Todas las grandes ciudades se suman a la bicicleta pública menos Madrid

ELMUNDO* : Moverse en bicicleta por la ciudad puede ser un sano modo de transporte o una tortura. Depende mucho de las facilidades que la localidad conceda a la movilidad sobre las dos ruedas. En España, hay ejemplos de todo tipo. Algunas de las principales capitales han creado redes de carriles que facilitan el uso de la bicicleta. Y algunas, además, han implantado sistemas públicos de alquiler de bicicletas, lo que permite los ciudadanos tomar el vehículo en un punto y devolverlo en otro, lo que facilita los traslados cortos y las conexiones con otros tipos de transporte.
Ahora, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha realizado un análisis sobre esos sistemas públicos de alquiler en las grandes ciudades españolas, del que algunas urbes salen como grandes vencedoras y otras como las últimas de la fila. Así, Sevilla y Barcelona son dos de las capitales que más facilidades ofrecen a los usuarios, al poner a su disposición miles de bicicletas por un módico alquiler. Junto a ellas están algunas de las capitales de provincia con más habitantes de España, como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Gijón y A Coruña. Y otras que, aunque tienen una población más reducida, como Santander y San Sebastián, son dos paraísos para moverse sobre dos ruedas.

Por contra, Madrid es 'el agujero negro' de la bicicleta en España. Mientras el resto de grandes ciudades tienen un sistema municipal de alquiler de vehículos, en Madrid no existe algo así y, además, el Ayuntamiento presidido por Alberto Ruiz-Gallardón ha rechazado hacerlo por motivos de presupuesto y dando marcha atrás en las promesas que había realizado al respecto. Así, la capital del país es la única ciudad entre las cinco más grandes de España (Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza) que no tiene sistema público de alquiler de bicicletas.

Para la CECU, el alquiler público de bicicletas es "una medida muy positiva que busca incentivar una movilidad más sostenible en el entorno urbano a un precio económico y que ha sido acogida con gran aceptación por unos usuarios que, además, también se benefician de la posibilidad de realizar un ejercicio físico regular".

Diversidad de resultados

Los sistemas de alquiler pueden depender directamente del ayuntamiento o de contratas. Básicamente, el sistema consiste en instalar varios puntos de aparcamiento de bicicletas por la ciudad a cuyo uso puede acceder cualquier usuario abonado. El ciclita toma la bici en un punto de la ciudad y la puede abandonar en otro aparcamiento similar en otro lado.

Puesto que se trata de fomentar el uso de la bici para traslados cortos que sustituyan al coche, normalmente se establece un periodo de tiempo no muy largo (generalmente media hora) en el que el uso de esas bicicletas entra dentro del precio del abono. A partir de ese periodo se comienzan a pagar tarifas extra en función del tiempo total de uso hasta un máximo de 24 horas.

En su análisis, CECU señala que Barcelona es la ciudad española con mayor implantación de este sistema al contemplar un total de 6.000 bicicletas y 420 puestos de recogida o entrega. Sin embargo, Sevilla es la ciudad con mejor proporción de bicicletas por habitante, ya que, con 2.900 cuenta con una por cada 242 habitantes.

Por contra, entre las 10 grandes urbes analizadas, por CECU, Córdoba es la que da un servicio más corto, pues tiene 35 bicicletas.

Sobre los precios, el informe señala que son equiparables a otros países. En España, los abonos oscilan entre la gratuidad total de Córdoba y Gijón, los 18 euros anuales de Valencia y los 30 euros por año de A Coruña. Siendo la ciudad gallega la más cara, el sistema sigue siendo asequible, pues no llega a los tres euros al mes.

En París, por ejemplo, el coste es de 29 euros, en Bruselas de 30 euros y en Washington D.C, 53 euros. Todos ellos por año.

Posibles abusos

El estudio de CECU defiende la oportunidad de estos servicios públicos de alquiler de bicicletas, pero señala también algunos puntos oscuros. Así, encuentra llamativa la disparidad de precios y condiciones de abono, pues sólo algunas ciudades ofrecen la posibilidad de hacerlo por meses, semanas o días.

Además, critica que los contratos en algunas ciudades incluyan cláusulas que considera "abusivas", como que el uso de teléfonos de pago 902 para avisar de incidencias o el cobro de multas de hasta 700 euros por daños causados a bicicleta.

A pesar de estos problemas mejorables, CECU califica con buena nota la oportunidad de estos sistemas.


* El Mundo - 23.06.11
Foto: Aparcamiento del sistema Sevici de bicicletas de alquiler municipal en Sevilla - elmundo

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Valencia.- El TSJ anula la parte del PGOU que afecta al Nuevo Mestalla

LEVANTE* : El Ayuntamiento modificó el uso que podía darse a la parcela que albergaría un hotel.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado nula la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia, aprobada por el Consistorio en mayo de 2008, en relación a la parcela donde se construye el nuevo estadio de Mestalla. Según la sentencia de la sala de lo Contencioso -Administrativo, la aprobación definitiva de la modificación de este suelo correspondía a la Generalitat y no al Ayuntamiento, órgano que el TSJCV considera "manifiestamente incompetente". Al respecto, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Belver ha asegurado que esta resolución "no afecta" al nuevo estadio "ni a los equipamientos previstos". El recurso contencioso -administrativo fue planteado por la Asociación de Antiguos Propietarios de Nou Mestalla, que alega que la modificación del PGOU comporta "una alteración encubierta del uso global deportivo de la parcela" por considerar incluidas en el uso dominante deportivo actividades como restaurantes, tiendas, bares, cafeterías, museo del club e incluso la actividad hotelera.


En un comunicado, el concejal considera que la sentencia "hace referencia exclusivamente a una cuestión formal, de procedimiento y de competencias, que los servicios jurídicos van a estudiar y valorar, y en consecuencia, se procederá". Por tanto, añade, "nada cambia con respecto al nuevo estadio y los equipamientos que el planeamiento prevé para esta manzana".
La sentencia la ha hecho pública el grupo municipal de Compromís, al que Bellver acusa de "precipitación intencionada" a la hora de valorar esta sentencia.


* Levante - 22.06.11
Foto: Valencia, nuevo Mestalla parado - levante

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El Supremo rechaza la construcción de la biblioteca de Sevilla en El Prado

ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de no construir la biblioteca universitaria de Sevilla en el Parque del Prado de San Sebastián, un proyecto de la arquitecta iraquí Zaha Hadid y que lleva ya consumidos más de cuatro millones de euros, por no estar justificada su situación en una zona verde. La obra fue uno de los proyectos estrella del ya ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y de la Universidad Hispalense, que nunca previó esta resolución. La iniciativa judicial contra la biblioteca corrió a cargo de los vecinos.
El TSJA echó por tierra el proyecto del Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla para compartir el uso verde y el educativo con la Biblioteca Central Universitaria en El Prado, protegido por el PGOU de 1987 por ser el único reducto verde junto al casco histórico. Según el Tribunal de Andalucía, la biblioteca no favorecía los intereses generales de la ciudad sino que “los debilita, en un claro retroceso para favorecer intereses educativos universitarios que no pueden primar sobre los generales”.

“El parque público se justifica por sí mismo”, añadía la sentencia del tribunal andaluz, mientras que la biblioteca “atenta frontalmente contra la racionalidad y coherencia el desarrollo urbanístico”.

Ahora, el Supremo ha confirmado esa resolución, tras reconocer que en “la amplia libertad de elección el planificador urbanístico”, es decir, en su discrecionalidad, está proscrita la arbitrariedad.

El Supremo explica que las zonas verdes han tenido siempre un régimen jurídico propio y peculiar, que introducía una serie de garantías tendentes al mantenimiento e intangibilidad de esas zonas, impidiendo “que fueran borradas del dibujo urbanístico de la ciudad” .

El alto tribunal agrega que el cambio de calificación de los terrenos de El Prado a equipamiento educativo “no se ajusta a los contornos propios en los que ha de moverse una decisión discrecional ni dicha decisión ha sido debidamente justificada”.

“La elección de emplazamiento de un atractivo edifico en el centro de la ciudad de Sevilla, donde albergar una nueva biblioteca, es lo propio de la discrecionalidad. Ahora bien, cuando se trata de hacer desaparecer en todo o en parte una zona verde, “han de expresarse las razones por las que la biblioteca no puede ser construida en otros terrenos para cumplir la misma finalidad de permitir el uso cualificado por el entorno universitario”.

El Supremo no comparte la sentencia del TSJA cuando parece prohibir cualquier alteración en la calificación de una zona verde. Pero la libertad del planificador queda limitada en los casos en que se advierta “una potente presencia de los intereses generales que demanden la reducción de la zona verde, lo que no es el caso”.

“Téngase en cuenta”, adoctrina el Supremo, “que la protección de las zonas verdes, fundamentalmente cuando se encuentran en el centro de las ciudades, como es el caso, nacen de la función que cumplen para hacer habitable y respirable la calle , para incrementar las posibilidades del entorno y para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos.”

Aunque el Supremo concluye que el examen de los intereses de la comunidad universitaria y el de los ciudadanos “no tiene por qué ser contrapuesto”, añade que “esa no es la cuestión”, toda vez que lo que impide tal fusión de intereses es la realización de una construcción sobre zona verde que priva de tal uso, en esa parte, a unos y otros”.

Situación conflictiva

Antonio Ramírez de Arellano, vicerrector de Infraestructura de la Hispalense, señaló hace seis meses que, si el Supremo daba la razón al TSJA, como ha ocurrido, "el PGOU tendría una situación conflictiva y nos sentaríamos a hablar con el Ayuntamiento para ver qué hacemos con el proyecto".

Ramírez afirmaba que no se podía hablar de pérdidas cuando confiaba en que la obras fueran finalmente autorizadas, pero admitía que la empresa constructora, Ferrovial, podría reclamar entre tres y seis millones de euros, al igual que la arquitecta Zaha Hadid. La inversión hasta la fecha ha sido de cuatro millones y de unos 100.000 euros anuales en vigilancia y mantenimiento.

El Ayuntamiento de Sánchez Monteseirín defendió que la biblioteca respondía a los intereses generales mientras que su paralización era fruto de "legítimos intereses particulares de los vecinos de la zona". Por el contrario, el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, rechazó desde la oposición durante el anterior mandato la ubicación, aunque no el proyecto, y vaticinó que el Supremo anularía el proyecto.


* El País - 22.06.11
Foto: Estado de las obras de la biblioteca universitaria de El Prado de Sevilla tras ordenarse su paralización - elpais

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Cooperativistas del sureste de Madrid: 14 años pagando y ahora sin dinero ni viviendas

IDEALISTANEWS* : Un grupo de cooperativistas del sureste de Madrid lleva casi dos meses acampado en la cuesta de moyano para reclamar la construcción de sus viviendas. Su acampada llega en algunos casos tras 14 años de espera. Denuncian el comportamiento de las gestoras de cooperativas, como la ex gestora ofigevi, y de la aseguradora hcc europe. El ayuntamiento afirma que poco puede hacer al ser una iniciativa privada. Los cooperativistas del sureste llevan años viviendo una pesadilla. Durante este tiempo han puesto dinero con la esperanza de acceder a viviendas a precios asequibles, pero la esperanza se ha convertido en desolación y en algunos casos, en ruina. Todos ellos creyeron que encontrarían una vivienda en los nuevos desarrollos urbanísticos de los berrocales, los ahijones, el cañaveral y los cerros. se trata de lugares que eran campo y que, en muchos casos, siguen siéndolo actualmente. Invirtieron dinero –más de 50.000 euros en muchos casos- en cooperativas privadas para comprar parcelas de suelo en las que levantar las viviendas y para que el campo se convirtiera en calles a las que llegara la luz, el agua, el alcantarillado… sin embargo, todo lleva su tiempo y la llegada de la crisis provocó que muchos cooperativistas se “cayeran” de la aventura de promover edificios de viviendas de forma conjunta porque no tenían dinero para seguir pagando, no se repusieron esas bajas y cuando los que quedan “vivos” han ido al banco a pedir créditos para acabar de comprar el suelo se han encontrado con que las entidades financieras no les dan el dinero. sus motivos: ese suelo sigue siendo prácticamente campo y no tiene apenas valor que garantice el cobro en caso de problemas.

Es la pescadilla que se muerde la cola: sin calles no hay crédito para acabar de comprar los suelos y sin dinero no hay calles. mientras, los afectados cargan contra las entidades gestoras, que es la responsable de gestionar las decisiones de las mismas y de cuidar los aspectos administrativos, jurídicos y técnicos de la promoción de viviendas. también contra las aseguradoras.

Esto provoca que los cooperativistas estén "pillados": no pueden recuperar su dinero y tampoco pueden seguir adelante con su proyecto de construir porque no están urbanizados los suelos. vender los suelos tampoco es una solución porque la dramática caída de su valor no soluciona nada.

Hay una excepción: el pau del cañaveral (14.000 viviendas previstas), que es el que está más avanzado. el 90% está urbanizado (el siguiente paso es comenzar a construir las viviendas) y, según el ayuntamiento, sí es posible que los cooperativistas vean sus viviendas construidas

Sin embargo, casi todo son malas noticias para los que se decantaron por los pau de los berrocales (22.235 viviendas previstas), los ahijones (15.400 viviendas) y los cerros (15.000 viviendas), ya que apenas están urbanizados y la espera va para largo. según beatriz lobón, coordinadora general de urbanismo del ayuntamiento de madrid, se trata de desarrollos urbanísticos del tamaño de ciudades como zamora y todo eso lleva su tiempo.

Ángel Alberto Montero, portavoz de los cooperativistas afectados, asegura que han sido estafados por algunas gestoras, como ofigevi, de la que tuvieron que prescindir. el gerente de ofigevi, miguel torralbo, se ha defendido en idealista news de estas acusaciones asegurando que no se ha llevado el dinero porque en ningún momento "manejó el dinero de las cooperativas”. Alega que “sólo he cobrado lo que me correspondió de gestión” y echa la culpa de los retrasos en la construcción de las viviendas a la administración. no obstante, señala que los cooperativistas verán sus casas hechas porque tienen suficiente capital pero tendrán cambiar de gestoras.

Los afectados también reclaman a la administración permutas de suelo –que les cambien sus suelos donde no se puede construir por otro públicos en disposición de empezar a levantar viviendas-. sin embargo, el ayuntamiento de madrid asegura que todo es muy complejo. recalca que son desarrollos privados cuya responsabilidad en la ejecución de las obras la han asumido los propietarios. respecto a la permuta, el ayuntamiento contesta que el suelo urbanizado para levantar vivienda de protección pública que tiene lo destina para los ciudadanos madrileños que están en lista de espera para acceder a una vpo. “no sería justo con el resto de ciudadanos madrileños que tienen las mismas expectativas y los mismos derechos que los cooperativistas”, sentencia.


* Idealista News - 22.06.11
Foto: Madrid, plano paus sureste - idealista


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El stock de pisos sin vender continúa creciendo y alarga la crisis

ELCONFIDENCIAL* : La digestión de la burbuja inmobiliaria será más lenta de lo previsto inicialmente. Al menos, para el Servicio de Estudios de Catalunyacaixa, que en su último informe de coyuntura retrasa hasta la segunda mitad de 2012 el comienzo de la absorción del stock de pisos sin vender, un stock que cifra en 798.000 viviendas. Es decir, alrededor del 3,2% del parque total. La caja catalana ‘culpa’ de este retraso a la construcción de pisos de protección oficial, que lejos de reducirse en coherencia con los planes de ajuste fiscal del sector público, continúa creciendo. Hasta el punto de que en 2010 se terminaron 53.000 pisos protegidos que han contribuido a engordar el saldo entre pisos vendidos y acabados, y que Catalunyacaixa cifra en 15.000 viviendas. O dicho en términos más precisos, el stock continúo creciendo el año pasado tras haberse terminado de construir 258.000 pisos y vendido únicamente 243.000 unidades. Para hacerse una idea de lo que significa el actual ritmo de construcción de viviendas de protección oficial hay que tener en cuenta que representa el 21,8% del total (el resto son de promoción libre), el mayor porcentaje de la década. O el doble respecto de 2007, que marca el comienzo de la crisis económica, aunque la desaceleración en el número de construcción de viviendas comenzó a manifestarse un par de años antes.

Los datos de la caja catalana suponen una fuerte corrección respecto de las presentaciones que viene haciendo el Gobierno en el extranjero, y que concluyen que en 2013 apenas quedarán 200.000 viviendas sin vender tras aligerarse el stock. Josep Oliver, economista de Catalunyacaixa achaca esta discrepancia al menor ritmo en la creación de hogares respecto de lo que prevé el Ministerio de Economía. Según sus estimaciones, entre 2011 y 2015 nacerán cada año alrededor de 138.000 hogares, a años luz de los 430.000 de media que se crearon en los años que van entre 2000 y 2008. Y que en buena parte explican el boom del ladrillo.

El stock de viviendas sin vender, en todo caso, es escasamente homogéneo. Hasta el extremo de que hay provincias como Castellón donde existen unas 106.000 viviendas sin vender (un 20% del parque total), mientras que otros lugares apenas llega al 3%. La fotografía que dibujan los economistas de Catalunyacaixa sobre los territorios con mayor stock de viviendas sin vender va desde Girona a Cádiz más Madrid y Toledo en la zona centro. Zaragoza, Vizcaya, La Coruña y Pontevedra en el norte y las dos provincias de las Islas Canarias.

A menor tamaño del municipio, mayor stock

Lo curioso del caso es que los municipios de menos de 50.000 habitantes, que concentraban aproximadamente el 54% del parque total de viviendas de España en el cuarto trimestre de 2010, acumulan el 69% de todo el stock de viviendas nuevas pendientes de venta. En el otro extremo, las capitales de provincia, con cerca del 29% del parque de viviendas del conjunto de España, concentran únicamente el 15% de las viviendas pendientes.

En cuanto a precios, los economistas de la caja catalana también observan enormes disparidades provinciales. La estadística oficial habla de que el precio medio de los pisos entre 2008 y 2011 ha caído en términos nominales un 15,4%, aunque en términos reales (depende del deflactor que se utilice) se estaría hablando del entorno del 20-25%.

Sin embargo, mientras que en Toledo, Málaga, Murcia, Madrid, Guadalajara y Alicante el descenso en términos nominales (sin inflación) ha sido superior al 20%, en lugares como Orense y Soria el precio de la vivienda no sólo no ha bajado, sino que ha subido en los últimos tres años. Un 2,7% en el primer caso y un 0,5% en el segundo.

El estudio utiliza estadísticas de la OCDE para llegar a la conclusión de que el período de expansión 1995-2007 -la burbuja inmobiliaria- ha sido “inusualmente dilatado” en relación a la experiencia histórica anterior. Frente a los 28 y los 21 trimestres de alza durante las fases alcistas de los ciclos de los años 70 y la segunda parte de los años 80, la que precedió a la crisis actual alcanzó 44 trimestres. Es decir, un periodo extraordinariamente largo, lo que explica que el precio real de la vivienda creciera nada menos que un 120% en términos reales. Por debajo, en todo caso, de Irlanda (257%), Reino Unido (166%) o Noruega (142%), pero muy por encima de EEUU (50%) o Italia (40%). Y a una distancia sideral de Alemania, con una caída de precios del 24% en 12 años.

Si se mira más hacia atrás, los datos de la OCDE muestran que en los últimos 40 años sólo en Irlanda y en Suecia los precios de la vivienda han subido más que en España, un 70%. A la luz de estos datos, la conclusión que saca Josep Oliver es que los precios de la vivienda –frente a la opinión que manifiesta el Gobierno en público- continuarán cayendo en los próximos trimestres. Al menos, hasta que el mercado sea capaz de absorber buena parte del stock de viviendas sin vender.


* El Confidencial - Carlos Sánchez 21/06/2011
Foto: Vivienda, gráfico precios 1995-2007 - cataluñacaixa

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Acoso al movimiento 15-M

CARLOS TAIBO* : En el transcurso del último mes el movimiento 15-M ha sido objeto de dos grandes operaciones de acoso articuladas en los circuitos del poder político, económico y mediático. La primera, ya concluida, tuvo como objeto transmitir una imagen del movimiento que hacía de éste una simpática fiesta de jóvenes enfadados que poco más pedían que unas cuantas palabras de comprensión de nuestros magnánimos dirigentes. La dimensión del rechazo frontal a un sistema infumable, que estaba claramente presente en los cimientos del movimiento, parecía no existir a los ojos de los portavoces del orden establecido. Si algunos de ellos han llegado a decirnos que esos jóvenes airados no hacían sino volver a poner sobre la mesa el programa que Rodríguez Zapatero había promovido, para después olvidarlo, en 2004 -cuánta estulticia concentrada en un solo argumento-, en los últimos días ha corrido por ahí una hilarante publicidad de la Fundación Alternativas -uno de sus patronos es ese trilero de la política llamado Felipe González- que nos recuerda que desde esa institución ya se habían propuesto alternativas objetivas a la indignación… Entre ellas, cabe suponer, la de reclamar que en adelante se prohíba que un ex presidente del Gobierno pueda cobrar sumas ingentes de dinero de inmorales empresas privadas del sector energético.
La segunda ofensiva se ha desplegado con singular fuerza en los últimos días. Tengo delante un ejemplar del diario El País del jueves 16 de junio, el día siguiente al de los hechos que se sucedieron en los alrededores del Parlament catalán. Lo más normal que hay en unas páginas inundadas de intoxicación y dobleces es la pastoral sugerencia de que no puede confundirse el todo de un movimiento pacífico con la parte de unos presuntos manifestantes entregados a la violencia. Interpreto esas páginas como una declaración de guerra contra unas gentes que, tras demostrar sobradamente que van en serio y que tienen cuerda para rato, han empezado a resultar inevitablemente molestas.

Creo que en estas horas, y a la vista de lo que recogen varias filmaciones que han corrido por ahí, no hay duda en lo que se refiere a la presencia de provocadores policiales en muchas concentraciones y acampadas. Pero, más allá de ello, me resulta imposible dejar de lado lo que ya sabíamos gracias a lo ocurrido al calor de muchas de las manifestaciones que, en los últimos años, han protestado por la miseria de la globalización capitalista. Esos lamentables medios de incomunicación que padecemos concentraban su atención en el apedreamiento del escaparate de unos grandes almacenes para, consciente y pudorosamente, olvidar todo lo demás. Y entre todo lo demás que olvidaban estaba, claro, la violencia constante que caracteriza a los sistemas que padecemos: la de muchos empresarios sobre sus trabajadores, la de tantos varones sobre sus mujeres, la de nuestros policías sobre los sin papeles , la que todos desarrollamos contra la naturaleza y, por dejarlo ahí, la que asume la forma de genuinas guerras de rapiña encaminadas a privar de recursos básicos a los pueblos más pobres. Hoy como ayer este culpable y llamativo olvido merece nuestra repulsa más enérgica, que no podemos hacer otra cosa que trasladar a tantos profesionales del periodismo que, con toda certeza, podrían hacer mucho más de lo que hacen.

Tengo que prestar atención, por lo demás, a un episodio singular: lo que ocurrió con Cayo Lara, una persona respetable, en la mañana del miércoles 15, con ocasión de una concentración que, en Madrid, permitió frenar un desahucio. El País, el inefable El País , tituló así la noticia: ‘Un desahucio menos, una agresión más’. Un indicador sólido del nerviosismo que acosa a los circuitos oficiales lo aporta, por cierto, el hecho de que El País acuda en presunta defensa del coordinador general de Izquierda Unida. Quién te ha visto y quién te ve. Malo es que haya quien prefiera ignorar lo que ocurrió: nadie reprochó a Lara que estuviese presente en la concentración que me ocupa. ¡Faltaría más! Los reproches -y lo que el sistema entiende que es un reprobable acto de violencia: arrojaron agua al afectado- surgieron cuando Lara no tuvo ningún problema para responder a las preguntas que le realizaban los periodistas. Nuestros dirigentes políticos, incluidos los más sensatos, no parecen percatarse de que las cosas están cambiando rápidamente y de que al militante de a pie -no hay otro- del movimiento 15-M le repugna que alguien se arrogue la facultad de representarlo. Hay quien dirá, claro, con argumento nada despreciable, que buena parte de la culpa de lo sucedido corresponde, una vez más, a los periodistas, que al parecer sobreentienden que nada de interés pueden decir los ciudadanos comunes y que, de resultas, se impone dar la palabra a un responsable político o a un santón intelectual. La orgullosa vena libertaria del 'no nos representan’ saltó como un resorte afortunado. Y lo hizo de tal manera que no me cabe duda de que Cayo Lara ha tomado buena nota.

Sólo me queda enunciar una firme convicción: la de que también en este terreno nos adentramos en un mundo diferente del que hemos conocido durante demasiados años. Si antes la violencia contra los movimientos contestatarios poco más provocaba que miedo y retirada, ahora suscita una franca voluntad de cerrar filas en torno a la protesta. Y se convierte en un interesante estímulo para ésta.


* Rebelión - Opinión - 18.06.11



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