Alicante.- El plan oculto de un promotor y dos alcaldes

ELPAÍS* : La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante contó, según la policía, con una trastienda ajena al interés general cuyos protagonistas fueron el promotor local Enrique Ortiz, el exalcalde y actual diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi, y su sucesora y entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. Esa cara oculta del proceso de gestación del nuevo planeamiento urbano está reflejada en el informe de la Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante. El documento forma parte de la pieza separada del caso Brugal, que investiga el supuesto trato de favor a Ortiz en el trámite del PGOU. Por estos hechos, y sobre la base del informe policial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información a 21 personas, entre ellas, Alperi, Castedo y Ortiz.
El documento de la policía revela múltiples reuniones y llamadas telefónicas entre el promotor, el regidor, la alcaldesa y el arquitecto redactor del planeamiento, Jesús Quesada, para "incluir modificaciones en el PGOU a su voluntad [la de Ortiz].

El informe de los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales destaca otra pieza clave en ese supuesto trasiego de información privilegiada entre los dos altos mandatarios municipales y el promotor: un despacho de abogados urbanistas, regentado por José Luis Castedo (hermano de Sonia Castedo) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista en el Ayuntamiento.

El informe policial recoge hasta ocho supuestas actuaciones urbanísticas ilegales, aunque las dos de mayor calado son el supuesto amaño para la remodelación del estadio Rico Pérez, en actualidad propiedad de la firma Aligestión, del promotor Ortiz, y la adquisición de suelo protegido para intercambiar los aprovechamientos por suelo urbanizable.

La investigación policial sobre presuntas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante comenzó a mediados de mayo de 2008 y se prolongó justo hasta la primavera de 2010. Durante ese bienio, el Ayuntamiento aprobó en dos ocasiones provisionalmente la propuesta, la segunda en mayo de 2010. El documento aún no ha sido sancionado por el Consell.

Sobre la base de ese vasto informe policial (las diligencias ocupan 500 folios), el fiscal Briones presentó el pasado 17 de junio de 2010 un escrito inicial de acusación ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que dirige el sumario general del caso Brugal. San Martín, no obstante, se inhibió de esa pieza un mes después por motivos de competencia territorial.

La causa del PGOU de Alicante recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, el magistrado Manrique Tejada, mantiene desde entonces secretas las diligencias. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia aseguraron ayer que el juez mantendrá el secreto del sumario "hasta recibir los nuevos informes policiales que ha solicitado".

Sin embargo, la reserva de ese sumario ha sufrido dos filtraciones de calado. La primera en octubre de 2010, cuando por un error material el juez Carlos San Martín incluyó parte de esas diligencias en un DVD que fue entregado al resto de partes de la causa general.

La primera filtración incluyó pasajes del informe policial y el escrito de acusación del fiscal al completo. El documento fue exhibido en público por Sonia Castedo para contrarrestar las imputaciones que vertía sobre su persona el representante del ministerio fiscal.

La segunda filtración se produjo ayer, a través del diario Información, que difundió el informe policial. El documento abunda en los ocho supuestos hechos delictivos que dieron pie a la acusación del fiscal y recoge nuevos pasajes de las escuchas telefónicas de conversaciones grabadas entre Ortiz, Alperi y Castedo, reveladoras de las presiones del empresario a los cargos del PP para conocer de antemano las líneas básicas del PGOU y la disponibilidad de estos a satisfacer sus demandas de información.

En su escrito, el fiscal sostiene que la primera reunión de importancia entre el empresario y los cargos del Ayuntamiento para obtener información privilegiada del PGOU se produjo el 15 de mayo de 2008, "en una reunión velada en la Gerencia de Urbanismo entre la concejal Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Jesús Quesada". El informe policial precisa que el encuentro fue a la 17.30, "porque por la tarde no hay nadie". En esa reunión, según la policía, Ortiz obtuvo datos acerca de la instalación de la tienda de Ikea en el plan Rabassa, adjudicado unos años antes al promotor Ortiz.

El informe de la policía y el escrito del fiscal recogen, más adelante, sucesivas conversaciones telefónicas en las que bien Castedo o bien el redactor del plan informan al promotor de otras actuaciones urbanísticas en las que Ortiz tiene intereses, como el APA-9 o la Lomas de Garbinet.

El 26 de junio de 2008, la policía interviene llamadas de Ortiz al redactor del PGOU interesándose por el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, "con la anuencia de Sonia Castedo y Díaz Alperi", precisa el escrito del fiscal. En este apartado la policía aporta un encuentro personal entre Alperi y Ortiz en Benidorm para hablar del proyecto de reforma del Rico Pérez. El informe policial concluye en este apartado que "se habría producido un pacto encubierto por el que la mercantil Aligestión habría adquirido el estadio Rico Pérez sabiendo que posteriormente sería recalificado, aprovechando el PGOU".

La policía cree igualmente acreditado que Ortiz tuvo información privilegiada sobre qué zonas de la ciudad iban a ser protegidas y poder acaparar ese suelo con la intención de permutar la edificabilidad en áreas urbanizables. "Yo tengo un plano de las zonas protegidas que tienen prioridad", recoge un pasaje de una conversación entre Ortiz y uno de empleados.

Tanto la policía como el fiscal consideran que en este supuesto acceso a información privilegiada del promotor Ortiz sobre los pormenores del PGOU de Alicante es clave el papel del despacho de abogados de urbanistas integrado por el hermano de Castedo y el exconcejal socialista. Para el fiscal, este extremo tampoco pasa inadvertido y acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La mediación más relevante de los dos abogados con Ortiz está vinculada a la adquisición de terrenos rústicos en áreas que más tarde serían protegidas, como el Saladar de Agua Amarga.

Para el PSPV, según recoge un informe elaborado por el partido sobre el trámite del PGOU, el papel del hermano de Sonia Castedo en el supuesto trato de favor al promotor Ortiz "es clave". El documento de los socialistas destaca que José Luis Castedo trabajó entre 2004 y 2008 en la entonces Consejería de Territorio y Vivienda en Alicante.

Las nuevas revelaciones policiales sobre el supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz en el trámite del PGOU fueron aprovechadas ayer por los grupos de la oposición para instar a la alcaldesa a que dé explicaciones. Elena Martín, cabeza de lista del PSPV en los últimos comicios municipales, dijo: "De confirmarse los hechos, Alicante estaría ante un claro caso de corrupción. Exigimos a Castedo que salga inmediatamente a dar explicaciones".

Más contundente se manifestó el cabeza de lista de EU, Miguel Ángel Pavón, quien exigió a Castedo y Alperi que renuncien a sus actas, tanto de concejales electos como de diputados autonómicos electos. "Es inaceptable el trapicheo de planos del PGOU entre Ortiz y el equipo redactor". Mientras, la diputada autonómica de Compromís por Alicante Mireia Mollà aseguró que los nuevos datos sobre el PGOU "hacen absolutamente necesario que se pidan responsabilidades".

Castedo a Ortiz: "Te hemos apañado lo del Rico Pérez"
Los diálogos de las escuchas telefónicas recogidas en el informe policial del sumario del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante rezuman una constante en las formas: la cordialidad rayana en la afectuosidad que reina entre el trío de interlocutores, el promotor Ortiz y los dos alcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Mientras, en el fondo las escuchas revelan el afán de Ortiz por controlar los pasos del trámite del planeamiento y, en paralelo, la disponibilidad de Alperi y Castedo a acceder a sus peticiones.

La regidora ha compartido, junto con Alperi, dos viajes de recreo a bordo del yate Elena, propiedad del empresario Enrique Ortiz. Esas características subyacen tanto en las escuchas telefónicas conocidas tras la primera filtración de septiembre y las recogidas en la filtración difundida ayer por el diario Información.

Muestra de la cordialidad entre Ortiz y Castedo son algunos pasajes de conversaciones entre ambos sobre el proyecto de reforma del estadio Rico Pérez. En una de las conversaciones sobre otras actuaciones urbanísticas la regidora comenta a Ortiz: "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas de Garbinet y también lo del Rico Pérez".

Sobre el Rico Pérez, en la primera filtración del informe policial, hay otra conversación reveladora

Ortiz: Pues voy directamente allí y vemos a ver si me das solución ya de lo que este plantea del Hércules (...) y si me interesa, y ya te cuento temas que he estado viendo también con Luis y me dices, y además intenta tener el planito y me lo enseñas.

Castedo: Sí, Sí, sí, mañana nos vemos entonces.

El trasiego de planos (supuestamente referidos al nuevo PGOU) entre Castedo y Ortiz ocupa otro pasaje de las escuchas, en este caso referidas a la instalación de Ikea en Rabassa. "Me has dado un tebeo del Coyote. Es el antiguo, el mismo que tengo yo, el antiguo, antes de la modificación", comenta Ortiz.

En otras de las conversariones, el promotor Ortiz expresa directamente a Castedo su malestar por que la redacción del PGOU, al menos en lo que se refiere al apartado de las nuevas zonas protegidas, no discurre según sus interesas: "El tema es gordo, estoy viendo el Plan General y me destroza por todos los lados, es que es increíble... los puñeteros adscritos estos". En esa fase del trámite del PGOU Ortiz, en una conversación con un empleado suyo, experto en temas urbanísticos, llega a dudar de la lealtad de sus apoyos y alude a una supuesta mano negra, para espetar: "Yo veo aquí una mano negra y la mano negra para esto tengo que ser yo".

Las escuchas dejan aflorar que el supuesto idilio y mutua confianza de los que siempre han hecho gala en público Luis Díaz Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, sufrió una fractura a las primeras de cambio. En una conversación entre Ortiz y Luis Díaz Alperi, grabada el 21 de octubre de 2009, justo un año después del cambio de titular en la alcaldía, el exregidor hace las siguientes alusiones sobre su sucesora.

Alperi: Oye, no le comentes nada, por favor, a Sonia, de nada, nada de nada.

Ortiz: ¿Qué te ha hecho otra, o qué?

Alperi: No, no, me ha hecho otra, pero sé más cosas, y sé que me... vamos, Sonia me odia a muerte.


* El País - 2.06.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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Baiona validará en un pleno en funciones su polémico plan urbanístico del casco viejo

XORNAL/Pontevedra* : El alcalde de Baiona, el popular Jesús Vázquez Almuiña, que acaba de revalidar la alcaldía con mayoría absoluta, convocó para hoy un Pleno extraordinario en el que pretende que la corporación valide, pese a ejercer en funciones, el Plan Especial de Protección del Casco Histórico Artístico (Pepcha). El documento, que desbloqueará el urbanismo en el barrio histórico de la villa, también permitiría legalizar diversas actuaciones que cuentan incluso con sentencias condenatorias de distintos tribunales. Hace un par de semanas, a punto de finalizar la campaña electoral, la Consellería de Territorio aseguró que el documento será el primero de protección de un casco histórico de toda Galicia y contaría “con todos los informes favorables”. Sin embargo, desde el PSOE local se critica que no fueron tenidas en cuentas diversas correcciones exigidas en 2009 por un informe del departamento provincial de Pontevedra de la Dirección Xeral de Patrimonio en el que se advertían irregularidades en las alturas de un centenar de edificaciones. Ahora, el visto bueno definitivo de la Xunta fue emitido por los servicios centrales de Patrimonio en Santiago y no por el departamento de Pontevedra.

Para solventar las diferencias de altura existentes entre los edificios ya construidos así como entre los nuevos que se puedan edificar, el documento contempla una comisión municipal que determine, en función de parámetros valorativos y no por criterios objetivables, qué construcciones se autorizan. Por ello, los socialistas temen que las decisiones para cada caso puntual queden en manos del gobierno municipal.
El PSOE local también critica que el alcalde pretenda aprobar el plan con una corporación en funciones. Los socialistas advierten de que la aprobación del plan tal y como está redactado “no sólo no protege sino que desprotege a los vecinos, que estarán siempre sujetos a una posible denuncia”.


* Xornal - 2.06.11
Foto: Baiona (Pontevedra) - wikipedia.org

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Cronología de la acampada 'indignada' en la Puerta del Sol

PÚBLICO* : Después de más de dos semanas acampados en la Puerta del Sol, los 'indignados' han decidido reestructurar el campamento para poder hacer frente a los problemas actuales de la acampada. Aunque todavía no se ha concretado el cómo, desde la organización quieren hacer modificaciones pero sin que se pierda el espíritu del Movimiento 15-M. A continuación, una cronología de la acampada desde su inicio con los acontecimientos más importantes:
-15 de mayo de 2011: Decenas de miles de personas salieron a la calle en más de 50 ciudades españolaspara mostrar su indignación. Convocados por la plataforma Democracia Real Ya, los posteriormente denominados como 'indignados' colapsaron el centro de Madrid, desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol. La marcha terminó con palos de la policía y 19 detenidos.
-16 de mayo de 2011: Finalizada la manifestación del domingo, un centenar de jóvenes decidieron acampar en la Puerta del Sol de Madrid para continuar con las protestas y crearon de forma espontánea un movimiento que daría la vuelta al mundo: #acampadasol. Su intención entonces era permanecer en la emblemática plaza madrileña hasta el domingo 22, día de las elecciones municipales y autonómicas.

17 de mayo de 2011: Pasadas las 5.00 horas de la mañana del martes, la policía desalojó a los entre 150 y 250 acampados que se encuentran en la Puerta del Sol desde la madrugada del domingo al lunes. Tras el desalojo, un grupo de 200 jóvenes se concentraron frente a los juzgados de plaza de Castilla en Madrid para expresar su solidaridad con los detenidos de la manifestación. Esa misma tarde, miles de personas volvían a llenar la Puerta del Sol en repulsa a lo sucedido durante la madrugada y a pesar de que la policía volvía a tener órdenes de desalojar si se iniciaba una nueva acampada.

18 de mayo de 2011: A pesar de la orden de desalojo de la policía, miles de personas volvieron a pasar la noche en la plaza madrileña. Por la mañana, comenzó la preparación del campamento: se organizaron asambleas y los acampados se dividieron en distintas comisiones. Además, distintas ciudades de España comenzaron a sumarse a las protestas: Barcelona, Sevilla, Granada, Tenerife, Santiago de Compostela, etcétera. El miércoles, además, la Junta Electoral Provincial de Madrid desautorizó la concentración de las 20.00 horas, algo que provocó que a la plaza se trasladaran decenas de miles de personas. Durante la madrugada del miércoles, además, los acampados acordaron manifestarse durante la jornada de reflexión.

19 de mayo de 2011: La Junta Electoral Central decidió declarar ilegales todas las "concentraciones y reuniones" convocadas para el sábado 21, jornada de reflexión, y el domingo 22, día de las elecciones. Tras la decisión, los acampados, a los que ya se sumaron varias ciudades del mundo, optaron por no convocar una manifestación pero sí aseguraron que se mantendrían acampados amparados en el derecho a reunión pacífica y sin armas. La concentración de las 20.00 horas volvió a producirse con lleno en la Puerta del Sol. Por la noche, y a pesar de la lluvia, cerca de 400 personas mantuvieron la acampada.

20 de mayo de 2011: La Junta Electoral Provincial de Madrid volvió a prohibir la concentración de las 20.00 horas del viernes. Pese a ello, el Gobierno descartó desalojar a los 'indignados' y la policía aseguró que solo intervendría en caso de que se alterase el orden público. La organización de la acampada, además, anunció en su página web la convocatoria de un grito mudo a las 0.05 horas del sábado, jornada de reflexión.

21 de mayo de 2011: Los acampados iniciaron "un ejercicio de reflexión colectiva". Miles de personas seguían en la Puerta del Sol.

22 de mayo de 2011: Día de elecciones. La gente votó pendiente de los 'indignados', que finalmente decidieron en asamblea quedarse en la Puerta del Sol hasta el domingo 29 de mayo.

23 de mayo de 2011: Durante la resaca electoral, los acampados eludían responsabilidades respecto a los resultados de las elecciones. Los organizadores de la acampada anunciaron que su intención era trasladar las asambleas a los barrios. Además, mientras el cansancio empezaba a hacer mella, temían que durante la semana se produjese un desalojo.

24 de mayo de 2011: Los barrios organizan las primeras asambleas. En Murcia, un centenar de 'indignados', irrumpieron en la sede de la televisión pública autonómica '7 Región de Murcia' al grito de "no somos violentos" y leyeron un texto que denunciaba la manipulación informativa y la explotación laboral.

25 de mayo de 2011: En la plaza había menos gente que en la semana anterior. Los acampados anunciaron que el domingo decidirían, de nuevo, si quedarse o no más tiempo.

26 de mayo de 2011: Debido a la posible pérdida de fuerza de la acampada, los 'indignados' trataban de reorganizarse y acordaron un programa de mínimos.

27 de mayo de 2011: Los acampados ratificaron el consenso de mínimos en un día marcado por el desajolo de la plaça de Catalunya de Barcelona por parte de los Mossos d'Esquadra. Los 'indignados' denunciaron el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. En Madrid, #acampadasol mostró su apoyo incondicional a #acampadabcn y organizaron sendas concentraciones a las19.00 y a las 20.00 horas. Felipe Puig, conseller de Interior, se convirtió en el centro de las críticas por defender la actuación de los Mossos y reavivó las protestas en toda España.

28 de mayo de 2011: Día clave para descentralizar la acampada de la Puerta del Sol. Los distintos barrios y municipios de Madrid organizaron sus propias asambleas.

29 de mayo de 2011: Día clave para #acampadasol. Los 'indignados' decidían en una asamblea multitudinaria si quedarse o marchar. Finalmente, acordaron por consenso, después de cuatro horas, no abandonar la plaza.

30 de mayo de 2011: La plataforma Democracia Real Ya ofreció una rueda de prensa en la que anunció una manifestación "a nivel europeo y mundial" el 15 de octubre. Insistieron además en la idea de que no estaban dentro de #acampadasol como colectivo, aunque sí compartían objetivos.

31 de mayo de 2011: En una nueva asamblea general, los acampados decidieron por consenso reestructurar el campamento, aunque no concretaron cómo se hará.


* PÚBLICO - 31.05.11
Foto: Asamblea en la Puerta del Sol - publico

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Santander.- El Ayuntamiento da un mes a la CEOE para que derribe las obras ilegales de Campogiro

DIARIO MONTAÑÉS* : El Ayuntamiento de Santander ha requerido esta semana a la CEOE para que en el plazo de un mes proceda a la demolición de todas las obras realizadas ilegalmente en la nave de Campogiro, que alquiló en 2009 para impartir cursos de formación. En el escrito, la Administración advierte a la patronal cántabra de que si incumple el mandato municipal, será ella quien, de manera subsidiaria, ejecute el derribo después de imponer a la infractora las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento ha abierto también a la organización otro expediente por desarrollar la actividad de formación sin la licencia correspondiente. La CEOE ha presentado alegaciones y ha pedido el archivo. Si el Ayuntamiento desestima los argumentos de la patronal, ordenará la clausura del centro. El alquiler de la nave de Campogiro, que sirve de Centro de Formación a la CEOE, fue puesta en tela de juicio por la auditoría forense encargada por el presidente de la confederación, Miguel Mirones, a la firma Deloitte tras las irregularidades denunciadas por el secretario general, Yves Díaz de Villegas.

Participación activa
La nave fue arrendada al cuñado de Mirones, José Antonio Salcines. Aunque el presidente se abstuvo en la votación en que se aprobó ese arrendamiento, los auditores concluyeron que el empresario «participó activamente» en la selección de las ofertas.
En el resumen de la oferta ganadora se decía que la nave estaba «acondicionada», pese a que luego la CEOE tuvo que gastarse más de 600.000 euros en adecuarla a su función. Para pagar las obras se utilizaron dos subvenciones del Gobierno de Cantabria que hubieran requerido para su concesión que el centro llevara diez años de funcionamiento, según el informe.
El informe urbanístico elaborado por los técnicos municipales concluye que la CEOE realizó obras de distinta envergadura en la nave, que tenía licencia de actividad de fábrica de cepillos, sin la autorización correspondiente, lo que dio lugar a un expediente de disciplina urbanística. La CEOE tramitó entonces una solicitud de licencia de obra nueva para legalizar los trabajos, pero no presentó la documentación requerida y, transcurrido el plazo, el Ayuntamiento dio por desistida a la organización en el procedimiento abierto. En marzo, en plena crisis de la patronal, se dio por cerrado el expediente.
El Servicio Municipal de Disciplina Urbanística determina que las obras ejecutadas en la nave no se pueden legalizar porque «el edificio está fuera de ordenación y exceden de los mínimos que exigen la limpieza, el ornato y la seguridad física».
Esta misma semana, el Ayuntamiento ha instado a la CEOE a que en el plazo de un mes, es decir, antes del 1 de julio, proceda a derribar «todas las obras ejecutadas ilegalmente», que incluyen el derribo de pilares metálicos, instalaciones de todo tipo, aislamientos, una rampa e, incluso, el desmontaje del ascensor. Los técnicos municipales han evaluado el coste de estos trabajos en 25.000 euros. Si la patronal incumple la orden, será multada.
La normativa prevé hasta un máximo de diez multas, a razón de un 10% del presupuesto de ejecución del derribo cada una, es decir, 2.500 euros. Y le advierte de que será la Administración municipal quien ejecute subsidiariamente el derribo de negarse la CEOE.


* El Diario Montañés - 2.05.11
Foto: Nave de Campogiro cuyo interior debe ser demolido - diariomontañes

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Valencia.- El TSJ obliga a eliminar tres puntos de la ordenanza municipal contra el ruido

LEVANTE* : El Ayuntamiento de Valencia ha decidido acatar la orden del juez y modificar la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, aprobada en mayo de 2008, tras la denuncia presentada en el juzgado por el PSPV, la asociación Amics del Carme y varios particulares. La sentencia de la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ determina que existen tres puntos contrarios a ley y que hacen referencia a la inspección previa a la concesión de licencia de primera ocupación, a una tasa que quería establecer el Gobierno local y una serie de pautas a la hora de adoptar medidas cautelares. Concretamente el ayuntamiento ha suprimido tres artículos de la normativa: el 29,2, el 55.3 y el 60.
De esta manera, el Gobierno rechaza continuar el proceso judicial mediante recursos y acatar la orden del juez porque "la normativa queda más completa de esta manera, y no hay necesidad alguna de alargar el procedimiento", afirmaron fuentes de la concejalía de Lourdes Bernal, responsable de la contaminación acústica en la ciudad.

El primer artículo modificado es el 29,2 que establecía que el ayuntamiento "podrá verificar si los diversos elementos constructivos que componen la edificación cumplen las normas dictadas en esta ordenanza". Sin embargo, el juez asegura que no es decisión municipal "poder verificar", si una construcción nueva cumple o no con el aislamiento acústico necesario, sino que debe hacerlo. Por ello, tras la modificación de la Ordenanza, el ayuntamiento "exigirá los certificados acreditativos del aislamiento acústico" antes de conceder la licencia de primera ocupación.
Además, el consistorio establecía en la ordenanza una tasa para aquellos supuestos "de denuncias de ruido infundadas o temerarias que se efectúen con abuso de derecho o por la falta absoluta de veracidad de los hechos expuestos". Es decir, el ayuntamiento pretendía cobrar el coste de la medición en aquellos casos donde el incumplimiento de la ordenanza no estuviera claro. Sin embargo, el juez afirma que el hecho imponible de una tasa viene constituido por la efectiva prestación de un servicio. Por ello el TSJ ordena la anulación de este aparatado ya que "la tasa se hace depender de circunstancias subjetivas, rompiendo la equivalencia servicio-tasa". Es más, el juez considera que la aplicación de la tarifa en cuestión sería "una actuación ilícita o abusiva". El tercer punto hace referencia al tiempo que hay que esperar para establecer las medidas cautelares cuando se incumple la ordenanza contra la contaminación acústica. La normativa señalaba que se adoptarían medidas cautelares en los supuestos "en los que se haya constatado la molestia grave y reiterada de un foco generador de ruido". La sentencia asegura que no hace falta que el hecho sea reiterativo ni grave para poder actuar en consecuencia.

Alegaciones del PSPV rechazadas
El PSPV presentó alegaciones a la ordenanza antes de acudir a los tribunales que, sin embargo, fueron rechazadas por parte del equipo de Gobierno. Para Carmina del Río -concejala que presentó al denuncia- la sentencia "mejorará notablemente la ordenanza" porque "es importante que el propietario tenga un documento que acredite que su vivienda está aislada acústicamente, porque no hace falta que la molestia sea reiterada para que el ayuntamiento actúe, y porque un ciudadano que denuncia una infracción no tiene por qué pagar nada".


* Levante - 1.05.11
Foto: Valencia, ayuntamiento - .wikimedia.org

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Unas 15.000 familias estafadas y sin vivienda por los planes urbanísticos del sureste de Madrid

DISTRITO19* : Los desarrollos del Sureste en vía muerta. La página web del Ayuntamiento de Madrid dispone de una sección donde se puede consultar el seguimiento de la gestión de los desarrollos urbanísticos. Es desolador comprobar cómo los desarrollos pertenecientes al distrito de Vicálvaro están paralizados desde hace muchos meses. Mientras tanto los afectados, alrededor de 15.000 familias, no se resignan a perder la inversión en su vivienda y algunos de ellos han acampado en la cuesta de Moyano para exigir a las diferentes administraciones una solución a sus problemas. El Cañaveral, Los Ahijones, Los Cerros y Los Berrocales, todos ellos pertenecientes al distrito de Vicálvaro, siguen siendo un proyecto de urbanización desde que desde 1996 se empezara a captar cooperativistas. Quince años después tanto las viviendas, como la propia urbanización de los diferentes PAU’s siguen paralizados y los afectados se sienten víctimas de una gran estafa.
Y ante los oídos sordos de la administración decidieron hacer una acampada en el centro de la ciudad así como una manifestación el pasado 15 de mayo desde el lugar donde están durmiendo hasta la Plaza de la Villa pasando por la Puerta del Sol. Entienden que ya han agotado todas las vías existentes y que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid, que son quienes tienen competencias, ni les reciben, ni les ayudan ni hacen nada al respecto.
Según los estadillos que publica periódicamente el Ayuntamiento de Madrid, sobre la situación de los cuatro nuevos desarrollos urbanísticos en Vicálvaro, las obras de urbanización están ejecutadas en un 84% en el Cañaveral y en un 20% en Los Berrocales. En Los Ahijones sólo va efectuado un 5% del movimiento de tierras y en Los Cerros no hay ni siquiera proyecto aprobado. De las 66.635 viviendas previstas no se ha construido ni una.

Miles de vecinos se sienten estafados
Asociación de Cooperativistas Afectados del Sureste de Madrid (ACAS Sureste)

Los futuros vecinos del Sureste de Madrid (Ahijones, Berrocales, Cerros y Cañaveral) llevamos 14 años esperando por una vivienda con un desembolso medio por familia entre 40.000 y 70.000 euros. Después de tantos años nos vemos inmersos en peleas judiciales para demostrar una estafa. En nuestro caso, Miguel Torralba Vioque e hijos para los afectados por la gestora Ofigevi y Gespozuelo y un largo grupo de gestoras oportunistas de la zona Sureste de Madrid como Prygesa, CG Inmobiliaria, Gesplavi, TAU, GVA...

No podemos olvidarnos de la aseguradora HCC Europe que nos vendió una póliza engañosa que nada tiene que ver con el seguro obligatorio que establece la ley 57/1968 para todas las cooperativas de vivienda y que, supuestamente, nos garantizaba que nuestras aportaciones iban a ser destinadas al proyecto promotor. Por su parte, los Bancos y Cajas de ahorro implicados (CCM, Banco Gallego, Caja España...) bajo su responsabilidad, como reza la citada ley, han admitido como válido este seguro para darnos las hipotecas para la compra del suelo donde se construirían nuestras viviendas y, llegados a este punto, solo quieren cobrar sus préstamos y desentenderse de sus responsabilidades. El producto de todo ello es que la aseguradora, los bancos, las gestoras, sus fundadores y algunos consejos rectores nos han robado nuestros sueños y estamos convencidos por los indicios y pruebas existentes que nuestro dinero ha ido a parar a sus bolsillos.

Como miembros de ACAS Sureste, entre todos queremos dejar las cosas claras. Se vieron e hicieron manifiestos y reivindicaciones a todas las instituciones de este país pero ellos no ha servido hasta el momento para hacer ver lo que realmente necesitamos y pedimos.

Desde ACAS solicitamos:
-que nos traten como afectados de estafa, lo somos y queremos que se nos damnifique por todo ello.

-pedimos amnistía con Hacienda por las cantidades que nos desgravamos y que no nos multen por el retraso ajeno que sufrimos a la entrega de nuestras viviendas y menos en el caso de pérdida de las cantidades y futura vivienda.

-pedimos que se nos respete los requisitos que cumplíamos todos a la firma de nuestros contratos de adhesión a las cooperativas y no los requisitos actuales que han sido muy endurecidos y que el paso en el tiempo nos ha dado de pleno.

-solicitud de las viviendas de VPPL y VPPB que posee el Ayuntamiento de Madrid en el sector de El Cañaveral y otros sectores y desarrollos de Madrid como adjudicatarios finales para que sean puestas a disposición de los afectados por las estafas de las gestoras de cooperativas de Ofigevi y Gespozuelo, hoy con multitud de problemas por dicha estafa.

-que se agilice la licencia de simultaneidad y que reconozcan los avales dispuestos por las cooperativas de El Cañaveral.

-compromiso real y efectivo de las administraciones con todos los afectados de El Cañaveral, Los Berrocales, Los Ahijones y Los Cerros.

-que la Fiscalía acelere los trámites de las querellas interpuestas contra los que nos han robado nuestras ilusiones y parte de nuestra vida.

-que el Fiscal represente a los socios que actualmente han pedido ayudas ya a la Fiscalía hace más de un año y que se encarguen de hacer las pesquisas para llegar así de una vez por todas a todos los estafados del Sureste. Y que pongan más medios a nuestro alcance en dicho Juzgado no 43.

-que se investigue a todas las Cooperativas y Gestoras de Cooperativas que siguen operando “clandestinamente” en los desarrollos del Sureste de Madrid perpetuando una estafa.
Todas las familias de Ahijones, Berrocales, Cerros y Cañaveral no podemos quedar en el más absoluto de los desamparos, cumplimos con nuestras obligaciones y nos han dejado en la calle.

Fuente: Distrito 19, mayo 2011, Nº 142. www.distrito19.org


* Rebelión - Opinión - 25.05.11


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