La Iglesia inscribe como propios miles de inmuebles

ELPAÍS /Reportaje* : La Iglesia española viene durante años poniendo a su nombre casas rectorales, viñedos, olivares, atrios, solares, pisos que pertenecían a los pueblos o que, en todo caso, nunca se registraron. Y lo ha hecho calladamente, sin que nadie percibiera esta suerte de voracidad inmobiliaria amparada por los artículos 206 y 304 de la Ley y el Reglamento Hipotecario. Los obispos pueden emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Este privilegio se agrandó en 1998, cuando el Gobierno de entonces suprimió el artículo 5 del reglamento citado, que impedía la misma práctica sobre edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas.
Desde aquel año, también pueden inscribir las propiedades a su nombre. A eso se llama, en la jerga administrativa, inmatricular. Y lo están haciendo a destajo. Puede decirse que en Navarra las jerárquicas sotanas han arrasado el territorio. A nombre de la diócesis figuran ya cientos de templos parroquiales, ermitas, basílicas, con todo lo que tienen dentro; también tienen a su nombre casas, almacenes y hasta cementerios, garajes o frontones.

¿Solo en Navarra? No. Por toda España se repite el mismo procedimiento, que es tan barato y sencillo para ellos como complejo para un ciudadano particular. Muchos alcaldes y particulares han descubierto el caso con sorpresa y luchan ahora por devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que consideran arrebatado. "Robo" y "expolio", repiten cuando se les pregunta por el caso.

"Inconstitucional", dicen los expertos jurídicos. "No siendo funcionarios públicos, pueden actuar como si lo fueran. Si el artículo 16 de la Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión, ellos no pueden equipararse a un funcionario público", empieza Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.

Torres cita una sentencia de 1993 que declaró inconstitucional el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hasta entonces, un cura podía desalojar a un inquilino de una casa sin tener que probar la necesidad de ocupación. Un padre no podía hacerlo sin demostrar, por ejemplo, que su hijo necesitaba la casa. La Iglesia sí. Pero aquella sentencia venía a decir que "no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos. Ni a la Iglesia con una corporación de derecho público", recuerda Alejandro Torres. "Esa filosofía es trasladable al pie de la letra en el caso de las inmatriculaciones que se están produciendo", asegura.

Puede ser, pero para que uno de estos casos llegue al Constitucional se necesita que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, o un recurso de amparo. O bien que un particular agote las instancias jurídicas hasta llegar a este tribunal.

"Ellos tienen tiempo y dinero, nosotros no", dice el alcalde de Garisoain, Javier Ilzarbe, que solo ha podido salvar una ermita. "Se han quedado con la iglesia de la Asunción, con el atrio, con la casa parroquial, con un solar de esa casa y los restos de otra ermita. Nos dimos cuenta hace un par de años, pero no pensamos recurrir, no tenemos posibilidades. Ganas ya tenemos, ya...".

A los alcaldes de los pueblos pequeños, como este de Navarra, apenas les queda el derecho a la pataleta. "Les cortamos la luz, que siempre la habíamos pagado nosotros; ahora la pagan ellos, y aunque nos siguen pidiendo que les arreglemos cosas ya no les hacemos las obras. En los ochenta les reparamos el tejado", dice Ilzarbe.

"Para esto se necesita voluntad política, que los grandes partidos frenen esto o que alguien lo pare en los tribunales. Esto está ocurriendo en toda España, es un escándalo monumental", dice Josemari Esparza, de la Plataforma navarra Ekimena, creada en 2007 para la defensa del patrimonio en esa comunidad.

Pero a los tribunales van los obispos, como hicieron con la ermita del Pilar, en Garisoain, que el Ayuntamiento se apresuró a registrar antes que ellos. Ganó el pueblo. "Les propusimos que la propiedad fuera del pueblo y ellos siguieran con el culto. Nanay, que ellos quieren la propiedad y punto. Encima no pagan ni el impuesto de bienes inmuebles", critica Ilzarbe.

En Huarte, también en Navarra, el alcalde pidió reunirse con el obispo. "Se negó y nos recibió el ecónomo. Nos mandó a los tribunales, y ahí estamos. Suerte que tenemos un documento de 1820 en donde la Iglesia da por buena la propiedad del pueblo sobre el templo", dice.

La Conferencia Episcopal Española deja el asunto en manos de cada diócesis. La de Navarra contesta: "La Iglesia no inscribe los edificios para apropiárselos, sino que los inscribe porque le son propios". Otra cosa, responden en un correo electrónico, "es que los Ayuntamientos quieran apropiárselos", por lo que tienen que "defenderse", aseguran.

"Si los edificios pasan a otras manos no hay garantías de que se sigan destinando al uso para el que fueron creados, como ya ha ocurrido", afirman. Y niegan que pasen a ser suyos solo porque los inscriban. "Cumplimos la ley de 1998: la Iglesia registra lo que es suyo", dicen en el mensaje. Explican también que su gasto en conservación del patrimonio es muy alto: "No es la Iglesia quien se está enriqueciendo con las aportaciones del Estado, sino que es el Estado el que se está ahorrando dinero con las aportaciones de la Iglesia".

Volvamos a Navarra. Y a su catedral. Con dinero público se pagaron millonarias reparaciones meses antes de que la diócesis la inmatriculara: 15 millones de euros. En 2006, el obispado la hizo suya y pusieron precio a las visitas y a las actividades que allí se desarrollaban, explican en la plataforma. "La Iglesia quiere la propiedad para tres cosas, vender, alquilar o hipotecar. Sabemos que ya se está vendiendo y alquilando, y desconocemos si se usa para hipotecas", dice Josemari Esparza.

Esparza cita un caso singular recogido en el libro que han publicado, el de San Miguel de Lizoain, un templo del siglo XIII "quemado y desacralizado donde el Ayuntamiento iba a montar un centro cívico. En 2003 la Iglesia la inmatriculó, el mismo día que el resto de los templos del valle, y ahora el Ayuntamiento ha tenido que comprarlo para hacer el centro que planeaba. Un negocio redondo", se indigna Esparza. Recuerda que antiguamente las iglesias eran el centro municipal, la escuela, el lugar de reuniones. Todo. "Finalmente, quedó casi en exclusiva como lugar de culto, pero nunca fue de ellos. Ahora en Tafalla cobran 300 euros por los conciertos de las bandas que se celebraban tradicionalmente allí. El negocio del futuro de la Iglesia es el inmobiliario", sigue Esparza.

En el libro de la plataforma se analiza también el caso de la capilla de San Fermín, emblemática en Pamplona. "En los archivos se recogen los inmensos esfuerzos que hubo de hacer la ciudad para construirla; tanto que tuvieron que suspender las corridas de toros durante seis años. No puede estar más acreditado que era de propiedad pública. Pues la diócesis la inmatriculó en 2003. Y hace bien de dinero con ella, por las bodas y otros ritos", explica Esparza.

En Navarra, la plataforma está pidiendo a los alcaldes que saquen normas que impidan especular con los terrenos aledaños a las iglesias, esos que se están inmatriculando.

¿De quién son las iglesias? Hay que bucear en los archivos para saberlo, y no siempre se tiene constancia. Para la Iglesia, "la posesión pacífica de bienes inmuebles durante más de 100 años es, jurídicamente, título de propiedad suficiente para inscribirlos legítimamente en el Registro de la Propiedad". Temen que los templos se usen para otros fines. Pero ese temor no puede extenderse a los frontones, los olivares, las casas rectorales, los cementerios. ¿O sí?


* El País - CARMEN MORÁN - 11/07/2011
Foto: La reparación de la Catedral de Navarra se pagó con dinero público antes de que la Iglesia se la apropiara.- elpais

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Sevilla.- Protesta para reclamar la urbanización de sus viviendas

ELCORREOWEB* : Los socios de la cooperativa de viviendas Sol del Sur, adjudicataria en 2007 del concurso promovido para enajenar diversas parcelas del Polígono Aeropuerto (Sevilla Este), llevarán a cabo mañana una concentración a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para reclamar a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) que finalice la urbanización de las parcelas donde han sido levantadas sus viviendas. El objetivo es lograr la pertinente de autorización que les permita habitar sus pisos, cuyas obras ya están terminadas.
El abogado del colectivo de afectados informó en un comunicado de que EPSA tenía la obligación de hacerse cargo de la urbanización de las fincas, pues estas "se vendieron como urbanizadas y así se pagaron, ya que hasta en el pliego de condiciones del concurso estaban descritas como urbanizadas". Sin embargo, la realidad con las que se han encontrado, según explicó el letrado del colectivo, es que las obras de urbanización "ni siquiera habían empezado a la fecha de la compraventa".

A tal efecto, el colectivo de cooperativistas advierte de que, mientras en mayo de 2011 finalizó la construcción de las viviendas en cuestión, "la entrega de las mismas no es posible, puesto que la Gerencia de Urbanismo, cumpliendo con la legalidad, no concede la licencia de primera ocupación hasta que no estén terminadas las obras de urbanización" del solar en el que está ubicada la promoción. Es decir, la Gerencia no permitirá la ocupación del inmueble si no están las calles y las acometidas de agua y luz terminadas.

"Tenemos las viviendas terminadas y no podemos acceder a ellas porque EPSA, desde 2007, no ha sido capaz de concluir la urbanización. Mientras, nosotros hemos ejecutado en su totalidad la construcción de 117 y 104 viviendas respectivamente, debiendo asumir los gastos financieros y demás sobrecostes derivados de dicho retraso, cosa inadmisible en los tiempos en los que estamos". A tal efecto, los cooperativistas celebrarán a partir de mañana una movilización a las 9 horas ante el Palacio de San Telmo, que se repetirá todos los martes. "Nos parece lamentable que se llegue a dar esta situación, generada por quien debe velar por los derechos de los ciudadanos y que desde sus despachos no ven nuestras necesidades", añade el comunicado.


* El Correo de Andalucía - 11.07.11
Foto: Sevilla, palacio-san-telmo - urbesevilla

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El TSJ ordena demoler el edificio Bernat de Orpesa

LEVANTE/Castelló* : El TSJ requiere al Ayuntamiento de Orpesa a informarle de la fecha de demolición del edificio Bernat, situado frente la playa Morro de Gos. El auto del tribunal es claro y rechaza los incidentes de nulidad planteados por algunos de los afectados en los juzgados de Castelló. Recalca que "ningún juzgado o tribunal, salvo el Supremo o el Constitucional, pueden suspender la ejecución de la presente sentencia". Y ésta "ordena al ayuntamiento que proceda a la demolición del edificio". El auto del pasado 15 de junio ya es firme al no haberse presentado recurso alguno. La resolución del alto tribunal valenciano se produce de forma simultánea a la inadmisión por parte del Tribunal Constitucional del recurso de amparo presentado por los propietarios de los apartamentos hace más de un año. El TC notifica a las partes que no se ha conculcado ningún derecho constitucional, según el abogado de los vecinos de los Rosales, que presentaron la demanda.

Derribo inminente

Desde el momento en que la resolución del TSJ es firme el derribo debe producirse sin dilación, entiende el citado letrado, Miguel Carceller, porque entiende que al haber sido orden ejecutiva el consistorio debe cumplirla y, de no poder, tiene la opción de recurrir a la policía judicial. El derribo deberá producirse en el plazo de un mes, de acuerdo con la memoria y proyecto de demolición aprobado por el ayuntamiento en 2010 y encargado a la constructora Piaf. El derribo afecta a la totalidad del inmueble, cuya licencia de obras decretó nula el Tribunal Supremo. Así, se derribarán las 127 fincas catastrales del inmueble, incluidos los garajes y trasteros.
El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ratifica la sentencia emitida por él el 4 de febrero, instando a la ejecución de la sentencia que ordena el derribo del Bernat.
En ella tan sólo salva "la cimentación de pilotaje, la superficie de soleras". Fija en 24.000 los metros cúbicos a derribar. Indica que ninguna parte se puede salvar, puesto que el Tribunal Supremo, anuló en sentencia todas las licencias otorgadas, por lo que "la ilegalidad debe de ser proclamada de la totalidad de lo construido en base a las citadas licencias anuladas".
Mientras tanto, los propietarios de los apartamentos ocupan sus viviendas para pasar el verano y se muestran perplejos ante la posibilidad de que el desalojo y derribo se produzca en plenas vacaciones. Como último recurso han enviado al Tribunal Europeo una petición de amparo para intentar evitar la demolición de sus viviendas.


* Levante - 10.07.11
Foto: Orpesa (Castelló), edificio Bernat a demoler - levante

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Caso Brugal.- Un año que cambió Alicante

ELPAÍS/Reportaje* : Hace un año, en la madrugada del 6 de julio de 2010 esperaban, en pijama pero ya desperezados, en su chalé de Alicante a la policía. Los inquilinos de la lujosa vivienda eran el histórico líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y su mujer Margarita de La Vega. Y los agentes, la Brigada de Blanqueo de Capitales, que se disponían a desarrollar la segunda fase del caso Brugal. Este sumario se incoó tres años antes en pos de la estela de una trama de corrupción gestada a la sombra del negocio de la basura y el urbanismo en Alicante.
El escándalo que ha aflorado tras levantarse el secreto del voluminoso sumario (40.000 folios) ha tambaleado los cimientos del partido hegemónico en Alicante en los tres últimos lustros, el PP, y ha dejado al descubierto las ilícitas prácticas de sus dos empresarios de cabecera: el promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. Ambos controlan decenas de contratas adjudicadas por instituciones gobernadas por el PP.

La investigación sostiene que Ortiz y Fenoll han coronado sus imperios económicos a base de sobornar a los cargos del PP, bien en especies (las diligencias incluyen un torrente de regalos, desde lujosos relojes hasta viajes en jet privados) o en metálico. Ortiz optaba por los regalos; y Fenoll, por la entrega de sobres repletos de billetes.

El sumario ha puesto al descubierto la connivencia entre los empresarios y la clase política.

"Tú mandas", comenta en una de las escuchas de la causa la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al promotor Ortiz; O, "¿Qué pisos quieres?", pregunta el intermediario clave de la trama, Rafael Gregori, a Ripoll.

El 6 de julio de 2010, la policía arrestó a 11 personas, incluidos Ripoll, Ortiz y Fenoll. Éste y su clan empresarial (seis personas más), ya habían sido detenidos en mayo de 2007 en la primera fase policial de Brugal.

La génesis de este escándalo está en una insólita iniciativa de Fenoll. En marzo de 2006, el industrial puso en manos del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, un DVD que contenía un supuesto soborno por la basura de Orihuela. La grabación fue el hilo del que tiró Briones para desentrañar la que, cuatro años más tarde, se reveló como una gran madeja corrupta.

Con motivo del primer arresto de Fenoll, la policía se incautó en su empresa de centenares de grabaciones que delataban las prácticas del empresario. Fenoll, con ayuda de un detective, grababa todos los encuentros con políticos e intermediarios en los que amañaba contratas.

La investigación, dirigida por el Juzgado número 3 de Orihuela, completó las pruebas a base de escuchas telefónicas, entre marzo de 2007 y junio de 2010. El objetivo inicial de las intervenciones era el soborno de la basura de Orihuela. Pero las escuchas ofrecieron una montaña de réditos a la fiscalía y al juzgado. La trama no sólo pugnaba por ese contrato, sino también por el de la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja, y otra decena de contratas en diversos municipios alicantinos.

Las escuchas destaparon que no sólo era la basura el objeto de deseo de los supuestos corruptos. El urbanismo estaba también en su punto de mira. En este apartado, destaca el supuesto trato de favor por parte de la alcaldesa de Alicante y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tras los arrestos de julio de 2010, el instructor general en la recta final de la investigación, Carlos San Martín, imputó a 18 personas por dos de las piezas centrales de la investigación (la basura de Orihuela y el Plan Zonal), entre ellos, Ripoll, Ortiz y Fenoll. Al primero, el juez le atribuye cinco delitos. El más destacado es un supuesto soborno de dos pisos o su equivalente en metálico -un millón de euros- por el plan zonal. La policía sostiene que Ripoll generó 1,3 millones de euros sin justificar tras adjudicar la contrata. San Martín se inhibió del resto de las piezas. La causa del PGOU de Alicante recayó en el juzgado número 5 de la capital. Su titular ha imputado a siete de los 21 acusados por el fiscal.

En este primer año desde que trascendió el contenido del sumario de caso Brugal la instrucción ha estado mediatizada por el aluvión de recursos de las defensas, con el objetivo de tumbar las escuchas. El instructor les ha abierto la puerta al anular parte de las intervenciones. El futuro del caso está ahora en manos de la Audiencia de Alicante que tendrá que validar o revocar el sorpresivo auto del juez.

Síntesis del 'caso Brugal'

- ¿Qué es el caso Brugal? Una investigación judicial sobre una supuesta trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en la provincia de Alicante.

- Origen de la Investigación. La investigación comenzó en marzo de 2006 a raíz de la denuncia de supuesto soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela por parte de Fenoll. Este entregó, en persona, un DVD que recogía el supuesto soborno (de la firma Urbaser a concejales de Orihuela, unos 200 millones de las antiguas pesetas) al fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. La investigación judicial la ha dirigido el juzgado número 3 de Orihuela.

- ¿Qué hechos delictivos investiga? La causa general se abrió por cohecho, tráfico de influencias y fraude. El sumario tiene tres piezas centrales y una veintena de ramificaciones. La primera indaga un supuesto cohecho por la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja, adjudicada por la Diputación de Alicante, que preside José Joaquin Ripoll. El juez sostiene que Ripoll adjudicó la contrata a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) por parte del promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. La segunda, indaga otro soborno a ediles del PP de Orihuela por la basura de Orihuela. Y la tercera, cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información en el trámite del Plan General de Alicante

- Imputados. Entre imputados, acusados e implicados el caso Brugal afecta a más de dos centenares de personas. Por el plan zonal hay 18 imputados. El de mayor calado es el líder de PP de Alicante a quien el magistrado atribuye cinco delitos, entre ellos, los de cohecho y tráfico de influencias. Junto a Ripoll, el juez también ha imputado a los tres ediles del PP Oriolano. También están imputados Ortiz y Fenoll y otro tercer empresario del sector de la automoción de Alicante, Rafael Gregori. Por el Plan General de Alicante hay ya siete imputados, entre ellos, el redactor del PGOU, Ortiz y su mujer. El fiscal acusa a otras 14 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, del PP, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi. En otra pieza separada que investiga un soborno por la basura de Calp hay 11 imputados.

- Muñidores. La policía y el fiscal sostienen que en la trama de la basura (contrata de Orihuela y plan zonal) los cabecillas son Ripoll, Fenoll y Ortiz. Y en el caso del PGOU de Alicante, el exalcalde Alperi, Ortiz y Castedo.

- Dádivas. El modo de operar de los dos empresarios de la trama para ganarse los favores de los políticos era a base de entregas de dinero en metálico o colmándolos de lujosos regalos. La lista en este segundo apartado es kilométrica, y destaca el viaje a Creta de Alperi y una concejal del PP de Alicante en un jet de la familia del exconsejero Cotino, por 40.000 euros.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 10/07/2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es

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Cazalla.- La Fiscalía pide inhabilitar al ex alcalde una década después de ser denunciado

DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha solicitado una condena de dos años de suspensión y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla (PSOE), al que imputa sendos delitos de falsedad documental y prevaricación por haber actuado supuestamente como regidor sobre una finca de su propiedad ubicada en suelo rústico pero que se vendió como si fuera urbano.
La acusación del Ministerio Público llega con un grave retraso debido a las paralizaciones que sufrió la causa en el juzgado al que correspondió la investigación, lo que podría incluso incidir en la posible prescripción del delito, ya que la petición de apertura de juicio oral se produce más de una década después de que se iniciara la investigación judicial en el año 2001.

El relato de hechos del Ministerio Público señala que siendo alcalde Ángel Rodríguez de la Borbolla se inició la construcción de la urbanización Olivar de la Vega, en la que el Ayuntamiento propuso la creación de un acceso que atravesaba una finca rústica privada de la que el regidor era copropietario. El alcalde cedió 693 metros cuadrados, valorados en 1.455,30 euros, y a cambio se le eximió del pago de los costes de urbanización que le correspondieran y que ascendieron a 17.578,69 euros.

Como compensación por la cesión, se acordó también "recalificar un trozo de terreno" propiedad del imputado y su familia, un terreno de 3.000 metros cuadrados que tenía como suelo rústico un valor de 6.300 euros, pero que pasarían a valer como urbano 187.920,99 euros.

Los acuerdos, que "recibieron la firma y visto bueno del alcalde, que era el propio beneficiario de los mismos", fueron certificados por el entonces secretario municipal, Jaime F. F., a quien la Fiscalía también imputa un delito de falsedad documental y reclama una condena de dos años de suspensión para empleo o cargo público.


* Diario de Sevilla - 9.07.11
Foto: Cazalla de la Sierra (Sevilla), ayuntamiento - turismorural

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El 15-M vuelve al lugar donde empezó todo

PÚBLICO* : Indignados de todo el país marchan en dirección a Madrid. La expedición, de unas 500 personas, llegará a la capital el próximo 23 de julio y tiene previsto realizar ese mismo día una manifestación delante del Congreso. Los primeros caminantes se verán en la periferia de Madrid el viernes 22, para entrar en la ciudad el sábado y unirse a otros indignados que llegarán en autobuses para recorrer el último tramo del itinerario.
La iniciativa surgió en Barcelona, pero fue en Valencia donde se lanzaron primero a la carretera el pasado 20 de junio. Después le siguieron muchas más ciudades que habían albergado acampadas del 15-M en sus plazas. La marcha se divide en seis rutas: sureña, suroriental, nororiental, norteña, este y la noroeste [ver gráfico]. La ruta extremeña comenzó su camino pero se volvió pronto a casa.

La rutina del caminante

La jornada comienza para la mayoría de los viajeros a las cinco de la mañana. Tras levantar el campamento y desayunar algo se preparan para realizar el itinerario marcado: 20 ó 22 kilómetros cada día.

"Es una paliza, pero ya hemos acostumbrado el cuerpo a ese ritmo", dice Aldo, que participa en la marcha que salió de Barcelona. En total caminan cada día aproximadamente seis horas por la mañana y dedican la mayor parte de la tarde a hablar con la gente de las localidades por donde pasan.

"Salimos con una mentalidad y hemos tenido que cambiar el chip. Al principio íbamos con el megáfono, gritando consignas. Pero conforme nos adentrábamos en los pueblos, aplicamos un trato más cercano, más familiar y, al final, más productivo", explica Guzmán desde la marcha que partió de Valencia.

Los que iniciaron la caminata saben que no es fácil animar a la gente a unirse a la marcha. Jorge, de Murcia, explica: "Llevamos 16 días de viaje y más de 200 kilómetros a nuestras espaldas. Cada pueblo nos motiva a seguir. Saben lo que estamos haciendo y nos apoyan".

Uno de los aspectos que más les está llamando la atención es el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Hace tres días, la Guardia Civil nos escoltó porque caminábamos por la autovía, nos acompañaron hasta un camino de servicio y no multaron a nadie", relata David, de Bilbao.

La nota peculiar llega desde la marcha que viene del noroeste. Pablo Novoa, caminante gallego, comenta que durante cuatro horas tuvo unos singulares compañeros de viaje. "La televisión pública de Corea del Sur nos acompañó para entrevistarnos. Estaban interesados en el movimiento de los indignados porque en su país hay manifestaciones de universitarios".

Una experiencia irrepetible
"Lo más impresionante es que desde distintos puntos de España la gente ha decidido echar a andar hacia Madrid, rechazando la corrupción, con el deseo de mayor transparencia y pidiendo una democracia más participativa", expone Pablo. Para Daniel, de la marcha asturiana, participar supone un desafío: "Es una experiencia increíble y para mí, con mis muletas, es un reto. A nivel colectivo está siendo muy gratificante, nos complementamos y hacemos que esto funcione".

El movimiento cuenta con diversas plataformas de difusión en redes sociales que se actualizan con frecuencia. Tienen un blog donde comparten la aventura a través de un Diario de ruta, en el que relatan su experiencia, el lugar en que se encuentran, las incidencias surgidas y exponen sus necesidades.

Todas las marchas tienen necesidades similares: comida, agua, material sanitario, coches de apoyo, pero, por encima de todo, la solidaridad. Buscan personas dispuestas a colaborar ofreciendo un lugar de descanso o ayudando a montar las tiendas y, por supuesto, participando con sus ideas. Como cuenta Enrique, de la marcha riojana, los objetivos de la marcha son fundamentalmente dos. Se trata de "extender e informar sobre las ideas del movimiento a la gente que no puede acercarse a las capitales de provincia, y recoger propuestas, ideas y quejas para ponerlas en común y seguir trabajando."

Aunque quedan menos de 100 días para la manifestación del 15 de octubre, los planes de futuro van más allá y comprenden la creación de un foro social con todos los participantes del movimiento español y otro foro a nivel europeo. El proyecto de la marcha incluye la elaboración de un libro que recogerá las inquietudes, reivindicaciones, experiencias y luchas que se hayan reunido a lo largo del camino.

"Decimos a los pueblos que no están solos"

Carlos Pinto. Caminante de la ruta suroriental

1 - ¿Desde cuándo forma parte del Movimiento 15-M?
Desde el primer día. Estuve acampado dos semanas en Málaga, pero tuve que volver a casa por temas de estudios. Me identifico plenamente con los ocho puntos que reclama Democracia Real Ya.

2 - ¿Qué motivos le llevaron a unirte a la marcha?
Siempre me había hecho ilusión la idea de recorrer España con la mochila. Ya en la acampada habíamos hablado, medio en broma, de ir a Madrid. Cuando realmente se planteó la posibilidad de ir me hizo doble ilusión.

3 - ¿Cuál es su aportación a este proyecto?
Organizar la ruta de Málaga, después Granada se unió a la marcha y hubo que adaptarla variando un poco el itinerario.

4- ¿Cómo es el día a día?
Somos un grupo completamente dispar. Casos significativos de esa diversidad pueden ser la chica de 17 años que venía con nosotros, que ya abandonó la marcha, y un hombre de 71 años que aún continúa, y somos amigos. Es un movimiento apartidista, nos une una causa común. Aunque también es muy duro, el calor es a veces excesivo y el agua escasea, pero la hospitalidad de los pueblos es enorme.

5 - ¿Qué objetivos persiguen los indignados?
Buscamos explicar el modelo participativo del movimiento y recoger propuestas y demandas. Se trata, en definitiva, de demostrarle a los pueblos que no están solos.


* Público - MAITE INIESTA - 10/07/2011
Foto: Mapa rutas - publico

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