Córdoba.- Sin dinero para abrir equipamientos

ELDÍADECÓRDOBA* : El carro antes que los bueyes. Esa es la situación que tienen los actuales responsables del Ayuntamiento en materia de equipamientos culturales. Durante los últimos años, se han invertido millones de euros de dinero público o de convenios con entidades privadas para la creación de espacios dedicados a la actividad cultural. Sin embargo, ahora no hay fondos para ponerlos en marcha, dotarlos de actividad, contratar personal con los que garantizar una actividad constante. Y se plantea qué hacer.
El listado es largo. El Teatro Góngora, recién acabado, es el caso más evidente. Adscrito al Instituto Municipal de Artes Escénicas, se ha usado para el Festival de la Guitarra. Sin embargo, los responsables del IMAE ya han advertido que no se le han transferido fondos suficientes como para dotarlo de una actividad constante más allá de repartir los compromisos del Gran Teatro en varias sedes. El Teatro de la Axerquía se utiliza, aproximadamente, unos 28 días al año a pesar de que la Gerencia de Urbanismo realizó un gran esfuerzo financiero para poder acabarlo renunciando a una de las fases del proyecto.

No es el único caso y agregarle un negocio lucrativo, fundamentalmente un restaurante, parece formar parte de la estrategia municipal. Actualmente, la Pérgola del Duque de Rivas se encuentra cerrada -y, al parecer, en proceso de deterioro- hasta tanto se encuentre una empresa de hostelería que quiera abrirla al público con una actividad cultural constante. La Sala Victoria no dispone de actividad más allá de iniciativas esporádica. El Consistorio también intentó buscar empresas interesadas en desarrollar un proyecto similar. El famoso avión cultural es objeto en estos momentos de un contrato público para entregarlo a una empresa privada a cambio de que desarrolle la programación que se le facilite desde el Consistorio y del permiso para montar un restaurante -se premia la cocina de vanguardia- en el Balcón del Guadalquivir.

La Posada del Potro ha permanecido cerrada a cal y canto desde que acabaron las obras y sus puertas sólo se han abierto para actividades puntuales como presentaciones institucionales. La explicación se halla en lo que ha tardado en instalarse el equipamiento interior, parte del cual ya se ha recibido y otra parte está pendiente de colocarse todavía. La empresa pública que desarrollaba las obras de Caballerizas, Procórdoba, tiene severos problemas económicos, lo que incide en la construcción de la sala de exposiciones que se pretendía poner en marcha en la zona alta del pabellón principal y que, junto a la Sala Orive, pretendía acabar con. Una actuación recientemente acabada, el museo dedicado a la obra de Espaliú, es más fácil verlo cerrado que abierto por las estrecheces económicas. La Casa Góngora, que tendría que albergar de forma estable un centro especializado en la obra del poeta, es usada para algunas actividades pero no tiene la programación que originalmente se pensó cuando se financió el proyecto.

El caso es que las necesidades van a ser mayores a muy corto plazo. El Consistorio está pendiente de acabar las obras del Museo Taurino y tiene en cartera la reapertura del Romero de Torres, que ha sido objeto de obras de remodelación interior. No es estrictamente una dotación cultural pero la Junta está acabando el centro de recepción de visitantes cercano a la Mezquita, cuyas obras están actualmente paradas a la espera de la tramitación de una ampliación del contrato. Cuando esté totalmente concluido, el Consorcio de Turismo tendrá que poner en marcha sus presupuestos para dotarlo de actividad constante teniendo en cuenta que es una demanda del empresariado de uno de los sectores que mantiene la creación de empleo y actividad económica.

Fuentes municipales reconocen el problema y que es una cuestión que preocupa. "A pulmón no podemos", afirman. A pulmón significa que los presupuestos públicos no permiten en estos momentos crear plazas de funcionario y habilitar partidas de gasto corriente para la financiación de las actividades. Todas las áreas han sufrido recortes y se está echando mano, incluso, de las cantidades que se dijeron que no se iban a gastar -para cumplir los compromisos del plan de saneamiento- con el objetivo de seguir pagando la factura de la luz.

Durante la campaña, el Partido Popular se comprometió a no tener espacios cerrados como principal prioridad a costa de llegar a acuerdos con entidades para la gestión de unos equipamientos que han supuesto un fuerte desembolso en los presupuestos municipales durante los últimos años. En materia deportiva, el Consistorio solventó durante la anterior corporación la falta de fondos llegando a acuerdos de colaboración público-privada. Salvando las distintas entre ambas materias, parece que ese es el camino que se pretende seguir



* El Día de Córdoba - 20.07.11
Foto: Imagen de la Posada del Potro, con la obra civil concluida.- eldia

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Palma.- Comienza el derribo del edificio de Santa Catalina que no se quiso proteger

DIARIODEMALLORCA* : La piqueta ya ha hecho su aparición en un edificio de la barriada de Santa Catalina que la organización proteccionista Arca considera que tiene suficiente entidad para que sea protegido. Y lo más grave de esta cuestión, según la portavoz de esta entidad, Àngels Fermoselle, es que no sólo reconocen el valor patrimonial del inmueble ellos, sino que hay dos informes del Consell de Mallorca que así lo afirman, además de la resolución de la comisión del Centro Histórico de Palma. En este último caso, la incongruencia es aún mayor, en opinión de Fermoselle, puesto que tras reconocer el valor patrimonial del inmueble, los integrantes políticos de la citada comisión –no los representantes de las entidades– acordaron no iniciar el expediente para su inclusión en el catálogo de elementos a proteger.
Por todo ello, los representantes de Arca manifestaron ayer, ante el inmueble que comenzaba a ser pasto de la piqueta interiormente, su "indignación por el menosprecio al patrimonio en pleno siglo XXI", que supone permitir la demolición de este inmueble situado en la esquina de la avenida Argentina con la calle Aníbal, pese a que la suspensión de la licencia de demolición ordenada por el Consell no finalizaba hasta el próximo día 10 de agosto, según la entidad conservacionista.

De esta forma, la barriada de Santa Catalina perderá uno de sus edificios más emblemáticos y visibles, ya que está ubicado en uno de los accesos al barrio, tal como señalan desde Arca, "y será sustituido por otro de nueva planta que destruirá el conjunto armónico actual".
Lamentan que ni los actuales gestores municipales ni los anteriores hayan querido hacer "ningún esfuerzo ni tan solo para salvar la fachada".
Fuentes municipales indicaron que la suspensión de la licencia de demolición, ordenada por el Consell el 10 de mayo de 2010, fue levantada por esta Administración el pasado 29 de junio, en una resolución en la que, además, se insta al Ayuntamiento a incluir el edificio en el Catálogo municipal. Un acuerdo que no fue tenido en cuenta por la comisión del Centro Histórico del pasado día 7 de julio, que dictaminó que no debía incluirse en el Catálogo, con el voto en contra de los representantes de las entidades.
La cuenta atrás para la desaparición de este inmueble se inicia hace una década, cuando después de una larga tramitación del expediente de ruina y múltiples informes contradictorios, tanto municipales como privados, el proceso finaliza en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que declara que el inmueble se encuentra en situación de "ruina económica".
"Nadie defendió el valor patrimonial del edificio", se queja Àngels Fermoselle, para quien, si se hubiera puesto en una balanza el activo del valor histórico del inmueble, "la diferencia entre el valor del edificio y el coste de su rehabilitación hubiera sido positiva a favor de la primera variable y no hubiera dado lugar a la ruina económica".
Tras la sentencia del Alto Tribunal la gerencia de Urbanismo de Cort concedió la licencia de demolición el 25 de junio del año pasado. En febrero de este año se ha presentado la licencia de nueva edificación, que no fue informada favorablemente y se le señalaron una serie de deficiencias técnicas a subsanar.


* Diario de Mallorca - 20.07.12
Foto: El inmueble fue ayer vallado y los obreros comenzaron a derribar tabiques interiores.- diariomallorca

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'Malaya'.- Hombres de paja sin acceso al jefe

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca volvió a tomar ayer el micrófono de los acusados del caso Malaya para dejar claro que en esta causa hay dos actores principales: él y su abogado Manuel Sánchez Zubizarreta. Los negocios los hacía él mientras el letrado se encargaba de armar la estructura societaria que los sostenía. Los demás eran meros nombres instrumentales al frente de las empresas, en la mayoría de los casos sin saber que ponían su identidad y su rostro al servicio de los intereses del asesor de urbanismo del GIL.
El supuesto cerebro de la trama de corrupción política y urbanística de Marbella, que ayer declaró en la fase de la causa que se dirige contra 16 colaboradores acusados de blanquear capitales para él, afirmó que nunca había visto a la mayoría de ellos. Ni siquiera los había saludado antes de que comenzara este juicio en el que están sentadas en el banquillo 95 personas.

De acuerdo con las explicaciones que le dio al fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, él se ocupaba de los negocios. Es decir, determinaba qué se compraba, en qué circunstancias, cuándo se vendía, por cuánto o a quién. El abogado Manuel Sánchez Zubizarreta proporcionaba las sociedades que hacían falta y, por lo general, buscaba a los hombres de paja que se colocarían al frente de ellas. Cuando no era así, los administradores despachaban directamente pero en las mismas circunstancias de desconocimiento con su fiduciario, el procesado Óscar Benavente.

Estos iban al notario, firmaban escrituras, formalizaban compras y ventas pero Roca no los conocía. Es decir, no sabían que trabajaban para el ex asesor urbanístico de Marbella. Juan Antonio Roca, que inicialmente no reconoció como propias ninguna de las sociedades que ahora defiende sin ambigüedades como propias, ha tratado desde el primer minuto del juicio de dejar fuera de sospecha a la red de colaboradores con la que contó durante el gilismo.

El acusado se enredó ayer en una agria discusión con el fiscal Anticorrupción del caso Malaya, Juan Carlos López Caballero, que cobró visos de careo aún a pesar del aviso que el presidente del tribunal, José Godino, dio al procesado para que moderara el tono. El fiscal trató de hacer ver que entre la documentación intervenida en Maras Asesores, considerada por el Ministerio Público cuartel general del ex asesor de urbanismo, se hallaron rastros contables de entradas y salidas de dinero tras los que no puede haber más que actividades propias del blanqueo de capitales.

Roca se desvinculó de esas anotaciones. Afirmó que no las solía revisar "con minuciosidad" y subrayó ejemplos como la ausencia de sentido de que se atribuyeran a la entidad Perinal, titular de su ganadería de reses bravas, pagos por la compra de obras de arte al marchante Jean Fournet o la indemnización al patrón de su yate. El acusado retó a la Fiscalía a "demostrar" de dónde proceden esas entradas de dinero y dónde recalaban las salidas.

El interrogatorio se crispó a medida que se adentraba en los denominados papeles de Maras que para la Fiscalía representan la contabilidad oculta del supuesto cerebro de Malaya en el que figuran junto a una serie de iniciales cifras que para la acusación encierran los sobornos pagados y recibidos. La defensa de Roca, que ejerce la letrada Rocío Amigo, se quejó de que las preguntas se centraran en esa documentación intervenida en la sede de Maras Asesores porque forma parte de otro bloque del juicio. Acto seguido el ex asesor de urbanismo de Marbella se negó a responder más preguntas relacionadas con esa cuestión. La declaración continuará hoy y previsiblemente el análisis del presunto blanqueo del caso Malaya quedará listo a finales de esta semana.



* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 20.07.2011
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Dos cosas más sobre el 15-M

LUIS GARCÍA MONTERO* : A la gente le habían contado ya todos los cuentos. Nadie quería ser engañado una vez más. Que no nos vengan con historias… Y de pronto llegó el 15-M. En una situación de grave descrédito de los compromisos públicos y de los representantes oficiales de la soberanía popular, la rebeldía callejera ha supuesto un factor de educación política. Conviene analizar muy en serio la cara y la cruz de los motivos que han facilitado esta energía cívica tan visible, capaz de tomar las plazas y las conversaciones.
Una parte decisiva del éxito de la convocatoria se debió a que no provenía de las organizaciones tradicionales de la izquierda. Se trató de una llamada juvenil, anónima, sin siglas. Esta es una primera cuestión que, como digo, merece ser analizada en su cara y en su cruz. Durante los últimos años se ha criticado a los políticos y a los sindicatos en la barra del bar, el taxi, la tertulia de radio y las discusiones familiares sobre el futuro del mundo. Son evidentes los errores que partidos y sindicatos han cometido a la hora de defender una política al servicio de los ciudadanos. Pero el descrédito, como fenómeno social, va más allá de estos errores. Ni todos los políticos son iguales, ni todos los partidos se comportan de la misma manera, ni los representantes sindicales son un conjunto de caraduras olvidados de los trabajadores.
Hay algo más. Para sospecharlo basta con tomar conciencia de lo difícil que es, en medio de una crisis económica provocada por la especulación, escuchar en un bar o un taxi palabras de desprecio contra los grandes empresarios, los banqueros o los cerebros de las finanzas. Esto se debe a que la gente conserva todavía un vago sentimiento de pertenencia ante los políticos y los sindicalistas, que están o tendrían que estar a su servicio. Pero se debe también, y sobre todo, a que los poderes financieros y sus grupos mediáticos se han especializado en aprovechar los errores de la política para acentuar su desprestigio público.

El egoísmo de la economía especulativa, dispuesta a buscar beneficios por encima de la soberanía civil y de los derechos de los trabajadores, sale ganando siempre con el desprecio a los partidos y los sindicatos. Así que la santa furia de la población contra sus representantes, aunque encuentre motivos en la realidad, está animada y controlada por sus verdaderos enemigos.

Con el 15-M hemos vivido una afortunada paradoja. La falta de siglas en la convocatoria animó a la participación en un movimiento que previamente no había sido desacreditado por el poder. La gente estaba deseosa de protestar, y la fortuna, o la inteligencia de los portavoces, ha sido que la rebeldía, más que para despreciar lo público, sirvió para otorgarle una nueva dimensión al sentimiento de pertenencia política. Por eso se ha demandado una dignificación de los comportamientos democráticos, no su borradura. Darle sentido político a la rebeldía resulta decisivo para evitar que el descontento derive hacia la demagogia populista o la simpatía totalitaria.

En este deseo de protesta hay una segunda cuestión sobre la que también merece la pena meditar si queremos tomarle el pulso a la situación real. Otro motivo del éxito de las concentraciones del 15-M se debió a que no suponían un compromiso personal más allá de la propia ética. Cuando el pasado septiembre los sindicatos llamaron a una huelga general, muchos ciudadanos no quisieron o no pudieron secundar la convocatoria. La situación social hace muy complicado renunciar a un día de salario o decidirse a llamar la atención de un empresario que, con las leyes laborales y la precariedad de los contratos en la mano, puede dejarte en la calle al menor signo de conflicto. En las pequeñas y medianas empresas, soporte mayoritario de la economía española, la lucha sindical se ha vuelto casi heroica. El desprestigio de la política y de los sindicatos supuso una buena coartada personal para encubrir situaciones de egoísmo, miedo o impotencia. Al acudir a la Puerta del Sol, sin embargo, no se pagaba ninguna factura por defender la verdad.

El 15-M ha sido un utilísimo factor de educación política al evidenciar que la rebeldía es posible y que merece la pena comprometerse para cambiar las situaciones personales.


* Público - Opinión - 17.07.11

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La Policía impide por primera vez paralizar un desahucio en Madrid

ELPAÍS* : Segundo intento de desahucio de María José, una vecina del barrio madrileño de Pueblo Nuevo de 53 años, desempleada y con dos hijos a su cargo, uno de ellos con una discapacidad del 77% por un accidente que sufrió de niño y la otra también en paro. Hace 14 días, unos 200 simpatizantes respondieron a la llamada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y de la asamblea de Ciudad Lineal del 15-M y logran paralizar el desalojo de esta familia. Sin embargo hoy, a diferencia de lo que ocurrió el 6 de julio -y de lo que ocurre desde que comenzó la oleada de paralizaciones, que sumó ayer ocho en un mes-, la policía se ha propuesto impedirlo. Es la primera vez que se produce una segunda orden de desahucio tras una ya impedida y también la primera que, en una cambio en la estrategia policial y judicial respecto a los desahucios, que el secretario judicial llega precedido de un amplio despliegue de antidisturbios.

El piso fue subastado por impago y se lo adjudicó por ausencia de otras ofertas el banco con el que la mujer tiene la deuda, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La entidad bancaria pide que se ejecute la sentencia. La juez encargada del caso, María Trinidad Cepa Palanca, titular del juzgado de primera instancia del juzgado 31 de Madrid, pidió en su segunda sentencia, que fijaba para hoy la fecha del lanzamiento, que se pusieran "los medios necesarios" para ejecutar el desahucio. Y la policía lo ha hecho.

La "guardia pretoriana de la banca"

Aunque la llegada del secretario judicial se espera para las 9.30, una veintena de activistas hacía guardia ya desde las siete y media en la puerta de la vivienda, en el número 140 de la calle Virgen de Lluc del distrito Ciudad Lineal. Cuando faltaban 10 minutos para las ocho han hecho acto de presencia al menos 12 furgonetas de la Policía, de las que se han bajado unos 40 antidisturbios, que han acordonado la calle en un perímetro muy amplio y han echado a los activistas, que a esa hora habían aumentado a unos 30, y periodistas. Sin violencia pero con firmeza -a un activista le han retorcido el brazo-, los han hecho retroceder bastantes metros hasta la esquina de Virgen de Lluc con Florencio García. Desde ese punto no se ve el portal y no dejan que nadie se acerque. Sigue llegando gente hasta sumar unos 50.

"Pueblo Nuevo acordonado. Hay decenas de personas, xo necesitan +", dice @PAH_Madrid en Twitter. En la misma red social, la plataforma acusa a la policía, a la que tilda de "guardia pretoriana de la banca", de sumarse "a la violencia ejercida por los bancos".

Mientras tanto, dentro del piso, con María José, hay tres personas de la PAH y de Democracia Real Ya, dos de ellos encadenados a la propia puerta de la vivienda. Uno de ellos es Paco, que promete: "Resistiré con todo mi corazón". Unos vecinos que están viéndolo todo comentan: "¿Todo esto para desalojar a la Pepa? Madre mía, y teniendo un hijo discapacitado". "Este desahucio lo vamos a parar", siguen gritando los indignados, que corean una y otra vez "le llaman democracia y no lo es". No ha pasado de llegar gente, ya son unos 200. "¡Vecinos de Pueblo Nuevo, a una de vuestras vecinas la van a desahuciar, la está echando el banco!", canta un grupo de unos 15 activistas alrededor de la zona acordonada, donde explican lo que está ocurriendo a los vecinos con los que se cruzan. "¡Despertad, mañana podéis ser vosotros!". Los vecinos les miran con simpatía.

Además de la concentración de apoyo, la PAH ha llevado a cabo acciones legales para tratar de ayudar a esta familia. El abogado de la plataforma, Rafael Mayoral, ha puesto de madrugada en el juzgado de guardia una denuncia contra la juez por prevaricarión. Lo fundamenta en el artículo 704 de la ley de enjuiciamiento que dice, según explica, que la juez ha dictado sentencia sabiendo que la afectada no vive sola. A su juicio, la magistrada debería haber notificado el desalojo a los dos hijos para que pudieran alegar. Además, ha solicitado la paralización del lanzamiento.

"Este desalojo, mañana lo ocupamos"

A las nueve y media de la mañana, la comisión judicial, compuesta de varias personas y apoyada por varios agentes, ha llegado al portal y ha entrado mientras los concentrados gritaban " ¡vergüenza! ¡queremos un chalé como el de zetapé!" y "¡esto no lo haría un buen policía!". Mayoral, que ejerce las labores de defensa de la mujer, no ha podido pasar. Los indignados increpan a los agentes y la tensión sube el tono. Desde megafonía, un activista pide que no se insulte a la policía y algunos le abuchean. Llegan más agentes. "Este desalojo, mañana lo ocupamos", corean los indignados, que están divididos en dos grupos en ambos extremos del cordón policial.

Cuando faltaban diez minutos para las diez, María José ha salido a la ventana con su hija de 24 años a dar las gracias a los concentrados. "Nos desalojan. Gracias, de verdad, no soy morosa, lo que soy es pobre". Pasados 20 minutos de las diez de la mañana, Paco, el activista encadenado, ya está fuera, en la calle. Parece que el desahucio se ha ejecutado. Los activistas quieren ir ahora a la junta municipal de Ciudad Lineal para pedir una vivienda para María Jose."No se puede qedar en la calle", sostienen.

Poco después llega un camión y una furgoneta de mudanzas para los enseres de la familia. "Una vez desahuciada, María Jose sigue teniendo una deuda de 200.000 euros,"mucho más de lo que valía el piso cuando se hipotecó", recuerda un portavoz de la PAH.

Un caso complejo
El de María José, que fue el tercer desahucio paralizado por la PAH y que se va a convertir en el primero que la policía impide impedir, es un caso bastante complejo. Sus problemas se remontan a hace 18 años, cuando hipotecó su piso para ayudar a su expareja a saldar una serie de deudas. En 2002, terminada esa relación e incapaz de asumir sola las cuotas, acudió a una reunificadora de deudas que le tramitó un nuevo préstamo con la CAM, que le concedió 157.000 euros. Hoy, la entidad le reclama 200.000 euros, una cifra lejos de las posibilidades de esta mujer, que ingresa 520 euros por tener un hijo discapacitado a su cargo y 168 euros por la Ley de Dependencia. También vive con ella una hija de 24 años licenciada y en paro.

La familia ha solicitado una alternativa al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que les ha informado de que tardarán tres años en asistirles y les han aconsejado que acudan a un albergue. Eloi Morte, de la PAH, ha insistido en que el objetivo es lograr una alternativa habitacional o un alquiler "social" que les permita quedarse en el piso por un 30% de sus ingresos.


* El País - CARMEN PÉREZ-LANZAC - Madrid - 20/07/2011
Foto: Antidesahucio frenado.- Hace mes y medio que comenzó la campaña para frenar desahucios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca - 20minutos

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“Stop desahucios”: una iniciativa incomprendida por toda la izquierda canaria

ARTURO INGLOTT* : La noticia mereció apenas una pequeña columna perdida en las páginas centrales del diario Público el pasado sábado 16 de julio. Ni un pequeño hueco en su portada, dedicada ese día al encausamiento del presidente de la Generalitat valenciana. A las nueve de la mañana del viernes 15 un grupo de indignad@s había logrado evitar un desahucio en el madrileño barrio de Carabanchel. Los afectados, una madre y su hijo, iban a ser desalojados incluso después de haber abonado la deuda de poco más de 1.300 euros que tenían con el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). La funcionaria del IVIMA que acudió al lugar a notificar el lanzamiento tuvo que dar marcha atrás ante la presión de los congregados. "¡Este desahucio ya lo hemos parado”!, gritaron los miembros del Movimiento 15-M. Y no había sido el primero. Ya en el mes de junio l@s indignad@s, junto a la Platafoma de Afectados por la Hipoteca, lograron detener alrededor de 40 desalojos en todo el Estado. En Las Palmas de Gran Canaria el movimiento 15M se estrenaba en esta iniciativa social con una rotunda victoria el miércoles 6 de julio. Un grupo de indignad@s impidió ese día el desalojo de Felisa Melián, de 79 años, y su hija Araceli Ramos del capitalino barrrio de La Paterna.
Desde enero de 2007 a septiembre de 2010 se ejecutaron en el conjunto del Estado español 258.000 hipotecas y se estima que alrededor de 350.000 familias perderán su vivienda en los próximos cinco años. En Canarias, desde el comienzo de la Crisis 13.500 familias canarias han sido despojadas de sus viviendas por los Bancos, ante la imposibilidad de continuar haciendo frente al pago de sus hipotecas. La magnitud del drama social provocado por esta expoliación masiva -y legal - llevó a los damnificados a organizarse en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero fue la implicación de l@s indignad@s del 15M en esta lucha la que logró proporcionarle una fuerza que inquieta, con razón, al poder establecido.

"Stop desahucios": el colectivo que pone en jaque a los bancos" es el significativo título del artículo de Esteban Hernández publicado en el periódico digital de ultraderecha "El confidencial". En su texto, Hernández reproduce uno de los argumentos utilizados para tratar de cuestionar la justicia de la lucha contra los desahucios. "Hay quienes aluden a que muchos de los hipotecados suscribieron un contrato que nadie les obligó a firmar y que si ahora no pueden pagar aquello que acordaron, deberían haberlo pensado antes", apunta el articulista antes de aludir a algunos ·expertos financieros “que consideran a los cientos de miles de desahuciados " personas que quisieron vivir por encima de sus posibilidades y que, una vez devueltos a la realidad, quieren evadirse de las responsabilidades que contrajeronY eso sin contar a aquellos que compraron la vivienda para especular y que ahora pretenden que otros se hagan cargo de su mala apuesta".

Ada Colau -de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca - contesta convenientemente a estas acusaciones "Las personas que se hipotecaron sí están cumpliendo con sus responsabilidades, al contrario que las entidades financieras, que fijaron las condiciones de los préstamos, que hicieron las tasaciones y que eran conscientes de lo que estaba ocurriendo en el mercado internacional”.

Otra de las "razones" esgrimidas para tratar de desprestigiar la lucha contra los desahucios la difundía el diario El País el pasado 29 de junio. "El indignado soy yo". Así encabezaba el periódico del grupo PRISA la crónica de un desahucio impedido en el Puente de Vallecas por el 15M, presentando el punto de vista de un pobre casero que necesitaba la renta de su inquilina para su propio sostenimiento. Un caso que, cierto o no, no representa la generalidad del fenómeno de los desahucios masivos, dado que son las grandes entidades financieras quienes están apropiándose de las viviendas de las familias y obligándolas a seguir pagándoles después del despojo. Finalmente no son pocos los que se esfuerzan por hacer “entender” a l@s indignad@s que el suyo es un esfuerzo quijotesco. En último término - apuntan - la ley acabará imponiéndose. En el citado artículo Esteban Hernández da la palabra al profesor de derecho de la Universidad Nebrija Eugenio Pérez de Francisco, quien asegura que "las acciones que se están llevando a cabo para detener los desahucios sólo conseguirán aplazar brevemente la situación. De modo que quizá periodísticamente sean muy llamativas, pero son pan para hoy y hambre para mañana”.

También a esta opinión responde Ada Colau, apuntando que el hecho de que el "desahucio se pare es más importante de lo que parece, dado que también puede servir como elemento de presión. “Nuestra asociación -explica Colau - intenta negociar antes y después del desahucio: hablamos con la entidad financiera, con el ayuntamiento y con los servicios sociales e intentamos toda clase de posibilidades.... Si eso no se consigue hacemos una convocatoria pública para detener el lanzamiento mediante la resistencia ciudadana, para aplazarlo al menos unos meses. Esa acción también sirve para que aumentar la presión y para poner rostros a las estadísticas y que la gente visualice las consecuencias reales de las docenas de desahucios que se dan cada día en España”.

Pero estas acciones tienen aún otros efectos de gran relevancia. Cuestionan, en la práctica, la sacrosanta propiedad de los Bancos y la injusticia de la legalidad vigente que la resguarda. Y ponen de manifiesto que la solidaridad y la organización popular son capaces de obtener éxitos en la lucha contra dicha injusticia. Es por eso que, también en la práctica y aunque no sean conscientes de ello, acercan a l@s indignad@s al tan infamado terreno de los “antisistema”. La derecha política y mediática es perfectamente consciente de ello. Un significativo sector de la izquierda real, no obstante, parece empeñado en prolongar su ceguera sobre las implicaciones de esta importante iniciativa social.

Así, por ejemplo, la exitosa paralización del desahucio de la anciana Felisa Melián y su hija en Las Palmas no contó con el apoyo de ninguna de las organizaciones de la izquierda canaria. Sin necesidad de enarbolar más bandera que la de la justicia social, los militantes de estas organizaciones tuvieron en esa ocasión una extraordinaria oportunidad para sumarse – en pie de igualdad con el resto de ciudadanos – a una causa que les permitiría conectar como nunca antes con los sectores populares que reclaman representar. Para de esa forma convertirse realmente en su vanguardia y empezar a elevar el nivel político de sus reivindicaciones. Para tratar de influir, en suma, en la dirección de un movimiento que se construye cada día y en el que ninguna concepción previa se encuentra grabada de forma indeleble. Por el momento, no obstante, persiste la incomprensión, cuando no la incapacidad para fundirse en la práctica con las aspiraciones auténticamente populares.


* Canarias Semanal - Opinión - 18.07.11

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