Valencia.- El Supremo ratifica la paralización del plan del Cabanyal

LEVANTE* : El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Valencia contra la suspensión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal ordenada por el Ministerio de Cultura, según indica una sentencia facilitada por este departamento. El Ministerio de Cultura dictó una orden el 29.12.2009 declarando que la citada actuación urbanística, que prevé el derribo de viviendas para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, constituía un acto de "expoliación" del patrimonio histórico, por lo que decretó su cancelación "inmediata". El Ayuntamiento de Valencia interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la misma ante la Audiencia Nacional en el que pedía, como primera medida, su suspensión cautelar. La Audiencia rechazó esta petición provisional -a falta de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión-, y el Gobierno local lo recurrió ante el Supremo, que ha ratificado su decisión.
Al igual que dictaminó la Audiencia Nacional, el Supremo mantiene que la orden es un acto de "carácter negativo" que obliga al Gobierno local a suspender el plan, y también cree que "no concurren los requisitos" para anularla. Además, señala que el "interés general" en este asunto reside en la "conservación del interés cultural", y eso requiere que se mantenga la orden.

La sentencia impide al Ayuntamiento de Valencia reanudar las demoliciones de viviendas proyectadas por el plan e impone las costas de este recurso al consistorio, según precisa un comunicado del Ministerio.

La orden del Ministerio se basó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en otra del Supremo que ratificaron la competencia del Estado en la protección del Patrimonio Histórico.

Entre otros puntos, esta orden declaraba la suspensión inmediata del plan hasta que el Ayuntamiento lo reformara para garantizar la protección de los bienes histórico-artísticos afectados.

También requería a la Generalitat para que suspendiera todas las actuaciones administrativas relacionadas con esta actuación urbanística.

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno autonómico presentaron una querella ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, al entender que cometió prevaricación con esta orden.


* Levante - 8.07.11
Foto: Valencia, protesta vecinos Cabanyal (archivo) - levante-emv.com

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Amnistía pide "que no quede impune" la carga de los 'mossos'

ELPAÍS/Barcelona* : Amnistía Internacional (AI) envió ayer desde Londres una carta al consejero de Interior, Felip Puig, en la que le reprocha "el uso excesivo de la fuerza" en la actuación del pasado 27 de mayo en la plaza de Catalunya de Barcelona contra los acampados del 15-M y le exige que abra una investigación independiente. "No puede quedar impune" el uso de una "fuerza excesiva" por parte de la policía en contra los indignados, recoge en su misiva.
Jezerca Tigani, vicedirectora del Programa Regional para Europa y Asia Central de AI, aseguró ayer en un comunicado oficial que son "motivo de especial preocupación los informes y las evidencias del uso de fuerza excesiva en la plaza de Catalunya, cuando los Mossos d'Esquadra intervinieron para dispersar a los manifestantes". Esta organización internacional ha dedicado "varias semanas" a investigar los hechos, durante las que ha visionado "las imágenes de vídeo de la operación policial, a las que se puede acceder fácilmente en Internet".

También ha tenido en cuenta la versión oficial de los hechos y los testimonios de las personas presentes, entre ellos abogados del Legal Team de los indignados de la plaza de Catalunya.

Tras esta investigación, AI ha llegado a la conclusión de que "hubo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en actitud pacífica" y que "los agentes antidisturbios de los Mossos no iban debidamente identificados durante el operativo".

En este sentido, AI exigió a la Generalitat que lleve a cabo "una investigación independiente, exhaustiva y eficaz de todas las denuncias, así como que adopte medidas disciplinarias y, si es necesario, que inicie actuaciones penales contra los agentes de policía que hicieron un uso excesivo de la fuerza".

AI también expresó su "profunda preocupación por los repetidos informes sobre un uso desmesurado de la fuerza en otros casos, como el 15 de mayo en Madrid, el 27 de mayo en Lleida, el 9 de junio en Valencia y el 15 de junio nuevamente en Barcelona". En consecuencia, AI ha remitido una carta al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en los mismos términos que la misiva enviada a Felip Puig.

Interior recordó ayer que hay ya un proceso judicial abierto por la operación de limpieza en la plaza, que acabó con 121 heridos (36 de ellos, mossos).


* El País - 8.07.11
Foto: Un momento de la carga en la plaza de Catalunya.- elpais

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Dos exalcaldes de El Puerto de Santa María, entre los 34 imputados por corrupción

ELCORREO/Cádiz* : La cúpula de Independientes Portuenses, cuando este partido gobernaba con holgura en El Puerto, vuelve a ser señalada en otra investigación judicial y policial por supuesta corrupción urbanística. La melodía es la misma que la de otros tantos casos que se acumulan en los juzgados portuenses: otorgar licencias para edificar en suelo no urbanizable, permitir la inscripción de fincas inexistentes mediante documentos falsificados para burlar responsabilidades (los conocidos certificados de obra nueva) o legalizar viviendas en suelos no autorizados, entre otros supuestos delitos. Un compendio de irregularidades que han hecho del exalcalde portuense, Hernán Díaz, el nombre político más citado judicialmente y no precisamente como testigo.
Junto al antiguo regidor, la Guardia Civil ha imputado a otras 34 personas más en la denominada 'operación Suministro' por presunta prevaricación, falsedad documental y contra la ordenación del territorio, según confirmaron fuentes judiciales. La lista de implicados recuerda mucho a la de otras investigaciones que comenzaron a desarrollarse, impulsadas por la Fiscalía, desde 2007, cuando se destapó la primera trama de profesionales que habrían estado legalizando por la puerta de atrás viviendas en suelos no urbanizables.

Así, el titular del juzgado de Instrucción nº 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, citará como imputados al exregidor que sustituyera a Hernán Díaz tras su inhabilitación, Fernando Gago; al jefe de Disciplina Urbanística del Consistorio portuense, Fernando Jiménez Fornell; al exconcejal Juan Carlos Rodríguez y a otros nombres menos conocidos, pero que ya se han visto implicados en casos similares como los promotores profesionales Abraham B. L. o María de los Ángeles G. U. y el ingeniero técnico industrial Diego G. G. El resto de sospechosos son particulares que construyeron en suelos no permitidos o que se valieron de autorizaciones irregulares para obtener los suministros de agua y luz en fincas que atentan contra el planeamiento urbano.
Ese último aspecto de las pesquisas es quizás el menos conocido. Y es que en el proceso para regularizar fincas ilegales, los responsables del Ayuntamiento que ahora están imputados concedieron supuestamente permisos para que los dueños de esas viviendas firmaran contratos con empresas de suministro que solo autorizan enganches de luz y agua si hay una licencia oficial de primera ocupación.
Detrás de esta nueva macroactuación del Instituto Armado está la Fiscalía de Medio Ambiente y el magistrado López Marchena que ordenó al Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz que indagará en una serie de denuncias formuladas por el Ministerio Público. Algunas de esas denuncias están firmadas por el anterior fiscal delegado, Ángel Núñez, quien abandonara la Fiscalía a mediados de 2009 para incorporarse al equipo de asesores del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. También hay otras que ya han sido planteadas por su sucesora, Patricia Navarro. Las mismas fuentes señalaron que esta primera fase de pesquisas han tardado meses y meses, entre otras razones, porque el volumen de trabajo que tiene encima el único equipo especializado de los cuerpos policiales en esta materia es ingente. Un equipo que ha llevado las principales operaciones contra la corrupción vinculada al ladrillo en esta provincia, pero que cuenta con apenas dos agentes.
Nueve procedimientos
Esta nueva investigación que sale a la luz tendrá un derrotero procesal diferente. Pese a que se trata de la misma operación policial, el juez instructor la ha dividido en nueve procedimientos distintos, que tendrán su propia tramitación. Por cada denuncia recibida del Ministerio Fiscal ha abierto diligencias previas. De esa manera se evita que un mismo caso, que aglutina a casi cuarenta personas, pueda atascarse en el juzgado como ha ocurrido con la primera operación contra el uso fraudulento de certificados de antigüedad en Chiclana, desarrollada en 2007 y que sigue empantanada en la fase de instrucción.
Las supuestas irregularidades que ahora se investigan están relacionadas con edificaciones levantadas en distintos diseminados del municipio portuense. Y el periodo de tiempo investigado abarca desde 1993 a 2006, cuando Independientes Portuenses mantuvo el control de la Alcaldía hasta que fue derrocado por el PP. Cuando en 2008 comenzó la Fiscalía a elevar las primeras denuncias de estas características, el Gobierno local responsabilizó en exclusiva a la formación política que lideró Hernán Díaz, pese a que el actual alcalde Enrique Moresco perteneció a ese mismo equipo al que se le acumulan los casos judiciales en su contra.


* El Correo - 08.07.11 - SILVIA TUBIO
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org

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Deterioro patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea

MADRIDIARIO* : Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente, tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes. El punto partida de la investigación son los recientes e intensos procesos de transformación de los regadíos tradicionales en el mundo mediterráneo y su incidencia en la degradación de unos paisajes valiosos desde el punto de vista productivo, patrimonial e identitario. La investigación aborda la relación entre agua y paisaje en las huertas, así como el tratamiento de sus valores patrimoniales en las actuaciones públicas. "Resulta imprescindible que la política hidráulica y los proyectos de modernización de las infraestructuras de riego, se diseñen partiendo del principio de la multifuncionalidad de los regadíos, asumido que la eficiencia económica no debe ser el único parámetro para evaluar las decisiones públicas. Se ha de tener presente el valor cultural, patrimonial e incluso ecológico de las redes de distribución de agua", concluye el profesor de la UC3M, Santiago Fernández Muñoz, autor del estudio junto al catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Mata.

La investigación, surgida tras la creación de un panel científico de seguimiento de la política del agua por iniciativa de la Fundación Nueva Cultura del Agua, se ha publicado recientemente en Scripta Nova, la revista de geografía en castellano con mayor índice de impacto en el JCR. En el artículo, tras realizar una propuesta tipológica de los paisajes de regadío tradicional en España, se caracteriza su evolución contemporánea tomando como ejemplo la huerta de Murcia. Los investigadores han identificado un intenso proceso de transformación de las huertas mediterráneas consecuencia de la reducción de superficie cultivada y una creciente urbanización. Se ha producido al tiempo, señalan los profesores, una pérdida del patrimonio cultural y ecológico que constituían las redes de riego y drenaje, lo que conlleva en su conjunto un fuerte riesgo de desaparición de espacios de grandes méritos de conservación desde la perspectiva cultural, territorial, productiva e incluso biológica.

Un paisaje identitario
Los regadíos históricos constituyen un excelente ejemplo de los paisajes agrarios de los valles mediterráneos en medios secos y semiáridos. "Han sido auténticos oasis agrícolas, uno de los tipos de paisaje más representativos de los espacios mediterráneos españoles, que deben ser incluidos entre los paisajes agrícolas de mayor significado a escala europea, junto con los bocages atlánticos o los open fields del interior del continente", comenta Santiago Fernández Muñoz, del departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte de la UC3M. Y añade: "Para determinadas regiones, l’horta de Valencia o la huerta de Murcia, son además paisajes tan identitarios como lo puede ser el Retiro para Madrid o Montserrat para Cataluña".

En la última parte del estudio los investigadores caracterizan algunos impactos de las políticas de modernización sobre los valores patrimoniales de los paisajes regados históricos y apuntan propuestas para la gestión y salvaguarda de estos ámbitos. "Dicha conservación ha de realizarse a través del instrumento de planificación territorial o urbanística que sea de aplicación, o, en su caso, de la figura de patrimonio histórico o de conservación de la naturaleza que, eventualmente, se decida aplicar", indican los investigadores, que destacan además la "necesaria consideración de determinadas áreas de los regadíos mediterráneos como zonas de 'protección especial' (previstas en el Reglamento de Planificación Hidrológica; artículo 23) y que deberían ser incorporadas a los planes hidrológicos de las demarcaciones actualmente en redacción", concluyen.


* Madridiario - 8.07.11
Foto: Huerta mediterránea - madridiario

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Del 11-M al 15-M

JOSÉ MANUEL FAJARDO* : Las movilizaciones del 15-M parecen haber pillado por sorpresa a la clase política española. Aunque se repita que la indignación de los ciudadanos es comprensible ante la gravedad de la crisis económica, se percibe claramente que el 15-M es visto por la mayoría de los políticos como un fenómeno inexplicable pues, con sus aciertos y sus errores, ¿no vivimos ya en democracia? ¿A qué pues eso de "Democracia real ya"? El conformismo con el orden establecido ha calado, al parecer, tan profundamente en nuestros dirigentes, incluso en quienes se proclaman de izquierdas, que se ha abandonado todo análisis histórico. Si no, resulta difícil de explicar que no se haya puesto en perspectiva histórica lo ocurrido en este último mes en España para intentar comprender por qué los ciudadanos de una democracia reclaman a gritos precisamente eso que se supone que ya tienen: democracia.
El 15-M no nació el día 15 de mayo de 2011, aunque a ese día deba su nombre, sino que su historia se puede rastrear, como mínimo, a lo largo de la última década de protestas sociales en España. La suya es pues la crónica de un estallido anunciado. Basta tomarse la molestia de buscar en youtube.com las imágenes de las protestas populares tras los atentados del 11 de marzo de 2004. En las concentraciones que tuvieron lugar entonces ante las sedes del PP, para denunciar la manipulación informativa que seguía intentando achacar a ETA los atentados con la vista puesta en las elecciones a punto de celebrarse, se pudieron escuchar muchos de los gritos que en este último mes se han oído en toda España. En particular uno que se ha convertido en verdadero mantra del 15-M, el que dice: "Lo llaman democracia pero no lo es".

Las movilizaciones del 11-M, como las del 15-M, tuvieron lugar en pleno periodo electoral. Ambas fueron recciones ante situaciones de crisis y perturbaron ese monumento a la inutilidad que es el llamado "día de reflexión", un concepto con más tintes de ejercicios espirituales que de capítulo democrático. Pero lo han hecho dándole, paradójicamente, un valor reflexivo. Porque lo que reclamaban los manifestantes del 11-M era precisamente información veraz para poder reflexionar de verdad. Y lo que han pedido los del 15-M ha sido una reflexión que fuera más allá del sentido del voto en una elección concreta, que tomara en cuenta el rumbo emprendido por nuestra sociedad tras la crisis de 2008. Nada más lógico que uno de sus carteles anunciara, tras decidir abandonar la Puerta del Sol, que "nos trasladamos a tu conciencia".

Sin embargo, tanto unas protestas como otras han sido interpretadas casi exclusivamente en clave electoral (¿a quién favorecen, a quién perjudican, quién las provoca, para qué lo hace?), con una falta de miras y de proyección estratégica de la vida común que resultan desoladoras. ¿Es esa toda la reacción de que son capaces nuestros dirigentes? ¿De veras que la única autocrítica posible es la de decir que no se ha sabido explicar a la ciudadanía las políticas emprendidas? ¿De verdad se piensa, en este mundo hiperconectado y denominado de "la información", que los ciudadanos son tan estúpidos como para no comprender lo que sus gobernantes hacen?

Si algo, precisamente, ha llamado la atención en las maratonianas asambleas de la Puerta del Sol y en los documentos esgrimidos por el 15-M ha sido precisamente el nivel de los debates y la calidad de los análisis y las propuestas (vale la pena leer el documento contra el Pacto del Euro en www.democraciarealya.es/tmp/19j/DRYcontraelPactodelEuro.pdf). No estamos, pues, ante un movimiento de indignados desde la ignorancia sino desde el conocimiento. Indignados con conocimiento de causa.

Se trata de personas que están poniendo en cuestión, en mayor o menor medida, el sistema económico establecido (el lema de la manifestación del pasado 19 de junio fue elocuente: "Contra la crisis y el capital") y que lo están haciendo precisamente en nombre de la democracia. Los mercados aparecen como el mayor enemigo de la soberanía popular, que es la base de la misma. Y así se rompe con el sofisma que identifica democracia con sistema capitalista (por si no bastara el hecho de que la democracia naciera en la Grecia clásica, 2.000 años antes de la aparición del capitalismo).

Lo que las movilizaciones del 15-M vienen a señalar, en mi opinión, es la rebelión de una buena parte de la sociedad contra una nueva forma de despotismo que, utilizando las elecciones, reformula la vieja máxima del despotismo ilustrado ("todo para el pueblo, pero sin el pueblo") para gobernar en nombre del pueblo, pero sin el pueblo. Más aún, haciendo muchas veces exactamente lo contrario de aquello que se prometió al pueblo para conseguir su voto legitimador.

Es ese divorcio entre discurso y práctica, esa reducción de los ciudadanos a convidados de piedra de la democracia, la que cabe pensar que ha ido germinando el proceso histórico de creación del 15-M. Un proceso lleno de desencuentros sonados: el referéndum para integrarse en la OTAN convocado por el PSOE tras oponerse antes a esa integración; el apoyo del Gobierno del PP a la declaración de guerra a Irak, en la célebre reunión de las Azores, con un 90% de la población en contra de la guerra; la manipulación de los atentados de 2004 por el PP para intentar ganar las elecciones y para desgastar después al PSOE, tras tanto pregonar la unidad antiterrorista; la sumisión del Gobierno del PSOE al dictado de recortes sociales promovido por los mercados internacionales; la entrega de gobiernos y alcaldías al PP por parte de Izquierda Unida después comprometerse a cerrar el paso a la derecha... La palabra de los políticos ha perdido toda credibilidad, malbaratada en el puro oportunismo y en la incapacidad de desarrollar las políticas necesarias para mantenerla.

El 15-M ya ha demostrado que critica por igual a los partidos de derechas y de izquierdas, pero en tanto que movimiento de masas y por su puesta en cuestión del orden económico establecido su existencia afecta especialmente a la izquierda.

El castigo al PSOE no ha sido pues por sus pecados ideológicos, como algunos pretenden interpretar, sino por sus pecados materiales: por convertirse en el ejecutor de los recortes sociales dictados por los mercados. Y bien se lo han recordado al invocar la actitud islandesa de consultar al pueblo y de negarse a pagar las deudas contraídas por los especuladores.

La democracia nunca ha entrado en la esfera económica. A los trabajadores se les da el derecho a intentar defender sus salarios y condiciones de trabajo, pero no a participar en las decisiones que después van a redundar en la existencia misma de esos derechos o de ese trabajo. Algo sobre lo que el 15-M también ha insistido al plantear la necesidad no solo de controlar a la clase política sino también de avanzar hacia una democracia social y económica.

El problema es que el triunfo de un capitalismo despiadado y sin límites ha terminado por integrar la totalidad del sistema político como un elemento más del juego de los mercados. Ya no se especula solo con mercancías y dinero, también se especula con naciones enteras, con Gobiernos y derechos. Y la construcción de organizaciones supranacionales está ofreciendo el marco para que dicha integración especulativa se convierta en ley.

A este paso, la puesta en cuestión del orden económico puede terminar suponiendo la puesta en cuestión del orden político y legal. Es decir, la puesta en cuestión de todo el sistema. Por eso no es extraño el recurso a la desobediencia civil. Es el instrumento lógico para romper la lógica de un sistema.

Que se haya optado por la "no violencia" refuerza la sensación de estar ante una indignación con conocimiento de la propia historia de las protestas sociales, que ha sacado lecciones de las dañinas consecuencias de emprender vías violentas. Pero la violencia es compañera frecuente de la desesperación y si el 15-M ya ha empezado a tomar nota de eso, sería bueno que la clase política española la tomara también, porque una sociedad a la que no se ofrece más salida que la aceptación del sufrimiento y cuyas reivindicaciones no son atendidas está condenada a hundirse en el desespero. Pedir democracia real es un grito de alerta y un gesto de responsable participación en la vida política, un ejemplo de esa responsabilidad ciudadana que, desde la transición, es el gran tesoro de la maltrecha democracia española.

* José Manuel Fajardo, escritor, es autor de la novela El converso.


* El País - Opinión - 08/07/2011

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