La Fiscalía endurece la petición de multas por construcciones ilegales

DIARIOCÓRDOBA* : La Fiscalía de Córdoba ha dado una vuelta de tuerca en su lucha contra las construcciones ilegales y ha elevado la cuantía de la petición de la pena de multa con el fin de que las condenas por delitos contra la ordenación del territorio no salgan baratas al infractor. Una decisión que justifica en que, en la mayoría de los casos, el infractor mantiene lo edificado al no acordarse la demolición, se beneficia de la suspensión de la pena de prisión y salda el asunto pagando una escasa multa, hasta el punto de que son muchos los que prefieren que su caso se lleve por la vía penal para hacer frente a multas inferiores a las que se les impondrían por vía administrativa. Así, para paliar este escenario, si hasta ahora las multas solicitadas por la Fiscalía se movían entre los 3.000 y 6.000 euros, ya están llegando a los juzgados de lo Penal escritos de acusación en los que se pide, en algunos casos, hasta 54.000 y 60.000 euros.

La fiscal delegada de la sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, Consuelo Fidalgo, explica que esta decisión de elevar la petición de pena de multa, acordada en la junta de fiscales, pretende "ponerlas en relación con el valor de las obras" y equipararlas a las multas administrativas, "de forma que no sea más beneficioso ser castigado en el ámbito penal que en el administrativo".

ESCASAS DEMOLICIONES La Fiscalía de Córdoba ha observado, según se recoge en la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía que, "en muy escasos supuestos" se acuerda en las sentencias condenatorias la demolición de las construcciones ilegales. En esos casos, añade, la pena prevista es la de prisión y multa, pero como quiera que los infractores, en su mayoría, no cuentan con antecedentes penales computables, "se les conceden casi automáticamente los beneficios de la suspensión de la condena", que siempre es inferior a la solicitada de entre uno y dos años. Así, señala la Memoria, "sin incurrir en exageración alguna podemos considerar que, en ocasiones, los infractores terminan consiguiendo su propósito con el pago de una escasísima multa", que ronda generalmente en las sentencias entre 1.500 y 3.000 euros. Tanto es así que la Fiscalía asegura en la Memoria que "somos conocedores" de que los propios infractores "interesan que su expediente administrativo se lleve por la vía penal" porque saben que la multa que se les va imponer por el delito "es muy inferior a la que le correspondería imponer en vía administrativa" con la aplicación de la ley de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA).

Así, la Fiscalía incorpora ahora, para valorar la situación, un expediente administrativo que se remite por la Gerencia de Urbanismo en el que se hace una valoración de lo construido según los criterios del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental y sobre la misma, conforme a la LOUA, se establece la sanción a imponer en vía administrativa. Como ejemplo, a una edificación valorada en 52.400 euros le correspondería una multa según la LOUA que oscilaría entre 39.300 y 78.600 euros, con lo cual "se aprecia con claridad que el importe de las multas que se imponen en la actualidad en la jurisdicción penal está muy por debajo de estas cantidades".


* Diario Córdoba - 12.07.11
Foto: Cordoba, viviendas ilegales - abc.es

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La Plataforma por una Vivienda Digna pide una tasadora pública

PÚBLICO* : Los ciudadanos de a pie están hartos de soportar injusticias y más cuando toca a la siempre muy sensible cuestión de la vivienda. La Plataforma por una Vivienda Digna, que clama por que se cumpla este derecho, también alza su voz contra las tasadoras. "Ahora no son independientes, trabajan para los intereses de los bancos", señala la asociación a través de su portavoz. Por ello, entre sus reclamaciones, la plataforma incluye la petición de una "tasación pública independiente" que garantice precios libres de conflictos de interés.
"Pedimos una tasadora pública porque se trata de valorar un bien de interés general, que está reconocido en la Constitución", dice la asociación, que se define como apartidista y cuenta con grupos de trabajo territoriales en nueve comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Catalunya, Euskadi, La Rioja, Asturias y Castilla y León.

En pro de la transparencia y para evitar la especulación que se hace con el suelo cuando se trata de compraventas de vivienda protegida, la plataforma también pide que se obligue a las tasadoras a reflejar por separado en sus valoraciones el valor del suelo y el del inmueble. Cuando las viviendas de protección oficial van cambiando de manos, va subiendo el precio, aunque legalmente sólo se pueden transmitir por el valor al que fueron adjudicadas a personas que cumplen con los baremos para recibir una VPO. "Al final, gente que lo necesita está pagando por una vivienda un precio casi de mercado".


* Público - 11.07.11
Foto: Protesta contra los precios de la vivienda - publico

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Los ecologistas denuncian un "frenazo" en política ambiental

ELPAÍS* : Cinco de las organizaciones ecologistas más importantes, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Bird Life y WWF, se unieron para hacer un balance sobre la gestión ambiental del Gobierno. "Decepcionante" ha sido la calificación general y el máximo responsable señalado ha sido el el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, principalmente por sus políticas de la segunda legislatura.
Juan Carlos Del Olmo, de WWF, considera que en esta última etapa "se ha producido un frenazo" en política ambiental como consecuencia de la crisis económica. La partida presupuestaria destinada a este fin es la que más recortes ha sufrido en los últimos años, según apuntaron esta mañana en una rueda de prensa en la que presentaron un balance general de la gestión ambiental. Los ecologistas acusan al Ministerio de Fomento de llevar una política de transportes basada en "el despilfarro y la destrucción". Como alternativa, proponen la implantación de la famosa Euroviñeta y la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible.
Una medida de la que ya ha hablado el Ejecutivo, pero que ha sido continuamente aplazada, según los activistas.

Los activistas reconocen que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha abierto más al diálogo pero consideran que no ha cumplido con sus promesas.

A 300 días del fin de la legislatura, los ecologistas interpretan, en un informe presentado esta mañana en una rueda de prensa, que "las políticas ambientales han pasado a un segundo plano y se ha producido una pérdida de liderazgo evidente en materia de sostenibilidad". Uno de los datos más llamativos que se han apuntado es que el Gobierno ha invertido 325 millones de euros en políticas que pretenden reducir la contaminación mientras ha gastado cuarenta veces más, 13.600 millones, en infraestructuras de transporte que los verdes consideran contaminantes. "España es el país de la Unión Europea que más kilómetros de carreteras y de vías ferroviarias tiene", subrayó Del Olmo.

El regreso a los 120 kilómetros por hora también es cuestionado en un momento en el que, según los ecologistas, "el precio de barril de petróleo es superior al precio que justificó la medida de los 110".

El estilo de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha sido elogiado por su apertura al diálogo. "Cuando llegó, la comunicación con el ministerio estaba totalmente interrumpida. Con ella hay reuniones de trabajo habitualmente, lo que está permitiendo, en algunos casos, que la agenda vaya más deprisa y, en otros, que podamos hacer llegar nuestras propuestas", destacó Asunción Ruiz, directora de SEO/Bird Life.

El medio ambiente, área por área

En materia de agua, el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis González, critica que el Gobierno siga instalado en la "vieja cultura del agua" en la que no se sienten los costes ambientales, donde ningún plan de cuenca ha sido todavía aprobado y "los que están en trámite presentan graves carencias", y porque todavía existen medio millón de pozos ilegales.

"El 80% de los españoles respira aire contaminado", advierte González. La culpa, según interpreta, es del MARM por la "dejación de sus responsabilidades" en materia de calidad del aire y porque no ha exigido lo suficiente a comunidades autónomas y ayuntamientos.

La directora ambiental de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, denuncia la "contradicción del discurso con la práctica" en materia de cambio climático y ha pedido un compromiso de reducción de emisiones del 40 por ciento. "Es absolutamente imprescindible que el Gobierno siga haciendo esfuerzos", ha subrayado.

Respecto a residuos, Spendeler ha dicho que la nueva Ley "introduce avances" o la consideración del sistema de devolución y retorno pero los tilda de "insuficientes" y lamenta que el Gobierno ha dejado pasar una oportunidad, ya que "ni siquiera ha prohibido el uso de las bolsas de un solo uso".

La directora ejecutiva de Greenpeace, Miren Gutiérrez, acusa al Gobierno de "estancamiento y abandono" de las políticas contra la contaminación química. Los españoles, apunta Gutiérrez, "tienen 300 sustancias químicas en su cuerpo que nuestros abuelos no tenían" y pide una actualización del Protocolo de Estocolmo -que regula el tema- con un "criterio unificado".

Las políticas energéticas también están estancadas, según los ecologistas, por la falta de apoyo a las energías renovables lo que queda demostrado por la falta de un calendario de cierre de las centrales nucleares como prometió el Ejecutivo en su programa, porque no se abandona el proyecto del almacén temporal centralizado de residuos (ATC) nucleares y porque tampoco hay salida para el carbón.

En materia de costas, los activistas creen que hay una oportunidad si se defiende la Ley "sin arbitrariedades" y se suspende la concesión para una refinería en Vizcaya o la refinería Balboa, prevista en Extremadura.

La situación de la pesca también se puede mejorar. Del Olmo reconoce al Ministerio de Medio Ambiente "avances" como la propuesta de protección de ecosistemas vulnerables, en protección de tiburones o medidas para evitar la muerte accidental de aves o la "buena" noticia de la recuperación de la anchoa. "Ahora España es un actor importantísimo en la discusión de la política pesquera común que se está estudiando en Bruselas", destaca.

Del Olmo ha criticado que el Gobierno está "fuertemente influido por los sectores más industriales" en el área agrícola, hasta el punto de que el 80% del agua de España se destina a utilidades rurales. "Rosa Aguilar ha dicho que se quiere una Política Agrícola Común mucho más verde, pero queremos ver políticas concretas. Las propuestas verdes del MARM en la PAC son palabras vacías", sentencia.

Algunos de los proyectos denunciados por los ambientalistas, por sus impactos ambientales y sociales, son: la Refinería del Grupo Balboa (en Extremadura), el Dragado del Guadalquivir (en Andalucía), el embalse de Biscarrués (en Aragón), el hotel Algarrobico (en Andalucía), la estación de esquí de San Glorio (en Castilla León), el puerto de Granadilla (en Canarias) o el polígono industrial de Las Aletas (en Andalucía).

Tras la rueda de prensa, el ministerio ha anunciado que ha dado luz verde a Biscarrués, en el Río Gállego, uno de los embalses más polémicos. El ministerio destaca que ha incluido salvaguardas ambientales, como la garantía de que habrá un caudal de 90 metros cúbicos por segundo aguas abajo de la presa. Aún así, la noticia ha recibido el rechazo de los ecologistas.

La conclusión para Ruiz, es que "la política medioambiental del Gobierno se ha reverdecido" y que "la conservación en este país está en tramitación".

Los ecologistas consideran que el Gobierno tiene, de momento, "un insuficiente" aunque con más voluntad política, podría lograr un aprobado antes del fin de la legislatura.

El objetivo del informe es dar un toque de atención al Ejecutivo y ofrecerle "propuestas realistas" para que cambie su gestión en estos últimos meses.


* El País - M.VICTORIA ENNIS - Madrid - 11/07/2011
Foto: AVE no, Tren sí - ecologistasenaccion.org

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Santa Cruz.- El peón que pidió el crédito para Las Teresitas fue contable 'B' del CCN

LAOPINIÓN/Tenerife* : Lo mismo vale para solicitar un crédito de alto riesgo ante CajaCanarias por valor de 33 millones de euros como socio de una recién creada mercantil llamada Inversiones Las Teresitas, a pesar de que tenía una nómina de 720 euros como peón de la construcción, como para "maquillar" la contabilidad del Centro Canario Nacionalista (CCN) para las elecciones de 2007. Felipe Manuel de Armas Jerónimo, el testaferro que Ignacio González Martín utilizó para pedir el crédito con el que comprar los terrenos de Las Teresitas, también era el "responsable de toda la contabilidad ´B´ de la campaña electoral de 2007" en el CCN. La policía lo sitúa como hombre de confianza del empresario tinerfeño y, por lo visto en la Operación Hubara, valía para cualquier cosa. En ambas causas ha estado imputado.
Según se desprende de la investigación llevada a cabo en la presunta trama de financiación ilegal del CCN, caso por el que se imputa a la cúpula del partido delito electoral, falsedad documental y tráfico de influencias, Felipe Manuel de Armas Jerónimo "es la persona encargada de ´maquillar´ la contabilidad no sólo de las empresas de los González-Santiago sino también, probablemente, del propio partido".

Los investigadores llegaron a esa conclusión por tres motivos diferentes: la documentación hallada en un piso franco cuando se ordenó un registro del caso Las Teresitas, las conversaciones telefónicas interceptadas en la Operación Hubara y la intervención del correo electrónico del propio De Armas, realizada también en el marco de la investigación al partido político tinerfeño

Maquinación contable

La Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife explica en un informe de la causa que "toda esta maquinación contable de distribución entre las empresas del grupo empresarial de los pagos por los servicios prestados para el CCN ha sido realizada por Felipe Manuel de Armas Jerónimo, experto contable del grupo empresarial, pues es la única persona que conoce en profundidad el funcionamiento de todo el entramado de los González Santiago". Se le considera una persona de máxima confianza del empresario y padre del líder del CCN, de ahí que fuera utilizado como la cabeza visible en la sociedad Inversiones Las Teresitas a la hora de pedir, deprisa y corriendo, un crédito de 33 millones de euros para comprar los terrenos de la playa antes de que se conociera una sentencia del Tribunal Supremo que aumentaba los derechos de edificación.
La policía entiende que la colaboración de De Armas en la presunta trama de financiación ilegal del CCN "se torna necesaria e imprescindible, pues no basta un contable cualquiera para, en breve tiempo, acometer estas maquinaciones contables inter-empresas, sino que se precisa de un profundo y exhaustivo conocimiento de la realidad contable de las empresas para poder distribuir las cargas y beneficios. Y dicho exhaustivo y profundo conocimiento tan sólo lo posee quien habitualmente ejerce estas funciones, no sólo la función contable legal (y aparente), sino la función contable real, la que recoge aquellos movimientos contables que efectivamente se producen y que deben sufrir alteraciones tendentes a obtener beneficios fiscales".
Como se reveló en su día en el marco de la investigación del caso Las Teresitas, Ignacio González Martín (el padre del líder del CCN) decidió no aparecer como apoderado de Inversiones Las Teresitas a la hora de solicitar un crédito de 33 millones de euros para comprar los terrenos debido a su condición de consejero de la entidad prestataria, CajaCanarias. Para evitar cualquier reprobación, en Inversiones Las Teresitas aparecieron como apoderados Felipe Manuel de Armas Jerónimo y Antonio Plasencia, el otro empresario imputado en la causa relacionada con el pelotazo de los 120 millones de euros. La entidad bancaria concedió el crédito, calificado de alto riesgo por el Banco de España y. tiempo después, Ignacio González Martín recuperó el control de la sociedad inversora.
Con el crédito de 33 millones de euros, Inversiones Las Teresitas compró el suelo 24 horas antes de que se conociera una sentencia que multiplicaba el valor del suelo y posteriormente vendió el frente de playa al Ayuntamiento de Santa Cruz por 52 millones. Finalmente vendió otro porcentaje a una inmobiliaria por 90 millones.


* La Opinión Tenerife - 10.07.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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Marbella.- Roca, una garantía de éxito

SUR/Málaga* : Para sus socios era el mejor compañero para emprender una aventura empresarial. Era como apostar a caballo ganador o una brújula para llegar siempre a buen puerto. Según indicaron ayer dos funcionarios de la Agencia Tributaria en una nueva sesión del juicio por el 'caso Malaya' la presencia de Juan Antonio Roca era un aval de éxito en los negocios impulsados desde su entramado societario dada su posición e influencia en el Ayuntamiento de Marbella. «Era el que garantizaba el buen fin de la operación» y los socios «estaban interesados en que él estuviera allí», indicó uno de los técnicos. El perito hacía esta afirmación cuando el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, preguntaba acerca de las operaciones mercantiles que rodearon la compra de la finca La Concepción de Marbella para construcir un campo de golf y viviendas. El terreno, ubicado en el partido de Río Verde, estaba integrado por dos parcelas. La adquisición de ambas fincas (de una superficie de más de un millón de metros cuadrados) rozó los 4 millones de euros (652 millones de pesetas). Al parecer del técnico tributario la presencia del exasesor garantizaba no sólo la viabilidad de la iniciativa inmobiliaria sino además certificaba un «buen fin» del proyecto.

Y todo ello pese a que el terreno en cuestión tenía una calificación de suelo no urbanizable de protección forestal que, tras la revisión del planeamiento, fue catalogado como suelo urbanizable. En la sala explicaron que la entidad Golf & Raquet Planet firmó un convenio de concesión urbanística en diciembre de 2002 con el consistorio marbellí por el que se pactó un período de explotación de 75 años y un canon de 144.862 euros. Según uno de los agentes tributarios los cambios urbanísticos se desarrollaban de manera formal, a través de convenios, o a veces sin formalismos cuando «Roca cambiaba los parámetros del Plan General de Ordenación Urbana» (PGOU).
En la sesión de ayer los expertos, que comparecen como testigos desde la semana pasada, repasaron las operaciones mercantiles vinculadas al entramado socitario del exasesor que definieron como «una estructuta criminal». Los funcionarios ratificaron sus conclusiones sobre las operaciones inmobiliarias analizadas en esta segunda fase del juicio y en las que observan «operaciones de blanqueo» de capitales.
Los peritos también analizaron minuciosamente con el fiscal los pasos dados para desarrollar las distintas operaciones en las que aperecen sociedades vinculadas a Roca y a los acusados de blanqueo de este bloque del juicio. También abordaron cómo entraban los nuevos socios a los negocios, la relación de los imputados de esta parte con el principal acusado de la causa, así como la organización exterior, fuera de España, de la trama.
Domicilio social
Los expertos de Hacienda también hicieron una mención especial de los domicilios sociales de las empresas relacionadas con Roca. A su juicio éstas son también «fórmulas de ocultación». Ambos explicaron que la organización intentaba que cada sociedad tuviera su propio domilicio social a modo de garantía «por si se intervenía a alguna de ellas». En ese caso actuaban como «cortafuegos». Si las sociedades compartían sede, como ocurría en ocasiones, se exponían a un mayor«riesgo». Por ello, la finalidad de algunas de estas empresas no era más que la de «proporcionar a la estructura u organización criminal un nuevo domicilio social», puntualizó uno de los declarantes.
El juicio se reanudará hoy martes a partir de las 10.00 horas. Tomarán la palabra los abogados defensores que podrán preguntar a los dos funcionarios de la Agencia Tributaria.


* SUR - 12.07.11 - ROSSEL APARICIO
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo (archivo) - sur

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Tropezar dos veces con el mismo ladrillo

GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : Que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra es un aforismo español que parece que puede volver a repetirse en el sector inmobiliario, tal como viene planteándose en los últimos tiempos por algunos sectores sociales y partidos políticos en demanda de la restauración del viejo modelo de liberalización del suelo en aras de incrementar la oferta de suelo urbanizable. Contraviniendo de nuevo la maternidad de la ciencia, vuelve a vislumbrarse que la experiencia no siempre sirve para validar el método científico de prueba y error.
De hecho, en la actualidad, el sector inmobiliario se encuentra totalmente desplomado por causa, precisamente, de una hipertrofia de oferta de producto que trae causa de la aplicación de medidas sedicentemente liberalizadoras del mercado de suelo contempladas en la legislación estatal del 1998-2000 y traspuestas a diversas legislaciones autonómicas, que vinieron a desregular la implantación de actuaciones urbanizadoras en el territorio al considerar todo el suelo patrio susceptible de ser urbanizado salvo el especialmente protegido, disposiciones que conformaron la base espacial y normativa de aplicación de la desregulación financiera que comportaba el excedente crediticio existente entonces, dirigido al sector inmobiliario.
Convendría recordar que en los años de la burbuja 1997-2006, las desregulaciones normativa y financiera señaladas posibilitaron la construcción del doble de viviendas que requería la demanda residencial normalizada, es decir, la demanda endógena de formación de hogares, que alcanza las 300-350.000 viviendas/año en España. De hecho, en los últimos años de la burbuja se alcanzaron las 650-700.000 viviendas/año, el doble de la demanda endógena, llegándose al triplo en las regiones mediterráneas y áreas centrales españolas.

Pues bien, la gravísima crisis financiera global originada por las hipotecas basura norteamericanas en el verano del 2007, vino a alcanzar a las hipotecas forzadas y a los inflacionados créditos inmobiliarios españoles, lo que comportó el desplome del sector, pasando a construirse un máximo de 100.000 viviendas/año, pasando del duplo al tercio en el intervalo de la burbuja, con el añadido de la generación de un enorme stock de producto de vivienda y suelo altamente sobrevalorados y de muy difícil digestión por el mercado que viene a lastrar, aún más, la recuperación de la actividad.
Por tanto, si en el periodo desarrollista anterior se han producido el doble de viviendas que la demanda endógena requería, debe reconocerse, cínicamente si se quiere, el éxito aplicativo de las denominadas medidas liberalizadoras, tanto de suelo como financieras, puestas en servicio en la segunda mitad de los noventa y primera de los años 2000, desmintiéndose, en consecuencia, la afirmación de que las citadas medidas no pudieron ser aplicadas por causa de una sentencia del Tribunal Constitucional, pues en ningún caso la resolución del alto tribunal afectó a las diversas legislaciones autonómicas que ya habían incorporado la concepción del todo urbanizable a su propio marco normativo.
Adicionalmente, también resulta sorprendente el desconocimiento que manifiestan los defensores del modelo liberalizador sobre las consecuencias que ha venido a producir el mismo. En primer lugar, a pesar de haberse construido el doble de viviendas, el precio de las mismas en dicho periodo entró en una espiral especulativa que llegó a incrementarse en un 150% y el del suelo en un 500%, con lo que el problema generado por la presunta liberalización es triple: ocupación indiscriminada e insostenible de suelo, sobreoferta de producto con generación de un stock de pesadísima digestión y una hipervaloración del mismo, sobre todo de nuestro activo tóxico, el suelo, que viene a imposibilitar, en la práctica, la refinanciación, al menos, de los créditos existentes.
En resumen, volver a reclamar las fracasadas medidas liberalizadoras que resultan ser una de las causas básicas del desplome del sector inmobiliario solo puede responder a un inaudito desconocimiento del comportamiento del mercado inmobiliario o a una sorprendente contumacia en el error. Ojalá se reconsidere y pueda evitarse el volver a tropezar dos veces en el mismo ladrillo, tal como se señala en el título de este artículo.


* Gerardo Roger Fernández. Arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III


* Cinco Días - Opinión - 11.07.11

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