Una promotora impulsa un PAI en terrenos del Montgó que el nuevo PGOU de Xàbia debía proteger

LEVANTE/Alacant* : El urbanismo de Xàbia es del todo previsible. Cuando a finales de enero caducó la suspensión del planeamiento, vigente desde cuatro años atrás (antes hubo un año más de suspensión de licencias), ya se sabía que alguna promotora se lanzaría a desarrollar sectores considerados sensibles y cuya protección justificó que hace más de un lustro el entonces alcalde, Eduardo Monfort, de Bloc-Centristes, iniciara una revisión del PGOU que todavía está pendiente. El pasado 9 de marzo la mercantil Huertos del Montgó, SA, dueña de una antigua finca agrícola de 400.000 metros cuadrados situada en la falda del Montgó, instó al ayuntamiento a iniciar el proceso para desarrollar en esos terrenos un plan de actuación integrada (PAI). Tras tres meses sin que el consistorio, todavía gobernado por Bloc-Centristes, PP y CpJ, respondiera, la empresa esgrime que se ha dado una situación de silencio administrativo y la ley le ampara para iniciar ella misma el trámite para la gestión indirecta del programa urbanístico. El nuevo alcalde, José Chulvi, del PSPV, se topa así con un inesperado conflicto urbanístico.
Estos terrenos del Montgó no son cualquier cosa. La mitad de la finca es corredor ecológico. Ahí no se puede construir. Sin embargo, la promotora, en un PAI que presentó en 2006, preveía trasladar las zonas verdes al conector ecológico. La superficie a urbanizar era de 185.000 m2 y salían unas 90 casas.

El concierto previo del nuevo PGOU de Xàbia desclasificaba todo este sector y lo declaraba no urbanizable de especial protección. El hecho de que la empresa impulse su PAI no significa por fuerza que esta ladera de suelo urbanizable no programado (esa es la clasificación en el vigente y obsoleto PGOU de 1992), que es de las pocas que quedan sin construir en la falda del Montgó, se pierda. Los propietarios, eso sí, tendrán derechos adquiridos si el ayuntamiento protege esta antigua finca agrícola primero de naranjos y luego de almendros del Montgó.

Propietarios vinculados

a la empresa ganaron un pleito de 2 millones de ?
La mercantil Huertos del Montgó está vinculada a unos propietarios de terrenos de la selecta urbanización de la Corona de Xàbia. Estos propietarios ya saben lo que es pleitear con el ayuntamiento y ganarle. Consiguieron que el Tribunal Supremo reconociera que el consistorio debía indemnizarles con dos millones de euros. Todavía no han exigido la ejecución de la sentencia. Pero todo llegará y el nuevo gobierno (PSPV e independientes) no tiene precisamente mucho margen económico de maniobra. Estos dueños de terrenos de la Corona cedieron suelo para viales e infraestructuras, pero el consistorio protegió esos terrenos que están en la parte alta de la urbanización y ahora forman parte del parque natural del Montgó.


* Levante - 25.06.11
Foto: Montgó (Alicante) - comunitatvalenciana

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Primero el uso, luego la rehabilitación

NORTECASTILLA/Valladolid* : La retícula urbana de Valladolid es la suma de un medievo gremial, una edad moderna tocada fugazmente por el poder de Lerma, una ilustración harinera y una contemporaneidad industrial. Sobre esta historia se cimenta el patrimonio y el urbanismo de hoy, el protagonista del debate que sostuvieron el profesor Jesús Urrea; Enrique Saiz, director de Patrimonio de la Junta; Manuel Sánchez, del Ayuntamiento; Gregorio Alarcia, de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, y José Antonio Lobato, de la Cámara de Comercio.
Esta ciudad, «que ha vivido tradicionalmente de espaldas a algo, al río primero, luego a los canales», apunta Urrea, tiene que mantener un patrimonio, «dentro de la economía sostenible que nos toca vivir», según Saiz. Para el máximo responsable del patrimonio regional, «hay que hacer de la necesidad virtud» ya que «no es una carga, sino un recurso». Y en ese camino varias fueron las propuestas. «Es la herencia de nuestros mayores y tenemos el deber de preservarla», afirma Alarcia. «Cuando trabajamos sobre un edificio antiguo los arquitectos aprendemos de lo bien que construían antes. Pero no todo merece protección, debe haber un diálogo entre lo que hay que preservar y la mejora de la trama urbana».

Jesús Urrea señaló la confrontación histórica «entre talibanes defensores de la conservación y los bárbaros destructores, entre los que hay que hallar un punto de encuentro». A pesar del conservacionismo que puede achacarse a la autoridad académica, reconoció que «si los historiadores hiciéramos un catálogo de lo que hay que proteger, la gente se sorprendería de la lista tan restringida. No apoyamos la idea de conservar por conservar».
Urrea considera que para cualquier rehabilitación «primero hay que determinar el uso y, según este, la intervención». Como ejemplo, apuntó el Hospital Simón Ruiz, de Medina del Campo, al que propuso como «sede del archivo de la banca española, por la vinculación de los Ruiz con la banca y la letra de cambio. Además de su potencial conexión con el Archivo de Simancas», pero el guante no ha sido recogido de momento.
Manuel Sánchez reconoció las dificultades que hay para cambiar de uso edificios religiosos en aras de su conservación, como complicado resulta el mantenimiento del casco histórico si no se permiten ciertas intervenciones que ayuden a fijar población. «Estamos en plena revisión del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Especial del Casco Histórico. La población se ha ido del centro porque no hay aparcamientos y ahora, con la crisis, están volviendo para evitar el gasto en transporte. Necesitamos hacer aparcamientos para permitir el desarrollo del centro comercial más importante de Valladolid, su casco histórico», explicó el teniente de alcalde.
Sin embargo son las trabas legales, según Sánchez, las que han impedido la construcción de un 'parking' junto a Santa Ana o rehabilitar Villa Julia, en la calle Zúñiga. Para Sánchez, ejemplo de equilibrio entre conservación y nueva construcción es el Matadero. «Se dejó un recuerdo de la arquitectura de Madrid y se negoció con los vecinos para responder a sus necesidades. No se puede proteger al 100% todo, es contraproducente».
Enrique Saiz prefiere dar al patrimonio una visión más general, «es un recurso económico, pero no solo, también es vital porque incide en el desarrollo de las personas, en la convivencia. Cuando hablamos de patrimonio urbano lo hacemos sobre la suma de un esfuerzo colectivo, que excede lo artístico, hecho por mucha gente durante bastante tiempo». Saiz puso como ejemplo Salamanca, Segovia, Granada o Santiago de Compostela, ciudades en las que su desarrollo no solo está dirigido a atraer turismo, sino a hacer más vivible su espacio y más atractivo para iniciativas empresariales de I+D o académicas.
«Ahí es donde Valladolid puede aportar algo. Hay que equilibrar los tres palos del desarrollo económico; Por un lado, que sea apta para acoger empresas, el social -que haya buena convivencia- y medioambiental, es decir, que se dé un entorno amable. Valladolid reúne, además de patrimonio artístico, una tradición universitaria, un entorno natural, una posición estratégica central dentro de la comunidad, y todo eso debe usarse para beneficiar el desarrollo», afirma Saiz. «Está claro que no habrá una segunda oportunidad de construir tanto como hasta ahora porque no hay suelo. En el futuro hablaremos de una revisión de lo construido».
Gestión compartida
Desde el sector privado, José Antonio Lobato animó a considerar el patrimonio como fuente de riqueza que debe vincularse a una industria cultural en la que implicar a las empresas y potenciar su responsabilidad social corporativa. «Cada vez es más reconocida por los clientes y las empresas. Sería interesante crear nuevos incentivos al mecenazgo privado», camino natural que además está allanado por la crisis. «En estos tiempos en los que las arcas públicas apuntan hacia una política de austeridad, desde la Cámara animamos a buscar elementos nuevos de desarrollo y progreso; por eso vemos interesante abrir la puerta a las empresas para que se animen al mecenazgo y la gestión compartida. Desde la casa de las empresas también queremos convertir al patrimonio en una fuente de riqueza». Lobato apeló a la consideración general del patrimonio etnográfico, natural, artístico, industrial...
Enrique Saiz ejemplificó la creciente implicación cultural de las empresas en el caso de Iberdrola. «No es que ponga dinero en una intervención, es que ha dado un paso más haciéndose corresponsable del proyecto en la Raya, límite con Portugal, donde está construyendo unos saltos. Se ha convertido en patrono de la Fundación Santa María la Real desde la que se implica en el plan del románico hispanoportugués. No se trata solo de dar facilidades al mecenazgo rebajando fiscalidades, sino convertirlo en un activo de la explotación. ¿Por qué no se puede dar una concesión a un empresario para rehabilitar, convertir en negocio y explotar por ejemplo un castillo-palacio? El sano negocio de la cultura no es peyorativo, sino una oportunidad de futuro, por eso os pido a los empresario que penséis en términos de negocio cuando se habla de patrimonio».
Por su parte, Gregorio Alarcia lamenta que se acuse a los empresarios «de forrarse cuando intervienen en un edificio, cuando lo que se busca es darle un uso que es el que acabará por protegerlo».
Accesibilidad y gestión
Otra lado del poliedro patrimonial lo representan los dueños personales de edificios históricos. Jesús Urrea expuso el caso de la Casa Blanca de Medina del Campo. «Hace unos meses desde la Real Academia de la Purísima logramos un permiso para visitar la Casa Blanca, única muestra de construcción palaciega civil del XVI en Valladolid. La Junta debiera llegar a un acuerdo con la familia para que pudiera visitarse sin menoscabo del uso privado, como ocurre en los castillos franceses o ingleses».
El medio rural, en el que se asienta buena parte del patrimonio regional, afronta otras cuestiones como la accesibilidad -que determina la viabilidad de los proyectos- y la gestión con el público. «Es una pena que haya sitios que justo cuando vas a verlos un fin de semana están cerrados y no hay quién los abra», se queja Lobato.
No tiene ese problema Medina de Rioseco, que alberga junto a Medina del Campo Las Edades del Hombre, iniciativa cultural que no ha cejado de atraer visitantes en cada nueva edición reconocida por todos.
Enrique Saiz ve en Rioseco «una ciudad que conserva bastante bien sus edificios, es un enorme museo, pero a la vez tiene la dársena del canal, la fábrica de harinas, de tal manera que presenta oferta suficiente y variada para un fin de semana, y es así con o sin la exposición 'Passio'. Hay que perder la visión museística de la pieza por la pieza, que su valor particular no impida la visión de conjunto».


* Norte Castilla - 26.06.11
Foto: Valladolid, derribo fachadas Labradores (archivo) - nortecastilla.es

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Madrid.- La Justicia obliga a la Comunidad a que dé el primer paso para proteger el Teatro Albéniz

MADRIDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha instado a la Comunidad de Madrid a que incoe expediente de bien de interés cultural al Teatro Albéniz, primer paso para conseguir la protección del emblemático recinto madrileño. El fallo del TSJM invalida las decisiones adoptadas en 2007 por el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid -Santiago Fisas- y el director de Patrimonio de la Comunidad de Madrid -Javier Hernández-, que negaron el valor cultural del Teatro Albéniz.
El Tribunal ha dado la razón a la demandante Plataforma de Ayuda al teatro Albéniz, que solicitaba la incoación de expediente de bien de interés cultural para el mencionado teatro, en la categoría de Monumento, por "su valor como fenómeno artístico y teatral en la memoria y cultura madrileña desde su fundación, especialmente en los últimos 20 años".

"El Albéniz constituyó un referente excepcional de la vida cultural madrileña (...) y su labor ha sido reconocida por miles de personas, entre ellas premios Nobel, medios de comunicación, artistas de todas las artes escénicas y plásticas, literatos, cineastas y la ciudadanía que integró el movimiento de Ayuda al Teatro Albéniz", señala un comunicado difundido por la Plataforma.

El Teatro Albéniz fue fundado en 1945 para albergar ópera y ballet, disciplinas a las que se sumarían, años más tarde, espectáculos de zarzuela y revista. En 1984, el espacio fue alquilado por la Comunidad de Madrid, que en 2007 traspasó la programación escénica que realizaba en este centro a los Teatros del Canal, dirigidos por Albert Boadella.

La vida es sueño

La sala cerró definitivamente sus puertas el 21 de diciembre de 2008 con la puesta en escena de 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca. Unos meses más tarde, en abril de 2009, el Grupo Smedia anunció su intención de reabrirlo y negoció una cesión de varios años con la empresa Monteverde, propietaria del inmueble.

El proyecto se paralizó cuando apenas restaban unas semanas para la reinaguración, ya que la inmobiliaria recibió una oferta para vender el teatro. La operación nunca se llevó a cabo y el edificio quedó sumido en un limbo que ahora empieza a despejarse con el fallo emitido por el TSJM.


* Madridiario - 25.06.11
Foto: Madrid, Teatro Albéniz cerrado - madridiario

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Un perito acusa al 'superdelegado' de Ourense de malversar fondos de la UE

ELPAÍS* : El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, justificó y cobró de los fondos comunitarios del Feder por obras que no realizó, en su calidad de presidente de la asociación para el desarrollo local Ceivam durante los años en que fue alcalde de Arnoia. Un informe de un perito independiente encargado por el juzgado de Ribadavia que ha imputado al hombre de confianza de Feijóo en Ourense por falsedad documental y malversación de fondos públicos, concluye que entre 2001 y 2007 el entonces alcalde de Arnoia y presidente de Ceivam ?que ha testificado que invirtió 12.000 euros de la UE en crear una planta de biomasa en Arnoia? solo gastó en realidad en el retejado de la planta, ya existente, y en la colocación de una capa de piedra sobre la misma.
El informe precisa que, en el caso de estas obras, Martínez infló los precios y que la inversión que realizó fue de en torno a los 2.000 euros a los que podrían sumársele otros 1.000 por limpieza de la maleza. El informe pericial pone al representante de la Xunta en Ourense en una difícil situación.

Los letrados de Martínez habían apelado a la prescripción del supuesto delito de falsedad en documento público ?del que le acusaba el PSOE ourensano y por el que fue condenado ya a la devolución del dinero por la Audiencia Nacional? que caduca a los cinco años, pero el informe pericial abre la puerta a un supuesto delito de malversación de fondos públicos que no prescribe hasta los 10 años. Martínez será ahora juzgado por el supuesto delito de mayor entidad ?el de malversación? que, según el letrado del PSOE, incluye el de la falsedad documental "como medio necesario para su comisión".

El informe que firma el perito confirma, punto a punto, el testimonio que los integrantes de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) O Carballo prestaron ante el juez que instruye el caso. Los representantes de la SAT, además de aportar fotografías, declararon que fueron ellos quienes construyeron la nave por la que Martínez y su grupo de gobierno solicitaron y cobraron una ayuda de la UE. La pretendida planta de biomasa que el actual representante de la Xunta certificó como obra realizada por Ceivam fue construida "antes del 15 de marzo de 2000", sostiene el perito, que hace, además, un pormenorizado análisis de las certificaciones que, un año después, emitió el ingeniero municipal de Arnoia, Miguel Reza Paz, en las que no deja lugar a dudas de la supuesta falsedad documental. Todas ellas "figuran como obras ejecutadas en noviembre de 2001", explica el informe pericial.

El técnico judicial no solo alerta de la posible malversación, sino que detalla que, tras personarse en las instalaciones de la planta de biomasa, no encontró la maquinaria descrita en las facturas certificadas por Ceivam para la recibir la ayuda de los fondos comunitarios. Ni rastro del compactador de residuos sólidos ni del arrastrador por paletas ni del elevador hidráulico del material sólido ni de la maquinaria para trabajo en el campo. Ni siquiera había extintor manual, ni el grupo electrógeno para 60 kilovatios.El perito judicial incorpora a su informe fotografías en las que se aprecia que la nave estaba vacía. Tampoco había huellas de la docena de aparatos del equipamiento de bienestar, prevención y seguridad que el delegado de la Xunta certificó para cobrar de la UE. "En el interior de la nave no había material o resto de ningún tipo", precisa el técnico enviado por el juez.

El informe es contundente. Detalla que en las certificaciones emitidas entre el 29 y 30 de noviembre de 2001 "encargadas por Ceivam al señor Miguel Reza Paz" se muestran en las diferentes partidas "mediciones y precios que engloban varios trabajos" y que corresponden "aproximadamente al 50% del coste global de la certificación". Sin embargo, en esa partida "no aparecen trabajos como cerramiento exterior de la nace y enfoscado interior" los cuales sí "aparecen en una certificación posterior emitida por Ceivam".

El perito concluye que los "únicos trabajos" que fueron ejecutados por la asociación que presidía el delegado de Feijóo en Ourense fueron los de retejado y colocación de piedra. Las certificaciones emitidas en 2007 por Ceivam "incluyen trabajos que fueron ejecutados antes de 2001, cuando la SAT O Carballo cedió la parcela al Ayuntamiento de Arnoia". Ni siquiera el cerramiento que la asociación local certificó para cobrar de los fondos europeos era real. "Forma parte de la edificación que fue ejecutada con anterioridad a 2001". Martínez y su grupo de gobierno inflaron además las facturas, según se desprende del informe. "El precio por metro cuadrado que aparece en la certificación nos parece elevado", así como el que hicieron constar por suministro y colocación de bloque. Lo pusieron a 14,5 euros el metro cuadrado del año 2007 cuando en la actualidad está a "4,80 euros", precisa el perito.


* El País - 25.06.11
Foto: ourense - red2000.com

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Arrancan cuatro marchas indignadas más

DIAGONAL* : El proyecto de las marchas indignadas sigue materializándose según avanzan las jornadas. Hay 6 grandes rutas y varias más pequeñas que irán convergiendo. La coordinación logística y las fechas y puntos de confluencia de las expediciones están prácticamente acordados. Mañana comienza la ruta nororiental, que parte de Barcelona. A las 5 de la mañana están citados en la plaza de Cataluña los que quieran emprender la marcha. Esta ruta encontrará en su camino poblaciones como El Vendrell o Reus, todavía en Cataluña, y también Alcañiz, Molina de Aragón o Alcalá de Henares, entre otras. Hoy también arranca la marcha del sur , desde Cádiz. En Sevilla esperan a los de Cádiz para el día 1 de Julio, por lo que preveen unirse a los malacitanos y granadinos a la altura de Ciudad Real, una semana y media después. El arranque de la ruta norteña también está prevista para este fin de semana. Arrancarán desde Bilbao y recogerán, entre otras marchas, a los que arranquen de Logroño. En la ruta extremeño-portuguesa aún no tienen confirmada fecha de salida, aunque todo apunta al 1 de Julio desde Mérida. La ruta noroeste parte hoy desde Santiago de Compostela y mañana desde Betanzos. El 27 parten de Orense también las marchas procedentes de Pontevedra y Vigo. La confluencia de estas marchas con Compostela, Coruña y Lugo será en Ponferrada, presumiblemente el 5 de Julio.

Quinto día de marcha para la ruta este

Los primeros en salir a los caminos, procedentes de Valencia, ya afrontan su quinta jornada. Hoy llegan a Alzira. Los participantes quieren destacar la solidaridad de la gente en los pueblos. Les están habilitando polideportivos para hacer la noche y en cada pueblo ha tenido lugar una asamblea en donde los lugareños han podido expresar sus demandas y anhelos de cambio. Además, no les han faltado víveres, ya que les han obsequiado con comida por allí dónde han pasado.

Pese al calor el camino, según nos comentan, la marcha no está resultando incómoda. Los trayectos están siendo razonables (unos 10 kilómetros al día) y la treintena de caminantes que han partido se encuentra en perfectas condiciones.

Esperan que de cara al fin de semana se incorpore más voluntarios a la marcha. Donde seguro se añadirán más participantes será a su paso por Ayora, previsto para el 2 de Julio. Alli confluirán con la marcha indignada procedente de Utiel-Requena, en el interior de la provincia de Valencia.

Unos días más tarde, el 7 de Julio, se unirán, previsiblemente en Albacete, la marcha que sube desde Alicante y la marcha que sube desde Murcia. Desde ahí ya encararán el camino hacia Madrid. * Diagonal - TOMÁS MUÑOZ (REDACCIÓN WEB) - 24 DE JUNIO DE 2011
Foto: Un grupo de caminantes recibe la hospitalidad de la asamblea 15M de Alzira (Valencia).- Marcha Este

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No es por los privilegios, es por el desencanto

ROSARIO G.GÓMEZ* : Que los políticos no tienen buena fama entre la ciudadanía es una certeza avalada por las encuestas. El Centro de Investigación Sociológicas (CIS) certifica que la clase dirigente es el tercer problema de los españoles, tras el paro y la crisis económica. Los indignados del 15-M han hecho suyo este creciente desapego hacia los gobernantes para poner en la diana de sus reivindicaciones el fin de los privilegios de los que goza la casta política.
Con su omnipresente Democracia real ya, el Movimiento 15-M pide a gritos, en manifestaciones multitudinarias o en pacíficas asambleas, la regeneración del sistema político y económico. Y eso pasa, según las propuestas de los indignados, por el reparto del trabajo, la seguridad en el empleo, la supresión de los gastos inútiles en las Administraciones, la subida de los impuestos a la banca o la eliminación de los privilegios de la clase política. Detrás de estas proclamas hay quien ve un sesgo populista.
Desencanto + mentalidad antipolítica + crisis + corrupción originan el cada vez más intenso desapego hacia las clases gobernantes que evidencia el CIS, como justifica Xavier Coller, sociólogo y experto en élites políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. “Los políticos corruptos son muy pocos. Pero los medios de comunicación hacen de ecualizador. Tienen un efecto multiplicador, sobre todo cuando se observan grandes tramas, como el caso Gürtel”. Collar percibe que este no es un fenómeno coyuntural sino un problema estructural. “Las dictaduras son corruptas por definición, pero en democracia siempre hay corrupción”, dice. El creciente hastío hacia la política hunde también sus raíces en el empeño del Gobierno central en no reconocer la crisis y en demorar la adopción de medidas para combatirla, remarca Collar, que dirige la Escuela de Alta Gestión Pública de Andalucía.

Al margen del comportamiento del Ejecutivo de Zapatero, los expertos coinciden en que los políticos tienen que repensar su estatus. Pero siendo conscientes del papel que desempeñan. El politólogo Joan Subirats sostiene que a menudo no se tiene en cuenta que lo que ahora se ve como “privilegios” fueron en su día “conquistas de los sectores progresistas que formaban parte de Parlamentos pensados para las élites liberales”. Se trataba, apunta, de que la gente que se dedicaba a la política tuviera un salario y una cierta inmunidad para poder eludir las presiones de los poderosos. “Ahora, muchos de esos elementos, justificables en su momento, acaban pareciendo privilegios porque tienen menos sentido”.

La plataforma de los indignados del 15-M ha puesto el foco en la clase política. Reclama desde el control estricto del absentismo de los cargos electos hasta la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pasando por la publicación obligatoria de su patrimonio y la reducción de puestos de libre designación.

La política ya no atrae a personas con una trayectoria profesional previa
¿Hasta qué punto es una novedad que los ciudadanos protesten por las prebendas de sus dirigentes? “No es algo nuevo ni raro. Esa misma dimensión antipolítica existe en otros países y ha existido en otros periodos históricos en España, como, por ejemplo, en la República o durante la Restauración”, puntualiza Xavier Coller. La percepción de esa desafección es extremadamente compleja: “Hay un sustrato sociológico tardofranquista que rechaza la política. Aún pervive esa idea que se resume en la famosa frase de Franco: ‘Haga como yo, no se meta en política”.

Hay quienes piensan que la ciudadanía tiene una idea sobrevalorada del estatus de los políticos. Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, plantea que la clase política debería nutrirse de personas con una trayectoria profesional previa que les permitiera retornar a la sociedad civil. Apela a ese tipo de diputados y senadores que surgieron durante la Transición. “Ahora existe una mayor profesionalización de la política. Hay una cooptación desde más jóvenes y muchos no tienen una profesión fuera del mundo político. Por eso luchan por estar todo el tiempo posible en la política”, dice Valencia. De ahí que dé la impresión de que se trata de una casta endogámica. Para combatir esta tendencia y para no sucumbir a los efectos perversos del poder, considera necesaria “una gran dosis de ética pública”.

Los indignados reclaman cuestiones más materiales: la supresión de los privilegios en el pago de los impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones; la equiparación del sueldo de los representantes del pueblo al salario medio español, más las dietas necesarias para el ejercicio de sus funciones.

“La ciudadanía pide más transparencia en sus ingresos, pero a veces ignoramos que los salarios están publicados y son accesibles para cualquiera”, apunta Xavier Coller. Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que sería oportuno poner al día, y “ajustar a la sociedad” los salarios de los políticos. ¿Es mucho o es poco lo que cobran? Depende. Si se compara el sueldo de un diputado español con el de un europarlamentario (con su lluvia de dietas, viajes en preferente y tropa de ayudantes) o con sus colegas del entorno comunitario parecería casi un pobre. La comparación con directivos del sector privado sería más desfavorable.

Los diputados rasos tenía el año pasado un sueldo de 3.100 euros mensuales, a los que suman 870 o 1.800 si viven fuera de Madrid. En Francia, el salario base ronda los 7.000, a los que se añaden otros 6.000 para gastos. En Italia supera los 10.000, en Alemania roza los 8.000 y en Reino Unido los miembros de la Cámara de los Comunes perciben una nómina fija de unos 6.000 y cuentan con asignaciones que pueden ser 20 veces superiores para contratar asistentes de la circunscripción. A la hora de hacer comparaciones conviene tener en cuenta que en Alemania, por ejemplo, el salario medio es de 42.400 euros anuales y en España es de 23.200.

El Movimiento 15-M se ha rebelado contra los salarios y también contra el modelo de pensiones de los parlamentarios. Se han hecho eco de la idea machaconamente repetida de que con siete años en el escaño sus señorías pueden cobrar la pensión máxima. Pero los parlamentarios se han apresurado a matizar. Solo cuando un diputado, cumplidos los 65, no alcanza la pensión máxima, el Congreso la complementa siempre que haya ocupado el escaño durante ocho años. En tres décadas de democracia apenas 81 de los 3.700 legisladores han utilizado este recurso.

Joan Subirats tiene claro que los políticos deberían tener un regimen de pensiones idéntico al del resto de los trabajadores —“y derecho a paro” —, no deberían viajar en bussines ni estar exentos de la justicia ordinaria por su condición de aforados.

Solo 81 de 3.700 parlamentarios se acogieron a la pensión máxima
Más allá de estos privilegios, el problema no es el sueldo de Zapatero o que tenga coche oficial. Los expertos perciben que lo inquietante es que alcaldes de pequeños Ayuntamientos tengan una nómina superior a la del presidente del Gobierno y estén rodeados de una corte de asesores. “La actividad pública debe estar bien pagada. Los dirigentes tienen que tener un estatus social y una remuneración económica a la altura de lo que representan. Hace falta ética pública para que esto funcione de otra manera y cultivar una mentalidad diferente. Demostrar que los representantes del pueblo no tienen nada que ocultar y que no están en la vida publica para enriquecerse”, sostiene el politólogo Ángel Valencia al tiempo que reclama transparencia y rendición de cuentas.

“Sociedades civiles más fuertes controlan mejor a sus políticos”
En al menos algunas de estas reivindicaciones, los políticos parecen haber recogido el guante. Los diputados quieren arrojar luz sobre sus cuentas, su patrimonio y sus actividades extra. Llueven las iniciativas para regular las remuneraciones, el regimen de incompatibilidades y los derechos de los parlamentarios. El PSOE propone publicar con todo detalle sus bienes y los de sus familias, el PP solicita que el régimen de pensiones sea el mismo que el del resto de los ciudadanos, e IU se decanta por endurecer el regimen de incompatibilidades.

La negativa percepción de los ciudadanos sobre la clase política no es del todo compartida por los expertos. El catedrático Xavier Coller distingue entre dos tipos de políticos: los de designación y los de representación. Estos últimos (diputados, senadores, alcaldes, concejales) tienen menos prerrogativas que los primeros (ministros, consejeros, asesores, altos funcionarios). “Los privilegios van adheridos al cargo. Otra cosa es que tengan cierta información de la que carece el ciudadano común”, advierte. Si esta información es relativa a una recalificación de terrenos, el privilegio puede dejar de serlo para convertirse en un delito. Manejar información privilegiada le costó por ejemplo, el cargo, al exgobernador del Banco de España Mariano Rubio.

Los parlamentarios no pueden acceder al paro porque no cotizan, de manera que reciben una indemnización de un mes por año en el escaño, con un máximo de 24 meses. El resto de trabajadores reciben 20 días por año, según la última reforma laboral. Algunos grupos se han apresurado a proponer que esta indemnización la perciban solo los parlamentarios que se queden en el paro.

Otro de los aspectos a debate es el régimen de incompatibilidades. Algunos grupos son partidarios de endurecerlas y no faltan quienes reclaman plena dedicación a los parlamentarios.

“Aquí hay una zona de grises que puede ser percibida por la ciudadanía como la utilización de ciertos privilegios”, previene Collar, consciente de que los parlamentarios pueden utilizar información para beneficiar a las personas que acuden a los bufetes de abogados en los que colaboran. “A no ser que se endurezca el regimen de incompatibilidades, es algo muy difícil de regular”, añade.

En el fondo del debate sobre los salarios de las clases dirigentes late el meollo de la cuestión: ¿El trabajo que hacen justifica su sueldo? Los sistemas anglosajones, como apunta Subirats, generan mayor control sobre el absentismo. El parlamentario es el representante de un territorio concreto “y tiene que currárselo”. “Sociedades civiles más fuertes que la nuestra, como es el caso del Reino Unido, controlan de manera más eficiente a los políticos. La representación es más personalizada”. Allí, los diputados trabajan de lunes a jueves en el Parlamento y el viernes y el sábado se dedican a su circunscripción. “En Estados Unidos los lobbys están permanentemente elaborando estadísticas de lo que votan congresistas y senadores. Son un mecanismo de control de la ciudadanía”

Controles a los que no son ajenos los expresidentes del Gobierno. José María Aznar y Felipe González perciben sus correspondientes pensiones (80.000 euros) y han sido fichados, respectivamente, como asesores por Endesa (un puesto remunerado con unos 200.000 euros) y Gas Natural (alrededor de 126.000). En este punto, catedrático Ángel Valencia se muestra indulgente. “Son figuras muy importantes y es evidente que deben tener coche oficial, escolta y pensión. Han sido personajes públicos y seguirán siéndolo toda la vida. Hay que exigirles una conducta y ética pública pero es lógico que impartan conferencia y que las cobren más caras que las que imparte un profesor de universidad”.

En este camino hacia la regeneración de las instituciones democráticas, el mejor ejercicio de control y transparencia de los políticos es, según Subirats, las iniciativas legislativas populares. Un instrumento del que no se ha hecho uso durante la democracia.

Listas abiertas... o limpias

¿Cómo castigar a un político corrupto? Lo obvio es no votarle. Pero los partidos no dan opción a tachar su nombre. ¿Acabarían con el problema las listas abiertas? “Los partidos y las cúpulas dirigentes difícilmente aceptarían un sistema así. Los comités de listas tienen el poder de seleccionar a los candidatos y no parece probable que renuncien a ese poder”, dice el sociólogo Xavier Coller.
Cambiar el sistema electoral presenta infranqueables resistencias por razones estructurales y estratégicas. Además, un cambio sustancial, como la puesta en marcha de listas abiertas, probablemente no sería la receta más adecuada ni introduciría factores de libertad para elegir a los candidatos más eficientes. “No es una solución mágica”, explica el catedrático Ángel Valencia, para quien las listas abiertas “no introducen una mejora sustantiva en la democracia que tenemos”. El sistema de listas abiertas se emplea ya en el Senado. Otra cosa son las listas desbloqueadas, que permiten cambiar el orden de los candidatos.
En las elecciones municipales y autonómicas del 22-M, los imputados han plagado las candidaturas. Llamativo es el caso del PP valenciano, que incluyó en sus listas varios imputados e implicados en casos de corrupción. El electorado volvió la vista hacia otro lado. El PP revalidó su victoria. Desde una perspectiva legal, un imputado no es un condenado. Por eso el debate, como expone el catedrático Joan Subirats, es más político que jurídico. “Por limpieza democrática, sería deseable que los políticos trabajaran en esa línea. Aunque cada caso es diferente”. Que se lo pregunten al socialista Demetrio Madrid, que dimitió como presidente de Castilla y León en 1986 tras ser procesado por un supuesto fraude comercial y del que fue absuelto en 1990.

* El País - Opinión - 22.06.11

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