El alcalde de Lugo, imputado por presunta prevaricación en relación con el PGOM

ELMUNDO* : La Asociación por la Legalidad del PGOM advierte ilegalidad en su actuación. La juez Pilar de Lara Cifuentes, titular del Juzgado nº1 de Lugo, ha llamado a declarar al alcalde de Lugo, José López Orozco, en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación. La denuncia que motiva la imputación del alcalde fue interpuesta por la Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo al entender que pudo haber cometido un delito otorgando pluses de productividad a funcionarios implicados en la elaboración del Plan de Ordenación Urbana (PGOM) de la ciudad de Lugo.
La juez, que también instruye la 'operación Carioca', tomará declaración al regidor municipal el próximo 20 de septiembre. Según fuentes consultadas por elmundo.es, en el texto de la denuncia se advierte que tres personas, funcionarios del Ayuntamiento de Lugo, cobraron una productividad "como nunca se dio". Los pluses a los que se refiere la denuncia se centran en el jefe de Urbanismo, el jefe de Arquitectura y el anterior secretario municipal.

Este último, actualmente jubilado, fue el más beneficiado del reparto de primas por parte del Ayuntamiento. El complemento de productividad que recibió en el mes de diciembre de 2010 ascendió a 9.471,15 euros, la cantidad más elevada del listado. Los denunciantes estiman que los tres funcionarios percibieron unas primas "entre 10 y 19 veces" superiores que la media que cobraron el resto de funcionarios del Ayuntamiento.

Por su parte, el jefe de Urbanismo percibió 4.971 euros, mientras que el jefe de arquitectura del Ayuntamiento recibió 3.971,15 euros.

Desde la asociación consideran que estas cantidades pudieron ser abonadas para tratar de justificar un plan que no consideran legal y en contra del que se han venido manifestando en los últimos años. En la actualidad el documento está aprobado en un 95% por la Xunta de Galicia, a la espera de que el Gobierno local aporte documentación complementaria que afecta a un 5% que sigue pendiente de la validación definitiva por parte de la administración autonómica.

El Ayuntamiento defiende su actuación

Tras conocer la imputación del alcalde, el Gobierno local, a través de la alcaldesa en funciones Sonia Méndez, manifestó su "tranquilidad" y la confianza en el trabajo judicial. "Estamos encantados de que el Juzgado nos dé la oportunidad de llevar a cabo las aclaraciones que se necesiten a fin de poner las cosas en su sitio", expuso. La edil de Economía aseguró que "el reparto de la productividad se realizó con absoluta transparencia, como siempre se hace" al tiempo que sostuvo que "no se cometió ningún delito".

A pesar de estas declaraciones, el reparto de productividad causó un gran revuelo interno en el ayuntamiento en el momento de su publicación. Así, la Junta de Personal mostró su rechazo al reparto dirigido por el alcalde.

Conflicto permanente

La Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo tiene abierta una guerra judicial contra el Ayuntamiento en relación con el Plan de Ordenación Urbanística que le ha llevado a interponer varias denuncias más, algunas de ellas archivadas por la Justicia.

El pasado mes de febrero el alcalde tuvo que acudir al Juzgado por la admisión a trámite de una querella de los integrantes de Alpul, después de que hubiera proferido frases como que los representantes de la asociación "escupen hacia arriba" o que "tratan de esconder sus vergüenzas" al cuestionar con declaraciones e iniciativas judiciales el PGOM de Lugo, pendiente de aprobación definitiva por parte de la Xunta de Galicia.

Alpul presentó otras dos querellas penales por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y supuesta por aceptación de soborno y tráfico de influencias, por la que fue llamada a declarar como imputada la ex delegada de Urbanismo y actual jefa de gabinete del alcalde, María Novo.


* El Mundo - Silvia Pena - 15.07.11
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv

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El Gobierno valenciano bloquea la mayor desaladora de Europa

ELPAÍS* : Fue concebida como la mayor fábrica de Europa de agua desalada, pero 4 años más tarde permanece inactiva. Es la planta desaladora de Torrevieja, impulsada por el Gobierno a través del organismo Acuamed, con una capacidad para generar 80 hectómetros cúbicos de agua al año, la mitad para el regadío y otro tanto para el abastecimiento humano. La instalación ha supuesto una inversión de 300 millones de euros, de los cuales 55 son subvenciones de la Unión Europea. La obra civil de la instalación está acabada, según Acuamed. Sin embargo, la Generalitat Valenciana, que preside el popular Francisco Camps, sigue sin conceder la autorización ambiental integrada, petición que Acuamed cursó por primera vez en agosto de 2007.
Un portavoz de Acuamed señala que la puesta en servicio comercial de la instalación, es decir, la entrega efectiva de agua a los usuarios, podría producirse a mitad de 2012, si la Generalitat Valenciana entregase de inmediato los permisos. "La planta de Torrevieja está totalmente acabada, incluso ajardinada", señala ese portavoz. Solo resta, añade, el tramo marítimo de las conducciones de toma y vertidos, "también pendiente del permiso que debería otorgar la Dirección General de Puertos de la Generalitat Valenciana y que fue solicitado en marzo de 2009".

Pero no es la de Torrevieja la única desaladora que el Ejecutivo autonómico mantiene bloqueada. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, el Gobierno tiene en avanzado estado de construcción o finalizada la obra civil de otras cuatro desaladoras más (Oropesa, Monfocar, Sagunto y Mutxamel). Tampoco a estas instalaciones la Generalitat Valenciana ha concedió la autorización integral ambientada.

En la Comunidad Valenciana, Acuamed tiene en marcha tres proyectos más de desaladoras (Dénia, Calp y Xàbia), cuyas obras no han comenzado.

En total, la inversión del Gobierno en materia de desalación en la actual legislatura en territorio valenciano asciende a 555,8 millones de euros. La puesta en marcha de las ocho instalaciones aportaría a los usuarios un total de 142 hectómetros cúbicos de agua al año, de los cuales 100 serían para el consumo humano y el resto para el regadío.

El caudal hídrico procedente de la desalación ha sido sistemáticamente ninguneado y boicoteado administrativamente, a tenor de la resistencia a entregar los permisos de autorización ambiental por parte del PP valenciano, con Francisco Camps a la cabeza.

Los populares valencianos han apostado y apuestan por los caudales continentales. Y en este terreno de transferencias de aguas continentales, destaca la pertinaz reivindicación del derogado trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana y Murcia. La última en sumarse a esta demanda ha sido Luisa Pastor, recién elegida presidenta de la Diputación de Alicante. La presidenta estrenó el cargo desempolvando la guerra del agua e incluyendo entre las prioridades de su gestión la reclamación del anulado trasvase del Ebro.

Al margen de las iniciativas en la Comunidad Valenciana, en el resto de España la entidad Acuamed ha puesto en marcha cinco plantas desaladoras: en Marbella (Málaga), El Atabal (Málaga), Carboneras (Almería), Valdelentisco (Murcia) y Bajo Almanzora (Almería). Estas cinco desaladoras generan un total de 192 hectómetros cúbicos de agua al año, de los cuales 122 se destinan al consumo humano y el resto va dirigido al riego. La inversión global que han supuesto las cinco plantas asciende a 699 millones de euros.

Acuamed, por último, tiene en marcha otras cuatro desaladoras más. La más destacada es la de Águilas (Murcia), cuya construcción esta en fase avanzada. La planta generará 70 hectómetros (13 para abastecimiento humano y 57 para riego) y su coste es de 275 millones. También está en fase de construcción la planta de Campos de Dalías (Almería), que generará 30 hectómetros y costará 200 millones. Los otros dos proyectos están en fase de concurso de proyectos y son la desaladora de El Mojón (Murcia) y la de Mijas (Málaga), con 3,8 y 20 hectometros cúbicos, respectivamente, y una inversión prevista entre las dos de 108 millones.

Radiografía de la desalación

- Plantas puestas en marcha. El Gobierno, a través del organismo Acuamed, ha puesto en macha cinco plantas desaladoras: Marbella, El Atabal (Málaga), Carboneras (Almería) Valdelentisco (Murcia) y Bajo Almanzora (Almería).

- Inversión y recursos hídricos generados. En total, las cinco desaladoras en activo han supuesto una inversión de 699 millones de euros. Estas instalaciones generan un caudal global de 192 hectómetros cúbicos, de los cuales 122 se destinan al abastecimiento humano y el resto al regadío de las explotaciones agrícolas.

- Proyectos en marcha. En total, Acuamed tiene en marcha otros 12 proyectos de plantas desaladoras, que generarían 265 hectómetros cúbicos más de agua (155 para el consumo y 107 para el riego), con una inversión global de 1.140 millones de euros.

- 'La fábrica de Europa'. El proyecto estrella del programa Agua del Gobierno fue la planta desaladora de Torrevieja. La instalación, presentada como la mayor fábrica de agua desalada en Europa, está inactiva cuatro años después, debido a que la Generalitat Valenciana no acaba de conceder la autorización ambiental integrada. La planta generará 80 hectómetros al año (40 para el regadío y otros tantos para el consumo humano) y ha costado 300 millones.

- Plantas en la Comunidad Valenciana. El Gobierno tiene en marcha en la Comunidad Valenciana ocho desaladoras (incluida la de Torrevieja), con un caudal de 142 hectómetros. La inversión global es de 555 millones.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 17/07/2011
Foto: Planta desaladora de Torrevieja (Alicante) - elpais

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Málaga.- Los obstáculos del carril bici

SUR* : La doble fila, los peatones o la falta de conexión dificultan la circulación por los nuevos viales. Desde hace unos meses, las calles de Málaga tienen un nuevo elemento que forma parte de su día a día: las bicicletas. Con la progresiva implantación del carril bici, muchas personas han empezado a utilizarlas para moverse por la ciudad. Pero todo lo nuevo necesita un periodo de adaptación y la realidad es que la red de viales destinados a estos vehículos -el Ayuntamiento proyectó cuatro nuevos itinerarios que suman 20 kilómetros más- está repleta de obstáculos para el ciclista. Pese a este 'handicap' lo cierto es que en la capital hay más bicicletas que nunca; una moda que mejora la movilidad, ahorra gasolina, contamina menos y es más sana. Los modelos más económicos (entre 100 y 200 euros) se venden con facilidad y los talleres también ven cómo muchos usuarios han decidido rescatar sus antiguos vehículos.

«Con la llegada del buen tiempo tenemos el taller totalmente lleno, algo que no pasaba hace un año», explica Gregory Mills, de la tienda especializada 'Recyclo'.«En Málaga hay mucha gente que está sacando las bicicletas del trastero para ponerlas a punto y esto tiene que ver con los carriles bici, aunque creo que todavía se usan más para pasear que como alternativa al coche», dice. Y todos estos ciclistas tienen que enfrentarse con paciencia y mucha precaución a una red de caminos con algunos inconvenientes.

Es prácticamente imposible circular en bici por la ciudad, sobre todo en las horas punta, sin tener que esquivar a un coche parado en el carril o sin encontrarse un camión de reparto que corta el paso. La red del plan de bicicletas ha provocado que se reduzcan algunos aparcamientos en superficie y zonas de descarga. En calles como Armengual de la Mota, Don Juan de Austria, Mármoles o Martínez Maldonado muchos conductores suelen utilizar de manera indebida el carril destinado a los vehículos de dos ruedas. Aunque sea durante unos minutos y pese a que los viales están bien señalizados y separados de la calzada, esta infracción está a la orden del día.
En el caso de los repartidores de mercancías es aún peor y suponen mayor peligro, ya que suelen ser camiones o furgonetas de grandes dimensiones que ocupan ambos sentidos del trazado para ciclistas.
Los recorridos
Los tramos con curvas cerradas también obligan al ciclista a extremar la prudencia. Si hay viales que destacan por ser anchos y rectos -como el de Ciudad Jardín, Herrera Oria o Teatinos-, otros son todo lo contrario. El carril que discurre por la Alameda Principal, sorteando los puestos de flores y las paradas de autobús, sirve como ejemplo. La mayoría de los viales para ciclistas también están salpicados de semáforos, salidas de calles, garajes, pasos de peatones o cruces por lo que hay que circular muy lento y con el freno siempre a mano.
Otro de los principales problemas de los carriles bici es la falta de conexión entre algunas partes de su trazado. Unir unas zonas de la ciudad con otras no es fácil y se ha tenido que ganar espacio a las aceras y las calzadas ya existentes para crear estos nuevos viales.
El Ayuntamiento diseñó cuatro itinerarios para la red de infraestructuras de bicicletas: Universidad-Centro, unión norte-centro-este, zona norte y noroeste y un último camino compuesto por dos tramos independientes que conectan con otros. Pero la sensación generalizada es que no hay realmente una red bien engrasada. «Hay carriles bici que no van a ningún lado», suelen criticar sus usuarios. Esto significa que hay zonas en las que el carril se corta sin justificación y sin un punto concreto de destino, lo que provoca que el ciclista se tenga que volver sobre lo ya pedaleado. Ocurre en la calle Morales Villarrubia (continuación de Doctor Escassi) o en la calle Parras, donde el trayecto desaparece justo antes de la iglesia San Felipe Neri para aparecer varios metros más adelante en la calle Madre de Dios.
Además, la red destinada a los amantes de las dos ruedas aún está por llegar a grandes barrios como El Palo o la zona de los Baños del Carmen, donde se reclama una conexión entre el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso y Pedregalejo. Desde la Asociación Ruedas Redondas, impulsora del uso de la bicicleta en la capital malagueña, se habla de la necesidad de que los carriles tengan «solución de continuidad» y que unan los barrios con el Centro «y con los centros de atención de visitantes» como la Universidad o los centros deportivos.
Los espacios para ciclistas se han creado intentado respetar algunos elementos urbanos ya existentes y esto hace que el usuario de las dos ruedas se pueda encontrar desde una parada de autobús en su camino a un contenedor de basura.
En vías como la avenida de Andalucía o la de Carlos Haya las paradas de la EMT están justo a lado del camino destinado a ciclistas, por lo que es habitual que los usuarios del autobús tengan que ocupar el carril para hacer cola o para acceder al transporte público, con el consiguiente riesgo. Algo parecido pasa con los bancos que hay en la avenida Jacinto Benavente, que obligan a los vecinos que se sientan en ellos a invadir el espacio ciclista. Otro obstáculo muy común son las ramas de los árboles demasiado bajas que hay en zonas como el puente de las Américas o Ciudad Jardín, que no son molestas para el peatón pero sí para el ciclista.
Con el uso de los vehículos a dos ruedas en alza, quizás el conflicto más complejo sea la convivencia en el mismo espacio entre peatones y ciclistas. Como en cualquier asunto, el sentido común tiene que ser la nota imperante y los usuarios de bicis deben reducir al mínimo la velocidad en la ciudad y ceder el paso a los viandantes que se crucen en su camino. Y es que en muchos sitios el peatón se ha quedado sin apenas espacio. En determinadas calles muy estrechas se ha creado un carril bici que ocupa más espacio que la propia acera. En otras zonas, como en Martínez Maldonado, las terrazas de bares y cafeterías ocupan gran parte de la acera, impulsando a los peatones a andar por el carril bici.
En los puntos muy transitados (Plaza de la Marina, Alameda Principal, Armengual de la Mota), esta convivencia se antoja muy complicada e incluso peligrosa por la posibilidad de accidentes. Incluso hay quienes los evitan: «Cuando hay mucha gente prefiero ir por la carretera, es más rápido y hasta más seguro», aclara un ciclista en plena Alameda Principal.
Quizás por eso los usuarios más veteranos siempre han reclamado que los carriles para bicicletas convivan con los coches en la calzada, antes que con los peatones en las aceras. «Si te apartan del tráfico no aprendes a circular en bici como un vehículo más. Hubiera preferido que integraran las bicicletas en una parte de la calzada, como los carriles destinados al transporte público», sentencia otro ciclista.


* SUR - 17.07.11 - ENRIQUE MIRANDA
Foto: Ciudad Jardín. Varios coches aparcados ocupan todo el vial ciclista - sur

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La Xunta legalizará unos tanques químicos al pie de la ría de Arousa

ELPAÍS* : La Xunta ha decidido legalizar la actividad de las empresas Finsa y Foresa en el puerto de Vilagarcía, cuatro años después de que el Tribunal Supremo confirmara el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por el que declaraba nulo el procedimiento administrativo que permitió el almacenaje de hidrocarburos y otras sustancias químicas en los depósitos de Ferrazo.
La legalización consiste en aprobar la declaración de impacto medioambiental de los tanques que presentaron las empresas afectadas, un requisito que no cumplió la Xunta en 1999 y que dio lugar a un largo proceso judicial promovido por la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA), que representa a más de 40 asociaciones y cofradías del entorno. En la fase de alegaciones, el expediente administrativo ha tropezado con la férrea oposición de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega) que representa a estos colectivos y que han exigido a la Xunta que cumpla con las sentencias judiciales y proceda a desmantelar los polémicos depósitos.

Adega y la PDRA han dado ya los primeros pasos para impedir, una vez más, el tráfico de hidrocarburos en la ría o lo que es lo mismo, que la Xunta redacte una declaración ambiental negativa para los depósitos de Ferrazo. Ambos colectivos presentarán el lunes el pliego de alegaciones ante las consellerías de Medio Ambiente y Economía.

"Con más de diez años funcionando ilegalmente sin evaluación ambiental alguna, Finsa y Foresa pretenden cumplir ahora este trámite, pese a las sentencias que ratifican la ilegalidad del proyecto y obligan a su desmantelamiento", recordaron los ecologistas en un comunicado. Insiste Adega en que los permisos concedidos por el Gobierno de Fraga fueron ilegales al no haber tramitado en el expediente administrativo el informe de impacto medioambiental "por lo que la construcción de los depósitos y su actividad se declararon nulas de pleno derecho."

Los ecologistas creen que la Xunta no puede autoproclamarse ahora como órgano medioambiental cuando no lo hizo al principio, por lo que debe de retrotraer el procedimiento administrativo al punto anterior a la construcción de los depósitos y comenzar de nuevo los trámites: "Ahora pretenden sustanciar el trámite ambiental, como si en Ferrazo no pasara nada y en la ría no hubieran navegado decenas de petroleros, algunos con problemas, y coma si la población de Vilagarcía no estuviera sometida a un riesgo continuo para su salud". Adega advierte que si la Xunta aprueba ahora la evaluación ambiental "estará creando un escandaloso agravio comparativo con otras empresas que cumplen con los trámites legales".

La Xunta entiende que el fallo del Supremo solo anula la prestación de servicios a terceros por parte de las empresas concesionarias, una actividad que hoy ya no realizan. Según su interpretación, las compañías afectadas pueden solicitar una reclamación patrimonial ante las pérdidas ocasionadas como consecuencia de que el Estado no hubiese realizado la trasposición de una normativa comunitaria que obligaba a realizar una evaluación de impacto ambiental.

Para el PP, la solución a este proceso pasa por promover una vía de diálogo de todas las partes implicadas, empresas, plataformas cívicas y Ayuntamiento de Vilagarcía, ahora gobernado por los populares, aunque estaba en manos del PSOE cuando el pleno dio el visto bueno a la instalación. Hace un año, el diputado José Manuel Balseiro defendió en el Parlamento que la situación podría pasar tanto por el traslado de los tanques como por su dedicación a otros usos. Tampoco descartó la mediación de la Capitanía Marítima para que determinase qué buques cargados de hidrocarburos pueden navegar por la ría. Así, apostó por dirigirse al Gobierno central y demandarle un plan concertado "con todos los agentes implicados".


* El País - ELISA LOIS - Vilagarcía - 16/07/2011
Foto: Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), vista - riadearosa

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Caso Gürtel.- Camps será juzgado pero no se sentará en el banquillo

LEVANTE/Valencia* : El juez José Flors decretó ayer la apertura de juicio oral contra el jefe del Consell, Francisco Camps, y otros tres acusados en la causa de los trajes por aceptar regalos de la trama Gürtel. El magistrado advierte en el auto de que hay trece indicios que acreditarían que los cuatro acusados cometieron un delito de cohecho por recibir dádivas en función de su cargo. La vista oral será con tota probabilidad en otoño en el Palacio de Justicia de Valencia con un jurado popular presidido por el juez Juan Climent. El TSJ no tiene claro cuándo se va a celebrar la vista porque es la primera vez que se juzga a un presidente de la Generalitat Valenciana.
La Fiscalía pide que Camps sea condenado a pagar 41.250 euros de multa por aceptar prendas valoradas en 14.021 euros. El fiscal solicita la misma multa para el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, y para el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, y reclama 35.000 euros para el exvicepresidente del Consell Víctor Campos. El juez Flors ha ordenado que Camps, Costa y Betoret depositen sendas fianzas de 55.000 euros y que Víctor Campos haga frente a una de 46.666 euros. El objetivo de las fianzas es que hagan frente a las multas en caso de condena.

El magistrado recuerda en el auto que Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, se dedicaba a la organización de actos del Partido Popular y que desde 2005 obtuvo diferentes contratos de la Generalitat. Orange Market, de cuya gestión se dedicaba en Valencia Álvaro Pérez "El Bigotes", logró las adjudicaciones de los stands de la feria de turismo Fitur hasta que la policía desarticuló la red. Flors insiste en que la trama presuntamente se hizo cargo del coste de los trajes que recibieron los cuatro acusados.

El auto destaca que el objetivo del grupo que controlaba Francisco Correa era "ganarse el afecto o el favor de las personas así obsequiadas". El juez incide en que Camps y los otros tres acusados aceptaron las prendas "a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe".

El magistrado explica en los fundamentos de derecho que ha decidido abrir juicio oral contra los cuatro acusados porque hay trece indicios de que pudieron cometer el delito de cohecho impropio, que consiste en recibir regalos en función del cargo sin que haga falta acreditar que existan contraprestaciones.

El juez considera clave la declaración del sastre de Camps, José Tomás, que "intervino personalmente en los hechos". Tomás ha mantenido desde el primer día que Camps no se pagó los trajes.

El auto detalla que hay un gran número de pruebas documentales que acreditarían que la red de Correa se hizo cargo de los pagos. El magistrado cita los tiques de caja de la tienda Milano, los inventarios semestrales con los nombres de los acusados, las hojas de encargo de la sastrería, recibos con el concepto "Camps", los medios de pago que han dejado rastro al ser transferencias y la documentación intervenida en la sede central del entramado de empresas de Antonio Correa.

El magistrado también ha tenido en cuenta como indicios incriminatorios la declaración de la cajera que anotó los nombres de los acusados en las cuentas pendientes de pago y el conocimiento "más o menos extendido" acerca de que las prendas de los políticos valencianos supuestamente eran abonadas por Orange Market -"como se desprende del contenido de varios correos informáticos"-. Flors añade como indicio la "cadena de conversaciones telefónicas mantenidas entre José Tomás, Pablo Crespo, Manuel Delgado, Álvaro Pérez y Ricardo Costa" después de que el sastre prestara declaración ante la Fiscalía para frenar la investigación.

El auto sostiene que "la existencia de todos estos elementos indiciarios, derivados del contenido de las diligencias de investigación practicadas, no permite calificar de irrazonables ni carentes de fundamento los escritos de conclusiones provisionales presentados por las partes acusadoras, pues cuanto en ellos se afirma encuentra su apoyo en una base fáctica plural, de contenido incriminatorio y legítimamente aportada a la causa". El auto es firme. Las partes tienen 15 días para acudir al TSJ para ir preparando la vista.


* Levante - 16.07.11
Foto: Valencia, president comunidad F.Camps - EFE

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Los antisistema siguen siendo ellos

FRANCISCO PALACIOS ROMEO* : A los dos meses del 15-M no sólo se puede hacer un sobresaliente balance en cuanto a movilización, empatía colectiva y catarsis política sino también en cuanto a la recuperación de conceptos democráticos esenciales, que han estado siendo expropiados por los actores fácticos de poder con la complicidad del institucionalismo partitocrático. Una dinámica perversa acelerada en estos últimos años y que se muestra casi histérica como patentiza lo ocurrido en estos últimos días. Por un lado estaban (estamos) las gentes-15 M que tuvieron el valor de tirarse a la calle y en la calle para pedir simplemente democracia real. Por otro lado estaban (están) ellos, los que nos miran con desprecio o ira, los que nos impugnan como ignorantes, ingenuos o erráticos para, finalmente, escupirnos el clásico estigma: antisistema.
Sin embargo, una vez más, la realidad se ha escrito al revés. Una vez más mienten: no había una sola reivindicación en los textos base de Democracia Real Ya, -los que dieron origen a la movilización- o en los austeros comunicados finales de las acampadas, que no se inscriba en el espíritu constitucional y que no tengan reflejo directo en su articulado o en su teoría general. Mienten cuando intentan hacer pasar por peticiones del movimiento lo que son polimorfos debates sobre centenares de temas a modo de sugerencias individuales, que se plantean en un ambiente asambleario, abierto y que, por definición, son asistemáticas, dispersas y numerosas. Ambiente deliberativo que por si mismo es ya el objetivo principal de la movilización, sin pretender ni querer llegar en treinta días a un infalible recetario político. Pero ha quedado muy claro que no se puede pedir a una buena parte de la clase política, mediática o académica que sepan entender en qué consiste la deliberación, las dinámicas asamblearias y ni tan siquiera los rudimentos participativos.

Mienten también cuando hablan de que el objetivo es la demolición de las instituciones y de la democracia representativa cuando, más bien es al contrario. Un objetivo fundamental del movimiento es su catarsis, proporcionalidad representativa, control ciudadano y ejercicio transparente.

La realidad que han ignorado es cómo las movilizaciones son, ante todo, una rebelión constitucional que alerta sobre la demolición de las esencias constitucionales y la consolidación de sus excrecencias. Reivindican el hecho constitucional bajo presupuestos muy básicos, que ahora están siendo sistemáticamente demolidos por la clase política y por la clase económico-social hegemónica. Estos últimos venden un texto constitucional florido y edulcorado, se parapetan y legitiman en un documento solemne para, una vez que éste es procesado normativa y administrativamente, dejarlo reducido a despojos y deshechos, bajo una estructura orgánica epatante, coronada con la púrpura dinástica de los verdugos de nuestros antepasados. En este sentido, ellos y sólo ellos son los auténticos anti-sistema.

Por ello, el movimiento ciudadano es rebelión. Pero una rebelión que no necesita sino mirar a ese texto constitucional burlado y quebrantado y, para más inri, coronado… con espinas. El 15-M se rebela hacia la Constitución para recuperar las esencias constitucionales.

1. Rebelión contra la quiebra del pacto social constitucional y contra la quiebra del principio de soberanía popular y nacional.

La ciudadanía ha dejado en evidencia la quiebra de una práctica política básica de los derechos fundamentales, la quiebra del principio de igualdad y la ruptura de un ejercicio mínimo de la soberanía.

Las constituciones son, en teoría, un gran contrato social. Son un pacto entre el Estado y los ciudadanos por el cual el ciudadano soporta y admite:

a) la función represora y ordenadora del Estado;

b) límites a su propia libertad y capacidad para hacerse y disfrutar de bienes y espacios físicos y naturales, a veces límites muy desigualmente repartidos y explotados por parte de beneficiarios excluyentes;

c) incapacidad material para elegir dónde vivir y convivir con tus comunes, amigos o familias;

d) la ordenación de todas las formas de administración, formación, información y fiscalización.

¿A cambio de qué el ciudadano admite la intervención e imposición de un sistema de orden cerrado e inexpugnable de prohibiciones, homologaciones, permisos, licencias y propiedades por parte de ese ente artificial que es un Estado? ¿A cambio de nada o de simples expectativas? No, a cambio de una serie de derechos civiles, políticos y sociales. A cambio de una organización democrática de la sociedad y a cambio de que el estatus de desigualdad vaya limándose y equilibrándose. Y es el Estado el encargado de hacer valer tales derechos, tal principio democrático y tal principio de igualdad a través del ejercicio de un instrumento esencial: la soberanía. La soberanía es el elemento fundamental del Estado, sin soberanía no existe el Estado tal y como se contempla desde los primeros teóricos del Estado y de todas las teorías sobre su legitimación.

¿Qué es la soberanía? La soberanía es la capacidad y obligación del Estado -a través de sus representantes legítimos- de imponerse sobre factores de poder, sobre grupos de presión, tanto externos como internos y mantener su independencia respecto a otros Estados. Así de simple y así de contundente.

La soberanía no será ese espantajo retórico, adornado con solemnes banderas e himnos. Esa a la que nos tiene acostumbrados cierto tipo de derecha o de progre-burguesía y tras la cual sólo se esconde la negación de la misma, es decir, su sumisión servil e interesada a los grupos de poder que sistemáticamente imponen sus criterios, intereses y modelos de dominación al resto de ciudadanos, que quedan convertidos de esta manera en ciudadanos-siervos al servicio de los ciudadanos-señores. La soberanía no es una camiseta futbolera o una banda de música militar sino el concepto central de todo marco de convivencia estatal.

El contrato social y el pacto constitucional son una cosa, los pactos del euro se corresponden con las contrarias.

2. Rebelión de la inmensa mayoría. El resurgir de la Multitud.
Se equivocan quienes descalifican a los acampados por ser unos miles de marginales cuando son básicamente la punta del iceberg ciudadano. Porque sí hay millones de personas críticas con el sistema que no acampan, que no se movilizan explícitamente o que incluso votan a los partidos hegemónicos.

Muchos miles no acampan en las plazas pero acampan estructuralmente en las redes sociales. Otros acampamos en la dinámica de grupos y coyunturalmente en las redes sociales. Otros son omisivos y abstencionistas.

Y, finalmente, muchos votan pero suspenden e impugnan el sistema. Estos últimos forman parte de la población que sirve a la clase política para autolegitimarse: “votan el 65%”, afirma la mencionada clase política. Sí, pero lo que no se menciona es cómo los políticos -todos los políticos- son suspendidos en todas las encuestas que llevan haciéndose en los últimos 30 años, incluidas las oficiales encuestas del C.I.S. Es un dato demoledor que deslegitima el actual institucionalismo democrático y a sus ejercientes: todos los políticos suspendiendo todos los años sucesivamente. A cualquier estudiante le hubieran expulsado ya de la licenciatura.

La clase política supone para la ciudadanía, ya, el tercer problema concreto en sus vidas (según C.I.S. de junio de 2011, detrás del paro y la crisis que son problemas creados también por ellos). Y cuando se tiene un problema se trata no de mejorarlo (un problema no se mejora) sino de eliminarlo. Mucha gente vota por circunstancias casi irracionales: tradición familiar, victimarios de la pasada guerra civil, odio extremo al otro, tópicos ideológicos, miedos injustificados producto de la demagogia electoralista, simple catarsis de cambio, neófitos electorales…. Todas ellas no son causas precisamente que legitimen al sistema, más bien al contrario hablan de una cultura política de ignorancia, manipulación, miedo e impotencia.

Esta partitocracia plutocrática sabe que la inmensa multitud está en formación y en un proceso de hibridación potencialmente muy peligroso. Por ello se prestan acometer un proceso de involución social intenso con el objetivo de romper canales y puentes de comunicación socio-política donde pudiera llegar a converger dicha Multitud.

Para ello, se está generando un modelo de ultra-competitividad nada inocente. Un modelo que disuelva los intereses comunes y los espacios convergentes de los dominados, que liquide las redes de apoyo mutuo facturando un modelo de ultra-individualismo y ultra-utilitarismo. Lo hicieron parcialmente durante las décadas 70-80 bajo la bandera de la gobernabilidad y ahora se aprestan a terminar el trabajo bajo la insignia de la gobernanza.

3. Rebelión a favor de simples mecanismos de control, transparencia y pluralismo de la misma estructura representativo-partitocrática y del Estado en general.
El problema no es sólo que la estructura representativa sea en sí misma insuficiente, sino que esta estructura representativa básica termine funcionando, porque ahora está literalmente secuestrada por la oligarquía de partidos y de grupos de presión adyacentes.

Hay que recordar cómo en un texto constitucional los ítem transparencia, control, publicidad independencia tienen numerosas entradas. También lo tienen en la exposición de motivos de muchas leyes porque hay un consenso establecido en que transparencia, control y publicidad forman parte central de lo que es un Estado Constitucional. Y, por lo tanto, para que control, transparencia y garantía estén realmente presentes tienen que estar fuera del imperium de dichos partidos hegemónicos, para lo cual habría que devolver el protagonismo a la sociedad civil-popular para revolver temas tan evidentes como:

a) Elección no vinculada a la oligarquía partitocrática de instituciones tales como el Defensor del Pueblo, Fiscalía General, Tribunal de Cuentas, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

b) Extensión del principio de publicidad y transparencia a todas las esferas administrativas -incluida la Casa Real- con un aumento de competencias de la Intervención General del Estado e incluso con su elevación a institución de rango constitucional.

c) Mayor proporcionalidad y apertura del sistema electoral con técnica de resto mayor y listas abiertas.

d) Democracia interna efectiva de los partidos políticos con sistema de elecciones primarias.

e) Publicidad y equilibrio en la financiación de los partidos políticos.

f) Publicidad del patrimonio y rentas de altos cargos con modificación de sus estatutos en cuanto a régimen de incompatibilidades presentes y futuras.

g) Ampliación de las condiciones, posibilidades y mecanismos de control en los sistemas de contratación pública.

Temas que requieren un complejo mecanismo jurídico para su modificación, como es la reforma de la Constitución o la reforma de una ley orgánica. Tras esa dificultad se va a parapetar la clase política dominante para evitar los cambios. Y por ello se hace imprescindible una inmensa presión popular.

4. Rebelión contra la eugenesia neoliberal de los derechos sociales.

Indignarse no es sino defender el clásico constitucionalismo social. Éste, fue construido sobre las ruinas de la II G. M. y sobre la lección histórica que supuso la debacle liberal imperialista que dominó Europa y el mundo durante los casi dos siglos de constitucionalismo militarista y propietarista, que había sido secuestrado por la hegemonía de la nobleza y la alta burguesía hasta mediados del siglo XX.

Los derechos sociales reivindicados en los documentos base del 15M tales como “vivienda, trabajo, remuneración suficiente, derechos laborales, jubilación a los 65, seguridad en el empleo, derecho de paro, salud, educación, derecho al consumo de bienes básicos” son directamente asimilables a artículos del texto constitucional de 1978 (artículos 47, 35, 37, 50, 41, 44, 43, 27). Derechos con base en la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948 y en los Pactos internacionales de Derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que la desarrollarían (1966), y que son el corazón de ese gran Contrato Social ahora en bancarrota

Bancarrota social, puesto que se dilapida el contenido esencial de todos esos derechos, y se deja su cascarón progresivamente más vacío. Éstos son sus efectos:

a) Laminación de la figura del contrato indefinido laboral que ha sido convertida en una anécdota histórica, sepultada en múltiples modalidades laboral-contractuales (tiempo parcial, en prácticas, de formación, de obra, circunstancial…) que han precarizado y degradado el trabajo.

b) Pérdida de valor adquisitivo salarial sepultado tras hipotecas que consumen el 90% de un salario medio, cuando hace treinta años consumían el 30%, y cuando esa condena se prolonga por término medio 28 años cuando antes duraba 15 años. Valor adquisitivo que se torna en cero universal cuando el ciudadano es embargado y liquidado por el resto de sus salarios, de por vida, hasta que salde una deuda que él no ha contraído realmente, sino merced a un sistema hipotecario falaz.

c) Mermas de los derechos de previsión que mayoritariamente han ido disminuyendo en sus percepciones y en sus tiempos y, sin embargo, han ido endureciendo sus condiciones y exigencias, como sería el caso del desempleo o el despido (sometidos a su abaratamiento) o la jubilación (retrasada, reducida y sometida al prorrateo de casi toda la vida laboral).

d) Degradación de una sanidad que ha multiplicado sus listas de espera como multiplica sus centros de asistencia primaria sin apenas haber emprendido la construcción de nuevos hospitales de asistencia cualificada y especializada y sobre la que pende la amenaza de privatizaciones y re-pagos ya establecidos en el ámbito farmacéutico.

e) Desactivación de un marco de negociación colectiva que deja inoperativos los convenios nacionales o provinciales para poder operar a partir de los convenios de empresa sin ningún tipo de límite a la baja, con lo que está liquidando de facto la propia eficacia y esencia de la negociación colectiva. Los autores del último decretazo deberán responder a la pregunta de qué capacidad de negociación tendrán unas decenas de trabajadores frente a una empresa con capacidad para poder presionarles y chantajearles merced a una desregulación del mercado de trabajo que da infinitas posibilidades para la precariedad y el despido, máxime teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del tejido industrial está constituido por pymes.

f) Castigo fiscal e incapacidad competitiva de las pequeñas, medianas empresas (pymes) y autónomos. Toda la prima estatal fluye para bancos y grandes empresas mientras se abandona a la pequeña industria y a los ámbitos artesanales y autónomos. Abandono administrativo, fiscal y mercantil por parte del Estado que le empuja a la confrontación social con el mundo laboral, al que presenta como culpable-exprés de todas las dificultades económicas del mundo empresarial. Escenificación que gobiernos, patronal e incluso sindicatos mayoritarios escenifican con las firma de sucesivas reformas laborales que “abaraten” los costes laborales.

g) Ausencia casi total de estímulos administrativos para las sociedades de tipo cooperativo o laboral en claro menosprecio del mandato constitucional (art. 129).
Cuando nuestros textos constitucionales definen al Estado como un Estado Social no están asumiendo un Estado liberal. El Estado Social comporta un tratamiento de toda la normativa del Estado y de todas las políticas públicas de la Administración bajo “cláusula Estado Social”.

El Estado Social por su propia naturaleza tiene unos contenidos esenciales que lo diferencian radicalmente del Estado Liberal. Los que piensen que un Estado Social debe supeditarse a unos remedos asistencialistas y a una educación y sanidad mínimas, propias de la Prusia bismarckiana, se equivocan.

Ese no ha sido el pacto y esa no es la sacrificada capitalización social que han hecho nuestras generaciones anteriores desde las rentas del trabajo, y que ahora está siendo transferida obscenamente a las cuentas de los grandes capitales y de los principales grupos de presión. Las políticas liberales en un Estado constitucionalmente social suponen la ruptura del modelo y, por lo tanto, del compromiso. Suponen una transgresión jurídica, y son, abiertamente, violencia política esencial.

5. Rebelión a favor de un Estado interventor, fiscalizador y director, que ejerza de garante real de nuestra soberanía respecto al sistema económico-financiero (art. 128 C. E.).

Ellos han sido quienes han desmantelado todo el sector público que cobijaba la soberanía real:

Sectores rentables y estratégicos (telefonía, energía petroquímica, energía eléctrica, gas, agua…).

Sectores estratégicos y económicamente de efecto multiplicador (siderometalurgia, minería, automotriz, comunicaciones…).

Espacios financieros de autonomía táctica (banca industrial, agraria, comercial, hipotecaria…, bancos centrales estatales).
Todo lo han privatizado, ahora hasta las loterías y los montes de piedad en sendos decretazos psocialistas. Lo hacían para descargar a los Estados, porque los Estados -decían- no podían sobrellevar todo ese peso intervencionista. Mienten una vez más.

Han mentido obscenamente porque, paradójicamente, en lugar de restar los pasivos de los Estados los han multiplicado como nunca en toda la historia de la existencia del Estado.

El colmo de las paradojas han sido unas prácticas neoliberales que desmantelan los Estados y, sin embargo, los dejan exangües y semi-derruidos.

El colmo ha sido cómo se liquidaban o prejubilaban miles de trabajadores de empresas públicas estratégicas mientras se incrementaba exponencialmente el número de empleados de empresas públicas clientelistas, de entes externalizadores de funciones administrativas, de redes estructurales de intelectualidad orgánica, todas ellas conformadoras de conglomerados económicos improductivos, cuando no de chiringuitos de difícil adscripción a caballo entre grandes exposiciones universales y fastos de obscena autocomplacencia. La empresa pública estratégica desaparecía y los servicios públicos se degradaban mientras se subvencionaba cualquier ocurrencia empresarial de sectas y camarillas. El resultado ha sido un Estado vacío pero orondo, sediento pero embriagado y narcotizado por un gasto psicotrópico y una deuda delictiva, socialmente hablando.

Todo un sistema que ha generado impunemente multimillonarias deudas públicas y de déficit leoninos que pagar a los conglomerados financiero-rentistas, y que finalmente será abonada, directa o indirectamente, por la mayoría de ciudadanos. Y decimos bien, una mayoría, una multitud, porque hay otra minoría que precisamente ha incorporado esa deuda brutal al activo de sus propios patrimonios. El dinero no se evapora sino que, en gran medida, se transforma por vía de canales financieros o por drenadores radicales como los del sistema inmobiliario-hipotecario.

La deuda de unos son las ganancias y las plusvalías de otros. Se ha producido la transferencia de capital y plusvalía más obscena que ha contemplado la historia contemporánea desde tiempos de la desamortización que Madoz hizo de bienes comunales y municipales. Correlativamente se está intensificando un proceso de proletarización y depauperación al estilo de cómo se desarrollarían en esa misma época de exasperación liberal. La capitalización forajida, la expropiación de las plusvalías, ha acabado en manos de una plutocracia que ahora ahoga a la Multitud.

6. Rebelión a favor de una mayor participación y control del Estado por parte de la sociedad civil-popular a través de canales más directos.

Ésta es una reivindicación que podría parecer ajena a un texto constitucional a causa del despectivo ejercicio de la participación que ha ejercido la partitocracia, con más de dos siglos de ingeniería jurídica sin articular un solo mecanismo participativo. ¿Falta de creatividad jurídica? No, no sería por falta de creatividad jurídica porque, mientras tanto, los códigos de comercio incorporaban cientos de figuras para el mejor manejo de la irresponsabilidad societaria mercantil. Mientras tanto, decenas de normas trabajaban para establecer mil vericuetos con los que hacer más opacos los flujos de capital financiero. Mientras tanto, centenares de normas privilegiaban fiscalmente a grandes concentraciones de capital.

También, mientras tanto, los textos constitucionales seguían albergando la tópica y nobiliario-excluyente teoría de Montesquieu en torno a tres funciones del Estado secuestradas desde los canales partitocráticos; e incluso afincadas en los ámbitos nobiliarios, como ocurrió en todas las monarquías europeas en pleno siglo XX, y como ocurriría en el caso de Inglaterra hasta incluso entrado el siglo XXI. De esa manera, la palabra participación se manejaba en las constituciones como un adorno floral, un ritual litúrgico, ajeno a la lógica de la mínima eficacia por la cual se quebranta el principio democrático sagrado por el que una Constitución es una norma y además una norma donde todas las palabras deben tener un contenido a desarrollar y no a evitar o incluso a quebrantar.

La Constitución de 1978 preceptúa textualmente “el derecho de participar en los asuntos públicos directamente” (art. 23) e insta al Estado a “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” desde el mismísimo Preámbulo del texto (art. 9). Lo dicta en relación a organismos públicos y e incluso habla de promover eficazmente formas de participación en las empresas.

Establecer mecánicas participativas no es fácil ni debe ser precipitado, requiere una pedagogía que se ha burlado. Requiere una cultura que se ha proscrito y requiere de unos mecanismos que se han hurtado. Requiere tiempo y una concepción democrática real. Un listado básico más concreto, manejado en los foros 15M, sería:

a) Operatividad real de la consulta e iniciativa popular tanto en cuanto a iniciativa legislativa como a sistemas múltiples de referendos.

b) Presupuestos participativos, como fórmula de poder debatir cuál es el sistema de prioridades sociales en el gasto, si el ciudadano quiere o no quiere endeudarse, cómo y con quién. Fórmula de control del despilfarro, la ostentación y las políticas de lógica clientelista.

c) Consejos o Asambleas Ciudadanas, como forma de democratizar la toma de decisiones en un proceso que iría incrementando su carácter vinculante, y donde su composición se encuadraría bajo técnica de implicado, gremial o insaculatoria, dependiendo de la temática a deliberar y decidir.

d) Estímulo de la cultura de la e-Democracia (Internet, intranet, foros y sistemas de comunicación telemáticos) como fórmula fundamental de participación y, a futuro, de toma de decisiones.

En estos tiempos de la demolición participativa -e incluso negociadora- en el mundo laboral es bueno reseñar que la Constitución (sí, nuestra Constitución de 1978) no sólo habla de participación política sino que habla de promover eficazmente formas de participación en las empresas: “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa” (art. 129) e incluso preceptúa la obligación del Estado de facilitar la participación de los trabajadores en la propiedad de las propias empresas (sic): “facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” (art. 128). Artículo este último que, sin duda, amenizará con risotadas, burlas y chistes clasistas muchos saraos de la antigua burguesía-de-toda-la-vida y de esa nueva burguesía inmobiliario-partitocrática de Dom Pérignon. Artículos constitucionales ahora mismo rayanos en el sarcasmo y la burla social más cruel.

Artículos frustrados y burlados que nos hablan bien a las claras en dónde quedan los contenidos constitucionales… Artículos que cobran mayor dramatismo cuando, ahora mismo, -por decreto ley psocialista- se están destruyendo las bases de la mismísima negociación colectiva abriendo casi todas las posibilidades de desmarque del capital respecto a obligaciones empresariales e introduciendo toda una estructura de cosificación del trabajador.

7. ¿15-M, Antisistema?

Vosotros, casta oligárquica, sí sois antisistema. Os habéis cargado el capital social de la generación pasada. Os habéis dedicado a montar clientelas políticas, a compincharos con siniestros grupos de presión, a claudicar ante el chantaje de poderes hegemónicos.

No habéis sido capaces de administrar una simple política de urbanismo, de vivienda, de estabilidad laboral, de vigilancia de la competencia, de control de instrumentos mercantiles o fiscalización del mercado de valores. Habéis generado un falso sistema hipotecario, más draconiano que el del Derecho Romano, una normativa mercantil pirata a favor de la banca, con toda clase de contratos basura de permuta financiera (clips, swaps..) que incluso harían ruborizar a López Rodó...

Estáis acabando incluso con unas cajas de ahorros tomadas al asalto por politicastros y familias-de-toda-la-vida, descapitalizadas a base de créditos blandos e irresponsables, ad maiorem gloria de clientelas de partido, colegas de chiringuito, financistas electoreros o amigos de juerga. ¡¡Las cajas de ahorros!! que no eran precisamente un producto de ingeniería socialista sino un producto asistencialista del Concilio de Letrán y del talante paternalista del Conde de Buendía…

Habéis generado un sistema que ha enriquecido por generaciones a especuladores y constructores de todas las ciudades, en este maldito país de los Florentinos y Felipes (González o Borbón, qué más da). Un sistema que ha conducido a la cadena perpetua hipotecaria -y por lo tanto a la muerte civil- a centenares de miles de familias trabajadoras.

¿Perro-flautas? Perro-flautas sois vosotros, pero sin flauta, sólo perros, que habéis hecho el ridículo ante todos los mercachifles del orbe o bien habéis fungido como mamporreros interesados de las mafias hedgefundistas.

8. La decadencia esencial del Sistema. El capitalismo anónimo

También quedaría otra opción, y esta sí sería antisistema: todo lo aquí dicho no es exacto, vosotros las élites políticas -y por supuesto las élites económicas- no sois culpables, sois personas admirables, virtuosas, caritativas incluso, pero… impotentes, y es el Sistema de organización política actual el que no da más de sí, arrostrado por lo que se convierte en su alter-ego determinante: el sistema liberal capitalista.

Este sistema político infra-democrático que se muestra incapaz de construir una sociedad mínimamente armoniosa, incapaz de hacer valer un texto constitucional que termina convirtiéndose en esa pura hoja de papel mencionada por Lassalle, ya hace siglo y medio, “a merced de grupos fácticos de poder”.

Y en siglo y medio el intento de construir un real sistema democrático-social fracasa, una y otra vez, desde los actuales parámetros del constitucionalismo actual. Aquí donde la hegemonía de la política se hace imposible ante la insoportable presión de la lógica económica y de los actores propietaristas que cada vez acumulan mayor y mayor capacidad de expropiación.

El siglo XXI está conociendo esta insustraible dinámica con las agravantes de alevosía y del manto de nocturnidad con el que son capaces de operar los grupos de poder parapetados tras las espasmódicas performance anónimas del sistema, donde las sociedades son anónimas, los fondos son anónimos, las bases financieras son anónimas, los espacios fiscales son opacos, y donde todo se mueve a la velocidad del trilero.

Éste comienzo de siglo que está contemplando la más alevosa consolidación del capitalismo trilero y Trilateral, en donde la clase política ni ve, ni quiere ver cómo sus espasmódicos movimientos van desangrando a Estado y sociedad ante su pose de circunstancias impotentes y acomodadas que apenas alcanza a balbucear, patéticamente, una frase igualmente opaca y falaz: “los mercados, son los mercados…”.

9. ¿Hacia un amplio proceso constituyente?

Si el Estado, o los ahora representantes institucionales, incumplen el pacto constitucional el ciudadano quedaría liberado de responsabilidades. Y el pacto se incumple cuando los derechos fundamentales o el papel soberano del Estado van quebrando progresivamente. Cuando pierden toda su esencia a través de una perdida permanente de contenidos hasta casi desaparecer. En este sentido, no debe resultar indiferente que esto ocurra por causas distintas:

a) por la propia corrupción, cleptomanía e incapacidad de las clases hegemónicas.

b) por la propia incapacidad del modelo constitucional actual por imponerse soberanamente a las dinámicas perversas del sistema liberal-capitalista y de sus feudos financieros.

No es indiferente la disyuntiva, porque la estrategia del movimiento ciudadano sería muy diferente si la solución consiste en dos cosas muy distintas: a) realizar profundas reformas para generar un funcionamiento realmente democrático del sistema; b) se va haciendo imprescindible abrir un proceso deliberativo-constituyente, de carácter muy amplio, que siente las bases de un nuevo contrato social.

10. Por todo esto, los miles que se han tirado a la calle, y los millones que lo hacen en las covachuelas del ciberespacio, se convierten en multitud de defensores numantinos de un Estado social real, ahora intercambiado por un Estado del bienestar asistencial-clientelista, corroído y a merced de estrategas pésimos, capitanes corruptos, generales apocados y reyes de opereta.


* Francisco Palacios Romeo (Profesor de Derecho Constitucional), recogiendo las aportaciones esenciales de tod@s l@s acampad@s de la Plaza del Pilar (Zaragoza) y de la Plaza de Navarra (Huesca)


* Rebelión - Opinión - 16.07.11

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