Y un día miramos a los ríos

ELPAÍS/Reportaje* : Los ríos no funcionan solos. Y no entienden de fronteras territoriales. Más allá de transportar agua, son corredores biológicos y espacios naturales para la educación, zonas lúdicas y fuentes de fertilidad agrícola. Es cierto que nacen en las cumbres y mueren en otros ríos o en el mar, pero no corren libremente. Un ejército de instituciones -desde comunidades de regantes hasta empresas o asociaciones de protección para el medio ambiente, capitaneados por las confederaciones hidrográficas los vigila, los regula, los amplía y, a veces, los acerca a los ciudadanos. Esto último es lo que viene sucediendo en los últimos años. En España hemos vuelto al río. "El modelo clásico de encorsetamiento del río sigue vigente. Pero la sociedad demanda los valores de la biodiversidad. Por eso surge una nueva oportunidad para dar más espacio a los ríos", explica Alberto Fernández Lop, biólogo del programa de agua y agricultura de la organización ecologista WWF España.
Y así es. El tramo urbano de muchos ríos ha dejado de mirarse con temor a crecidas e inundaciones y se ha convertido en el inesperado pulmón verde de numerosas ciudades españolas.

Este verano, los madrileños disfrutan de ocho kilómetros de parques y jardines junto al antaño raquítico Manzanares. El salón de 35.000 pinos salpicado de juegos, bancos y playas artificiales constituye una obra faraónica, sin precedentes en el mundo. Cerca de 60.000 ciudadanos lo utilizan a diario para pasear, tomar el fresco, jugar a fútbol, ir en bicicleta o mojarse los pies. Pero el nuevo parque no es un reclamo arquitectónico. Ni es un monumento, ni tiene imagen de postal. El trabajo que han firmado los arquitectos de MRío (un colectivo formado por los estudios Burgos & Garrido, Porras & La Casta, y Rubio & Álvarez-Sala), con la colaboración de los paisajistas holandeses West 8, es el proyecto que más ha cambiado Madrid desde que, en 1974, se levantara la circunvalación de la M-30, facilitando la vida de los coches, pero estrangulando la ciudad. Ese cinturón se ha cubierto en parte y hoy un parque de 110 hectáreas (50 directamente sobre su techo) ocupa su lugar. La ciudad que dibujan esas dos decisiones -construir la autovía o cubrirla no puede ser más opuesta.

En plena resaca de la arquitectura espectáculo, el colectivo MRío venció en el concurso a galácticos internacionales como Kazuyo Sejima o Herzog & De Meuron. Lo logró con un proyecto callado. "No es un símbolo. Es un cacho de ciudad", explica el arquitecto Fernando Porras caminando por una de las riberas. Y así es. Decisiones tan lógicas como conectar peatonalmente el centro urbano con la Casa de Campo o sembrar pinos con raíces de crecimiento lateral para arraigarlos en un sustrato de solo un metro de profundidad hicieron posible un jardín que esconde los más de 200.000 vehículos que circulan por la M-30 a diario, ahora parcialmente engullida por los túneles. Sobre ellos crece un nuevo Retiro.

Porras cuenta que todo empezó con una excursión siguiendo el curso del Manzanares. Del Ventisquero de la Condesa, en la sierra de Guadarrama, hasta el Jarama, donde muere, salieron todas las ideas del nuevo jardín urbano. La de un río que une, la de cada una de las especies de los 460.000 arbustos que contribuyen a la humedad y el aroma del nuevo parque. También salió de esa excursión la decisión de trabajar con el granito, como en la reserva granítica de La Pedriza. "La idea de sanear las márgenes de los ríos es artificial. Los ríos tienen su propia regulación y funcionan moviendo sedimentos y ocupando llanuras aluviales", explica Fernández Lop. El arquitecto Ginés Garrido, por su parte, asegura que eso es precisamente lo que buscaron en Madrid: construir una naturaleza artificial con la máxima naturalidad posible. Hoy la conexión de dos barrios históricamente separados ha sepultado los gases y los ruidos de los vehículos. Los vecinos de Usera y Arganzuela, que durante décadas se veían por encima de la carretera, pueden por fin hablar.

En Zaragoza sucedió algo parecido. Durante la construcción de los pabellones para la Exposición Universal de 2008, un obrero rumano bajó al Ebro a lavarse las manos. Un grupo de arquitectos y trabajadores locales lo contemplaban estupefactos. El obrero hizo lo lógico, aprovechar el río, acercarse a la orilla. "Pero nadie lo hacía", cuenta el arquitecto Santiago Carroquino. Se habían olvidado de que un río puede ser algo más que un problema. Atravesamos una pasarela que salva la desembocadura del Huerva, el afluente que atraviesa Zaragoza oculto bajo el asfalto. La idearon Antonio Lorén y Raimundo Bambó cuando rediseñaron esa parte de la ribera urbana del Ebro. Hoy es habitual que ciclistas y paseantes se queden allí parados, contemplando la nueva topografía, una invención artificial para recuperar la naturaleza vegetal de las riberas. Un poco más abajo, los arquitectos Iñaki Alday y Margarita Jover recuperaron el meandro de Ranillas y levantaron el Parque del Agua sobre 125 hectáreas. La idea de recobrar las márgenes se potenció en la Expo de 2008, dedicada al agua, pero es más antigua. "Formaba parte de la primera campaña electoral de Belloch en 1999", comenta Alday, que recuerda que el río más caudaloso de España barrió a los romanos y tiene una historia agresiva. De estiaje a aguas altas hay una diferencia enorme. "Por eso Zaragoza creció seis metros por encima del cauce", cuenta. Hoy el caudal está más regulado y la ciudad ha recuperado las márgenes con nuevos parques. La clave ha sido convertir la zona de crecidas en espacio natural de uso público el resto de los días del año, darle ese doble uso. "La gente está muy orgullosa. La identidad de la ciudad se ha reforzado con el río. Hoy es una referencia cuando antes era una trasera: un lugar para las graveras y los encuentros furtivos. La gente iba a los puentes a ver el espectáculo de las crecidas, pero, por lo demás, le daba la espalda al Ebro", explica el arquitecto. Tras siglos de temor a las inundaciones, la clave de la recuperación de las riberas del Ebro fue perder ese miedo a las crecidas y deshacer la barrera que levantaba entre las dos partes de la ciudad. Iniciar su reconquista era cambiar Zaragoza. Pero ¿qué hizo posible perder el miedo a los ríos? ¿Por qué ahora?

Fue una inundación, la última gran riada del siglo pasado, la que llevó al Ayuntamiento de Lleida a preguntarse qué hacer con el Segre, un río que la noche del 7 de noviembre de 1982 pasó a ser, durante 24 horas, tan caudaloso como el Danubio. Tras vivir dos días desalojados de sus casas, vecinos y ediles trazaron un plan. Ordenaron la margen izquierda con un parque lineal, que rodea el río a su paso por el centro urbano. Con el tiempo, los jardines se han extendido. Al noreste, aprovechando una mediana de tierra entre dos brazos de agua, surgió el parque de la Mitjana, una reserva natural de 90 hectáreas donde los ciudadanos pasean, hacen pic-nic, participan en deportes fluviales o aprenden a conocer mejor la naturaleza. El éxito de las rutas en ese parque ha llevado al Consistorio a construir un Eco-Museo del Agua.

"Las actividades compatibles con las avenidas de los ríos son el uso recreativo y el deporte", cuenta Fernández Lop. Sin embargo, matiza que la rectificación de los cauces aumenta la velocidad del agua, incrementando los riesgos de inundación aguas abajo. El arquitecto Iñaki Alday está de acuerdo en que el río laminado a capas corre más lento, y encajonado, desgasta la cuenca y rompe cuanto encuentra, pero asegura que esta discusión entre biólogos e ingenieros "hace 10 años hubiera sido impensable". Sabe de qué habla. Suyo fue el proyecto pionero de la recuperación de las riberas del Gállego a su paso por Zuera, a 25 kilómetros de Zaragoza. Alday había hecho una plaza de toros como proyecto de final de carrera y se fue a ver al alcalde de ese pueblo. Corría el año 1995, y consiguió que le encargaran un coso a orillas del río. Sin embargo, sobre el terreno, cambió los toros por la recuperación de las riberas. Hoy su parque, capaz de hacer convivir ocio con inundaciones puntuales, se estudia en las escuelas de arquitectura de Holanda y Estados Unidos.

"Las crecidas son predecibles y puntuales. No suponen riesgo para los visitantes de los ríos, pero sí para los que se atreven a construir y obstaculizar las zonas inundables. En la mente de todos está la tragedia del cámping de Biescas", recuerda Fernández Lop. En parte, la rectificación de ese urbanismo ciego y depredador es lo que ha llevado nueva vida a las riberas. Arquitectos y políticos están de acuerdo en que la sociedad lo demandaba. José Luis Infanzón es arquitecto con cargo político. Como subdirector general de proyectos singulares del Ayuntamiento de Madrid, coordinó los ingentes trabajos del Manzanares. Sostiene que "la idea de una ciudad habitable tiene que ver con el reencuentro de los ciudadanos con su espacio público". Y recuerda que los ríos poseen un valor estructural: acercarse a sus márgenes implica llegar a los espacios que conectan esas márgenes. Conexión. Esa es la clave en el proyecto madrileño que permite caminar desde la Casa de Campo, en el norte, hasta el parque del Manzanares, diseñado por Ricardo Bofill, en el sur.

Está claro que ciudades y ciudadanos ganan con los nuevos parques fluviales, pero ¿ganan también los ríos? Desde WWF alertan de que recuperar algunas riberas puede suponer la destrucción completa del ecosistema fluvial, no su resurrección. "Si se cementa o adoquina sobre tierra fértil, se cambia irreversiblemente el río. Entendemos la dificultad de recuperar la naturalidad de los ríos dentro de los cascos urbanos, pero esto no debe servir de modelo para ciudades en las que aún no se ha ocupado el cauce con construcciones ni para futuros crecimientos urbanísticos, que deberían dejar suficiente espacio al río". El biólogo Fernández Lop cree que el ocio puede ser compatible con la conservación, pero si se hace mal, "las personas ganan poco y los ríos pierden mucho".

Tratando de hacerlo bien, Eduardo Alvarado Corrales, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, habla de "dar al río lo que es del río", evitando la invasión de las márgenes por edificaciones. Cuenta el caso de Mérida. Allí se estimó que la forma de evitar presiones urbanísticas junto al Guadiana era convertir las márgenes en jardines. El río se convierte así en un elemento que contribuye a la convivencia y la relación social, enterrando el tiempo en que era rechazado y generaba inseguridad.

Es cierto que en Mérida el Guadiana respira junto a las más de 73 hectáreas revegetadas y recuperadas en sus riberas. Donde hubo escombreras y deforestación hoy hay prados y siete parques. La idea era recuperar la relación ciudad-río, pero también consolidar el saneamiento de las márgenes. Así, la isla de Mérida contiene campos de fútbol públicos, pero son de tierra. No se ha sembrado césped para mantener el aspecto original de la isla. Hay dos playas artificiales construidas con tres espigones de escollera, pero los senderos, nítidos junto al centro urbano, se desdibujan a medida que el parque se aleja de la ciudad. Sin barreras ni obstáculos, parece que por fin las orillas quieren ser como los propios ríos: fluidas, sin fronteras.

Alvarado insiste en que en Mérida la idea era acercar al ciudadano y alejar la presión urbanística. Pero ha sido la eliminación de obstáculos lo que permitiría asumir cualquier tipo de avenida. En el lluvioso invierno de 2010, las crecidas lo pusieron a prueba. Y funcionó.

Con todo, por su magnitud y su celeridad, el proyecto que ha dado el campanazo en la historia de los cauces y las riberas españolas ha sido el de un río pequeño: la colosal reconversión del Manzanares a su paso por Madrid no tiene precedentes. Porras Isla asegura que "parece asiático". Entre las cifras extraordinarias que maneja, llama la atención la del tiempo: cinco años. ¿Por qué tanta prisa? Una obra equivalente en la ciudad de Boston, el Big Dig, lleva más de 20 años en marcha y todavía no ha sido concluida. "Las obras se han hecho deprisa, como demandan los ciudadanos, no con prisas", matiza José María Ortega, director de gestión de proyectos del Ayuntamiento de Madrid. Infanzón asegura que "detrás de estos objetivos hay más un modelo de ciudad que un puntual intento por recuperar las riberas de un río". Y es cierto que ese consistorio ha demostrado que se pueden concluir grandes actuaciones públicas en plazos que parecían imposibles.

La pregunta entonces es a qué precio. ¿Cuánto ha costado? Y ¿quién lo pagará? Si en Mérida han sido las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Comisión Europea las que financiaron la transformación del Guadiana, en Madrid ha sido el Consistorio quien ha corrido con los gastos. De los 370 millones de euros que oficialmente ha costado, "los aportes del Estado o de la UE no suman ni el 6%", explica Ortega. El dinero pagó la urbanización de 110 hectáreas, pero también un complejo sistema hidráulico para su riego con agua regenerada, los árboles y las pasarelas peatonales, la recuperación de los puentes históricos, los equipamientos deportivos y la reurbanización de las calles adyacentes. Está claro que el cambio en el Manzanares excede el río, pero también es cierto que un parque no es una fuente de ingresos como el Guggenheim de Bilbao. Con ese museo, el Consistorio bilbaíno recuperó una abrumadora inversión en apenas dos años. ¿Cómo y cuándo saneará sus cuentas el alcalde Gallardón?

Ortega alude a la rentabilidad social de los proyectos públicos, pero también defiende económicamente el proyecto como una inversión "muy rentable": "Madrid Río mejora la competitividad de la ciudad en la oferta turística. Se han abierto negocios de alquiler de bicicletas, se han renovado establecimientos de hostelería cercanos, y están comenzando a implantarse cafés y quioscos en el parque". Asegura que el proyecto no solo ha creado empleo durante su ejecución, sino que lo hará durante años.

Desde hace poco, las confederaciones hidrográficas apuestan por la participación ciudadana. Incluyen otras voces en la toma de decisiones. En el Guadiana, Alvarado y su equipo escucharon a los representantes de Patrimonio, pero también a los del club de piragüismo, las asociaciones de pescadores o las de vecinos: "Se trataba de hacer algo sostenible en todos los sentidos. Necesitaba ser vivido por el conjunto de la población", explica. También José Luis Infanzón cuenta que en Madrid se recibieron más de 3.000 alegaciones. Se abrió una oficina de atención al ciudadano en la propia obra y muchas sugerencias se incorporaron al proyecto. La playa, que ocupa la margen izquierda del río en el parque de la Arganzuela, surgió de un concurso en los colegios de Madrid. Una niña propuso: "Una playa con juegos rodeada de un parque".

Hay niños jugando en esa playa. La atraviesan en bicicleta. Corren entre los surtidores tratando de esquivar el agua. Cuando se mojan, gritan y se ríen. Hay abuelos y padres, deportistas y amas de casa. Parece que todos caben. Con tirolinas y toboganes gigantes, hoy hay un parque de aventuras gratuito en la antigua vergüenza de la ciudad. El jardín está diseñado como si alguien lo hubiera recorrido mil veces caminando y anotando ideas: columpios colgando del viaducto norte en el puente de Toledo y un círculo naranja para destacar, con ironía, la apropiación de ese elemento. Hay parterres de bierzo junto a la ermita de la Virgen del Puerto para rendir homenaje al barroco de su autor, Pedro de Ribera. Detalles minuciosos y visión de conjunto: solo granito -molido, roto o en grandes bloques- para ordenar el territorio. "Hicimos más de 90 proyectos y dibujamos metro a metro cada uno", explica Ginés Garrido. Y es cierto que miles de dibujos definen al centímetro las 110 hectáreas del proyecto. Los planos son casi borgianos, tan detallados que, de desplegarse, podrían terminar ocupando la misma cantidad de territorio que describen. Durante la obra, jubilados expectantes golpeaban las verjas con sus bastones para hacer preguntas. Luego, tras cinco años de ruidos insufribles, comenzó el espectáculo de ver crecer el puente-tirabuzón de Dominique Perrault, el único icono de la intervención.

"Huir de la arquitectura espectáculo refleja la voluntad de construir un modelo de ciudad más que un escaparate. Madrid Río quiso retejer una trama urbana que había sido rasgada por la presencia de una obsoleta infraestructura de los años setenta", explica Infanzón. La historia del urbanismo de los últimos años demuestra que una vez que una ciudad emprende el camino de recuperar espacio público para el peatón y para medios de transporte como la bicicleta, ese camino no tiene vuelta atrás. Se convierte en demanda social. Infanzón habla de "hacer del silencio un elemento expresivo del diseño". Su idea para mejorar Madrid pasa por limpiar, unir, reparar. El Manzanares marca el modelo. Pero la idea de recuperar y conectar se extiende por toda España.

En Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Enric Batlle y Joan Roig han cosido junto al cauce del río una red de caminos preexistentes, senderos que, como el río, desembocan en el Mediterráneo. Córdoba, por su parte, confió su apuesta para la capitalidad cultural europea de 2016 a actuaciones en torno al Guadalquivir. Y el plan para transformar el río en un bulevar cultural ganó el premio europeo Pays Med. También en Pamplona, en el meandro de Aranzadi, la intervención de Alday y Jover salvará la huerta donde se inició el cultivo ecológico en España y dará un paso más. Ya no solo despejará las orillas para disfrutarlas como parques y prever las crecidas. Habrá más usos compatibles con la buena vida del río. ¿Puede un río cambiar la vida en una ciudad? El arquitecto Fernando Porras asegura que "de manera irreversible, se está fraguando una radical metamorfosis, sin precedentes para la ciudad de Madrid". Él habla de contagio y de "efecto resonancia". Son los nuevos valores de estas actuaciones radicales, pero discretas, que emplean la vegetación como principal material de construcción los que pueden dibujar ciudades más habitables para el siglo XXI.


* El País - ANATXU ZABALBEASCOA 03/07/2011
Foto: Madrid, ribera_Manzanares (archivo) - G.Lejarcegi (ELPAIS.com)

.................................... Leer más...

Una pantalla 'verde' bloquea la dación en pago en el Congreso

PÚBLICO* : Una pantalla verde con sede en Valencia, Los Verdes Ecopacifistas, vinculados a varios promotores inmobiliarios, ha bloqueado la llegada al Congreso de una de las iniciativas emblemáticas del Movimiento 15-M y, a su vez, la más temida por los partidos mayoritarios y la banca: la dación en pago, es decir, que la entrega del piso salde la deuda de la hipoteca.
El pasado 11 de marzo, este partido de apenas 300 militantes, que ha trabado varias alianzas electorales con la derecha como Unió Valenciana y sin infraestructura para recoger las 500.000 firmas que exige la ley, registró en el Congreso y en los 17 parlamentos autonómicos escritos para abrir formalmente el proceso de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.
El efecto práctico, sin embargo, es el inverso: impide que lleguen al Congreso iniciativas preparadas desde hace meses por las principales organizaciones sociales. Salvo que la Mesa del Congreso se muestre flexible lo que, hasta ahora, no ha sucedido, hasta el próximo marzo, sólo Los Verdes Ecopacifistas pueden recoger firmas al respecto, con lo que son prácticamente nulas las posibilidades de que la iniciativa llegue al Congreso.

El proceso de recogida de firmas tiene una gran dificultad técnica y no sólo por la gran cantidad que se exigen: está supervisado por la Junta Electoral y requiere una fotocopia del DNI de todos los firmantes. No basta con firmar un papel. Sólo plataformas con organizaciones de gran implantación social tienen capacidad para recoger 500.000 firmas en nueve meses.

Además, pese a que ya han pasado más de tres meses desde que recibieron el visto bueno, Los Verdes Ecopacifistas ni han anunciado públicamente su campaña ni se han puesto aún a recoger los apoyos, según reconoce a Público su vicepresidente y portavoz, Alejandro Escribano, directivo de dos promotoras inmobiliarias (Vega de la Selva y Sibana) y, en el pasado, de otras empresas familiares también vinculadas al sector: Graesa, Ucros y Jardines de Torrente.

La petición para que la fórmula de la dación en pago, que funciona en varios estados de EEUU, se debata en el pleno del Congreso ha sido formulada reiteradamente por la izquierda minoritaria con el apoyo, en ocasiones, de CiU y siempre se ha encontrado con el muro en contra del PP y el PSOE. La última vez, el pasado jueves, en las resoluciones del debate de política general, que introdujeron algunas medidas de alivio para los que no pueden pagar la hipoteca, pero volvieron a cerrar la puerta a la dación en pago.

Ante esta situación de bloqueo, las principales organizaciones partidarias de esta opción empezaron a prepararla campaña de ILP el pasado noviembre. La plataforma cuenta con millones de afiliados: incluye, entre otros, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, CCOO, UGT, la Organización de Consumidores y las federaciones de asociaciones de vecinos de toda España.

A finales de enero, la campaña ganó notoriedad tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra respaldando un auto favorable a la dación en pago. Y entonces se anunció que la ILP estaría lista para finales de marzo.

La sentencia, pionera, encendió todas las alarmas del sector financiero. La agencia de rating Fitch advirtió de inmediato: "Fitch espera que la apelación del prestamista anulará la sentencia inicial. Sin embargo, si la apelación fracasa, daría lugar a un importante precedente material que potencialmente forzaría a Fitch a revisar sus actualesvaloraciones del mercado".

Advertencia de la patronal
El presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, escribió el 7 de marzo una misiva a Economía mostrando preocupación por la sentencia y las "iniciativas que, de confirmarse, pondrían en cuestión el principio de seguridad jurídica y tendrían un impacto muy negativo".

Martín citaba en su carta la nota de Fitch y, en la cuenta atrás de la presentación de la ILP de los movimientos sociales, advirtió de que "la limitación de la responsabilidad del deudor repercutiría gravemente en la solvencia de las entidades de crédito".

La semana siguiente, el día 11, el abogado Alejandro Escribano, dirigente de Los Verdes Ecopacifistas, registraba en el Congreso una petición para impulsar una ILP "sobre el establecimiento de la dación en pago". El partido no hizo ni siquiera una nota anunciándolo y el pasado viernes no había aún ninguna mención al respecto en su página web. Ni de esta petición de ILP, ni de las 17 que presentó simultáneamente en todas las comunidades autónomas y que, salvo en Euskadi, ya han sido desestimadas al ser la reforma de la Ley Hipotecaria competencia del Congreso.

Inadmisión a trámite
El día 30 de marzo se registró finalmente la tan anunciada ILP impulsada por las organizaciones sociales y se presentó públicamente con gran expectación y el apoyo expreso de la izquierda minoritaria. Pero, el 26 de abril, la Mesa la desestimó: al haber ya una iniciativa clónica supuestamente en marcha casi clandestina, no puede admitirse a trámite.

Fuentes de la campaña de las organizaciones sociales explican que, en los más de dos meses transcurridos desde entonces, no han logrado que nadie de Los Verdes Ecopacifistas responda a sus múltiples llamadas. Según estas fuentes, tras registrar su ILP, recibieron un correo electrónico de esta formación "ecopacifista" infor-mándoles de que ellos ya habían presentado una iniciativa análoga. Y se esfumaron: no contestaron emails ni llamadas durante dos meses.

El pasado viernes, un día después de que Público contactara con Escribano, Los Verdes Ecopacifistas enviaron un email a la coordinación de la campaña de los movimientos sociales invitándoles a sumar esfuerzos. "Nosotros no sabíamos que había una campaña en marcha y nuestro único objetivo es recoger las firmas", explica Escribano. El abogado añade que "varios problemas técnicos" les han impedido empezar la campaña, pero que tienen previsto iniciarla pronto. Según su versión, estos problemas han aplazado también el periodo legal de recogida de firmas, con lo que aún cuentan con nueve meses para intentar lograrlas. Es decir, tienen justo hasta marzo, cuando vence la legislatura.

Si los comicios se adelantaran o Los Verdes Ecopacifistas lograran la prórroga de tres meses que prevé la ley si se alegan "circunstancias excepcionales" como la convocatoria de elecciones, el bloqueo se prolongaría incluso durante toda la próxima legislatura porque este tipo de iniciativas no decaen. En tal caso, la plataforma debería esperar al menos hasta 2017.

Los Verdes Ecopacifistas es un partido que siempre ha sido considerado "oscuro" por la mayoría de organizaciones ecologistas (ver artículo en la página 3). Pero, según su portavoz, el hecho de que varios de sus dirigentes sean promotores inmobiliarios no debería causar suspicacias sobre sus intenciones con la ILP de la dación en pago.

"Una cosa es la empresa y la otra la militancia ecologista; son ámbitos que no tienen nada que ver", subraya Escribano, que fue cabeza de lista en Valencia en las últimas elecciones municipales.

Familia de promotores
Escribano es hijo de Alejandro Escribano Vidal, un promotor inmobiliario importante en el desarrollismo del tardofranquismo en Valencia, según varios urbanistas consultados. El propio Escribano Vidal fue candidato del partido el 22-Men el pequeño municipio de Almohaja (Teruel), aunque no reunió ni un solo voto.

El consejo en pleno de las varias empresas familiares que se dedican a la promoción inmobiliaria fueron candidatos de Los Verdes Ecopacifistas el 22-M: Marcelo Escribano Sanmartín administrador de ocho sociedades relacionadas con la promoción inmobiliaria fue el número dos en Alcalá de la Selva (Teruel), donde la familia tiene negocios inmobiliarios y un enfrentamiento con el Ayuntamiento, del PSOE.

Y Josefa Sanmartín, que ha participado en consejos de tres de estas empresas, fue candidata en otro pequeño pueblo de Teruel: La Zoma.

La familia Escribano-Sanmartín, alma máter de Los Verdes Ecopacifistas, que dice contar con 300 militantes en toda España, tiene, además, una vinculación importante con el urbanismo en Valencia: el redactor del Plan General de Ordenación de Urbanismo (PGOU) de la ciudad, llamado también Alejandro Escribano, es primo del portavoz del partido y de varios de sus candidatos y, por tanto, sobrino del patriarca de las empresas y también candidato.

El PGOU se redactó en 1988 con alcalde socialista, pero, tras la victoria del PP, su autor se convirtió en uno de los arquitectos de referencia de este partido, cuya Administración ha encargado a su despacho privado dictámenes avalando algunos de los proyectos más polémicos, como el de la reforma del Cabanyal, entreotros. El arquitecto es, desde hace años, una de las bichas del movimiento ecologista en el País Valencià.

"Mi primo no tiene nada que ver con la ILP sobre la dación en pago, pero estoy seguro de que también querrá firmar", remacha el portavoz de Los Verdes Ecopacifistas.

El partido tiene otros dirigentes relacionados con el negocio inmobiliario. Su fundador y presidente, Abelardo Lloret, constituyó en 1996 la empresa Banco Datos Inmuebles SL, cuyo objeto social son las actividades inmobiliarias y que se mantuvo en su órbita familiar hasta 2008. Otro de los miembros de su reducida cúpula, Juan Costa, fue hasta 2009 apoderado de InmoBrusselen SL, del mismo sector.

Fuentes de la Mesa del Congreso explican que la ley que regula las ILP no deja rendijas interpretativas que permitan aceptar a trámite la iniciativa promovida por las organizaciones sociales porque se registró primero la de Los Verdes Ecopacifistas. Y en la misma legislatura no es posible tratar dos veces un mismo tema.

Los movimientos sociales que la impulsan han presentado otra propuesta, menos directa, pero el 21 de junio recibieron la respuesta por escrito. La firmaba el propio presidente de la Cámara, José Bono: "No".


* Público - PERE RUSIÑOL Madrid 03/07/2011
Foto: Imagen de una de las concentraciones para evitar un desahucio de un matrimonio y su hija en Tetuán (Madrid).- publico

.................................... Leer más...

Aumentan un 16% los delitos de urbanismo en Barcelona en 2010

EUROPAPRESS* : Los delitos urbanísticos han aumentado un 16% en la provincia de Barcelona, pasando de 62 en 2009 a 74 en 2010, según la Memoria de Delitos de Medio Ambiente y Urbanísticos de 2010 presentada este jueves por el fiscal Antoni Pelegrín. Así, en 2010 se abrieron 72 diligencias de investigación por delitos de ordenación del territorio y urbanismo, y dos por delitos contra el patrimonio histórico, y se dictaron dos sentencias condenatorias.
En la memoria se destaca el aumento de colaboración con la Conselleria de Obras Públicas, en concreto con la Dirección General de Urbanismo, después de las quejas de Fiscalía asegurando que no colaboraban lo suficiente ante las peticiones de informes. El fiscal ha reconocido que las relaciones se han agilizado y han mejorado mucho tras una reunión en verano de 2010, de modo que hasta este momento los informes solicitados se han obtenido "con notable prontitud". Además, Pelegrín ha explicado que Fiscalía se ha encontrado con que, en muchos casos de delitos urbanísticos, los ayuntamientos no habían abierto expedientes o los abren en el mismo momento en el que se inicia la investigación judicial, por lo que a partir de ahora los responsables municipales podrán ser imputados en caso de que omitan las inspecciones.

De esta forma, según el fiscal, los ayuntamientos se verán obligados a abrir investigaciones.

Finalmente, la memoria destaca como caso especial el proceso abierto contra el ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, por delitos urbanísticos, de tráfico de influencias y de apropiación indebida en la recalificación de unos terrenos próximos al Palau para construir un hotel de lujo.

El fiscal recuerda que este proceso supuso la entrada en prisión de los dos acusados "durante el tiempo necesario para la práctica de las diligencias judiciales" pertinentes, que más tarde motivaron la ampliación de la querella de Fiscalía y la imputación de responsables municipales.


* Europa Press - 30.06.11
Foto: Barcelona, esquina Palau Musica - elperiodico

.................................... Leer más...

El edil de Calp que negoció el soborno de la basura compró 17 inmuebles por 2,2 millones

LEVANTE/Alicante* : El frenético movimiento en las cuentas del ya exconcejal del PP de Calp, Juan Roselló, y de su esposa ha llamado la atención de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que sospecha que el matrimonio amasó "todo o parte" de su considerable patrimonio inmobiliario con los "beneficios ilícitos" del supuesto soborno del contrato de la basura.
En doce años, desde enero de 1998 a octubre de 2010, el movimiento de dinero de Roselló es constante. El edil y su mujer adquirieron 17 inmuebles por un valor total de 2.272.434 euros. El inicio de esa fiebre por comprar adosados y fincas coincide en el tiempo con el supuesto pago de las primeras comisiones por parte de Ángel Fenoll, el propietario de Colsur que, según el sumario de la pieza de Calp del caso Brugal, pactó con el cuñado del propio Roselló, Francisco Artacho, un soborno de 600.000 euros a repartir entre los ediles del PP y los técnicos municipales que le facilitaron la contrata de la basura. Además, el patrimonio del edil aumenta a medida que la planta de transferencias de residuos, que gestiona Colsur, funciona. Según la investigación, Fenoll iba abonando las comisiones pactadas con el pico que sacaba del fraude en el pesaje de la basura.

Roselló y su mujer, bien directamente o a través de sus tres sociedades -Viajes Romar S.A, Regacalp S.L y Explaiin Inmuebles S.L-, adquieren un total de 17 inmuebles entre fincas rusticas con chalé, adosados o locales comerciales. Además, compran seis coches. El desembolso total es de 3,5 millones de euros. Ese trasiego económico se refleja en fuertes pagos en efectivo y en las diez hipotecas que llega a contraer el matrimonio.

Juan Roselló posee, hasta enero de 1998, dos sociedades mercantiles (Viajes Romar S.A y Regacalp S.L). Tiene firmada una hipoteca de 24.000 euros para adquirir los dos locales de sus negocios en Calp. La venta de un local comercial en 1990 le proporciona un ingreso de 120.000 euros, lo que le permite cancelar la hipoteca.
Sin embargo, en enero de 1998 -la contrata de basuras se adjudica en febrero- su patrimonio empieza a engordar. Junto a su mujer compra una finca rústica con chalé, valorado todo en 78.000 euros. Tres meses después contrae una hipoteca por 96.000 euros y en agosto, se compra un coche. En febrero del año 2000, el matrimonio adquiere de golpe cuatro adosados por 288.485 euros. Para ello, abonan 93.998 euros y el resto lo hipotecan. Unos meses después, la esposa de Roselló se compra un coche.Ese mismo año, en diciembre, adquieren una finca con chalé valorada en 54.090 euros. En marzo de 2001, Regacalp compra un local comercial por 18.241 euros, que luego sirve como moneda de pago para saldar una deuda contraída con Juan Roselló y, al final, se valora en 175.010 euros.
Los bienes del edil siguen al alza y, en el verano de 2002, Viajes Romar paga en metálico 312.526 euros por una finca en Calp. Su precio total es de 600.000 euros que se completa con dos pagarés cinco días después. En febrero de 2004 Roselló cambia otra vez de coche. En el mes de abril, su esposa compra un bungaló por 75.000 euros en la urbanización Calpe Park; suscribe en esa operación una hipoteca por 54.000 euros a diez años. En enero de 2005, adquiere una finca con chalé por 172.000 euros con hipoteca por 210.000 euros. Al mes siguiente, el matrimonio adquiere una finca con chalé por 180.000 euros con hipoteca.
La mujer compra tres meses después un apartamento por 120.000 euros con hipoteca de 90.000 euros. Al mes siguiente, en junio, la mercantil Explaiin Inmuebles adquiere una parcela con chalé por 180.000 euros con hipoteca. En 2006, la esposa de Roselló compra un garaje por 8.174 euros en la urbanización Pueblo Mar y el concejal adquiere un local comercial en el Edificio Apolo Calpe con hipoteca de 170.000 euros. Su esposa en abril se compra otro coche. Y en agosto, un trastero por 4.000 euros. En marzo de 2008, adquiere otra finca por 300.000 euros; paga 82.843 en efectivo y el resto lo hipoteca. Roselló compra en junio otro coche y suscribe a través de Viajes Romar un préstamo de 345.000 euros para reformar las instalaciones. Y después, se compra otro vehículo.
Este político calpino ha sido edil entre 1995 y 2011, así como diputado provincial. Las conversaciones entre Fenoll y Artacho que figuran en el sumario, lo sitúan en la reunión en un hotel de Alicante en la que presuntamente el empresario oriolano pactó el soborno de 600.000 euros (cien millones de pesetas). La investigación considera que el ya exedil es una de las piezas clave en la presunta trama de la basura. Está imputado por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias junto al exalcalde del PP, Javier Morató, y los exediles José Perles y Fernando Penella.


* Levante - 207.11
Foto: El exconcejal del PP de Calp, Juan Roselló - levante

.................................... Leer más...

Málaga.- La Junta remite las 27 deficiencias del PGOU

LAOPINIÓN* : De no subsanarse «supondrían la nulidad del Plan», advierte. La Consejería de Obras Públicas ha necesitado diez días para remitirle al Ayuntamiento de Málaga un informe en el que se detallan las 27 deficiencias técnicas detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y «que aún no han sido totalmente corregidas por el Consistorio», tras la reunión mantenida por técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de la Dirección General de Urbanismo el pasado día 22 de junio en Sevilla (ver La Opinión de Málaga del 23 de junio).
En aquella reunión, según los técnicos de la Junta, se detectaron correcciones mal efectuadas que afectaban al documento de subsanaciones de errores aprobado por el Ayuntamiento en abril pasado y que tendría que haber sido el documento final previo a la entrada en vigor del PGOU.
La Junta detectó entonces unas 140 deficiencias y la mayoría fueron corregidas en la misma reunión del día 23. Quedaron por subsanar otras 27, que son las que ahora les ha remitido la Consejería de Obras Públicas.

Campanillas

En el escrito entregado, la Junta se queja de que en el documento de subsanación de errores aprobado por el Ayuntamiento «no sólo no se atienden todos los requerimientos realizados, sino que, además, se introdujeron modificaciones al planeamiento», que, a juicio de la Consejería, «hubieran supuesto la nulidad del PGOU» de haberse publicado.

Por ello, asegura que «la Junta, en atención de los intereses generales y en pos de la seguridad jurídica, no puede admitir estas modificaciones, ya que supondrían una alteración entre el Plan General aprobado y el que finalmente se publique».

Entre las deficiencias más importantes a subsanar, la Junta reseña la consideración de la zona de encauzamiento del río Campanillas como suelo urbanizable, «cuando realmente es terreno no urbanizable», o la desaparición de suelos no urbanizables de protección territorial. Asimismo, añade el escrito de la Junta, «se ha comprobado que se incrementa o se disminuye la edificabilidad y se altera la superficie de algunos ámbitos».

A esto se suman las deficiencias detectadas en la ficha del antiguo Campamento Benítez, donde el plano aún no se ha corregido, de tal manera que debe figurar como un equipamiento «territorial» para parque «urbano» pero que el Ayuntamiento ha vuelto a presentarlo como parque periurbano, «sin modificarse, por tanto, la ficha», según el escrito de la Junta.

Ahora los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga trabajarán contrarreloj para tener el nuevo documento de subsanación concluido lo antes posible y remitirlo para su aprobación en un pleno extraordinario a mediados de julio. Tras ello se remitiría a Sevilla con la intención de que, una vez, supervisado por la dirección general de Urbanismo, el PGOU pueda ser remitido al Boletín Oficial de la Junta (Boja) y entrar en vigor antes de agosto.

El plazo se ve muy difícil. El propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reconoció hace unos días que, aunque «actuaremos rápidamente» los cambio reclamados por la Junta «pueden llevarnos hasta septiembre y dejarnos casi sin margen de maniobra para que el PGOU inicie su despegue este año».


* La Opinión Málaga - 37.02.11
Foto: El uso del Campamento Benitez vuelve a sembrar diferencias entre Junta y Ayuntamiento.- La Opinion

.................................... Leer más...

Las grandes inmobiliarias valencianas adeudan 2.700 millones de euros

ELPAÍS* : Las grandes inmobiliarias valencianas registraron en 2009 unas pérdidas después de impuestos de 37 millones de euros -nueve veces más que el ejercicio anterior- y una caída de las ventas superior al 25 %, al tiempo que acumularon una deuda de 2.700 millones de euros. Estas son algunas de las conclusiones del séptimo estudio anual "El sector inmobiliario a través de las 21 grandes empresas" elaborado por la consultora KPMG, que analiza su evolución a partir de las cuentas de las mayores mercantiles.
A pesar de que la caída de los principales indicadores ha sido más moderada que en 2008, en 2009 bajó por primera vez el precio medio del metro cuadrado, un 7,7 %, y se registró la cifra más baja de visados de dirección de obra y transacciones de la última década. Las mayores empresas del sector valencianas, pese a haber refinanciado su deuda, no pudieron compensar la bajada de la demanda de viviendas, de modo que la caída de la cifra de negocio de estas 21 sociedades descendió hasta los 1.067 millones, el 25 % menos que en 2008, cuando se alcanzaron los 1.422 millones de euros.

Sin embargo, los auditores de KPMG consideran que la caída real de ventas fue superior al 25 %, ya que la cifra incluye las operaciones de canje de deuda por activos, por unos 400 millones de euros. Con ello, el saneamiento de activos realizado durante los dos últimos ejercicios alcanza los 421 millones de euros, de los que 188 corresponden a existencias y 233 a escisión de sociedades participadas.

El beneficio de explotación conjunto sufre una caída del 66 % y el resultado de explotación baja desde el 15 % al 7 % como consecuencia de la caída del margen bruto provocada por la caída de las ventas y la reducción de promociones, a pesar de los ajustes en costes fijos, como el de personal, que se redujo el 24 % con la pérdida de 551 empleos.

Como datos positivos, se indica que once de las veintiuna empresas analizadas obtuvieron beneficios, diez mejoraron su resultado neto durante 2009 y que la deuda con entidades de crédito se redujo en 357 millones.

Según ha indicado el socio de KPMG Juan Latorre, las expectativas de actividad futura siguen siendo reducidas debido a la escasa demanda, el acceso al crédito o el nivel de confianza de los consumidores.

Como conclusión, el sector debe adaptar su producto a las necesidades de un mercado más exigente, generar un modelo de negocio basado en una cadena de valor eficiente y buscar una estructura organizativa coherente, que se mantenga con recursos básicos externos y externalice el resto de actividades.

"Ahora, la banca hace la competencia al sector inmobiliario y además, tiene la llave de la financiación. Es necesario que las entidades financieras identifiquen a los mejores, que definan su estrategia y empiecen a abrir el grifo", ha apuntado Latorre.

Asimismo, ha apuntado que varias de estas empresas inmobiliarias presentarán en breve concurso de acreedores por "puro agotamiento del mercado", si bien ha reconocido que esta medida en ocasiones se está usando como "herramienta de negociación con las entidades financieras".

"Sería conveniente un buen análisis de mercado que identifique las firmas de calidad y estudie cuándo se prevé una revitalización del turismo, sobre todo el alemán y el inglés, porque en este sector hay que empezar a trabajar dos años antes", según Latorre, una labor en la que las entidades financieras podrían subcontratar a las inmobiliarias.

Preguntado por la propuesta de aumentar la cuantía del sueldo no embargable, Latorre ha asegurado que esta medida "generalista" afectará a quienes vayan a pedir un crédito y tienen intención de pagarlo, "ya que las entidades pedirán más garantías para proteger su negocio" y ha insistido en que los embargos afectan a un porcentaje pequeño de "los millones de ciudadanos hipotecados".


* El País - 1.07.11
Foto: Valencia, campo Mestalla - espanja.org

.................................... Leer más...

Represión sucia contra el 15M

PEDRO OLIVER OLMO* : Son legión los amigos del movimiento 15-M, y a buen seguro lo seguirán siendo. Pero no es menos cierto que a los activistas del 15-M también les brotaron desde muy pronto sus primeros enemigos. Hay muchos matices en esa hostilidad, pero destacan dos grandes grupos que se han caracterizado por haber reaccionado frente al 15-M con una actitud igualmente malhumorada y, sin embargo, con argumentos muy diferentes. Por un lado, algunas personas de orden y seguramente muy de derechas, desde sus tribunas políticas o mediáticas, y en sus entornos empresariales o simplemente particulares, desde muy pronto empezaron a imaginar a los “indignados” y a representarlos con imágenes de “nuevos pobres”, como marginales y chabolistas, como guarros y perroflautas. Por otro, algunas personas de la izquierda bienpensante los percibieron con la imagen contraria, más bien propia de “nuevos ricos”, como niños de papá y hippipijos, como estudiantes mimados y sin embargo fracasados.
Quieren ver cómo se disipa, agota y fracasa el 15-M. Quieren ver cómo meten la pata y dan argumentos a las autoridades para que se actúe contra ellos, aunque, evidentemente, unos tengan más ganas que otros de que los indignados se lleven o una buena dosis de porra y mazmorra, o un tiempo infinito de desprecio y ninguneo. Será muy difícil disipar los efectos postreros del 15-M, incluso si no tuviera una vida larga, pero unas autoridades u otras siempre estarán tentadas de reprimir este novísimo movimiento social. A esto último voy, a señalar aquí la importancia que para el movimiento 15-M tiene pensar y repensar, y preparar e incluso entrenar las formas de hacer frente a la represión. El 15-M no debe convertirse, ni por asomo, en un movimiento anti-represivo; pero, lamentablemente, no puede obviar las tres grandes estrategias represivas que, previsiblemente, el Estado va a seguir lanzando contra él: la buro-represión, la represión policial legal (más o menos cruenta), y la represión sucia.

Por un lado, la buro-represión, la que se ejerce de forma invisible, a base de trabas administrativas y sanciones económicas, es un riesgo muy serio, como comprendió en su día aquel tosco ministro socialista llamado Corcuera, porque puede desangrar económicamente a cualquier colectivo o dejarlo inactivo por miedo a las multas. La buro-represión sólo se puede conjurar con imaginación y, todo hay que decirlo, con mucha solidaridad, recabando apoyo económico para que no paguen sólo los detenidos o los identificados por la policía. Hasta hoy, el Estado ha tenido dificultades para dictar una buro-represión de oficio contra el movimiento 15-M, dado la magnitud de la movilización. La desobediencia civil tendrá que seguir siendo masiva, un reto hasta ahora alcanzable, tal y como ha quedado patente en las multitudinarias manifestaciones del 19J, pero también en las acciones contra los desahucios, con centenares de participantes trasgrediendo abiertamente dictados legales que se consideran injustos.

Por otra parte, la represión policial legal, la que el Estado justifica fácilmente apelando al orden público, hoy por hoy, no ha perjudicado al movimiento 15-M, el cual, ha demostrado estar preparado para minimizarla e incluso rentabilizarla (en la mejor línea gandhiana), gracias a que se ha apoyado en la experiencia de los movimientos de noviolencia, tan influyentes en España desde la época de la objeción y la insumisión al servicio militar obligatorio. Eso le ayuda a ganar legitimidad y simpatía social, o en el peor de los casos, (por ejemplo, si se cometen errores, o los cometen supuestos amigos internos que ni comprenden ni aceptan la fuerza de la noviolencia), como mínimo no provocarán un fuerte desafecto social. El plus de legitimidad que se han ganado los activistas de un movimiento que ha calado socialmente, porque conecta con la indignación de muchos y con los valores de una mayoría, ha hecho prácticamente inviable la utilización de la represión legal, a la que no obstante han apelado una y mil veces políticos diversos pero coincidentes, como Álvarez Cascos y Pepe Bono, y periodistas políticamente divergentes pero convergentes en la ideología del palo y tentetieso.

Lo peor puede llegar de manos de la represión sucia, algo que parece haber ocurrido ya en Barcelona durante la acción de bloqueo no violento del Parlament. Hay pruebas para denunciar este caso, pero esas cosas no son flor de un día. Se preparan. Y, por cierto, tienen antecedentes bien conocidos: fue precisamente en Barcelona, durante el domingo 24 de junio de 2001, cuando, al final de una manifestación pacífica a la que acudieron unas cincuenta mil personas convocadas por una plataforma de colectivos contra la globalización, se produjeron gravísimos incidentes, con rotura de escaparates, intervención de la policía antidisturbios, heridos y varios detenidos. Los grupos convocantes denunciaron a la policía como provocadora y autora de los estragos. Llegaron a presentar una querella criminal para que se identificara a unos 80 agentes de paisano que lanzaron barras de hierro a los policías uniformados con el fin de justificar la carga policial y criminalizar al movimiento antiglobalización.

Desde que las primeras acciones represivas se volvieron en contra del Estado desencadenando una fuerte ola de simpatía y solidaridad en la Puerta del Sol y en la Plaza de Cataluña, era obvio que el movimiento 15M iba a convertirse en un grave problema político. Una cuestión de Estado. Seguramente desde entonces se empezó a dirigir contra él algún tipo de represión sucia, infiltrando a agentes de las policías autonómicas y estatales para que se afanaran en conocer bien sus puntos débiles, con el fin de sustraerle el gran apoyo social logrado. La mayor parte de los activistas del 15M tienen esa sensación desde el principio. Y ahora, cuando esa impresión se convierte en convicción, se agiganta uno de los rasgos más sobresalientes del 15M: su estrategia no violenta. El Estado puede ser o no ser cuestionado cuando hace uso de la fuerza, pero si lo que hace es un uso sucio de la violencia, se deslegitima por completo. Y si esa represión sucia la dirige contra activistas no violentos, entonces, está perdido. Ni a los mossos de Puig ni a los policías de Rubalcaba les va a resultar fácil ensuciar a tanta gente limpia.


* Diagonal - Opinión - 29.06.11

.................................... Leer más...