Vertedero - Forges




Viñeta: Forges, vertedero - elpais 20110624

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Sevilla.- La Unesco «pasa» de la Torre Pelli

ABC* : El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, si no hay cambios de última hora, aplazará de nuevo su decisión sobre los efectos de la Torre Pelli en la zona monumental de Sevilla hasta el año que viene. Por tercera vez consecutiva, lo hizo en 2009 en la reunión que mantuvo en Sevilla, el año pasado en Brasilia y este año en París, ese comité de expertos se ha limitado a recomendar que la ejecución del rascacielos de la Cartuja se pare, una petición que ya anteriormente no tuvo efecto alguno sobre la obra. Tras la presentación del representante del Gobierno español de un informe elaborado por técnicos designados por la anterior Corporación municipal, y en el que se defendía que la torre no afectaba al paisaje y a la visión del casco histórico, la Unesco se ha limitado ahora a reclamar un nuevo estudio —será el cuarto— que debe incluir una evolución de los trabajos del rascacielos. Ese informe debe ser presentado antes del 1 de febrero de 2012. A partir de entonces la Unesco debe emitir su dictamen sobre si la Torre Pelli, un edificio que alcanzará los 178 metros de altura, afecta o no a los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad en Sevilla —Catedral, Real Alcázar y Archivo de Indias—, y, por tanto, los incluye en la lista de patrimonio mundial en peligro.

Esa decisión, que no será firme hasta el próximo día 29 cuando concluya la reunión de la comisión, plantea pues que se pare un proyecto cuyo coste se estima en más de 300 millones de euros en base a que «pudiera» afectar al valor universal de los monumentos citados. Para cuando la Unesco quiera pronunciarse —el documento tiene que presentarlo antes del 1 de febrero de 2012 pero no hay plazo para el pronunciamento del Comité de Patrimonio Mundial— la torre ya casi será un rascacielos. De hecho, las obras en el solar que ocupará en la isla de la Cartuja siguen avanzando a un ritmo trepidante, ya alcanza una altura de tres pisos sobre el nivel de suelo, y la previsión de los promotores es culminar la estructura en otoño de 2012.

Tras salir a la luz pública este pronunciamiento de la Unesco, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, abogó ayer por disipar dudas para que «cada vez que un proyecto emblemático se haga en Sevilla no esté siempre la espada de Damocles de si se puede o no se puede hacer». Por parte del Ayuntamiento, añadió, la Gerencia de Urbanismo estudia ya las conclusiones del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco y sigue analizando la tramitación de la licencia de obras que permitió iniciar la torre. En ese sentido, y en alusión a una posible paralización de la torre por parte del Ayuntamiento, Zoido señaló que «si la tramitación es impecable, no hay ningún problema».

La ejecución de la torre Cajasol ha estado envuelta en la polémica desde la presentación del proyecto. La idea de ubicar un rascacielos en la zona sur de la isla de la Cartuja ha generado mucho debate entre defensores y detractores. Los primeros señalan la importante inversión que supone y la ventaja de levantar un nuevo hito arquitectónico en la ciudad; los segundos, además del impacto en el paisaje de la ciudad histórica, subrayan que no hay demanda para tanto espacio de oficina, que el edificio generará más problemas de movilidad en un área ya de por sí colapsada y que no es sostenible ni económica ni ecologicamente. La realidad es que la construcción del futuro rascacielos de la Cartuja sigue avanzando al ritmo previsto y que sus efectos sobre la ciudad, su paisaje y el tráfico, aún están por ver.

La plataforma «Túmbala», a París

La plataforma contra la Torre Pelli «Túmbala» decidió ayer viajar a París para presentarse hoy ante el Comité de Patrimonio Mundial de Unesco, que sigue allí reunido. El grupo de activistas contrarios al rascacielos acudirá a la sede central de Unesco para mostrar su indignación ante los miembros del Comité por la tibieza de su pronunciamiento. También intentarán entrevistarse con altos responsables del Comité para poder exponerles más detallada y detenidamente las razones de su malestar: la certeza de que se ha dejado pasar la última oportunidad de evitar el «tremendo dislate patrimonial, urbanístico, financiero y ético que supone la Torre Cajasol. Porque el año que viene por estas fechas, cuando el Comité pretende volver a tratar el asunto, la estructura del edificio estará ya levantada».


* ABC - 25.06.11
Foto: La actividad, como se ve esta imagen captada ayer, no para en la parcela donde estará el rascacielos de la Cartuja - abc

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'Indignados' y vecinos del Albaicín paralizan el desahucio de la penúltima inquilina de la Casa del Aire

20MINUTOS/Granada* : Un grupo de unas 200 personas conformado por vecinos del Albaicín e 'indignados' del Movimiento 15M se han concentrado este miércoles en la Casa del Aire, situada en el nº7 de la calle Zenete, para evitar que su penúltima inquilina, Clara Martínez, fuera deshauciada, tal y como estaba programado por el Juzgado de Primera Instancia nº8. El desahucio no se ha producido, según han informado a Europa Press fuentes policiales, porque el Juzgado así lo ha ordenado.
Los concentrados, que han ocupado la calle del Zenete desde pasadas las 11,00 horas, han atribuido la suspensión del desahucio a la protesta convocada, que han dado por concluida a las 13,30 horas de hoy (una hora después de que se cumpliera la programada por el Juzgado) con la lectura de un comunicado en el que han pedido a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada que proceda a la expropiación del inmueble para frenar que se "especule" con él.

En el edificio vive actualmente Manuel Prieto, que paga 88 euros de renta tras 31 años de alquiler, pese a los intentos de la inmobiliaria propietaria, Edivara-Varasol, de que se marche. Según ha explicado Prieto a los periodistas, la inmobiliaria se niega a mantener la casa para que sea declarada en ruinas y él tenga que abandonar la que ha sido su vivienda durante más de tres décadas. De hecho, esa sería la única manera de que se fuera, puesto que posee un contrato indefinido que no puede ser rescindido.

En el inmueble hay doce viviendas, todas tapiadas con cemento, excepto la de Prieto y la de Clara Martínez después del pasado 19 de enero de 2010, fecha en la que fueron desalojados también por orden judicial seis 'okupas' que vivían en el bloque. Según ha relatado Martínez, que no ha sido desahuciada finalmente y que tampoco ha recibido notificación de que el desahucio se haya pospuesto, la inmobiliaria pretende "echar abajo" la Casa del Aire para construir apartamentos turísticos, y es por esa razón por lo que está haciendo todo lo posible que sus inquilinos se marchen.

Hace año y medio se le comunicó que el contrato de arrendamiento no se le iba a renovar, aunque llevara 22 años viviendo en el inmueble —por lo que ha pagado 166 euros cada mes—, una decisión que ella recurrió hasta que finalmente el Juzgado de Primera Instancia número 18 le comunicó que este miércoles, a las 12,30 horas, sería desahuciada.

La Gerencia de Urbanismo ya pidió a la inmobiliaria que actuara de urgencia en el edificio por la seguridad de sus inquilinos, orden que no llevó a cabo y que finalmente llevó a que el Ayuntamiento ejecutara de manera subsidiaria las obras, que sin embargo no han sido pagadas aún por Edivara.

La inmobiliaria propietaria, según la documentación mostrada por Clara Martínez, contrató una hipoteca por valor de 269.000 euros por otro edificio del Albaicín, para lo que puso como aval la propia Casa del Aire, "que ha llenado de escombreras" y ha rechazado "rehabilitarla" para provocar la marcha de los inquilinos. "Especular es un delito, mientras que en la Constitución se contempla el derecho a tener una vivienda digna. Pero eso no se cumple", ha señalado la penúltima inquilina de la Casa del Aire, que lo seguirá siendo al menos hasta que se le comunique la fecha de un nuevo desahucio.


* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 22.06.2011
Foto: Granada, protesta Casa del Aire - EP

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El bufete de un asesor de Hernández pleitea contra derribos de la Xunta

ELPAÍS* : José Luis Narbón es vocal de la Comisión de Urbanismo de Galicia por libre designación del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, desde 2009. Este mismo departamento le encargó por el procedimiento negociado sin publicidad y sin mesa "un estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español" por el que percibió 67.260 euros. Pero el dinero que percibió de la Xunta y sus estrechos vínculos con la consellería, no han impedido que su bufete siga pleiteando contra las demoliciones que ordena la Administración gallega. De un lado, Narbón asesora a Hernández. Por otro, su bufete se querella contra la consellería que preside, en ocasiones, con el único propósito de obtener indemnizaciones millonarias para clientes que han vulnerado las leyes urbanísticas, según consta en numerosas sentencias contra las que ya no cabe recurso.

Como ejemplo el municipio de Marín. Allí, el despacho Martínez Barros&Narbón Abogados reclama a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 700.000 euros por responsabilidad patrimonial después de que este organismo hubiera ejecutado la demolición de una vivienda construida por un particular en Aguete y que fue ratificada en sentencia firme por los tribunales.

Urbagalex, un departamento del despacho de Narbón, especializado en urbanismo, también intenta evitar a toda costa el derribo del hotel Talaso Atlántico, levantado en suelo rústico de protección de costa en el municipio de Oia, cuya licencia fue anulada por una sentencia firme del juzgado y que está pendiente de demolición.

Pero tal vez el caso más llamativo es el papel que ha jugado el despacho de Narbón en el municipio de A Guarda. Allí, el bufete Martínez Barros&Narbón Abogados defendió, en el origen del pleito, al Ayuntamiento frente a la Xunta, después de que el Gobierno gallego hubiera revocado 24 licencias municipales para construir, cuya anulación refrendaron los jueces en otras tantas sentencias contra las que ya no cabe recurso posible. La Justicia estimó que las dos docenas de viviendas se asentaban sobre suelo rústico de protección urbanística y de costas e ilegalizó las licencias.

Uno de los 11 letrados del despacho, Ruben Nogueira Martínez, representa ahora a dos de los promotores inmobiliarios afectados por las órdenes de derribo en A Guarda -un particular y la sociedad Poallo SL- y además de dirigir su reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de A Guarda que concedió los permisos (y que estuvo representado por su mismo bufete) demandó a la Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras a la que reclama en nombre de estos dos clientes, 1,5 millones de euros.

José Luis Narbón declinó ayer hacer declaraciones a este periódico sobre el caso con el argumento de que no juega ningún papel en el pleito de A Guarda que lleva su "socio". Ricardo Martínez Barros, por su parte, explicó que, pese a que el bufete lleva el nombre de ambos -Martínez Barros&Narbón Abogados - en realidad "son despachos separados y cada uno tiene una facturación y unos clientes propios". Añadió que Narbón no tiene relación alguna con el caso de A Guarda y que su equipo de abogados ya no defiende al ayuntamiento pontevedrés y solo representa a los promotores. "En el momento en que puede haber colisión de intereses o un supuesto de incompatibilidad dejamos de representar a una de las partes".

Según consta en la información recabada en el Registro Mercantil, Ricardo Martínez Barros y José Luis Narbón García figuran como apoderados de la firma Urbagalex desde el 12 de septiembre de 2001. Es el gabinete especializado en derecho urbanístico de la firma Martínez Barros&Narbón Abogados.

Letrado de Sanxenxo
Los manejos jurídico-urbanísticos de Narbón en la Xunta vienen de antaño. Es uno de los redactores de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que modificó, cuando el fallecido Xosé Cuiña aún era conselleiro de Territorio, la legislación urbanística gallega para que permitiese regularizar edificaciones ilegales. La norma otorga un importante grado de discrecionalidad a la Administración.

Conocedor del texto de la ley y de su espirítu, estos últimos años Narbón hizo caja asesorando a ayuntamientos tan laxos en la concepción del urbanismo como el de Sanxenxo, al que le facturó 345.000 euros como asesor externo, entre los cobros que recibió a su nombre y los que registró a través de su bufete. Los pagos de Sanxenxo a Narbón alcanzaron de media 86.500 euros al año entre los ejercicios de 2006 a 2009. Una cantidad muy similar percibió el año pasado, 84.600 euros, a raíz de un convenio firmado en marzo de 2010 por la alcaldesa, Catalina Gómez, según el cual el letrado se comprometió a ejercer las labores de asistencia jurídica y asesoría.

Además de la factura que emite su despacho por cada pleito mantiene desde 2007 un sueldo de 1.000 euros mensuales en concepto de asesoría jurídica.


* El País - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 23/06/2011
Foto: Oia (Pontevedra), hotel Talaso ilegal - lavozdegalicia.es

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Valencia.- Los 'indignados' acamparán en el Cabanyal en protesta por la F1

LASPROVINCIAS* : La plataforma Acampada Valencia organizará una "acampada alternativa" en el barrio del Cabanyal para protestar por el "despilfarro" que, a su juicio, supone el Gran Premio de Fórmula Uno que acoge este fin de semana la ciudad, cuyo trazado discurre por el distrito de Poblados Marítimos.
El grupo, uno de los integrados en el movimiento 15-M en Valencia, instalará una acampada en la plaza Doctor Lorenzo la Flor, donde organizará talleres, conciertos, charlas, actuaciones y asambleas hasta el domingo, según informa en un comunicado. La asamblea correspondiente a los barrios de los Poblados Marítimos (Malva-rosa, Cap de França, el Cabanyal, el Canyamelar, el Grau, Cantanares y Natzaret) considera que "la especulación, la falta de transparencia y la falta de democracia" encuentran este fin de semana su "máxima expresión en el campeonato de Fórmula Uno", según las fuentes.

Estas jornadas "alternativas" al circuito urbano no suponen, sin embargo, el desmantelamiento del asentamiento que lleva instalado más de un mes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia -rebautizada como plaza 15 de Mayo-, y donde cada noche pernoctan unas 50 personas, según han precisado a Efe algunos de sus participantes.
"De ningún modo se trasladará la acampada y la asamblea de la plaza del Ayuntamiento hasta este punto del barrio marítimo del Cabanyal", ha puntualizado la organización.
Quienes como Lamberto Sesa pasan la noche en el campamento de "Acampada Valencia" desconocen cuántas personas de las que habitualmente duermen en la plaza del Ayuntamiento se desplazarán hasta el Cabanyal, aunque esperan que el fin de semana atraiga a "más gente".


* 23.06.11
Foto: Valencia, cartel jornadas indignados contra F1 - acampadavalencia

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Un derecho de los ciudadanos

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ* : Naciones Unidas formuló hace años una declaración en la que establecía que los ciudadanos tienen derecho a mantenerse informados a través de las estadísticas oficiales y que, a fin de mantener su confianza, los organismos encargados de esa tarea han de decidir, "con arreglo a criterios estrictamente profesionales, científicos, éticos y públicos", los métodos de reunión, procesamiento, almacenamiento y presentación de esos datos. Se trata, pues, de un derecho de los ciudadanos a conocer todos los datos estadísticos disponibles acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental de su país, y no de un derecho, o una información, en alguna medida reservada a los investigadores que lo soliciten o de aquellos que acrediten tener un concreto interés en el asunto. Las administraciones no deberían hurtar al ciudadano los datos en bruto y ofrecer exclusivamente gráficos "trabajados", como es práctica habitual en algunos ministerios. Las estadísticas no son solo cuestión de calidad (que es una exigencia evidente) sino también de cantidad. Basta con que cualquier lector de este periódico entre en la página web de Oficina Federal de Información Estadística de Estados Unidos (http://www.fedstats.gov/) para comprobar que es posible colocar a disposición de todo el mundo un volumen de información estadística descomunal, de manera sencilla, organizada y accesible.
Es agotador tener que recordar continuamente que España sigue teniendo un serio problema de transparencia y que, 33 años después de aprobada la Constitución democrática de 1978, siguen sin existir los instrumentos legales ni las herramientas necesarias para adecuar nuestra realidad a la de los países más avanzados de nuestro entorno.

No ha sido aprobada aún la imprescindible Ley de Libre Acceso a la Información, equivalente a las Freedom Information Act que existen en prácticamente todos los países de la UE y que en España es un simple borrador fantasma, que aparece y desaparece de los programas electorales y de la secretaría del Congreso desde hace más de quince años.

El problema con los datos estadísticos es igualmente antiguo y vergonzoso. Los criminólogos y catedráticos de Derecho Penal han protestado por la desaparición de estadísticas policiales que les permitían comparar la evolución de determinados delitos y relacionarlos con edades, lugares, género o cualquier otro tipo de parámetro que les resulte útil. El Consejo Económico y Social se ha escandalizado por la opacidad que rodea a datos que son imprescindibles para analizar el pulso del sistema nacional de salud. Hace años que están secuestradas estadísticas que permitirían comparar el nivel de los servicios sanitarios que reciben los españoles, según su lugar de residencia, es decir, según la comunidad autónoma que los proporciona. El secretismo denunciado por el CES ha sido elaborado y mantenido tanto por las autoridades nacionales como por las autonómicas, perfectamente de acuerdo en sustraer datos a la opinión pública pese a la evidente vulneración de los derechos cívicos que ello implica. Hace años que los especialistas en sanidad pública exigen la creación de registros estadísticos nacionales en los que se sistematice la información de todas las comunidades autónomas.

No habrá forma de conseguir algún avance mientras que los políticos españoles, de una tendencia o de otra, de una comunidad o de otra, no acepten que la información estadística no es una herramienta suya sino un derecho de los ciudadanos y que no es algo que deba ser negociado o discutido. Es vergonzoso que a estas alturas, las listas de espera quirúrgica por Comunidades sean secretas y que el Estado no sea capaz de obtener y centralizar multitud de datos estadísticos que quedan "en poder" de los poderes autonómicos como si fueran competencias y no información destinada a ser compartida. Si el gobierno no es capaz de garantizar unas estadísticas amplias y fiables, debería impulsar al menos la creación de una Agencia Federal que actúe de manera profesional e independiente y que acabe con este escándalo.


* El País - Opinión - 23.06.11

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