas", sostiene Bandeira. La indignación tiene que ver con la precariedad del mercado de trabajo y con la incapacidad de los políticos de conectar con los problemas de los ciudadanos. Sin embargo, el discurso de los promotores del M12M no es un discurso antipartido. "Tienen una función muy importante en nuestra democracia, pero nuestra democracia tiene dos caras: la cara de la sociedad civil está muy vacía", dice Alexandre Sousa Carvalho, de 25 años, licenciado en Relaciones Internacionales e impulsor del movimiento de protesta.

Para agravar la situación, al futuro incierto que tienen por delante los jóvenes hay que añadir el envejecimiento de la población. Portugal está en declive demográfico desde hace más de 30 años. "A partir de 2002, no aseguramos la reproducción de las generaciones", explica Leston Bandeira. "¿Cómo se revierte esta situación? ¿Cómo un país fallido puede hacer frente a una situación con el 18% de sus habitantes con más de 65 años?".

El callejón sin salida implica desafíos complicados, cuyos resultados no se obtienen de la noche a la mañana. El ingreso de Portugal en la que hoy es Unión Europea tuvo efectos positivos, nadie duda de ello, pero también tuvo consecuencias negativas. Sobre todo en los sectores agrícola y pesquero. "La Política Agraria Común promovió el abandono de tierras e hirió de muerte a la flota pesquera", dice el sociólogo Bandeira. El resultado está a la vista cuando se viaja por el Portugal profundo: los jóvenes se han marchado y solo quedan los más viejos. Aldeas enteras están desiertas. "La población interior es invisible. No hubo modernización y no se consiguió fijar la población joven".

Bandeira reclama una política para atraer jóvenes al interior del país. "Los últimos agricultores están muriendo. Es un desafío. En los cinturones de las grandes ciudades la calidad de vida no es buena". Para ello, asegura, hay que apoyar a los jóvenes que empiezan en pequeñas y medianas empresas y atraer a los que están fuera de Portugal a nuevos retos.


* El País - FRANCESC RELEA - Lisboa - 26/05/2011
Foto: Concentración de jóvenes portugueses y españoles en la plaza del Rossio de Lisboa para protestar por las medidas de austeridad.- P. DE MELO (AFP)

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El juez del 'caso Palau' imputa a seis directivos de empresas ligadas a CDC

ELPAÍS/Barcelona* : El caso Palau se está convirtiendo en una pesadilla por entregas para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El juez ha citado a declarar como imputados a los responsables de cuatro empresas que sirvieron, presuntamente, como tapadera para hacer llegar el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública. Las empresas, dedicadas al buzoneo y al montaje audiovisual, realizaron supuestos trabajos para el Palau de la Música que, sin embargo, jamás se concretaron, pero sí cobraron.
El juez ha imputado a seis personas -responsables y administradores de Hispart, New Letter, Letter Graphic y Altraforma- porque existe la "sospecha" de que las empresas "recibían todo o parte del dinero que entregaba Ferrovial". Ese dinero servía para satisfacer servicios prestados a terceras personas que en ningún caso eran el Palau de la Música, señala el auto firmado por el juez que ocupa el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés.

Las imputaciones de Juan Manuel Parra (Hispart), Pedro Luis Rodríguez (New Letter), Vicente Muñoz (Letter Graphic) y Miguel Giménez, Josefa Gregori y María del Carmen Mateu (Altraforma) forman parte de la pieza separada abierta hace meses para investigar el presunto pago de comisiones irregulares de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras de gran envergadura como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro. En esa causa está también imputado, entre otros, el extesorero del partido nacionalista Daniel Osácar, que actuaba, supuestamente, como hilo conductor de esas comisiones.

Las empresas de buzoneo, New Letter y Letter Graphic, facturaron entre 2007 y 2009 alrededor de un millón de euros al Palau por trabajos que, según la actual dirección de la entidad, no están justificados. El juez admite, en su auto, que las empresas aparecen como proveedores de servicios del Palau, pero añade que no consta "cuál era en concreto el servicio que prestaban". Ninguna de las declaraciones tomadas hasta ahora ha logrado aclarar ese extremo.

Se da la circunstancia de que las empresas también eran proveedoras de CDC en campañas electorales, como destapó EL PAÍS. El juez basa las imputaciones, en parte, en una hoja manuscrita de Gemma Montull (exdirectora financiera de la entidad y también imputada) en las que "parecen vinculados" los cobros recibidos de Ferrovial con los pagos realizados a esas empresas.El magistrado Tabarés recuerda, además, que el propio Daniel Osácar ha declarado que esas empresas eran proveedoras de la Fundación Trias Fargas -ligada a CDC y rebautizada Cadtem- y del partido nacionalista. Según las auditorías del Palau y el informe de la Agencia Tributaria, New Letter, Letter Graphic e Hispart -filial de Stereo Rent- cobraron casi dos millones de euros por tareas que el Palau sostiene que nunca realizaron. De hecho, un grupo de trabajadores de las empresas de buzoneo declararon en el Parlament que nunca trabajaron para la entidad musical pero sí lo hacían con frecuencia para CDC.

Altraforma es otra empresa vinculada a la publicidad electoral que, según Hacienda, facturó 51.724,14 euros en 2006 y 59.740 euros -más 9.558 euros de IVA- en 2007. Según el ministerio fiscal, uno de los socios de Altraforma es el exconsejero de Jordi Pujol y hoy portavoz en el Senado de CiU, Jordi Vilajoana, que posee el 12,08% de las acciones de la empresa.

Además de citar a los responsables de esas empresas, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled había pedido la imputación de la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano. El juez rechaza citarla como imputada -"sin perjuicio de lo que pueda acordarse en el futuro"- porque, en su opinión, no existen suficientes indicios para considerar que estuviera implicada en los hechos.

En su auto, Tabarés admite que su papel era de "particular relevancia" en el Palau y que mantenía "una relación de especial confianza" con el expresidente Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, los saqueadores confesos de la entidad. Garicano declaró como testigo hace un mes y aseguró que, pese al cargo, su única función era "lanzar la marca Palau" y no tomar decisiones económicas o administrativas.

El caso Palau ha derivado en tres investigaciones. La principal trata de esclarecer el expolio de la entidad (cifrado en 35 millones). El segundo caso se refiere a las presuntas irregularidades en el proyecto de un hotel de lujo junto al edificio modernista. Y en el tercero, se indaga el pago de comisiones a CDC en época de Pujol.

La decisión judicial no había trascendido ayer por la mañana, cuando los grupos políticos mantuvieron una fuerte bronca en el Parlament a propósito del caso Palau. El secretario del Gobierno catalán, Germà Gordó, negó haber presionado a los servicios jurídicos de la Generalitat para dar marcha atrás y no pedir la imputación de personas ligadas a CDC.

Pese al varapalo de horas después en forma de auto, Gordó despreció las críticas de la oposición y subrayó que el reciente triunfo electoral de CiU avala la gestión del Gobierno en el caso Palau. "La credibilidad nos la dan los que votan. La tenemos, les guste o no. Y parece que cada día va subiendo", espetó. Gordó aseguró que el cambio de criterio se adoptó "por razones de seguridad jurídica y de prudencia procesal". Los servicios jurídicos quisieron, dijo, dar tiempo para recoger información y "evitar imputaciones precipitadas". ICV defendió que el Gobierno tiene un "conflicto de intereses" y le instó a delegar a un órgano externo la defensa de los intereses públicos para recuperar el dinero defraudado.

Los desvíos a las empresas de mercadotecnia electoral

- Las tres empresas que realizaron campañas electorales para CDC, New Letter, Letter Graphic e Hispart, facturaron casi dos millones de euros del Palau de la Música. Solo las dos primeras -de los mismos dueños- cobraron 982.583 euros.

- La Agencia Tributaria halló dos pagos del Palau a Altraforma: uno de 59.740 euros (más 9.558 euros de IVA) en 2007 y otro de 51.724,14 euros en 2006.

- Ni los trabajadores del Palau ni los de New Letter y Letter Graphic reconocieron los trabajos que constaban en las facturas.

- El informe de Hacienda destaca que uno de los socios de Altraforma es el convergente Jordi Vilajoana, que tiene el 12,08% de las acciones de la empresa.

- Hacienda y la Oficina Antifraude vincularon los pagos de Ferrovial al Palau de la Música a las posteriores salidas hacia New Letter, Letter Graphic, Hispart y la Fundación Trias Fargas. Esas cantidades se desviaban en concepto de "pagos a Daniel".

- El ministerio fiscal apunta que "Daniel" era Daniel Osácar, el tesorero de Convergència Democràtica. Presuntamente, Fèlix Millet actuaba como intermediario de esos pagos.


* El País - 27.05.11
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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Europa y el urbanismo valenciano

GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre la denuncia de la Comisión Europea contra algunos aspectos del urbanismo valenciano, viene a recoger, en sus líneas básicas, el Informe del Abogado General del citado Tribunal que se hizo público el 16 de setiembre pasado.
La complejidad de la materia suscita una indeseable confusión en la ciudadanía que resulta conveniente aclarar para poder comprender, en toda su virtualidad, las consecuencias que la misma comporta. Debe señalarse en primer lugar, que el único aspecto que contempla es el relativo a la aplicabilidad al urbanismo valenciano (y por ende al español) de las Directivas Europeas de Contratación Pública en la ejecución de la urbanización. Por consiguiente, el Tribunal no entra a juzgar el resto de denuncias planteadas por el Parlamento y la Comisión relativas a la ocupación indiscriminada de suelo, a presuntas expropiaciones injustas o a eventuales casos de corrupción, entre otras, por considerar que no son competencia europea.
En segundo lugar, la sentencia asume, prácticamente, los argumentos expresados por el Abogado del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores representando al Reino de España, formulados en sintonía con el entonces Ministerio de Vivienda y la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat. En concreto, se fundamentan en que el viejo sistema urbanístico español (y valenciano, por tanto) atribuye a los propietarios del suelo reclasificado, el derecho a los beneficios que la urbanización comporta, pero siempre condicionado a la asunción de todos los costes necesarios para su transformación.

Por tanto, la Administración no contrata ni abona nada, no existiendo relación contractual onerosa alguna entre aquélla y los propietarios o el urbanizador. En consecuencia, concluye el Tribunal que no resultan aplicables las Directivas de Contratación Pública al Urbanismo español ni valenciano, sin entrar en más consideraciones adicionales.
En otras palabras, la sentencia retrotrae la regulación al procedimiento establecido por la LRAU del 94 que no preveía la aplicación de la Ley de Contratos a la ejecución urbanizadora. No obstante, a la vista de las malas prácticas que en diversas ocasiones acontecieron en la Comunidad, bien por ausencia de desarrollo reglamentario, bien por las insuficiencias de la LUV y, finalmente, considerando la jurisprudencia del Tribunal Supremo español que viene manteniendo la aplicabilidad de la normativa de contratación pública al proceso urbanizador, parece razonable diseñar un procedimiento concursal propio, que sin tener que asumir estrictamente la regulación de la Ley de Contratos, venga a garantizar los principios de transparencia, competencia y no discriminación en el proceso de selección del ejecutor de las obras, y a asegurar, adicionalmente, la consecución de un equilibrio justo entre los legítimos intereses, públicos y privados, que intervienen en el proceso.
Como reflexión final, cabe señalar que aclaradas las dudas que cuestionaban el procedimiento de contratación de las obras de urbanización en el Tribunal Europeo, resulta ya insoslayable la reforma y actualización de la legislación valenciana para lo cual, el consenso político y social resulta absolutamente imprescindible.

* Levante - Opinión - 27.05.11

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