El paisaje absurdo del 'ladrillazo' visto por un fotógrafo inglés

20MINUTOS* : Ben Roberts recorrió España desde 2007 documentado la crisis de la construcción. Las fotos muestran las incongruencias de un paisaje explotado por la especulación.
Cuatro tapas de acometidas en el pequeño espacio de una esquina, deshabitados adosados idénticos hasta el horizonte, un carril-bici interrumpido por unas torretas de alta tensión... Es el paisaje absurdo del ladrillazo español retratado por el fotógrafo inglés Ben Roberts en su serie The Gathering Clouds (Los nubarrones que vienen), que se exhiben en la Third Floor Gallery de Cardiff (Reino Unido). Entre 2007 y 2009 Roberts recorrió España para documentar los efectos escénicos de la burbuja inmobiliaria. Previamente se documentó observando imágenes de satélite en las que era posible discernir el crecimiento absurdo de las macro urbanizaciones promovidas por las ansias especulativas.
Un boom insostenible
Lo que encontró le afectó profundamente. Recuerda como en Granada le pareció que la ciudad "había explotado, extendiéndose más allá de anillo de autopistas y cubriendo las laderas de todas las colinas visibles con casas de nueva construcción". Experimentó una sensación similar -un "boom insostenible"- en otros lugares, desde poblaciones suburbiales catalanas hasta localidades valencianas.

El fotógrafo, fascinado y espantado por las gigantescas urbanizaciones vacías por la crisis inmobilaria y económica, recorrió a pie los escenarios y fotografió su realidad absurda de obra a medio hacer, nunca terminada.

Un país que cayó en manos, como su paisaje, de los promotores

El reportaje The Gathering Clouds es un "recuento personal" del paisaje desolado, que proyecta un análisis sobre la situación socio económica actual de España, un país que "cayó en manos, tal como su paisaje, de los promotores de propiedades inmobiliarias".

Roberts vive en el sur de Inglaterra. Fue seleccionado en 2010 por la revista Photo District News como uno de los mejores 30 fotógrafos emergentes. Un año antes The Gathering Clouds había ganado una beca del British Journal of Photography.


* 20 Minutos - ÁNXEL GROVE. 20.06.2011
Foto: Murcia.- Un carril-bici que no lleva a parte alguna. Es una de las fotos de Ben Roberts en 'The Gathering Clouds' - 20minutos

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El Tribunal de Cuentas procesa a dos altos cargos de Málaga

ELPAÍS* : Los dos cargos mejor pagados del Ayuntamiento de Málaga, José Estrada, gerente de la empresa municipal Promálaga, y Yolanda de Aguilar, directora del Palacio de Ferias y Congresos, podrían verse abocados a devolver los complementos de productividad que ambos percibieron en los años 2006 y 2007 y que suman 96.926 euros, al considerar la fiscalía del Tribunal de Cuentas que existe una responsabilidad contable, causa por la que este organismo les ha abierto un procedimiento.
Los afectados, el alcalde, Francisco de la Torre, y la que en aquellos años era la concejal responsable de ambas sociedades, Patricia Marín, están citados mañana en la Cámara de Cuentas de Andalucía para la práctica de la liquidación provisional, que es el trámite último de la fase de actuaciones previas, en el que los responsables municipales tienen la última oportunidad de hacer sus alegaciones y justificar si pueden el pago de los complementos salariales. De no prosperar esta, los instructores propondrán la cantidad exacta a devolver (los complementos que se consideren indebidamente percibidos más un porcentaje de intereses) que elevarán al Tribunal de Cuentas para que se abra la fase final de juicio.

Las actuaciones previas las han instruido la Cámara de Cuentas andaluza por encomienda del Tribunal de Cuentas, ya que el origen del caso se encuentra en un informe de fiscalización ordinario de la institución andaluza realizado en 2009. La fiscalía del Tribunal de Cuentas, cuando conoció el resultado del informe, estimó que se daban causas de responsabilidad contable, por lo que solicitó la apertura del procedimiento, que se inició en marzo de 2010. Las cámaras fiscalizadoras autonómicas no tienen potestad de juzgar, que es privativa del Tribunal de Cuentas, y su ámbito de actuación se limita a auditar.En el informe de fiscalización origen de la causa, la Cámara de Cuentas concluyó que José Estrada y Yolanda de Aguilar percibieron en los ejercicios auditados premios de productividad sin que se hubieran fijado unos objetivos previos, ni constara ninguna aceptación por ninguna parte y sin que tampoco estuviera acreditado el órgano que cuantificó y autorizó el pago de las comisiones.

Los contratos de ambos establecían que en el primer año cobrarían 36.060 euros en concepto de complemento de productividad y que para los siguientes ejercicios las retribuciones variables se determinarían al inicio de los mismos "en función de los objetivos previamente aceptados". En las alegaciones que Promálaga hizo en su día al informe de fiscalización adujo que la retribución del gerente fue aprobada por la vicepresidencia ejecutiva (la concejal Patricia Marín), mientras que la directora del Palacio adujo que sus retribuciones variables estaban fijadas "tácitamente" en función del cumplimiento del presupuesto.

José Estrada percibió 21.628 euros por este concepto (10.670 y 10.958 en cada uno de los dos ejercicios auditados, que se sumaron a su salario de 154.930 euros en 2006 y 159.382 euros en 2007), y ello pese a que en ambos ejercicios la sociedad perdió nueve millones de euros, según reza en la auditoría.

Mucho más elevadas son las comisiones que el Tribunal de Cuentas puede reclamar a la directora del Palacio de Ferias: 75.298 euros. De Aguilar, con salarios de 158.980 y 162.265 euros en ambos años, sumó otros 37.142 y 38.516 como complementos de productividad. Cuando trascendió el informe se originó en Málaga una intensa polémica por las retribuciones de los altos cargos y además se supo que tenían un blindaje de dos anualidades en caso de despido.

En octubre de 2009, dos meses después de conocerse la auditoría, De la Torre rebajó el sueldo a 22 altos cargos y fijó como tope máximo salarial en el Consistorio 145.000 euros, y eliminaron los incentivos y retribuciones variables, y el blindaje a Estrada. Aunque en mayo de 2010 se negó a aplicar un nuevo recorte en una propuesta que la oposición presentó en el pleno, en su discurso de investidura de hace nueve días anunció una nueva revisión a la baja de los salarios.

El informe de la Cámara de Cuentas desveló otras circunstancias anómalas, además de las elevadas pérdidas, como la carencia de un inventario del material inmovilizado o la existencia de hasta 10 facturas por 147.000 euros del Palacio de Ferias y Congresos atribuidas a un cliente que no las reconocía.


* El País - 20.06.11
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu

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Fianza de 20 y 23 millones para dos exalcaldes de Ciempozuelos

ELPAÍS/Madrid* : Los exalcaldes socialistas Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro deberán hacer frente a fianzas de 20 y 23 millones de euros, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del denominado caso Ciempozuelos, en el que se investiga el presunto cobro de comisiones por parte de los imputados. En un auto el juez de Instrucción nº2 de Valdemoro abre juicio oral contra los exalcaldes y otras doce personas, entre ellas sus esposas y la hija de Tejeiro. Se los acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales, cohecho y un delito continuado de falsedad documental. Además de las fianzas impuestos a los exalcaldes, el instructor fija 1,5 millones de euros para la esposa de Torrejón y 150.000 euros para la mujer de Tejeiro.
El exalcalde de Ciempozuelos y actual portavoz del partido CPCI, Pedro Antonio Torrejón, ha calificado de "locura" la fianza impuesta de 20 millones de euros. En su opinión, no tiene "ningún sentido, razonamiento o lógica" y le hacen pensar que se encuentra "inmerso en un tribunal inquisidor que tan sólo busca las justificaciones de unos y de otros y la utilización política de un procedimiento en el que no ha habido ninguna irregularidad urbanística".

El auto se dicta después de que todas las partes personadas hayan trasladado al juzgado sus escritos de acusación. El pasado abril, se conoció que la Fiscalía solicitaba siete años y seis años y medio de prisión para los exediles.

En el auto en el que finalizaba la instrucción, el juez dio por acreditado que Torrejón acudió con Tejeiro a una entidad bancaria en Andorra con el objeto de abrir cuentas "manifestando ser socios y dedicarse a la compra de terrenos". El banco les pidió que justificasen la procedencia de ese dinero. "Tanto Torrejón como Tejeiro cancelaron sus respectivas cuentas el 27 de junio de 2006 reintegrando en efectivo el dinero ingresado" recogía el escrito. Torrejón percibió la cantidad de 806.302 euros y Tejeiro la cantidad de 104.672 euros, según el auto.

Por su parte, el fiscal asegura en su escrito que Torrejón y Tejeiro viajaron en febrero de 2006 a Andorra con "la intención de ocultar una parte del dinero que en los últimos años habían estado recibiendo de particulares". El escrito explica que el dinero fue recibido "en relación con las decisiones en las que, como miembros del equipo de Gobierno y del Ayuntamiento, debieron participar bien con su voto bien con sus actos de decisión".

Así, según el fiscal, los exalcaldes abrieron diversas cuentas y depositaron el dinero. Después de que, en marzo de 2006, los gestores del banco andorrano requirieron a Torrejón y Tejeiro "para que justificasen el origen de los fondos depositados en tal entidad", el 27 de junio de 2006, los acusados "procedieron a la cancelación de sus respectivas cuentas cifradas, retirando [todo el dinero] en billetes de 500 euros".

El fiscal expone también que "con el fin de engañar al citado banco y, así, evitar el cierre de las cuentas abiertas", los acusados Torreón y Tejeiro idearon elaborar un documento "por el que aparentemente justificaban que iban a recibir hasta un total aproximado de 40.000.000 euros, referidas todas a cuestiones urbanísticas del municipio de Ciempozuelos". En la resolución, el juez precisa que será la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de juzgar el caso. La Audiencia madrileña deberá ahora señalar el día del juicio oral.


* El País - 20.06.11
Foto: Ciempozuelos (Madrid), casa_consistorial - educa.madrid.org

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El Guadalquivir se ahoga

ELPAÍS/Reportaje* : El Guadalquivir dejó de com­portarse como un río hace décadas. "El régimen hidrológico está invertido", apunta Leandro del Moral Ituarte, catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Tiene de media más caudal durante el verano que en invierno, cuando las lluvias son más abundantes y debería llevar más agua. "El tronco del Guadalquivir funciona ya como un canal de riego y hay más agua en verano porque es cuando se desembalsa para cubrir las necesidades de los agricultores", añade Del Moral.
El Guadalquivir está domesticado para responder a las demandas de los cultivos de regadío, que acaparan el 87% de los usos del agua de la cuenca. Cuenta con 57 embalses, levantados en el río principal y, fundamentalmente, en sus afluentes. Y este sistema de presas que empezó a construirse a mediados del siglo pasado ha desencadenado una "alteración del hábitat físico" de las especies autóctonas, indica Marta González del Tanago, profesora de Hidrología de Superficie en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid. "Las poblaciones de peces de los tramos vadeables de los ríos de la cuenca del Guadalquivir muestran un preocupante estado que refleja un serio y generalizado deterioro de los ecosistemas fluviales".

Es una de las conclusiones a las que ha llegado el equipo de investigación Aphanius del departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba después de analizar palmo a palmo el río y sus afluentes. Este grupo, dirigido por Carlos Fernández-Delgado, ha muestreado 1.037 puntos que cubren toda la cuenca. Del total de tramos que estudiaron -"seleccionados a priori para que estuvieran habitados"- no había presencia de peces en 556, el 53% de los puntos analizados.

Los investigadores de Aphanius recorrieron 10.566 kilómetros, y en 4.396 (el 41,6%) no encontraron peces. "De estos, en 2.737 kilómetros (25,9%) se debería a que estaban secos cuando se muestrearon o que las aguas estaban tan contaminadas que no podrían albergarlos", explican. Un dato más: en 1.659 kilómetros (el 15,7%) no había peces "a pesar de que las aguas mostraban, a priori, calidad suficiente para mantenerlos".

El grupo de Fernández-Delgado detectó tres "mecanismos" que pueden estar detrás de esta alarmante ausencia de peces. El primer lugar lo ocupa la destrucción del hábitat: "El agua desaparece y el cauce se difumina e incluso se pierde". En segundo lugar, está la degradación: "Las condiciones ambientales [contaminación] no son las adecuadas para el establecimiento de una población de peces". Y en último lugar estaría la fragmentación por las presas: "Aunque el hábitat en el tramo sea favorable, la interrupción en otros puntos de la conectividad de la red fluvial impide el funcionamiento adecuado de las poblaciones de peces".

El pulso que se libra en la cuenca del Guadalquivir es una metáfora de lo que ocurre en el resto del planeta: la demanda se multiplica, pero los recursos son los mismos. "No hay agua en el Guadalquivir para todos los usos", resume la profesora González del Tanago.

En la cuenca, que ocupa una superficie de 57.527 kilómetros cuadrados, viven más de cuatro millones de personas. La agricultura acapara el 87% de los usos del agua. O, dicho de otra forma, consume 3.329,5 de los 3.833,2 hectómetros cúbicos que se emplean en todos los usos urbanos, industriales y agrícolas. Esta cuenca, de la que beben 849.243 hectáreas de cultivos, es deficitaria, es decir, hay más necesidades que agua disponible. Y aunque en las últimas campañas los agricultores no las hayan sufrido debido a las abundantes lluvias, "tarde o temprano volverán las restricciones", augura Del Moral.

Gran parte del tronco del Guadalquivir ni siquiera es ya un río. Oficialmente se denomina "masa de agua muy modificada", como se recoge en el nuevo plan hidrológico que está ultimando el Ministerio de Medio Ambiente. "El Guadalquivir es rehén del regadío", opina Del Moral, quien cree que su primer problema es "la expansión descontrolada" de cultivos.

Se estima que a principios del siglo XX existían unas 150.000 hectáreas de regadío. A medida que avanzó el siglo fue creciendo esta superficie, entre otros asuntos por los embalses que se iban levantando y que permitían acumular el agua. Pero para encontrar el gran salto en la expansión de los cultivos apenas hay que volver la mirada una década. En 1998, fecha en la que se aprobó el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, la estimación era que existían unas 418.000 hectáreas de regadío. En el nuevo plan hidrológico, que toma como referencia el inventario del año 2007, la superficie se ha duplicado, hasta alcanzar las 849.243 hectáreas.

La cultura del regadío lleva siglos ligada al Guadalquivir, ese río al que los musulmanes bautizaron como Wad al-Kabir (el río grande, en árabe) y que Fernando III no se atrevió a cambiar de nombre. Primero los romanos, quienes llamaban al río Baetis, y luego los musulmanes idearon y perfeccionaron los sistemas de riego que permitieron el florecimiento de la agricultura en el valle del Guadalquivir. Esa rica tradición se ha mantenido en el tiempo. La agricultura representa hoy alrededor del 20% del producto interior bruto de esta comunidad autónoma, donde las zonas rurales tienen también una gran importancia demográfica.

El poder económico y la contribución de la agricultura a que los municipios de menor tamaño sigan conservando su población se traduce en capacidad de presión ante los representantes políticos. "La madre del cordero es la presión de la agricultura (...). Y la Administración no tiene fuerza ni coraje para impedir que aumenten las hectáreas de regadío", señala la profesora González del Tanago.

Detrás de la explosión del regadío en el Guadalquivir de los últimos años está la expansión del olivar. Este cultivo acapara más de la mitad de la superficie de regadío de la cuenca, en concreto están registradas 471.090 hectáreas.

Aunque no es el cultivo que más agua necesita -ese puesto lo ocupa el arroz-, sí tiene asociados otros problemas medioambientales. Como apunta María José Polo, profesora de ingeniería hidráulica de la Universidad de Córdoba, el olivar "perjudica la conservación del suelo". Es un cultivo arbóreo que necesita el suelo desnudo, por lo que los productores eliminan la cubierta vegetal y, cuando llueve, el agua erosiona y arrastra la tierra. Ese material acaba en el Guadalquivir, que toma un color chocolate en muchos de los tramos del río. El aumento de la turbidez del agua perjudica también la supervivencia de muchas especies.

La expansión del olivar y del resto de cultivos intensivos ha ido pareja a la modernización de los sistemas de regadío, que ha permitido reducir en diez años un 25% el agua que se emplea en cada hectárea. Sin embargo, esta mejora de los sistemas, que ha supuesto una mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos, no ha implicado un descenso del consumo en términos globales. "En muchos casos, el ahorro ha supuesto una expansión de los cultivos", explica Polo.

La modernización de los regadíos fue impuesta por la Unión Europea en 2005. Pero, paralelamente, la política agraria común empezó a premiar más el rendimiento que la superficie, algo que, según Polo, ha provocado ese crecimiento desmesurado de las hectáreas de olivar.

La irrupción de la agricultura tiene una influencia directa en la biodiversidad del río. Según el informe elaborado por Aphanius, "los usos del suelo ejercen una influencia muy importante sobre la diversidad de peces". En términos generales, "un tramo tiene altas proporciones de bosque y zonas naturales, se encontrará una mayor diversidad de especies autóctonas que si abundan las zonas de usos agrícolas y urbanos". Por el contrario, en las áreas "más humanizadas" hay más presencia y diversidad de especies alóctonas. Ocurre también algo parecido con los embalses en la margen derecha de la cuenca, que benefician a los peces alóctonos, pero tienen una influencia negativa sobre las especies autóctonas.

La Unión Europea aprobó a finales de 2000 la Directiva Marco del Agua. El objetivo de esta norma es unificar los criterios e intentar dar una respuesta a las presiones que sufren los grandes ríos europeos, mermados en calidad y cantidad durante los últimos años. En el artículo cuarto de esta directiva se fijan los objetivos medioambientales que todos los Estados deben cumplir en diciembre de 2015.

Julia Toja, catedrática de Ecología de la Universidad de Sevilla, fue la encargada de elaborar para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el diagnóstico medioambiental de esta cuenca. En su análisis se señala que solo "el 10,4% de los tramos de río de la cuenca cumple los requisitos" de la directiva marco en todos los índices empleados. Con este análisis en la mano, la consecuencia es que casi el 80% de la cuenca del Guadalquivir requiere de importantes medidas correctoras.

Un estuario al límite
El Guadalquivir se parece a un dominó. Las decisiones que se toman aguas arriba repercuten aguas abajo. Y los tramos que presentan un mejor estado ecológico son los que se encuentran en la cabecera y en el curso alto de los ríos de la cuenca. En estas zonas es donde los hábitats están menos modificados y la presión de la agricultura es también menor. A medida que se desciende, la calidad empeora. Y esta situación es límite desde el punto de vista medioambiental en el estuario del Guadalquivir. El catedrático de la Universidad de Granada Miguel A. Losada ha coordinado un estudio sobre las repercusiones de las actuaciones humanas en los últimos 110 kilómetros del río. Este completo análisis -también coordinado por Javier Ruiz Segura, del Instituto de Ciencias Marinas andaluz- señala que "el fuerte desequilibrio en el que actualmente se encuentra el ecosistema del estuario inhibe el papel que naturalmente debería cumplir como zona de reclutamiento para especies de interés pesquero". Los últimos 16 kilómetros del río están declarados zona de reserva pesquera. En esa área se desarrollan los alevines de las especies que luego se pescan en el golfo de Cádiz.

Uno de los principales problemas es la ausencia de agua dulce. Y detrás de este fenómeno se encuentra la ocupación de los llanos mareales de Doñana, que hace que entre más cantidad de agua salada en el río. Además también influye la presa de Alcalá del Río, que provoca una "reducida renovación de las aguas en la parte alta del estuario". En el estudio se indica que "durante más del 80% de los días del año la descarga fluvial es insuficiente para evitar que las masas de agua estén bien mezcladas, lo que impide su estratificación". El resultado es una altísima concentración de sólidos en suspensión en el Guadalquivir, que, por ejemplo, triplica la que se registra en el Amazonas. Los sólidos impiden el paso de la luz solar y que la vegetación pueda realizar la fotosíntesis. Además "se favorece la permanencia de fitoplancton tóxico en el estuario".


* El País - MANUEL PLANELLES 20/06/2011
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir -iagua

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca pide el fin de los desahucios

PÚBLICO/Madrid* : La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentará hoy ante los tribunales de Madrid un escrito en el que reclama el fin de los desahucios en la capital. También entregarán decenas de cartas firmadas por particulares y organizaciones en apoyo de las familias desahuciadas o en riesgo de ello.
La plataforma acompañará, a partir de las 20:00 horas en los juzgados de Plaza Castilla, a familias y víctimas de estafas hipotecarias para que presenten su petición de paralización inmediata de los procedimientos de desahucio hasta que se resuelvan sus denuncias penales.
PAH denuncia que cientos de personas, la mayoría inmigrantes, "han sido víctimas con el conocimiento de las entidades bancarias prestamistas en estos años de contratos hipotecarios, con cláusulas abusivas y condiciones abiertamente irregulares, las llamadas hipotecas basura".

Agradecidos con la ciudadanía de Madrid

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha agradecido el apoyo recibido por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para frenar los procesos de desahaucios. Según la plataforma, sin la organización de concentraciones, a las que luego se unieron Democracia Real Ya, varios grupos del Movimiento 15-M y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, "hubiera sido muy difícil la paralización de dos desahucios por hipotecas impagadas".

Gracias a esta respuesta se lograron frenar los desahucios de las familias de Anuar, vecino del barrio de Tetuán, y de Luis, vecino de Parla, que todavía disfrutan de sus hogares.

Por ello, han querido hacer un llamamiento para que todos los ciudadanos y ciudadanas se animen y se sumen a este tipo de acciones pacíficas de desobediencia. Que se hayan sumado al bloqueo de los desahucios ciudades de Cataluña y Mallorca, es solo un ejemplo más que demuestra que el movimiento se extiende pidiendo "justicia y la aplicación de uno de los derechos fundamentales, el derecho a una vivienda digna", han puintualizado.


* Público - EP. 20.06.11
Foto: Los indignados consiguieron parar el desahucio de una familia en el madrileño barrio de Tetuán.- público

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La 'ley ómnibus' y la vivienda

DOLORS CLAVELL Y RICARD FERNÁNDEZ* : Los Gobiernos deben proponer cambios legislativos acordes con los programas de las mayorías que representan, y para ello los Parlamentos debaten públicamente hasta llegar a los textos definitivos. Incluso cuando las leyes no generan consenso acaban recibiendo, desde dentro del Parlamento y desde la sociedad civil, multitud de enmiendas que evitan excesos y mejoran su aplicabilidad. Así sucedió con la Ley del Derecho a la Vivienda, que entre 2005 y 2008 fue objeto de un debate social intenso y que finalmente fue aprobada con el apoyo de las fuerzas del tripartito. Dijimos entonces que en su articulado se comprueba la huella de miles de aportaciones realizadas por muy diversas organizaciones y colectivos profesionales, sindicales, juveniles, universitarios, empresariales y de consumidores y, por supuesto, por todos los grupos parlamentarios.
El resultado fue una ley alabada por su carácter ambicioso y renovador en muchos ámbitos, que incluyen desde la definición de la función social de la vivienda hasta el marco de las políticas públicas que deben mejorar el acceso a este derecho constitucional, pasando por la rehabilitación, la intermediación, la regulación de los apartamentos turísticos, los límites a la segregación espacial, la planificación sectorial territorial, la adjudicación de la vivienda protegida y muchos otros aspectos que en conjunto respondían a nuestra intención de coger el toro por los cuernos ante el problema que la ciudadanía percibía como el más grave en esos años previos la crisis, así como poner fin a la pasividad interesada de los poderes públicos.

La combinación de la nueva legislación, las modificaciones en la ley de urbanismo y los sucesivos planes por el derecho a la vivienda empezó a dar sus resultados, consiguiendo que, a pesar del estallido de la burbuja inmobiliaria, se haya multiplicado la promoción de vivienda social, especialmente en alquiler, y se haya intensificado tanto la rehabilitación como la remodelación de barrios, así como que los nuevos planes urbanísticos locales generen un enorme stock de suelo preparado para la promoción de vivienda protegida. No podemos estar satisfechos de la situación, pues el camino por recorrer es todavía muy largo. Pero las bases para una auténtica política pública de vivienda existen ya y hoy son estudiadas en nuestras universidades y analizadas y debatidas en diversos foros.

En este contexto, la profunda crisis inmobiliaria y el cambio de una mayoría progresista a otra conservadora podrían aconsejar y legitimar cambios en cualquier ley, también en ésta, aunque probablemente los cambios debieran hacerse más a través de los reglamentos de desarrollo que en la propia ley. Por ejemplo, ya el anterior Gobierno congeló la modalidad de vivienda concertada catalana, por estar en muchos casos su precio por encima de los de mercado. Sin embargo, la propuesta de la llamada formalmente Ley de Simplificación, Agilidad y Reestructuración Administrativa y de Promoción de la Actividad Económica -popularmente ley ómnibus- incluye nada menos que 27 modificaciones y supresiones de artículos de la Ley del Derecho a la Vivienda, acompañadas de muchas otras de la ley de urbanismo. Estos cambios se refieren mayoritariamente a aspectos clave de la ley, poco o nada relacionados con la pretendida simplificación administrativa.

Nos preocupan especialmente disposiciones que favorecerían los riesgos siguientes: reducciones en las reservas de suelo para promover vivienda asequible, adjudicación libre -y por tanto con más que probable dinero negro- de pisos protegidos por parte de promotores privados, mayor segregación espacial de las clases menos favorecidas, pérdida de control público sobre los apartamentos turísticos, abandono de la consecución de un parque estable y prestigiado de vivienda protegida, facilidades formales y temporales a la descalificación de la vivienda protegida, desatención a la rehabilitación como sector clave en la salida de la crisis, reducción de la vivienda dotacional y las reservas para colectivos vulnerables, desactivación de la planificación sectorial, etcétera.

Como se ve, temas todos ellos de gran calado para los cuales proponemos al Gobierno catalán ofrecer lo que nosotros ofrecimos en su día, un debate abierto a todos: desde los sectores económicos interesados de mayor o menor poder o los profesionales afectados hasta los indignados de cualquier condición que llenan no sólo la plaza de Catalunya, sino también las listas del INEM o de los ERE y, cada día más, las de impagos de las hipotecas o los alquileres. No podemos volver a cometer los errores del pasado, que dificultaron el ejercicio del derecho a la vivienda y que, tras el estallido de la burbuja, han dejado cinco millones de parados y un país al borde del precipicio. Por favor, debatamos y luego, haya o no acuerdo, que la nueva mayoría decida.

* Dolors Clavell es abogada especialista en política de vivienda y fue diputada relatora de la Ley del Derecho a la Vivienda. Ricard Fernández es economista y fue secretario de Vivienda entre 2004 y 2006.


* El País - Opinión - 14.06.11

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