Zaragoza.- Desuso no debe ser abandono

ELPERIÓDICO* : Lo ocurrido ayer en el antiguo cuartel de Pontoneros no debe ser entendido como fruto de la casualidad, como una incidencia producto de la mala suerte y de algo debe servir pensar que si la zona donde se desplomó el alerón no hubiera estado apuntalada previamente, tal vez se estaría hablando de un accidente mucho más grave. Y es que la segunda lectura rápida que suscita es evidente: que un inmueble esté en desuso no debería ser sinónimo de estar abandonado. Directa o indirectamente, todas las reacciones surgidas durante la jornada, políticas y vecinales, apuntaron en esa dirección, confirmando que el accidente también dispara las alarmas sobre otros edificios que están en similares condiciones. Porque el hecho de que no se abran al público con alguna utilidad puede criticarse (o no, en una situación económica tan grave) pero que el olvido y el deterioro amenace su conservación no es admisible.

Ahora renacen las dudas y las críticas a partes iguales sobre la Imprenta Blasco y el Palacio de Fuenclara, sobre todo sabiendo que la Ciudad de la Justicia irá en la Expo; o del antiguo instituto Luis Buñuel, que en pocos años cambió su futuro varias veces, desde acoger Turismo y Hostelería, al frustrado acuerdo con el colegio Santo Domingo por el traslado, o a una posible escuela de idiomas y un centro de creación artística en las últimas quinielas. Pero, ¿cuánto dinero se ha metido en la conservación de estos edificios? Su conservación ha ido muchas veces ligada a ese futuro incierto.

Pero ha ido a suceder en un edificio en el que sí se ha metido dinero. Ni de lejos los 9,4 millones de euros que se preveían en el programa 2005-2012 del Plan Integral del Casco Histórico, en dos anualidades (2009 y 2010) de 4,7 cada una --a esta inversión se refería ayer el portavoz del Partido Popular, Eloy Suárez, aunque sus cifras bailan--, pero sí han habido partidas en el presupuesto, ejecutadas desde Urbanismo, para tratar de mantener su buena conservación. Muestra de ello es que está en obras, aunque se centren en la parte trasera.

Quizá la pregunta sea: ¿Se podría o debería haber destinado más? Es evidente que sí, sino habría que esperar a que tuviera consecuencias dramáticas para cuestionarse si se ha hecho algo mal. ¿El qué? Seguramente vaya en la línea de la indecisión sobre su futuro, de las necesidades que este edificio tenía como archivo histórico como se pretendía al principio, como equipamiento cultural como se planteó después o como residencia universitaria con espacios comunitarios como se planteaba ahora.

Aunque esta indecisión también puede considerarse relativa, ya que se había firmado ya un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza para avanzar en su diseño, era uno de los proyectos incluidos en el Plan Estratégico para el Casco Histórico (La cultura transforma el Casco) y era uno de los equipamientos más definidos que proponía la candidatura de la Capitalidad Cultural del 2016. O sea, que si la nebulosa sobre su destino era preocupante, ¿qué decir de Fuenclara o Imprenta Blasco?.

Otra de las líneas argumentales podría apuntar directamente a los responsables del PICH, por no haber destinado parte de su presupuesto anual a este inmueble. O incluso por incumplir su programa 2005-2012. Sin embargo, con las cifras en la mano y la crisis en la calle, también hay que explicar a los vecinos que dedicar esos 4,7 millones supondría destinar el 50% de los recursos disponibles, que esa era la prioridad y no otras sociales o de microurbanismo en las que se ha incidido. Y también que se iba a priorizar en eso, cuando el uso que se planteó cuando se fijaron estas cantidades era otro bien distinto al que tendrá ahora.


* El Periódico Aragón - 6.07.11
Foto: Zaragoza, cuartel Pontoneros en ruina - que

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Marbella.- Policía insiste en que los acusados eran testaferros de Roca y cobraron por ello

QUÉ/Málaga* : Una agente de la Policía Nacional que hizo informes de cuantificación de blanqueo en el caso 'Malaya' ha ratificado que acusados en este bloque del juicio tendrían la consideración de testaferros y ha considerado que percibían retribuciones por administrar o ser apoderados de sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca. Esta policía, que ha declarado este martes junto a otro de los agentes que realizó informes similares, ha explicado que se les encargó en 2009 hacer un estudio para la responsabilidad pecuniaria de determinados acusados y ha afirmado que se elaboraron estos documentos de cuantificación con datos de otros informes previos que constan en la causa.
A preguntas del fiscal, esta policía se ha referido en concreto a cuatro de los 16 acusados en este bloque, como son Hildegart Fernández, José Luis Benavente, Úrsula Quinzano y José María Mellado, quienes, en su opinión, por los actos que habrían realizado tendrían la configuración de testaferros, añadiendo que "por lo que han declarado cobrarían unos 200 o 300 euros al mes" por administrar.

La agente ha realizado un repaso de operaciones o actos jurídicos en los que intervinieron estos acusados y ha reiterado que a la vista de sus profesiones --veterinaria, cocinero o administrativa, según el caso-- no se les supone experiencia previa para administrar empresas. Ha admitido, a preguntas de las defensas, que ella no ha realizado investigación patrimonial sobre los acusados.

Las defensas han cuestionado el criterio de "cuantificación de máximos" por el que se optó para estos informes, la falta de una investigación patrimonial y las carencias a la hora de identificar el delito previo y determinar el origen y trazabilidad de los fondos para las operaciones investigadas en la causa. Además, también han considerado que falta concreción en el escrito de acusación.

En este sentido, uno de los abogados se ha referido a un "error" al atribuirle a su cliente --José Luis Benavente-- una operación cuando ya no era administrador, lo que ha admitido la agente. Asimismo, el otro agente que ha testificado ha añadido que si hubiera errores en otros informes anteriores éstos se podrían haber "arrastrado" en los documentos que elaboró su grupo.

Otra de las defensas ha preguntado a este segundo policía por si toda operación vinculada a Roca "está contaminada", respondiendo éste que habría que ver los datos, ya que "toda persona que compra al señor Roca no tiene por qué saber". Respecto a los archivos contables de la sociedad Maras Asesores, el agente ha sido preguntado si fueron "dogma de fe", respondiendo que son documentos "muy importantes".


* Qué - 5.07.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Los concellos solo deberán reservar suelo para vivienda protegida si hay demanda

LAVOZDEGALICIA* : El mercado convirtió en papel mojado la medida de mayor calado social de la Lei de Vivenda del bipartito y el Gobierno de Feijoo la maquilla en una nueva legislación con la que pretende dar confianza a los compradores y dinamizar el sector inmobiliario, es decir, contentar al usuario sin inquietar a alcaldes y promotores. El borrador de la Xunta que presentó ayer suprime la obligación de los concellos de destinar del 30 al 40?% del suelo urbanizable a vivienda protegida, y establece con carácter general una proporción del 30?%, la misma que recoge la ley estatal. Pero la novedad de la norma gallega es que deja la opción a los ayuntamientos de ajustarse a las solicitudes reales de pisos de precio tasado, lo que les permite adecuar la reserva de suelo al Rexistro de Demandantes.
Con este criterio, el deber de los concellos de reservar bolsas significativas de suelo para vivienda protegida seguirá restringido prácticamente a las siete principales ciudades, aunque ya no tendrán que alcanzar el 40 %, sino responder de la demanda. Se trata de adaptar la ley al comportamiento del mercado.

De las 16.775 solicitudes del Rexistro de Demandantes referidas a compra de vivienda nueva, el 80?% (13.278) corresponden a las siete urbes. Con todo, pese a la insistencia del conselleiro Agustín Hernández en resaltar ese barniz de realismo del borrador legislativo, frente a un texto del bipartito que considera «excesivamente ríxido», la nueva norma seguirá recogiendo, aunque ya sin carácter obligatorio, ese mínimo del 30?% que Galicia no cumple. El propio Hernández subrayó ayer que la vivienda protegida no representa ni el 10?% de la que se construye cada año en la comunidad.

La adaptación de la reserva de suelo al Rexistro de Demandantes deberá atender, además, tres nuevas tipologías de vivienda pública, destinada a solicitantes con ingresos inferiores a 1.330 euros al mes, una condición que cumplen el 76?% de los inscritos en ese Rexistro. Son la concertada, de inserción o asistencial, y en copropiedad. Esta última fórmula permite a los compradores adquirir solo el 60 % del piso, mientras el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) financia el 40 % restante. La copropiedad facilita el pago de una hipoteca más baja y deja abierta la posibilidad de hacerse con el total del inmueble en el futuro. La vivienda de inserción o asistencial es la que la Xunta promoverá con otras Administraciones o entidades sin ánimo de lucro para colectivos específicos, como mayores o mujeres víctimas de la violencia de género. Por último, la concertada es la opción que se ofertará a los promotores para colocar vivienda libre en el mercado con la calificación y las mismas condiciones de venta que la pública. Esta modalidad está pensada para incentivar la ocupación del stock de 32.000 pisos vacíos que existen en Galicia.

La reserva, el 1 % del precio

En el mismo propósito de dinamizar el sector se incluye la creación de la Bolsa de Vivenda, en la que la Xunta se propone incluir pisos sin habitar para los que pactará unos precios máximos de venta o alquiler con promotores y entidades financieras. La nueva ley también regulará el alquiler con opción de compra, extenderá las fianzas a los locales comerciales y fincas, y establecerá la cantidad máxima a pagar como reserva de la vivienda en el 1% de su precio.


* La Voz de Galicia - Serafin Lorenzo - 5.07.11
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org

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Los indignados ya han logrado paralizar 47 desalojos

PÚBLICO* : Los indignados continúan frenando desalojos y la cifra ya se eleva a 48, lo que supone una media de dos diarios, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Comenzaron con los desahucios por impagos de préstamos, siguieron con quienes no podían hacer frente al alquiler y ahora se han sumado a la ayuda de personas desesperadas que ocupan ilegalmente casas porque no tienen dónde ir. Es lo que ha ocurrido en Mairena del Aljarafe. Llegaron antes de las diez de la mañana, candaron el portal de un bloque desvencijado junto a otro lleno de hierbajos y se pusieron a esperar para frenar el desalojo previsto en el nº1 de la calle La Calleja, el primero al que el Movimiento 15-M se ha enfrentado en la provincia de Sevilla. Desde la ventana del 1º B observaba Rocío, una joven de 25 años cosida a operaciones por las múltiples roturas de sus huesos de cristal, una enfermedad rara.
"Es que no lo entiendo, no entiendo por qué no pueden dejar que nos quedemos un poco más", decía su hermana Mari, de 21 años. Su madre, Amparo de los Santos, de 47 años, desenrollaba a cada momento la notificación que había encima de la mesa del salón. La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, gobernado por el PP desde las pasadas elecciones, la obliga a dejar la casa por ocupación ilegal.

El piso, lleno de trastos y muebles embalados, no es de su propiedad. Pertenecía a su padre, un hombre ya mayor que ahora vive en un piso de protección oficial después de que el anterior Gobierno, del PSOE, expropiara los terrenos. Según explicaron fuentes municipales, el consistorio prevé reurbanizar la zona con espacios verdes. "Están incumpliendo la ley, la casa no es suya, no pueden estar ahí y han tirado un tabique y se han metido en otra; se les ha ofrecido ayuda social, comida y no la han querido", añadieron las fuentes. En el bloque aún quedan varios vecinos propietarios, a los que el Ayuntamiento sí ha dado margen hasta que solucionen problemas financieros con el banco.

700 euros para cinco
A través de un agujero con forma de puerta, al otro lado del tabique, hay más trastos aún. Amparo no lo oculta. Según cuenta, había un "pequeño agujerito" en la pared que ella amplió: "Cogí los muebles de cocina que había porque aquí no tenía ni dónde hacer de comer ni fregar los platos". Tiene dos hijas más, una de 12 y otra de 16, que se habían ido a casa de su abuelo. Dice que su único ingreso son las ayudas que recibe por su hija enferma y su cuidado, unos 700 euros al mes. "Yo sé que nos tenemos que ir, pero sólo pido unos días más, llevamos toda la vida de casa en casa, estoy separada, sin condiciones adecuadas para que mi hija pueda moverse", insiste Amparo.

Rocío lleva varios clavos en su pierna derecha y, en breve, tendrá que volver a operarse, dice sin quitar ojo de la ventana. Abajo continuaban los indignados, una treintena entre jóvenes y mayores, muchos de ellos, como Lucía, pertenecientes a la acampada de Sevilla. "Lo importante es parar este tipo de situaciones", sostiene. "Que los quiera echar un banco tiene tela, pero que los quiera echar el Ayuntamiento es ya lo último", decía otro indignado por el megáfono. Tras recibir la notificación el pasado jueves que la obligaba a desalojar la casa en 24 horas, Amparo logró encontrar un piso de alquiler por 500 euros.

Por la mañana estaba dispuesta a irse, aunque no tuviera "ni para comer". Pero las personas del 15-M que acudieron a apoyarla la convencieron para que continuara allí hasta encontrar algo más barato. "El 15-M me está ayudando a buscar un piso con el que al menos podamos comer", contaba por la tarde por teléfono.

El Ayuntamiento, que asegura que las protestas no han tenido nada que ver, le ha dado otra prórroga hasta el próximo viernes a las diez de la mañana. Los carteles con leyendas de "Stop desahucios" seguían pegados con celo en el portal.


* Público - OLIVIA CARBALLAR SEVILLA 04/07/2011
Foto: Un joven indignado quita el candado al portal.- publico

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Murcia.- El Ministerio enfría el entusiasmo por urbanizar Marina de Cope

LAVERDAD* : El proyecto para urbanizar Marina de Cope no tendrá un cheque en blanco del Ministerio de Medio Ambiente. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a cuyo frente se encuentra Pedro Antonio Ríos, ha fijado diez condiciones para que una de las mayores urbanizaciones de la fachada mediterránea se ajuste a la ley de Costas y a la preservación de la zona de dominio público marítimo terrestre antes de dar su aprobación definitiva. De entrada, pone reparos a la construcción de una batería de piscinas de agua salada con bombeos directos del mar.
La jefa de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia, Francisca Baraza, no está de acuerdo con la apreciación de la Consejería de Obras Públicas y puntualiza que el Ministerio no se ha pronunciado favorablemente sobre el proyecto. Solo hay consideraciones preliminares, subraya, y falta el informe final. No hay un 'no', pero tampoco un 'sí', según Baraza, que puntualiza que en estos momentos se está informando sobre el planeamiento en lo que se refiere a la afección a la zona de dominio público marítimo terrestre, y que posteriormente habrá que informar por separado de cada fase del proyecto.

De interés regional
El plan de Marina de Cope está declarado de interés regional y prevé la construcción de 20.000 plazas de hoteles y apartamentos, una marina interior y cinco campos de golf a caballo entre los municipios de Lorca y Águilas. El Gobierno regional quiere aprobar las modificaciones urbanísticas en los próximos meses, como paso previo a la construcción en este enclave, tal como publicó este diario. La Consejería de Turismo y Cultura está decidida a impulsar la urbanización, después de varios años de trámites, como una apuesta por el sector turístico.
Un oficio de abril del jefe del Área de Planeamiento de Costas fija diez consideraciones que los promotores deben cumplir y que suponen de facto unas limitaciones a las dimensiones de la urbanización. El documento del Ministerio es la respuesta a otro redactado semanas antes por Francisca Baraza desde Murcia, que era más duro que el elaborado en Madrid. Desde la sede ministerial se es menos taxativo en algunos aspectos del proyecto. A título particular, Baraza opina como Pedro Antonio Ríos en el sentido de que la urbanización de Marina de Cope, en uno de los espacios todavía vírgenes del litoral, se está planificando de una forma «sobredimensionada». La jefa de Costas no tiene dudas de que provocará «una presión muy fuerte sobre el litoral» de la forma en la que está diseñado. Sea como fuere, el Ministerio de Medio Ambiente es el que tiene la llave para la urbanización de Marina de Cope en tanto que debe conceder los títulos administrativos para varias partes del plan.
Baraza se opuso a la construcción a lo largo de la costa de piscinas de agua salada con bombeos del mar, con zonas de solarios y servicios desmontables con accesos para peatones y vehículos ligeros. El jefe de planeamiento también pone objeciones y pide que estas instalaciones se justifiquen con los estudios pertinentes que midan los impactos que pueden causar estas obras, las cuales deben contar con el correspondiente título o autorización de la Demarcación de Costas. Recuerda que la ley solo permite la ocupación del dominio público para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.
2.000 barcos de recreo
Uno de los elementos más sensibles es la construcción de una marina interior para 2.000 puntos de amarre de embarcaciones de recreo. Originó la primera discrepancia entre la Demarcación y la Consejería, ya que Francisca Baraza se negó a adscribir el nuevo puerto deportivo antes de que se presentara el proyecto detallado de esta obra. Es decir, el Gobierno regional quiso disponer de los terrenos necesarios antes de presentar el estudio de impacto ambiental y los detalles de la nueva dársena. De haberlo hecho, el Ministerio le habría dado un cheque en blanco a los promotores. Como en las piscinas de agua salada, la Demarcación de Costas también tiene la última palabra sobre la marina interior.
El jefe del área de planeamiento se extiende sobre este punto y advierte de que, según la ley, el terreno inundado se incorporará al dominio público, que se mantendrá la zona de servidumbre y no se crearán otras nuevas. Asimismo, se tendrá que elaborar el proyecto básico con las características de las instalaciones y obras y la extensión que se quiere ocupar. Tendrá que contar con una evaluación de impacto ambiental y un estudio de la dinámica del litoral, así como adaptarse al entorno para evitar los efectos de regresión de la costa. Propone igualmente que se corrijan algunos límites del proyecto y se respeten al máximo los espacios de protección paisajística.


* La Verdad - 06.07.11 - MANUEL BUITRAGO
Foto: Cope marina - J.S. (El País)

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Los políticos corruptos de PSOE y PP ganan elecciones gracias a los medios afines

ELCONFIDENCIAL/Alberto Mendoza* : ¿Por qué el electorado no castiga a los políticos sospechosos de corrupción? ¿Cómo consiguieron revalidar su mayoría el pasado 22 de mayo candidatos imputados como Francisco Camps? Para la Fundación Alternativas, la respuesta a estas preguntas hay que buscarla en el papel de los medios de comunicación y sus afinidades ideológicas o partidistas. Así, según el Informe sobre la Democracia en España 2011 del citado think tank progresista, la percepción que un votante posee de la corrupción cambia radicalmente si se informa a través de La Sexta, El País y la Cadena Ser, o lo hace con Antena 3, El Mundo y Onda Cero.
Un ciudadano que viva en una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, y que consulte medios de comunicación con una línea editorial próxima a este partido, tenderá a pensar que su Gobierno es honrado y que la corrupción apenas está extendida. Pero si consume una combinación de periódicos y emisoras más cercana al PP, adquirirá una opinión mucho más negativa. Del mismo modo, en una comunidad autónoma regida por un gobierno popular, los ciudadanos evaluarán la extensión de la corrupción de modo muy distinto si se informan a través de medios próximos al PSOE o al PP.

Por ello, el informe de la Fundación Alternativas, presentado oficialmente este martes en Madrid, concluye que “una de las principales causas por la que la corrupción es poco castigada electoralmente en España puede ser la influencia de los medios de comunicación. El tipo de perfil de medios consumido repercute en la percepción de la prevalencia de corrupción”.

Los investigadores han agrupado en diversas combinaciones una televisión, una cadena de radio y un diario de papel: TVE, El País y RNE; Antena 3, El Mundo y Onda Cero; Antena 3, El Mundo y Cope; Cuatro, El País y Ser; La Sexta, El País y Cadena Ser; y un último conjunto de televisiones autonómicas y radios locales sin ningún periódico. Como quizás era predecible, el estudio ha encontrado una diferencia de hasta 11 puntos en la probabilidad de que los consumidores de uno y otro grupo de medios reconozcan que la corrupción está extendida en el Gobierno de su comunidad.

Según el documento, el sesgo hallado en El País, El Mundo, Antena 3 o la Ser coinciden con “las inclinaciones partidistas que frecuentemente se atribuyen a estos medios”. No obstante, el estudio llama la atención sobre “el hecho de que las evaluaciones de quienes optan por medios de RTVE son mucho más similares a las de quienes escogen medios tradicionalmente considerados de centro-izquierda”. Por ello, la Fundación Alternativas señala que “a pesar de las reformas introducidas en el funcionamiento del Ente Público con el fin de asegurar su neutralidad”, “sus medios moldean las percepciones sobre corrupción en sentido favorable al PSOE y perjudicial para el PP”.

El problemas de los canales autonómicos y locales

Por si fuera poco, el estudio revela la escasa repercusión de los casos de corrupción en los canales autonómicos y locales. “El consumo de televisiones autonómicas y radios locales está asociado a las opiniones más benévolas sobre la prevalencia de corrupción, cualquiera que sea el signo partidista del gobierno autonómico”. Es decir, que en el control de los medios regionales, poco separa a los candidatos sospechosos de PSOE y PP.

Esta no es la primera vez que la Fundación Alternativas alerta del modo en que algunos medios favorecen a determinadas opciones políticas. Este think tank, próximo a los socialistas, publica cada año su auditoría de la democracia en España y, en 2007, ya se hizo eco de las diferencias con que los principales diarios de papel cubrieron los temas de actualidad. No obstante, la responsabilidad no está solo del lado de la prensa, ya que “los ciudadanos son propensos a consumir medios de comunicación que favorecen a los partidos que ellos mismos apoyan”.


* El Confidencial - 5.07.11
Foto: Valencia, president comunidad F.Camps - EFE

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