Condenado a seis años por corrupción el expresidente del Barça José Luis Núñez

ELPAÍS/Barcelona* : La Audiencia de Barcelona condenó ayer al expresidente del FC Barcelona y constructor José Luis Núñez Clemente y a su hijo José Luis Núñez Navarro a seis años de cárcel a cada uno por los delitos continuados de cohecho y falsedad documental. La misma sentencia impone 13 años de prisión al que fuera máximo responsable de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet y penas igualmente severas para otros tres altos funcionarios de ese departamento por amañar las actas de inspección a diversas empresas de Barcelona a cambio de sumas millonarias de dinero o de viviendas a precios muy ventajosos.
El caso culmina un proceso judicial que ha durado más de una década, iniciado a raíz de las informaciones publicadas por EL PAÍS, y que en 1999 acabó con las aspiraciones de Josep Borrell. Este dimitió como diputado y candidato socialista a La Moncloa porque siendo secretario de Estado de Hacienda había nombrado a Josep Maria Huguet, ahora condenado, y a su número dos, Ernesto de Aguiar, que estuvo imputado en su caso pero pudo eludir el banquillo.

El tribunal también condena por los mismos delitos de cohecho y falsedad a los inspectores Álvaro Pernas, Manuel Abella y Roger Bergua, a penas que suman 12, 11 y 9 años de prisión, respectivamente. Del mismo modo, la sentencia impone seis años de cárcel a Salvador Sánchez Gui, el asesor fiscal del grupo de empresas Núñez y Navarro. También ha sido condenado a siete años y medio de prisión Juan José Folchi, administrador de Torras Hostench London en 1990, y que acumula penas diversas en varios procesos del caso KIO. Folchi fue consejero de Economía de la Generalitat provisional con Josep Tarradellas y directivo del FC Barcelona durante la época de Núñez como presidente. Folchi fue también durante años asesor fiscal del financiero Javier de la Rosa, con el que acabó enemistado, precisamente a causa de este proceso, porque durante la instrucción de la causa le implicó en una declaración y De la Rosa acabó imputado en el proceso.

Precisamente De la Rosa y su asesor fiscal, Jorge Oller, son las únicas dos personas, de los 16 acusados, que han sido absueltas. Entre los condenados también figura Eduardo Bueno (dos años de prisión), presidente de la inmobiliaria Ibusa, exdirectivo del FC Barcelona y que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984. Otro condenado es Juan Antonio Sánchez Carretera (dos años y medio de cárcel), el que fuera asesor fiscal personal de Jordi Pujol y anteriormente condenado también en otro caso a dos años de prisión y después indultado parcialmente por el Gobierno del PSOE. El tribunal ha convocado para la mañana de hoy una vista, a petición de los fiscales del caso, Emilio Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez, en la que solicitarán medidas cautelares para siete de los condenados.

Fuentes judiciales explicaron que una de esas peticiones será el encarcelamiento inmediato de los cuatro inspectores de Hacienda condenados para evitar que huyan. Se trata de una decisión excepcional, pues lo habitual en estos casos es esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra la sentencia, lo que puede tardar dos o tres años en llegar.

Fuentes judiciales explicaron ayer su temor de que el inspector Álvaro Pernas, condenado ahora a 12 años de prisión, haya huido de España pues se encuentra aquejado de un cáncer en estado muy avanzado. El tribunal constata que Pernas ha hecho desaparecer 3,7 millones de su patrimonio personal, después de verse implicado en una pieza separada de este asunto referida a las inspecciones realizadas a la constructora Metro-3 que le acarreó otra condena de nueve años de prisión. La sentencia también le obliga a indemnizar a Hacienda con 583.000 euros por el perjuicio causado a causa de su insolvencia punible.

Las mismas fuentes judiciales explicaron que, en el caso de Núñez y su hijo, la fiscalía podría solicitar su obligación de comparecer con cierta periodicidad en el juzgado para asegurarse que siguen en España.

La sentencia también ordena el comiso de los beneficios obtenidos por los inspectores de Hacienda corruptos, que superan los cinco millones de euros. Igualmente, condena a José María Huguet, Juan José Folchi y Manuel Abella a indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda pública con casi ocho millones de euros por el impuesto de sociedades que quedó sin tributar como consecuencia de las actas realizadas a las empresas del Grupo Torras, que ejerció la acusación particular.

Núñez, padre e hijo, así como a su asesor fiscal y el inspector Abella, son condenados también a abonar a Hacienda otros seis millones de euros por las cuotas derivadas de las inspecciones realizadas a las empresas de su grupo constructor que dejaron de ingresarse.
El oasis catalán que terminó en cloaca

José Luis Núñez Clemente ha notado los efectos de la crisis del ladrillo, pero su imperio empresarial todavía sigue siendo rentable, con 700 empleos directos y dos mil indirectos A punto de cumplir 80 años, el que fuera presidente del FC Barcelona entre 1978 y 2000 ha dejado la huella de su constructora en decenas de esquinas de la capital catalana, aunque de un tiempo a esta parte ha diversificado su negocio al mercado de alquiler.

Distanciado y hasta enfrentado con CiU desde hace años, José Luis Núñez Clemente es un exponente de lo que en su día se calificó el "oasis catalán", en el que parecía existir un comportamiento ejemplar de su clase política y su sociedad, pero que acabó en cloaca por la aparición de diversos casos de corrupción.

En aquel palco del Camp Nou se tejieron todo tipo de negocios y actividades dentro y fuera de la ley, con unos empresarios que años después han acabado condenados en varios procesos judiciales. Como el que acabó con el juez Luis Pascual Estevill, que llegó a vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU, y condenado por extorsionar a empresarios para no encarcelarlos. O Javier de la Rosa, al que Jordi Pujol calificó en su día como "empresario modelo" y condenado en una ristra de procesos. O Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado de Pujol en el caso Banca Catalana.



* El País - 30/7/2011
Foto: José Luis Núñez sale de la Audiencia de Barcelona.- TONI GARRIGA (EFE)


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"El urbanismo debe hacerse con participación ciudadana"

ELPAÍS/Santiago* : Medio centenar de profesionales relacionados con el mundo de la arquitectura se reunieron ayer en la sede de la fundación María Martínez Otero de A Estrada, para participar en unas jornadas en las que diversos ponentes hablaron sobre las relaciones entre la arquitectura y el territorio rural. Durante el debate que se desarrolló después de una de las conferencias, varios arquitectos señalaron como uno de los graves problemas de la planificación urbanística en España en general y Galicia en particular la poca participación de los ciudadanos en el diseño de las actuaciones.
Durante el coloquio, el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, José Manuel Casabella, apuntó que una de las dificultades con las que se encuentran los arquitectos a la hora de poner en marcha sus proyectos es la casi nula presencia de los ciudadanos en los mismos. "Los planes urbanísticos se exponen durante unos días y las alegaciones que se presentan son por el interés particular de cada uno, pero casi nadie se preocupa por cómo afecta ese plan al espacio público", indicó Casabella, quien también destacó que los políticos se preocupan principalmente de aprobar los planes de ordenación urbana con rapidez y no por el cuidado de los espacios públicos presentes en esos planes. Casabella añadió que la responsabilidad no es exclusiva de los políticos ya que las dificultades que existen para cambiar los planes urbanísticos de los municipios hacen que estos busquen "la mayor operatividad posible".

Por su parte, el organizador de las jornadas, José Valladares, de RVR Arquitectos, explicó que en la elaboración de los planes urbanísticos las mayores preocupaciones son por el "qué" y no por el "cómo" y eso lleva a que el papel de la arquitecto cada vez sea menos importante. Valladares pidió una reflexión sobre este asunto ya que, a su juicio, la arquitectura ha abandonado campos que no debía haber dejado de lado y eso hace que los planes urbanísticos cada vez dependan más de cuestiones jurídicas y menos de los criterios técnicos para diseñar los espacios adecuados para el disfrute de los ciudadanos.

Durante las jornadas presentaron sus ponencias el artista visual Alvaro Negro y los arquitectos Bert Gellynck, Nadia Casabella, Juan Creus, Covadonga Carrasco y Carlos Quintáns. Nadia Casabella explicó que en Bélgica se ha puesto en marcha en los últimos años una nueva normativa que puede ser interesante para Galicia, ya que contempla la aparición de nuevos instrumentos en la elaboración de planes urbanísticos que tienen más en cuenta a los ciudadanos y facilitan su participación.


* El País - 30.07.11
Foto: Santiago de Compostela - flickr

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Valladolid.- El Supremo ratifica la ilegalidad de 150 pisos en Arroyo junto a Hipercor

NORTECASTILLA* : El Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la constructora Mahía Grupo Inmobiliario contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en 2007 declaró ilegal el estudio de detalle aprobado por el Ayuntamiento de Arroyo, con el que se permitió aumentar la edificabilidad de 500 a 650 viviendas en el sector conocido como SAU 13, junto al centro comercial Hipercor.
La sentencia del Supremo no admite ninguna las argumentaciones de la empresa contra el fallo del TSJ y «comparte» con este los motivos que le llevaron a anular el estudio de detalle con el que se abordó la modificación del Plan General del municipio. Entre ellas, que este sector de suelo no se podía considerar como 'urbano consolidado', porque en el PGOU estaba clasificado como 'urbanizable delimitado' y tampoco tenía carácter urbano, ya que las obras de viario y calles no se habían ejecutado ni recepcionado en su totalidad. Además, se aumentaba la densidad de viviendas por hectárea, de 30 a 34,8, lo que suponía un incumplimiento de los límites previstos en la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Este exceso de edificabilidad debería haber llevado aparejada la reserva de más espacio para dotaciones y espacios libres públicos.

En la sentencia del TSJ de Castilla y León también se apostillaba que la figura del estudio de detalle utilizada para la operación urbanística incumplía el artículo 45.2 de la Ley de Urbanismo, que exige que las modificaciones deben justificarse adecuadamente desde el punto de vista del interés general. Un extremo que no se produjo al no merecer tal consideración el incremento de dotaciones por no cumplir los requisitos de cesión completa del dominio.
El Alto Tribunal de la comunidad consideró que este menoscabo al interés general no puede paliarse con la construcción de las instalaciones deportivas, en las que Mahía invirtió 250.955 euros, ni con los 833.125 euros que entregó al Ayuntamiento como aportación para la ejecución de sistemas generales, pues tales compensaciones no justifican 'per se' la modificación del planeamiento, máxime cuando no se prevé la cesión del 10% del incremento del número de viviendas en el sector.


* El Norte de Castilla - 30.07.11
Foto: Viviendas de Mahía en el sector SAU 13 de Arroyo de la Encomienda.- nortecastilla

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Armilla.- La Audiencia amplía las penas y los metros a derribar del Nevada

GRANADAHOY* : Que en principio nadie irá a la cárcel y que el centro comercial de Tomás Olivo podrá por fin ser terminado y abrir sus puertas, son los dos principales mensajes que deja una lectura en positivo de la sentencia definitiva del caso Nevada. La resolución, no obstante, tiene más malo que bueno para los procesados, puesto que endurece las penas que el verano pasado les impuso el juez de Penal 3 y amplía la lista de 'culpables', que pasa de tres a siete, al ser condenados también los otros cuatro ediles de Armilla que fueron procesados.
Lo que ha hecho la Audiencia de Granada exactamente ha sido doblar las penas de cárcel que se establecieron hace un año al empresario Tomás Olivo, para el ex alcalde socialista José Antonio Morales Cara y al ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate. Así, ha elevado de siete a 15 meses los castigos de prisión para el ex primer edil y el ex concejal de Armilla, imponiéndoles además duras penas de inhabilitación: ni uno ni otro podrán ser concejal o alcalde durante los próximos ocho años y medio.

Para el empresario, dueño de General de Galerías Comerciales S.A., el tribunal impone igualmente 15 meses de prisión, un período en el que asimismo estará inhabilitado para ejercer su profesión de promotor inmobiliario. Además, tendrá que pagar una multa de 10.800 euros.

En cuanto a los delitos, no hay cambios, ya que la Audiencia coincide con el juez que enjuició el caso, el magistrado Antonio Aguilera (Penal 3), en que el ex regidor y los munícipes cometieron un delito de prevaricación urbanística, al votar a favor de otorgar la licencia al promotor pese a existir informes negativos. El 'pecado' cometido por Olivo fue, en su caso, ocupar con ladrillos y cemento suelo que estaba destinado a zonas verdes, esto es, cometer un delito urbanístico o contra la ordenación del territorio.

Y es en este punto donde la Audiencia también agrava la condena, ya que añade otros mil metros cuadrados a la superficie construida ilegalmente que las máquinas deberían de tirar. Se trata de la parte del edificio que ha invadido "el camino viejo de Alhendín" y que habría que derribar salvo que, como advierte el magistrado ponente de la resolución, Pedro Ramos, "en ejecución de sentencia sean compensados estos metros con otros de los terrenos adyacentes". Cabe recordar en este punto que el juez Aguilera ya dispuso que se demolieran 1.446 metros cuadrados de la esquina suroeste del centro para que allí se ubiquen los jardines previstos, demolición que no revoca la Audiencia y que, por tanto, se tendrá que llevar a cabo.

Así las cosas, el mapa del Nevada, en principio, no sufriría más cambios que los que ya dispuso el juez en primera instancia y los que acuerden promotor, Junta y Ayuntamiento de Armilla para legalizar completamente el edificio una vez se pronuncie la jurisdicción contencioso-administrativa, donde existe otro frente judicial abierto por la licencia concedida.

Lo que sí cambia, o mejor dicho, se amplia es, como se ha dicho antes, el listado de culpables, con la inclusión de Miguel Ángel Porcel, Dina Romero, José Pérez y Francisco de Sales Ocaña. A ellos, la Audiencia los considera tan autores del delito de prevaricación como a Morales y Cañavate, pues participaron y votaron en el mismo acto por el que éstos fueron condenados: la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de 30 de septiembre de 2005, en la que se dio luz verde a la construcción del Nevada pese a no contar con el informe jurídico preceptivo -desapareció del expediente- y existir otros en sentido desfavorable. La pena para ellos es menor: el tribunal los condena a 8 meses de prisión y 8 años de inhabilitación. Según el fallo, su actuación "infringió las más elementales normas" que debían observar como miembros de un órgano de ese tipo, ya que "no deben limitarse a votar, sino que su obligación es cerciorarse que sus decisiones se ajusten a la legalidad, máxime cuando hay reparos por los técnicos".

Tras la decisión de la Audiencia, todo apunta a que pronto regresarán a sus puestos de trabajo -la obra está paralizada desde el 26 de abril de 2007- los obreros del Nevada, pues la sentencia es firme y pone fin al proceso judicial en la vía penal. Sólo podrían ahora los acusados acudir al Constitucional en caso de que consideren vulnerado algún derecho fundamental.

El caso Nevada fue investigado por el juez de Instrucción 6 de la capital,Miguel Ángel del Arco, tras la denuncia que formuló a principios de 2007 la Fiscalía del TSJA contra los tres principales culpables. Fue el PP quien le comunicó sus sospechas de posibles irregularides en la tramitación y construcción del edificio. El juicio sentó hace un año a un total de 11 personas en el banquillo: las siete que han resultado condenadas y otras cuatro (un abogado, una letrada de la Diputación y dos arquitectos), cuyas absoluciones ha confirmado también la Audiencia.

El tribunal de la Sección Primera, en su extensa resolución -de 114 páginas-, desestima todos los recursos de las defensas y estima parcialmente los que interpusieron las acusaciones: el fiscal del caso, Valentín Ruiz; el letrado del PP, Javier López García de la Serrana; y los abogados de Los Verdes, y de Adobe (Arquitectura y compromiso social) y Ecologistas en Acción, Rosa Gil y José Antonio García Cabrera, respectivamente.

Las fuentes consultadas indicaron que ninguno de los condenados tiene antecedentes penales, por lo que al ser las penas inferiores a dos años de cárcel, en principio, nadie será encarcelado, ya que todos cumplen los requisitos para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. Olivo es quizás quien tendría mayor riesgo potencial de pisar el presidio, pues está pendiente de la resolución del caso Malaya.


* GRanada Hoy - 30.07.11
FoTo: El Centro Comercial Nevada, levantado en Armilla, se encuentra paralizado desde 2007.- granadahoy


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"Ven en coche" - El Roto



Viñeta: El Roto - El País

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Andalucía.- Ecologistas rechazan el decreto sobre viviendas ilegales y alerta del "efecto llamada" al urbanismo ilegal

EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción ha presentado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta un conjunto de propuestas en relación con el borrador del Decreto por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma andaluza, en el que muestra su oposición al mismo y alerta sobre el "efecto llamada" que supondrá para el urbanismo ilegal en la comunidad, así como refleja que "puede provocar un desastre urbanístico, territorial y ambiental".
Según ha informado el grupo ecologista en una nota, esta propuesta es de "suma gravedad" por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente "muy peligroso" para los actos delictivos contra la ordenación del territorio, ya que con un decreto se pretende "eludir las estrictas normas de la Ley de Ordenación de Territorio y Urbanismo (LOUA) y del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en relación con las condiciones para la construcción de viviendas en suelo rústico, que excluyen las viviendas no ligadas a las explotaciones agropecuarias, prohíben las segundas residencias y los nuevos núcleos de población".
"El decreto es un aval para el urbanismo salvaje", ha asegurado Ecologistas en Acción, que ha añadido que esta "regularización ignora los límites de crecimiento que estipula el POTA, que para un periodo de vigencia del planeamiento municipal (PGOU) de ocho años, el suelo urbano o urbanizable no puede crecer más del 40 por ciento y las previsiones de nuevas viviendas se deberían dimensionar para un incremento máximo de población del 30 por ciento". "Habrá muchos municipios que, al legalizar estas viviendas, aumentarán la superficie urbanística muy por encima de estas limitaciones", ha advertido.

La "regularización" de cientos de urbanizaciones y decenas de miles de viviendas ilegales desgajadas de los núcleos de población provocará "un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión".

Asimismo, ha señalado que "provocará una pérdida del patrimonio paisajístico irreversible, pues este urbanismo se sitúa en las antípodas de la sostenibilidad, consume mucha más agua y energía, y produce residuos difíciles o imposibles de tratar".

Por otro lado, ha precisado que este decreto "no aclara qué pasará con las miles de viviendas y cientos de urbanizaciones que no podrán ser regularizadas por estar en suelo protegido, incumplir normas de rango superior o no haber prescrito las infracciones en base lo estipulado en la LOUA, por lo que sería imperativo proceder a la restauración de la legalidad urbanística y a la demolición de las mismas".

"La Junta deja así en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé la ejecución de 'derribo express' por parte de los Ayuntamientos", ha manifestado. Del mismo modo, ha señalado que "creará un efecto llamada y un gravísimo precedente, cualquier persona podrá hacerse una vivienda, con o sin licencia municipal, porque al final será legalizada".

En este sentido, ha lamentado que este decreto viene a "echar por tierra el ingente trabajo desarrollado por las organizaciones ecologistas en estas dos últimas décadas de denuncia de la desaforada especulación y corrupción urbanística a lo largo y ancho de toda Andalucía".

Como conclusión, Ecologistas en Acción considera que las soluciones planteadas en este borrador de decreto significa "un respaldo de la Junta de Andalucía al cáncer de la especulación y la corrupción urbanística", por lo que solicita a la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, que "solo se puedan regularizar aquellas viviendas y urbanizaciones que cumplan con las normas de la LOUA y del POTA y que sea imprescindible para que un Ayuntamiento pueda acogerse a los mecanismos de regularización de viviendas que haya elaborado, aprobado y ejecutado su Plan Municipal de Inspección Urbanística, y muy en especial, que se haya procedido a la demolición de todas las edificaciones no legalizables en las que no hayan prescrito las infracciones urbanísticas en un plazo no superior a dos años".

Además, pide que los ayuntamientos cataloguen y registren como edificaciones fuera de ordenación a las viviendas que haya prescrito la infracción urbanística y no se encuentren en suelos del tipo señalado en el apartado anterior, pero con las restricciones señaladas en la LOUA y que se acometa un proceso político y jurídico para hacer "más efectiva las competencias subsidiarias de la Junta de Andalucía y la labor de investigación de los equipos especializados en la lucha contra la especulación y la corrupción urbanística de los cuerpos y fuerzas de fuerzas de seguridad del Estado".


* Europa Press - 28.07.11
Foto: El Puerto (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es

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