El 19-J toma la calle contra el pacto del euro




* YouTube - kaos7852 - Junio 2011
Música: Muse

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Pontevedra.- El látigo del urbanismo en la costa

LAVOZDEGALICIA* : «Nuestro espíritu es ser contrapunto sin entrar en guerras de alardes». Con esta declaración de intenciones, Francisco Díaz Sánchez presentaba públicamente a finales del año 2003 la asociación Salvemos Pontevedra (SP), un colectivo social y apolítico que ha acabado por convertirse en el látigo del urbanismo en la costa gallega y de las Administraciones que lo regulan.
Con la Ley de Costas en una mano, pero no con el Plan de Ordenación do Litoral (POL) en la otra, combaten desde hace ocho años cualquier actuación nueva o pasada que, en su opinión, pueda infringir la legalidad vigente. Díaz rechaza el POL porque «se basa en un decreto anterior, el 158/2005, que está pendiente de un hilo», dice, refiriéndose a otro pleito emprendido por el «intento de usurpar por parte de la Xunta competencias de la Ley de Costas». Paradójicamente, sus enemigos más frecuentes a batir son las propias Administraciones públicas que, en buena ley, deberían ser las garantes de preservar el buen uso del dominio público marítimo-terrestre. Pero, por lo que dictan los tribunales, no parece que siempre esté siendo así. Al propio Ministerio de Medio Ambiente se le han sonrrojado sus mejillas al menos en dos ocasiones por «culpa» de la asociación fundada por Francisco Díaz. La última, con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre la situación administrativa de los terrenos que ocupa la factoría Ence en las antiguas marismas de Lourizán.

La ex conselleira de Pesca Carmen Gallego también fue objetivo de su diana a causa de los metros en los que la vivienda de su entonces marido se adentra en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, o la ex jefa provincial de Costas, Cristina Paz Curbera, por igual motivo. El ex alcalde de Sanxenxo y actual portavoz municipal del PP en Pontevedra, Telmo Martín, también inspiró más de un recurso, tanto como regidor de la localidad más turística de Galicia como por su faceta de socio de la promotora pontevedresa Construcuatro. Pleitos en los que también tuvieron algo que ver algunas resoluciones del ex conselleiro de Pesca Enrique López Veiga.

Con mayor o menor éxito, todos ellos han sido expuestos, siempre primero ante la propia Administración o en su defecto ante los tribunales, por supuestas irregularidades urbanísticas en la costa. «Espero que aprendan algo de las consecuencias del silencio administrativo», dice Díaz, que se confiesa cansado de terminar siempre ante los tribunales por la inacción de la vía administrativa.

La antigua marisma

En la ejecutiva de Salvemos Pontevedra, en la que además de Díaz Sánchez se sientan también Fabián Estévez, Jesús López, Pilar Taboada y Edelmiro Domínguez, entre otros, se han empeñado en recuperar la antigua marisma de Lourizán, al margen del propio Ayuntamiento pontevedrés, que siguiendo su propia estrategia se desmarcó del pleito con el que el colectivo quiere lograr este objetivo. Por ello, Ence no es ni mucho menos la única pieza de este puzle. También lo son la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar), el emisario submarino, la autovía de Marín, la proyectada variante, y el supernudo en tres niveles, que, probablemente, también les acabará enfrentando en los tribunales con el Ministerio de Fomento.

Los llamados núcleos de litoral, un problema urbanístico de primer orden que se concentra sobre todo en Marín, Vilaboa y A Illa de Arousa, o el plan acuícola que también impulsó Gallego, se han topado con SP.

Paradójicamente, sus enemigos más frecuentes son las propias Administraciones

«La Xunta de Galicia siempre intentan usurpar competencias de la Ley de Costas»

«Espero que aprendan algo de las consecuencias del silencio administrativo»


* La Voz de Galicia - 19.06.11
Foto: La denuncia sobre Ence pretende recuperar el espacio original, sin fábrica ni autovía ni depuradora.- lavoz

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Palma.- Anticorrupción imputa a Vicens cohechos, estafa y delitos fiscales por Son Oms

DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción acusa al exdiputado de UM Bartomeu Vicens de delitos tributarios, cohechos y estafa o tráfico de influencias derivados de sus relaciones con el polígono industrial de Son Oms y las empresas impulsoras del mismo. Anticorrupción quiere agilizar la instrucción y enjuiciamiento del caso Son Oms, iniciado en 2007, mediante su división en cuatro piezas separadas.
Las pesquisas sobre Son Oms empezaron en octubre del 2007 con unas diligencias informativas de la fiscalía, dirigidas contra Bartomeu Vicens, entonces diputado por UM en el Parlament balear, y Maximilià Morales, expresidente de dicha Cámara con UM. Casi cuatro años después, el caso gira sobre los mismos hechos denunciados, un supuesto entramado de corrupción en torno a la génesis y explotación del área industrial palmesana, pero con el añadido de descubrimientos relevantes realizados por los investigadores de la Policía y la Agencia Tributaria. Estas pistas giran en torno a Metalumba, la empresa tapadera de Vicens y su esposa Antònia Martorell, y Gestora de Desarrollo Son Oms, una sociedad vinculada al abogado Jaime Montis y que se dedicó a impulsar el área industrial.

El sumario, tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia debido a la condición de diputado de Vicens, se ha reactivado hace algunas semanas, tras pasar meses paralizado. La acumulación de asuntos de corrupción que investigan los fiscales Carrau, Horrach y Subirán, unida a la elevada carga de trabajo del juez Juan Ignacio Lope Sola, que también se ocupa de los casos Maquillaje e Ibatur, ha empantanado Son Oms.
Anticorrupción propone para salir del bloqueo dividir la causa en cuatro piezas separadas, en dos de las cuales el principal imputado sería Vicens, defendido por Valdivia y Campaner.
La primera pieza ya está creada y versa sobre una presunta estafa de la que habrían sido víctimas pequeños propietarios de solares en Son Oms, entre ellos Ángel Ochando (denunciante del caso) por parte de la junta de compensación del polígono y un posible desvío de fondos de esa entidad.
La primera pieza contra Vicens sería por el cobro de sobornos a cambio de favores urbanísticos en Son Oms y los delitos fiscales cometidos al invertir ese dinero negro en naves, solares y vehículos. La segunda giraría en torno al papel de Vicens para convencer a los dueños de parcelas rústicas en Son Oms a la cesión gratuita del 15% de sus solares recalificados a Montis. La tercera enjuiciaría un presunto delito fiscal de Montis.


* Diario de Mallorca - 18.06.11
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es

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Madrid.- La Cañada Real Galiana. Un barrio por construir

JAVIER RUBIO (CAES)* : El 29 de junio de 1974, el Boletín Oficial del Estado publicaba una nueva Ley de Vías Pecuarias que otorgaba al ICONA (Instituto Nacional de Conservación de la
Naturaleza) la competencia de custodia y vigilancia sobre las cañadas. El 18 de octubre de 2007 la Cañada Real Galiana saltaba en la opinión pública a través de los telediarios por el violento desalojo y derribo de la vivienda de una familia marroquí, que culminó con nueve detenidos y decenas de heridos. Millones de personas conocieron ese día la existencia de una ciudad precaria a las afueras de Madrid de la que nunca habían oído hablar. En los treinta y tres años que separan ambos episodios, el número de habitantes de la “Cañada Real” ha pasado de apenas superar el centenar a más de veinticinco mil.
Viviendas y cobertizos han cubierto la mayor parte del camino, dejando el espacio
imprescindible para una calle central de paso de vehículos. Actividades humanas de
todo tipo, desde empresas de chatarra a cría de caballos, pasando por venta de helados,
panaderías, restaurantes, centros de culto religioso, talleres mecánicos o consumo y
venta de drogas, han tomado el relevo de la antigua trashumancia ganadera. Incluso, el
Ayuntamiento de Madrid ha asfaltado los kilómetros necesarios para el paso de sus
camiones hacia el vertedero de Valdemingómez. En la actualidad, la Cañada Real
presenta un aspecto plenamente urbano, siendo el paso de ganado el último uso que
cabría imaginar. El vial ya sólo conserva el nombre de “cañada” como vestigio de lo
que fue en épocas pasadas.

En marzo de 2011, el parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid ha aprobado
una ley por la que la Cañada Real deja de ser de dominio público y por la que se
establece un plazo de dos años para que ayuntamientos, Comunidad Autónoma y
Delegación del Gobierno negocien con las asociaciones de vecinos un plan social.

Aunque de hecho es un barrio de Madrid, la mayoría de madrileños vive de espaldas a
sus vecinos de la Cañada Real, conociendo ocasionalmente tan solo aspectos parciales o
escasamente representativos por las noticias que muestran los medios de comunicación.
El presente texto reflexiona sobre esta realidad cercana y lejana al mismo tiempo, con
la mirada puesta en la capacidad de sus propios habitantes para participar de forma
articulada y democrática en los cambios que han de venir.
En los márgenes de la capital
Es sorprendente cómo durante décadas puede consolidarse un asentamiento de decenas
de miles de personas a menos de quince kilómetros de la Puerta del Sol, pasando casi
desapercibido para el resto de la población y sin apenas intervención de las diferentes
administraciones.
La ocupación y edificación en las vías pecuarias es un fenómeno común en la península
ibérica, correlativo a la decadencia de la trashumancia, que se acelera en la segunda
mitad del siglo XX.

La Cañada Real Galiana atraviesa de norte a sur la península entre
La Rioja y Ciudad Real con una anchura aproximada de 75 metros. Es a partir de los
años sesenta cuándo se producen las primeras parcelaciones de la misma a la altura de
Coslada y Madrid. Los terrenos que se empiezan a ocupar son dedicados
mayoritariamente a pequeñas huertas, siendo escasa la presencia de viviendas
permanentes.

Hasta mediados de los años setenta la ocupación de la zona se desarrolla pausadamente,
como una fina lluvia apenas perceptible. A partir de esa etapa, en el tramo más
próximo a Coslada y coincidiendo con el crecimiento de este municipio por la
emigración del campo a la ciudad, el número de construcciones aumenta rápidamente,
ejerciendo al mismo tiempo una presión para la expansión de las parcelaciones hacia el
sur de la vía pecuaria, llegando hasta el término municipal de Getafe. En esta etapa
aparecen las primeras asociaciones de vecinos, distribuidas en seis sectores
equivalentes a seis tramos de diferentes longitudes.
Desde los años ochenta se suceden oleadas de nuevos pobladores que, en líneas
generales, atienden a la siguiente cronología: en los años ochenta población gitana
española; en los años noventa y principios de siglo población marroquí y gitana
rumana; de 2005 en adelante población fundamentalmente gitana, expulsada de diversos núcleos chabolistas desmantelados en la Comunidad de Madrid.

El uso de las construcciones para vivienda familiar se intensifica a finales de los años 90 y se
consolida en la década siguiente en un contexto de rápido aumento del precio de los
pisos en el mercado español y la llegada masiva de inmigrantes con escasa capacidad
económica. Desde el año 2004 se instala el núcleo chabolista de “El Gallinero”, a un kilómetro del trazado de la vía pecuaria y sobre terrenos privados. Lo habita población rumana gitana,
sin apenas recursos, con unas condiciones de habitabilidad infrahumanas atenuadas en
parte por la asistencia de voluntarios de la cercana Parroquia de Santo Domingo de la
Calzada, entidades como Fundación Imaginario Social, Asociación El Fanal y Cruz
Roja, además de servicios sociales municipales y autonómicos.
Tolerancia consciente
Hasta la confección y promulgación de la nueva ley de la Cañada Real, confluyen en la
zona diferentes competencias administrativas. La Comunidad de Madrid es la titular del
terreno, gozando de las mayores prerrogativas para recuperar el vial. Los municipios
por dónde discurre la zona poblada de la Cañada (Madrid, Coslada y RivasVaciamadrid) ostentan una competencia residual en materia de disciplina urbanística que, en todo caso, debe contar con la firma de un Convenio específico con la Comunidad de Madrid.

Al no contar con ese acuerdo y, de hecho, estar ejerciendo una
verdadera labor de custodia de la vía pecuaria incurren, presuntamente, en desviación
de poder. Por último, el Gobierno central detenta competencias en materia de
seguridad ciudadana.

En todo este tiempo, la Cañada Real Galiana no ha sido objeto de tratamiento
específico y decidido por ninguna administración, quedando orillada en las diferentes
actuaciones que a lo largo de tantos años se han emprendido en la región (Ley Especial
9/1985 para el Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales en la Comunidad de
Madrid, Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, Plan General de
Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid de 2003, etc.).

El proceso de transferencia de competencias al gobierno regional tampoco desembocó
en políticas concretas sobre la senda. En 1983 se aprueba el Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid, que otorga a ésta la competencia fundamental en vías
pecuarias. En 1998 se aprueba la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid
que, en su artículo 10, encomienda al gobierno de la región la “recuperación,
ampliación, conservación, mejora, administración, tutela y defensa de las vías pecuarias
cuyo itinerario discurre por su ámbito territorial”. Esta misma ley establecía la
obligación legal, nunca cumplida, de aprobar un Plan de Uso y Gestión que planificase
las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Algunas intervenciones públicas puntuales incluso parecían dar por sentado la
normalización de la zona. Durante años, los municipios de Madrid y de RivasVaciamadrid han girado recibos de la “contribución” (IBI) a muchos de los habitantes.
Con motivo de las obras de infraestructura que atraviesan la vía pecuaria (M-50, M-45,
ampliaciones de la A-3), los ocupantes de las parcelas situadas dentro del trazado
planeado fueron indemnizados generosamente a cambio de su desalojo. Hasta el año
2007 no se tiene constancia de ningún derribo de viviendas que estuviesen habitadas.
Más recientemente, la Confederación Hidrográfica del Tajo indemnizó a varios
ocupantes por el abandono de las parcelas afectadas por las obras de encauzamiento del
arroyo Los Migueles, afluente del Tajo.
En tanto que planes urbanísticos y remodelaciones barriales pasaban de largo sin
detenerse en la Cañada, a partir de finales de los noventa creció un mercado de compraventa informal de parcelas entre primeros ocupantes y nuevos vecinos que, a los pocos
años, vivió su particular boom inmobiliario en paralelo al que se desarrolló en el resto
del país. Este mercado de suelo al margen de registros y notarías propició - en un
tramo aproximado de un kilómetro junto a la A-3 - la instalación de varios clanes de
venta de droga que compraron grandes parcelas a los primeros habitantes a medida que
otros enclaves se iban desmantelando en la región.

En definitiva, hablamos de un prolongado proceso de consolidación de un barrio entero
con la permisividad de las administraciones públicas. Sin esa tolerancia no sería posible
que miles de familias emplearan sus ahorros, incluso con préstamos bancarios
personales, para la compra de terrenos a los antiguos propietarios y la construcción de una vivienda estable. La evidencia de que aquella compra era “normal” la tenían en las
decenas de viviendas de la década de los setenta que nunca han sido perturbadas por
autoridad alguna. Podemos afirmar que, paradójicamente, la inacción de las autoridades
a la hora de aplicar las normas legales ha aportado el grado de seguridad jurídica
necesario para la normalización del comercio de terrenos y viviendas en una franja
terreno de dominio público en la periferia de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid cambia el paso: los expedientes de demolición.
A partir del año 2005 el Ayuntamiento de Madrid comienza, en su término municipal, a
abrir expedientes de demolición de manera sistemática a muchas construcciones,
incluyendo viviendas, de la Cañada Real Galiana. Los expedientes por haber construido
sin licencia sobre una vía pecuaria no afectan a todas las construcciones, ni mucho
menos, pero sí abarca un número considerable.
La decisión significa un verdadero volantazo en la dirección seguida durante décadas, y
los motivos de ese giro, nunca explicados por el consistorio, pueden relacionarse con la
aprobación de los nuevos planes de expansión del municipio (El Cañaveral, Los
Ahijones, Valdecarros, Los Berrocales y Los Cerros) y que lindan con la Cañada Real,
así como la promoción de Madrid como candidata a albergar los Juegos Olímpicos de
2012, primero, y 2016 después.

La respuesta de los vecinos a estos expedientes se produce de forma individualizada, la
mayoría de las veces a través de defensa legal particular que recurre los
procedimientos. En otras ocasiones, sobretodo entre la población inmigrante, se ignoran
las notificaciones en parte por desconocimiento (analfabetismo, dificultades para
entender castellano, menos aún un documento administrativo), en parte por falta de
recursos, y en parte porque, tras décadas de construcción sin molestias, la posibilidad
de derribo aparecía como algo remoto. En otras ocasiones, dada la dificultad de
notificar debidamente al interesado la apertura de un expediente, el Ayuntamiento de
Madrid pone en marcha y ejecuta expedientes de demolición a través de publicaciones
en el Tablón de Anuncios del municipio, hasta el punto de que algún derribo se produce
tras varios años de tramitación sin que se entregara un solo papel a los habitantes de la
vivienda.

Derribos de viviendas habitadas

En torno a 2007 terminan su tramitación administrativa algunos expedientes de
demolición iniciados en 2005, dejando vía libre al Ayuntamiento de Madrid para
solicitar la autorización judicial de entrada en domicilio necesaria para desalojar y
derribar. Tras medio siglo de urbanización consentida de la Cañada Real, el gobierno de
Ruiz-Gallardón, aplica su maquinaria institucional para el derribo de decenas de
viviendas familiares.
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Las demoliciones no contemplan alojamiento alternativo para sus ocupantes, a pesar de
que los principales afectados suelen ser familias inmigrantes o gitanas con escasos
recursos. Los modos en que se producen, con gran despliegue de antidisturbios, actitud
agresiva de los funcionarios, toque de queda durante el derribo para las zonas
adyacentes y pérdida de objetos personales bajo los escombros, parece esconder un
ánimo ejemplarizante. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid actualiza en su página
web cada nuevo derribo, el mismo día en que se produce, conformando un completo
historial de efectividad burocrática.
Amnistía Internacional, en su reciente informe sobre España “Derechos a la
Intemperie” ha denunciado estos derribos por ser contrarios al “Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)”, ratificado por España en
1977, que reconoce el derecho a la vivienda como derecho fundamental, y a los
“Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados
por el Desarrollo” que contienen un sistema garantista de los derechos humanos para
casos de desalojo masivo como el de la Cañada.

La reacción vecinal a las constantes demoliciones de los últimos tres años ha sido hasta
ahora episódica, con movilizaciones puntuales no mantenidas en el tiempo. Las
asociaciones de vecinos existentes tampoco han favorecido la articulación de los
habitantes y los colectivos que intervienen en la zona al estar centrados en la idea de
legalizar sus viviendas, más que en paralizar los derribos. Hasta hace poco albergaban
la esperanza de que, sin hacer mucho ruido, la Comunidad de Madrid aprobaría una ley
con facilidades para la venta de terrenos a los ocupantes, al menos a los más antiguos,
que son precisamente aquellos con más influencia en las asociaciones de vecinos.

La nueva ley de la Cañada Real Galiana.

En la primavera de 2009 se alcanzó un acuerdo entre administraciones para la
elaboración de una ley para la Cañada Real. A los pocos meses, siguiendo la corriente
iniciada por Madrid, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid abrió simultáneamente
más de trescientos expedientes de demolición sobre las construcciones situadas en su
término municipal. Este municipio está gobernado por Izquierda Unida en coalición
con PSOE, lo que explica una política de amagar sin llegar a derribar, que pretende por
un lado contentar a un electorado favorable al desmantelamiento de la Cañada (en
especial electores de los barrios colindantes), y por otro lado no contradecir una
herencia histórica de izquierdas que incluye procesos de movilización vecinal en
barrios humildes de los años setenta y ochenta.
Finalmente, tras dos años de espera y un goteo constante de demoliciones, la Comunidad de Madrid ha aprobado la ley de la Cañada Real Galiana 2/2011, que establece un régimen jurídico específico para la zona. Las dos ideas fundamentales de la norma son la “desafectación” de la vía (deja de ser dominio público), y el establecimiento de un plazo de dos años para que las administraciones implicadas (ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno) suscriban un acuerdo marco que resuelva “todas las cuestiones derivadas de la ocupación,
desafectación y destino de los terrenos, …, dando en todo el proceso participación a
los afectados debidamente representados en asociaciones acreditadas.” (Disposición
Adicional 1ª de la ley). En este punto, la propuesta de los ayuntamientos de Madrid y
Rivas es derribarlo todo para convertirlo en zona verde, algo que podría contentar a una
idea ecológica indiferente ante necesidades sociales urgentes o a un electorado en
posiciones cada vez más conservadoras. Desde colectivos variados han aparecido sin
embargo propuestas más sensatas que no conlleven el desmantelamiento total.

Con esta ley, la Comunidad de Madrid ha conseguido superar el anterior marco legal
que le atribuía las mayores competencias y la colocaba como responsable última. Al
desaparecer legalmente la vía pecuaria, ya no podrá mirarse a la Comunidad para pedir
explicaciones. Además no se hace ninguna alusión a las viviendas ya derribadas ni a los
procedimientos de derribo en curso. Lo único claro en la ley es que la Cañada Real deja
de ser de dominio público (desafectación), el resto de sus contenidos, en especial el
acuerdo marco, están por definir.

Por la construcción colectiva de un barrio
La crisis económica golpea sin contemplaciones a la población de la Cañada Real. El
índice de paro, ya elevado en cualquier barrio, es especialmente alarmante en la zona.
Mucha de la población inmigrante masculina, dedicada hasta hace poco a la
construcción, sin apenas formación, y dificultades para aplicarse en otros sectores. La
imagen que proyectan los medios de comunicación relaciona inseguridad con minorías
étnicas, y reduce aún más las posibilidades de acceso al empleo de la población de la
Cañada. A medida que las prestaciones y subsidios se van agotando las situaciones
personales empiezan a ser dramáticas. Nada de esto impide al Ayuntamiento de Madrid
seguir adelante con sus procedimientos de derribo.
La situación actual llama a la movilización, en primer lugar para defenderse de los
derribos y buscar la solidaridad entre los habitantes, y en segundo lugar para participar
con fuerza propia en el proceso de negociación que, al menos en el papel de la ley, debe
producirse entre vecinos y administraciones. Al contrario de lo que a veces cabe pensar,
la organización de personas con problemas básicos (como el derecho a la vivienda), no
resulta ni mucho menos fácil. Una extendida desconfianza, tras años de penosidades en
un entorno de desinformación, la cultura a veces predominante de “sálvese quién
pueda”, y las diferencias culturales de colectivos llegados de casi todas partes son
obstáculos difíciles de superar. Si en las capas sociales medias y altas se producen
luchas por posiciones de poder, en los sectores precarizados y vulnerables, a falta de
una izquierda comprometida con su causa, los de abajo compiten entre sí o recelan en
un ambiente de gran incertidumbre vital. El resultado es el individualismo, el
crecimiento de la diferencia y la xenofobia.

Con todo, la realidad se empeña en demostrarnos que precisamente en la organización
del descontento reside un potencial liberador aún por destapar. A través de la
cooperación y la movilización sostenida por reivindicaciones justas las anteriores
dificultades son superadas al encontrarse unas personas con otras, al ver su situación
reflejada en su vecino, al reconocerse como semejantes en un proyecto compartido. Lo
que en un contexto de atomización social pueden ser marcadas diferencias de clase,
género, raza o religión, en un proceso colectivo legítimo puede transformarse en
elementos enriquecedores, integradores y movilizadores.
Desde comienzos de 2011, algunos vecinos vienen organizándose en asambleas y
reuniones varias, desarrollando una generosa y difícil labor de encuentro, que empieza

a ver algunos frutos en movilizaciones y expresiones de comunicación social
(fotografías, murales, radio, vídeo, textos, …). Multitud de personas y colectivos con
diferentes vínculos en la Cañada aportan dedicación, análisis y herramientas que sumen
a ese proceso. Tímidamente, aunque con raíces cada vez más profundas, la creatividad,
la alegría, la humanidad comienzan a aflorar y casi de forma natural se está levantando
un barrio nuevo sin necesidad de tirar el que ya había. En una pared cercana a una
vivienda derribada se lee “nosotros sólo llegamos, también aquí hay amores, también
aquí sentimos”. No se olvida el pasado ni se parte de cero, sino que anteriores episodios
y en general toda la memoria de la Cañada se incorpora al presente cargada de nuevos
significados. Poco a poco, gota a gota, el río se va llenando.
Nuevos escenarios
Al calor de las movilizaciones del 15 de mayo, algunos vecinos de la Cañada Real han
estado presentes durante las primeras semanas de protesta en la Puerta del Sol,
apoyando el movimiento y recabando apoyos para la paralización de los derribos de la
zona. La emergencia del movimiento 15-M, capaz de aglutinar muchos descontentos,
ha llenado de esperanzas a miles de personas honestas y luchadoras. Con todas las
cautelas del momento, merece la pena apuntar que una gran parte de su futuro reside en
su capacidad para incorporar múltiples conflictos abiertos en la sociedad de la que ha
surgido.

El miércoles 15 de junio se ha paralizado un desahucio en el barrio de Tetuán con la
presencia más de quinientas personas bloqueando el portal, convocadas por, entre otros,
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Democracia Real Ya, y el movimiento
15M. Algunos habitantes de Cañada Real han acudido para apoyar esa acción y
difundir su propia situación. La apertura del movimiento 15-M a otros frentes sociales,
de manera no instrumental, conduce a multiplicar el movimiento y llenarlo de
reivindicaciones tangibles, con capacidad para hacerlas realidad aquí y ahora.

* Javier Rubio, abogado. Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)


* Nodo50 - Opinión - 16.06.11

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El 15-M se juega su futuro

PÚBLICO* : Tras un mes de activismo en las calles y con los incidentes de Barcelona aún en la retina, el Movimiento 15-M mide hoy sus fuerzas. Las marchas convocadas por toda España y en el resto de la UE contra los recortes sociales impuestos por Europa bajo el paraguas del Pacto del Euro servirán para calibrar el apoyo ciudadano con el que cuenta. Pero también para ver si es capaz de controlar los brotes violentos como los que ensombrecieron la protesta convocada frente al Parlament de Catalunya el pasado miércoles.
"El 19-J va a ser más importante que lo de Barcelona", resalta el profesor de Ciencia Política de la UNED Jaime Pastor, que sostiene que el movimiento "ha aprendido la lección del traspié" en el Parc de la Ciutadella, como se pudo ver un día después en la concentración pacífica en Les Corts Valencianes, en el debate de investidura de Francisco Camps.
La relevancia de esta jornada se debe al carácter europeo de la convocatoria y a que el movimiento se está dotando de contenidos políticos y sociales, sostiene Pastor. El lema para que la ciudadanía vuelva a tomar las calles reza: "Europa para los ciudadanos y no para los mercados". A lo que añaden su clásica coletilla: "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros".
Además, han empezado a funcionar las convocatorias a pequeña escala, desde los barrios. Sólo en Madrid, 104 asambleas de barrio han llamado a la movilización que culminará en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

El riesgo mayor, la violencia

Uno de los riesgos para la supervivencia y el éxito del 15-M es "la violencia", subraya Manuel Jiménez, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien recuerda que algo similar ocurrió a principios de la década pasada con otros movimientos. "Las acciones de desobediencia civil pacífica son muy difíciles de gestionar", señala Jiménez. Unas veces por los medios que se emplean para mantener el orden público. Y otras por la presencia de grupos violentos que aprovechan estas convocatorias para colarse y provocar.

En este sentido, enfatiza la importancia de "no poner en riesgo la integridad física de nadie ni los bienes inmuebles" para que el movimiento preserve apoyo social. Por otro lado, el profesor recuerda que la cultura de protesta en España "ha sido muy pacífica en general". Algo que vincula a la Transición que en cierta medida desmovilizó a la sociedad y a la existencia de ETA.

Lo cierto es que el 15-M está tomando precauciones para que no se repitan incidentes violentos que empañen la jornada. No sólo reiterando una y otra vez su rechazo a la violencia, sino organizando dispositivos ciudadanos para evitar altercados en las marchas.

Los riesgos que entraña la violencia para una estrategia de desobediencia civil pueden verse amplificados, señalan los expertos, por los medios de comunicación. "A veces se llevan a cabo estrategias de criminalización de crear una imagen negativa del movimiento, que puede reducir la base de apoyo y simpatía y, por tanto, limita su capacidad de presión", apunta Jiménez.

Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense, pone de relieve "los intereses" de los medios a la hora de situarse ante el movimiento. "Si piensan que perjudican al Gobierno, le dan cobertura. Y cuando empieza a plantear cosas reales como una sanidad pública, las pensiones o que se acaben los paraísos fiscales, el sistema se asusta, y los medios viven del sistema", critica. Para él uno de los lemas más importantes dice "Mayo del 68, quedaos a un lado, nosotros vamos en serio".

Pastor cree que el éxito del movimiento dependerá, en parte, de la valoración que hacen los medios. "Si los grandes medios, sobre todo la televisión, magnifican los pequeños árboles que impiden ver el bosque, es decir, la protesta frente a la clase política y una salida de la crisis que rechaza, el movimiento saldrá perjudicado", señala. En caso contrario, podrá seguir adelante la estrategia de desobediencia civil.

Los efectos del movimiento
La continuidad del movimiento, según los expertos, está asegurada. De una parte, porque "hay una crisis que está azotando a la gente, que siente la necesidad imperiosa de que se haga algo con los abusos, la corrupción o la crisis", explica Gemma Galdón, investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La indignación de los ciudadanos para quienes el paro, la economía y los políticos son sus tres preocupaciones más importantes, según el CIS existe. Y de ella, en buena medida, se nutre el 15-M. El eje transversal del movimiento es "seguir luchando por el futuro", remarca el profesor y codirector del máster sobre la comunicación en conflictos sociales de la UAB Xavier Giró, que advierte de que una parte de la sociedad respira por la falta de salida ante la crisis.

De hecho, remacha Giró, en Barcelona se observa un intento por ensanchar la base social del movimiento, como continuación del proceso deliberativo, con una doble dirección: "Ha partido de la plaza de Catalunya hacia los ayuntamientos y el Parlament y hacia los barrios".

Para Jiménez, los efectos del 15-M son indudables: "Algunas de las demandas de estos actores empiezan a aparecer en la agenda política". Así, este martes el Congreso debatirá la creación de una subcomisión que estudie "las medidas para profundizar en la democracia", a propuesta de ERC-IU-ICV.

A corto plazo, el profesor también destaca la relevancia del 15-M como "experiencia de socialización" para los más jóvenes, que se han incorporado a estas protestas por primera vez. En cierto modo, contribuirá a ampliar la cultura de protesta en España. De ahí, sentencia Jiménez, "lo importante que es que se controlen los conatos de violencia".


* Público - 19.06.11
Foto: Un indignado porta un cartel del 15-M - publico

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19 de junio: toma la calle contra el pacto del euro

ENRIQUE J.DÍEZ GUTIÉRREZ* : El 19 de Junio se ha convocado a la ciudadanía a tomar pacíficamente las calles, sumando su voz a la de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Bajo el lema "No al Pacto del Euro: Europa para los ciudadanos y no para los mercados", Democracia Real Ya convoca, junto con otras organizaciones y colectivos, movilizaciones para el 19 de junio en la mayoría de las ciudades del estado, ante la amenaza que suponen para el bienestar social de los pueblos los nuevos recortes en los salarios, en las pensiones, en la I+D, en la sanidad y en la educación; así como la eliminación de los servicios sociales, el mayor retraso en la edad de jubilación, la ampliación de los impuestos e injustos reajustes de los salarios a la productividad y la competitividad, previstos en la aplicación del Pacto del Euro, que se considera el mayor atentado socioeconómico e internacional contra los derechos sociales.
El llamado Pacto del Euro consiste en un paquete de medidas acordadas por los diecisiete países que forman la zona euro, que con la excusa de “combatir la crisis y la deuda”, como denuncia el movimiento ATTAC, va a establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones, aumentando la edad de jubilación y reduciendo el importe de las mismas (al ampliar el número de años para su computo); va a avanzar en la definitiva privatización de las Cajas de Ahorro, cuando si algo ha quedado claro en la actual crisis es la necesidad de la existencia de una banca pública capaz de canalizar financiación a empresas y familias en momentos como este, en que la banca privada está asfixiando a consumidores, pequeñas y medianas empresas del país con congelación del crédito.
Entre el 23 y el 27 de junio se ratifica en el Parlamento Europeo este Pacto del Euro, en función del cual se quiere imponer a los países miembros de la UE también la rebaja de los salarios; la individualización de la negociación de los convenios laborales para romper la fuerza de la unión de los trabajadores y trabajadoras; la reducción de los sueldos de los trabajadores públicos para que no sirvan de referencia al alza a los trabajadores del sector privado; la vinculación de los salarios a la productividad y su desvinculación a la subida del IPC.


El Pacto del Euro plantea la reducción de las cotizaciones a la seguridad social que financian las prestaciones cuando estamos de baja por enfermedad, financian las pensiones contributivas, así como el desempleo y la formación profesional. Esta reducción de las cotizaciones a la seguridad social debilita así el sistema público de pensiones y aumenta la regresividad del sistema fiscal puesto que se va a sustituir por impuestos indirectos, aumentando el IVA, que se pagan con independencia del ingreso de los individuos. De esta forma, paga lo mismo el banquero Botin que un parado de larga duración. Además esta estrategia de aumentar impuestos indirectos y reducir los directos y progresivos (IRPF) va contra los principios constitucionales: el principio de capacidad económica que establece que los impuestos deben gravar la economía de las personas según el patrimonio de cada cual, y el de progresividad que nos dice que a mayor renta debe corresponder una mayor cuota fiscal.

El Pacto del Euro supone también la precarización aún más del empleo en Europa, haciéndolo más inseguro y temporal, además de más barato, impulsando las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Parece que no ha sido bastante con la prueba de la absoluta ineficacia en materia de creación de empleo de la última reforma laboral, aprobada por decreto hace casi un año, por el gobierno actual. Además, este Pacto, obliga a reducir los déficit presupuestarios por debajo del 3%, para lo cual se exige reformar el sistema de pensiones buscando “ajustar la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, privatizar el sistema sanitario y reducir las prestaciones sociales. Como recuerda ATTAC, la primera economía del mundo, EE.UU. mantiene el déficit público más abultado del planeta, y al contrario que la Unión Europea, viene desarrollando en estos últimos años de crisis una política económica expansiva, con aumento del gasto y la inversión pública como la mejor manera de incentivar el empleo y el crecimiento económico.

Este Pacto del Euro exige también avanzar en los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos. Pero, eso sí, pide que la banca esté saneada y para ello los gobiernos tendrán que desviar fondos públicos para “reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado” y los detraerán del dinero del desempleo, del estado de bienestar para garantizar la “prestación de apoyo público en caso de necesidad”.

Para reafirmar estas medidas antisociales, el Pacto insta a “traducir en legislación nacional estas normas presupuestarias” con objetivo de garantizar que posean un “carácter vinculante y duradero suficientemente sólido”. De hecho, se propone que se introduzcan en leyes marco o incluso en las propias constituciones. Estas nuevas normas tienen que ser decididas por toda la ciudadanía afectada, no por unos gobiernos que se inclinan de forma servil ante la dictadura de los mercados (la banca internacional y los grandes fondos especulativos). En sintonía con esta demanda clave de Democracia Real Ya, el que haya referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de la ciudadanía y para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea, ya Izquierda Unida viene impulsando desde el mes de marzo la exigencia para que haya un referéndum de cara a que la ciudadanía se pronuncie sobre el ‘Pacto del Euro’. Decidir colectivamente sobre lo que nos afecta tanto como esto es un elemento esencial de la democracia.

Por eso, ante este Pacto del Euro, que no sólo supone el desmontaje efectivo del poco “Estado de Bienestar” que queda ya en Europa y la maximización, una vez más, de los beneficios del sistema bancario y financiero, sino que es profundamente antidemocrático y se puede calificar como un auténtico golpe de estado económico, el Movimiento 15M no quiere permanecer impasible y convoca movilizaciones en todas las ciudades para que la ciudadanía no sigamos siendo mercancía en manos de políticos y banqueros.

Como afirmaba el recientemente fallecido Ernesto Sábato: “estamos a tiempo de revertir esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso”. El 19-J nuestro compromiso está en tomar la calle.

* Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León.


* Rebelión - opinión - 18.06.11

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