Alicante.- La CAM avaló con 24 millones una venta de suelo fallida de Ortiz

ELPAÍS* : La intervenida Caja Mediterráneo (CAM) avaló en septiembre de 2007, en la antesala del estallido de la crisis del ladrillo, con 24 millones de euros al promotor Enrique Ortiz en una operación inmobiliaria que finalmente resultó fallida. El objeto del aval era cubrir los riesgos del incumplimiento del contrato, la venta de una parcela en Benidorm, propiedad de Ortiz, a la sociedad Unibail Rodamco, uno de los mayores grupos comerciales de Europa y propietario de la red de supermercados Eroski.
El grupo comercial adquirió el suelo al promotor Ortiz con el objeto de levantar un centro comercial, pero a fecha de hoy el complejo no está construido. El proyecto incluía unos 49.000 metros cuadrados de galería comercial, unos 13.000 de hipermercado, aparcamiento en superficie y sótano de unas 2.300 plazas y unos 14.000 de zonas comunes.
La escritura se firmó el 6 de septiembre de 2007 en una notaría de Alicante.

De acuerdo con el documento mercantil al que ha tenido acceso este períodico, Enrique Ortiz, en representación de la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, SA, vendió una parcela de 71.091,31 metros cuadrados, en el término de Benidorm, a Thomas Orchard, en representación de la mercantil Rodamco Benidorm, SL [está firma está participada al 50% por la sociedad Unibail Rodamco]. El precio de la venta fue de 96.135.356,68 euros, más IVA (en total 110.357.013, 75 euros).

La forma de pago fue la siguiente: la cantidad de un millón de euros, más el IVA correspondiente, fue hecha efectiva con anterioridad a la firma de la escritura mediante dos cheques bancarios; y la cifra restante (95.135.356,68 euros), más IVA, lo abonó el comprador en el acto de la firma de contrato, igualmente mediante cheque bancario.

El comprador y vendedor incluyeron una serie cláusulas que de no cumplirse podrían anular o "modificar" el precio de la operación. En este último apartado, Ortiz se comprometió a rebajar el precio en 24.033.839,71, euros y como garantía de pago aportó el aval de la CAM.Las obligaciones entre las partes de compraventa de la parcela de Ortiz en Benidorm al grupo comercial Unibail Rodamco recogidas en la escritura son las siguientes: inscribir la parcela en el Registro de la Propiedad, como finca independiente, a nombre de la mercantil vendedora; obtener la aprobación definitiva y firma de la modificación de los instrumentos urbanísticos para la construcción del centro comercial; y obtener la concesión, con carácter definitivo y firme por parte de la Generalitat Valenciana para la construcción y explotación del centro comercial.

El plazo para la ejecución de la primera cláusula era de seis meses y para la segunda y tercera, de 36 meses. A la fecha de hoy, en el lugar donde estaba previsto levantar el centro no se ha colocado ni una piedra. La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benidorm para instalar en ese sector el centro comercial tampoco ha sido aún tramitada.

La escritura señala que en el caso de que se produjeran algunos de los supuestos que implicara la resolución de la compraventa, el precio final de la operación se reduciría en 24.033.839,17 euros, lo que significaba que el valor último de la venta sería de 72.101.517,51 millones de euros, más el IVA correspondiente.

En garantía de esa rebaja del precio, Ortiz aportó en el acto de compraventa un aval de la CAM por la misma cantidad en la que se comprometía a rebajar el valor de su parcela. Ortiz estaba obligado a devolver la diferencia del precio al comprador si no se ejecutaba la completa urbanización de la parcela, es decir, servicios, conexiones exteriores y accesos.

El aval fue emitido por la CAM el 6 de septiembre de 2007 con una validez de hasta el 6 de diciembre de 2010.

El Ayuntamiento de Benidorm dio luz verde a la modificación del PGOU para acoger nuevas grandes superficies comerciales, entre ellas el proyecto que impulsaba el grupo Unibail Rodamco, en diciembre de 2008. No obstante, un mes más tarde la multinacional pidió al Consistorio la suspensión temporal de la tramitación de la modificación del PGOU hasta que no se resolvieran los accesos al sector. La mercantil tomó esa decisión tras tener conocimiento de que la Dirección General de Carreteras informó desfavorablemente a las obras de urbanización y decretó su paralización. Las obras de urbanización, que tenía que acometer el promotor Ortiz, no han sido recepcionadas oficialmente por el Ayuntamiento. El promotor, según fuentes del anterior equipo de gobierno municipal de Benidorm, intentó entre los meses de agosto y septiembre de 2010 obtener el acta oficial de recepción de las obras de urbanización. Ortiz obtuvo una certificación emitida por dos ingenieros municipales que no fue validada, por Jaume Llinares, entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento.

Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del promotor Enrique Ortiz sobre esta operación inmobiliaria fallida en Benidorm. El empresario alicantino es uno de lo clientes de mayor envergadura de la intervenida CAM, en operaciones con su grupo empresarial (primero Ortiz e Hijos y ahora grupo Cívica). El promotor está imputado en el sumario del caso Brugal que investiga supuestas irregularidades en el Plan General de Alicante. En esa causa está imputado un exdirectivo de la caja por una compra de suelo con Ortiz para recalificarlo.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 31/07/2011
Foto: CAM - google

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El reciclaje como estrategia

ANTÓN GARCíA-ABRIL* : La rehabilitación se torna en reciclaje como estrategia frente al crecimiento en esta XI Bienal de Arquitectura Española de Comillas. La investigación gana enteros frente a la monumentalidad y los grandes nombres dan el relevo a jóvenes arquitectos más preocupados por la escala humana y las necesidades sociales. Han sido más de 200 los proyectos seleccionados. He aquí las claves.
La XI Bienal de Arquitectura española se presenta este año con su acrónimo BEAU XI. Pudiera parecer un galicismo que aludiera a la belleza para describir cómo evoluciona la presente arquitectura española, aunque, en esta edición prima lo inmediato, lo útil. No es la belleza, la estética o la investigación sobre los sistemas que expresan y ponen en consonancia cultural la arquitectura con la sociedad que la construye y la usa lo que se ha valorado en esta selección de edificios y proyectos.
Lo necesario, lo próximo está relacionado con la vida del hombre, con sus necesidades cotidianas. Se sugiere en el decálogo ideológico que ha presentado el jurado, que hemos estado viviendo una fase de excesos sociales que han tenido repercusiones automáticas en aspectos directamente relacionados con la vida de las personas, en sus economías, en sus viviendas, en su ciudad. Se busca ahora una arquitectura que responda a necesidades sociales (“la monumentalidad es también una necesidad social”, apunta José Miguel Iribas, prestigioso sociólogo ligado a la redefinición conceptual del urbanismo).

Belinda Tato, que lidera junto a José Luis Vallejo la oficina Ecosistema Urbano, nos recuerda que dicha necesidad se debe a que la ciudad es el espacio para la democracia, donde todo el mundo debe sentirse reflejado en ella. Es necesaria la identificación del ciudadano con su ciudad. Reactivar la conciencia por el respeto en el diseño del territorio es la consigna que Tato promulga para el futuro.

La vivienda pública, la calidad urbana, son aspectos prioritarios en la definición de lo necesario para Antonio Font, también miembro del jurado. Joaquin Sabaté Bell, codirector de esta XI Bienal, sentencia que una sociedad que no respeta su territorio, no se respeta a sí misma. Y ya no se puede hablar de la rehabilitación como técnica regeneracionista de la ciudad, sino del reciclaje como estrategia frente al crecimiento, como nuevo paradigma urbano que aúne los valores de la sostenibilidad al modelo de diseño urbano, nos sugiere Jordi Ludevid. Reformar, completar, corregir, son estrategias más acordes con las necesidades de desarrollo contemporáneas, que difieren de los grandes planes urbanos y operaciones de extensión que nos han acompañado los últimos años.

Para ello, la investigación era, más que una novedad, algo pendiente en las Bienales de Arquitectura Española, como afirma su director Félix Arranz. No repetir banalmente caminos trillados, no conformarse con los que hay o se hace habitualmente y aportar innovación es la definición con la que José María Ezquiaga, arquitecto urbanista, nos distingue a los proyectos destacados en urbanismo. La investigación, según Iribas, es la ligazón entre el conocimiento extraído de la experiencia, y Llatzer Moix lo sintetiza con la búsqueda obligada de los arquitectos de nuevas respuestas a viejas preguntas. Trabajadores muy conscientes del tejido social, y no grandes héroes. Una arquitectura no ligada al nombre del arquitecto, sino a la solución.

Los reconocimientos. Esta apología del anonimato, del trabajo bien hecho, de la humildad que la explicación coral de los miembros del jurado de la XI Bienal ofrecen para proponer su selección, tiene su mayor representación en sus premios, donde nombres menos conocidos han prevalecido frente a arquitectos de mayor proyección. Quizá este aspecto identificará esta bienal, a modo de apuesta renovadora de la arquitectura premiada institucionalmente, si bien los grandes perdedores se han conformado con “reconocimientos”, como el Museo Arqueológico de Álava, de Francisco Mangado, El Museo Can Framis, en Barcelona, de Jordi Bahia y Jordi Framis y El Museo del Agua en Lanjarón, Granada, de Juan Domingo Santos. Estos tres reconocimientos, que no premios, saben a poco.

Igualmente se queda en un reconocimiento la intervención en la playa de Benidorm de Carlos Ferrater, dentro de la modalidad de urbanismo, que ha cambiado la fisonomía del borde urbano de la ciudad levantina. Las menciones van todas a la arquitectura gallega. Siempre elegante, Víctor López Cotelo interviene en Santiago de Compostela incorporando en silencio la alta arquitectura que practica a las tradiciones constructivas locales. También Carlos Quintans recibe mención con una casa en un entorno rural en Lugo. Las menciones en urbanismo también reconocen una hábil intervención en el puerto de Malpica, en el corazón de la hermosa costa da Morte Gallega, y el proyecto de Herreros en Oslo, rodeando el Museo Munch. Me permito rescatar con sorpresa entre los no reconocidos en esta bienal grandes proyectos, como el Mercado de Barceló, instalación temporal de Nieto y Sobejano; el hotel Atrio, de Tuñón y Mansilla, o el mejor plan urbano que ha tenido Madrid, el Proyecto Madrid-Río, de Garrido y Burgos, asociados con el estudio de paisaje holandés West 8.

Analizamos los proyectos presentados, contemplando las circunstancias actuales de recesión económica, cristalizadas en los mismos. Son ahora más pequeños, de mayor contención económica, intervenciones en edificios existentes, operaciones de cirugía urbana. El urbanismo, destacado espíritu de esta bienal, reclama igualmente la investigación, propuestas de “no conformidad”, desde planteamientos más participativos, con mayor visión estratégica.

Los premiados.
Se presentaron más de 700 proyectos, se seleccionaron más de doscientos, se destacaron cien y cuarenta llegaron a finalistas, siendo el premio de esta XI Bienal para los jóvenes arquitectos Bernardo Angelini y David Casino, (Zigzag Arquitectos) por su edificio de viviendas protegidas en Mieres, magnífico y casi único ejemplo construido del programa de vivienda pública que el Ministerio de la Vivienda inició. Destacan algunos valores que atesora este trabajo: su inserción en el entorno urbano, el diseño de sus pieles y su discreción proyectual y ambiental. Es patente la gran formación recibida en Madrid en sus comienzos profesionales por el arquitecto Angelini, demostrando ya una gran madurez reconocida por el jurado en el diseño de las viviendas, uno de sus primeros encargos profesionales.

El premio de investigación recae sobre el Edificio Media-Tic, de Enric Ruiz Geli, por su manifiesto en el que técnica, energía, conectividad, medioambiente e información son los ingredientes materiales de su arquitectura. Y el premio de Proyecto Joven, cualidad que comparte José María Sánchez García con los premiados Angelini-Casino, se concede al Centro de Remo en Alange (Badajoz).

En general se resalta lo colectivo, reconociendo los modos de hacer, “que no tanto celebran la competencia de la excelencia, lo ya materializado, o el premio individualizado”. Diluir los brillos individuales entre la unánime producción arquitectónica, clara contradicción de una Bienal de arquitectura que debe mostrar y destacar entre lo más excelente, y resaltar sus logros más individuales, para así ofrecer el mejor aroma de todo un colectivo profesional, pero también el pulso de una sociedad y su cultura.


* EL Cultural - 31.07.11
Foto: Premio de Arquitectura: edificio de 131 viviendas protegidas en Mieres (Asturias), de B. Angelini y D. Casino - elcultural

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El urbanismo, las obras y la vivienda requerirá de informes sobre su impacto en la salud

EUROPAPRESS* : El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía, una norma que será sometida a debate en el Parlamento autonómico tras el verano, cuyo tramite se pedirá por la vía urgente y que recoge, entre sus principales novedades, que la salud pública se convierta en un elemento transversal de todas las políticas de gobierno.
En la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Gobierno, Montero ha explicado, tal y como ya avanzó hace dos años cuando dio a conocer que su departamento trabajaba en este texto, que la principal misión de la ley será la de velar para que en cualquier acción de Gobierno, "como por ejemplo cuando se está ordenando el urbanismo o se instala una industria dentro de una ciudad", exista un informe previo e indispensable de salud pública que permita proteger la salud de los ciudadanos de ese entorno y que sea indispensable para la autorización de esa instalación industrial.
Así, las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de dicho informe de evaluación de impacto en la salud colectiva. Este ámbito de acción engloba, de esta forma, especialmente los ámbitos relativos al empleo, la vivienda, el deporte, el urbanismo o la educación.

En materia urbanística y de vivienda, se recogen derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes en los planeamientos, la prohibición del uso de materiales de construcción que suponen riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales.

Junto con la evaluación de impacto en salud de las actividades económicas, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.

"Los andaluces tendrán derecho a zonas verdes en sus lugares de convivencia, a que sus edificios y viviendas se construyan con materiales seguros y que no comporten riesgos para la salud, y a que se les garantice la existencia de un perímetro de seguridad alrededor de las áreas industriales", ha ahondado Montero acerca de las bonanzas de una nueva ley, que implicará que de las evaluaciones y resultados que se emitan sobre el impacto en la salud de un proyecto dado, se verá afectado los planes y programas de la Junta.

Así, y a modo de ejemplo, la titular del ramo ha ahondado que la norma, "que conceptualmente es la primera del tipo que se pone en marcha en el conjunto del Estado", obligará a los ayuntamientos "a contar con estrategias de movilidad sostenible, que propicien la disminución de las emisiones contaminantes o a dotarse de espacios para peatones".

DERECHOS DE "TERCERA GENERACION"

"Se trata de nuevos derechos que los ciudadanos podrán reclamar, ya que se formulan regulados por esta ley", ha proseguido Montero, quien ha llegado a calificar estas nuevos derechos de 'tercera generación' y que otorgará al ciudadano "su derecho a conocer el estado epidemiológico del entorno donde viva, sobre salud ambiental y las características de las condiciones que regulan su alimentación".

Entre los derechos regulados también destaca el relativo al conocimiento y que obligará a la Administración "no sólo a poner a disposición del ciudadano la información que le afecta, sino también la capacitación necesaria para analizarla, asumirla y utilizarla libremente en las decisiones sobre su salud".

El derecho al conocimiento incluye también el acceso al resultado de las investigaciones y estudios de la autoridad sanitaria, así como a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sus condiciones de producción, distribución y comercialización.

De igual modo, se establecen los derechos a contar con estrategias públicas de educación para la salud, movilidad sostenible y de promoción de actividades físicas; a la inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas, y a recibir las prestaciones preventivas o rechazarlas siempre que esta decisión no afecte a terceras personas.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA

El texto aprobado por el Consejo de Gobierno establece también el principio de equidad generacional como la obligación colectiva de asegurar en el futuro las condiciones que hacen posible la salud pública. Para ello, además de los derechos, se recogen también las responsabilidades de la ciudadanía en esta materia.

Entre estas obligaciones para la población destacan las de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida. No obstante, sobresale la de no causar voluntariamente un peligro para la salud, y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública. Para el incumplimiento de estas medidas, el proyecto fija sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros.

"También el cuidado de la salud será exigible al ciudadano cuando se deriven algún riesgo o perjuicio para la salud de terceras personas", ha enfatizado Montero, en referencia a situaciones de crisis epidemiológicas causadas por la negativa, por ejemplo, a no vacunarse. "Cuando una conducta individual produce daños a terceros es necesario y conveniente que se corrija esa conducta", ha zanjado.

Finalmente, el proyecto de ley atribuye a la Consejería de Salud la gestión en esta materia a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, además de disponer la creación del Centro de Investigación (que funcionará en red) y del Observatorio de la Salud Pública de Andalucía. De igual modo, la Consejería de Salud será el órgano encargado de emitir los informes de evaluación de impacto.


* Periodista Digital - EP - 31.07.11
Foto: Las polémicas 'Setas de la Encarnación' de Sevilla - glomedia

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Oviedo.- Inquietud en Urbanismo por las obras junto a Santa María del Naranco

ELCOMERCIO* : El Ayuntamiento deberá enfrentarse a una nueva sentencia desfavorable. A otro fallo relacionado con el urbanismo en la ciudad. La jueza de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha reconocido el derecho de los propietarios de la finca 'La Perucha', situada a tan solo 39 metros del monumento prerrománico de Santa María del Naranco, a rehabilitar la construcción que allí se ubica. La magistrada dio a conocer sus conclusiones, contrarias al Consistorio, el pasado miércoles, aunque el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, aún no ha tenido acceso a la sentencia: «No quiero hacer la crítica antes de haber leído el libro. No quiero especular hasta que conozca toda la información», dijo.
Posible recurso municipal. En todo caso, cualquier intento para edificar en los alrededores de un Bien de Interés Cultural (BIC), como es Santa María del Naranco, «resulta inquietante» para el equipo de gobierno. «En este caso lo que queda claro es que no se puede iniciar una nueva construcción. Y quiero destacar que las licencias no se conceden o deniegan por voluntad de nadie. Hay unos informes de técnicos y aparejadores que argumentan las decisiones», resaltó Mortera.

Las conclusiones de Licencias en este caso fueron que la finca se encontraba en un entorno protegido y que tenía carácter no urbanizable. «Si la finca tiene la consideración de no urbanizable de protección recurriremos, aunque de ser así me extrañaría el fallo de la jueza. Hay que comprobar que la parcela quedó asentada con esa calificación en el Plan General de Ordenación Urbana», subrayó el edil. Habrá que tener en cuenta también a los grupos de la oposición. Porque para aprobar la apelación será necesaria la mayoría, que ya no tiene el Partido Popular.
En los próximos días se conocerá la intención del Consistorio sobre el posible recurso. De todas formas, Mortera hizo hincapié en que las ruinas existen, «como muchas otras en el Naranco», desde hace años.
La protección sólo da permiso para mantener los tejados y las edificaciones «en estado adecuado» y los usos «son para cobertizos y funciones agrarias», puntualizó ante una posible reedificación de la casa frente a la iglesia prerrománica. Y, además, en todo el proceso la Consejería de Cultura también da su punto de vista.
«Tuvo que haber un pronunciamiento de Cultura porque estamos hablando de un entorno de protección de un Bien de Interés Cultural. Siempre que piden una licencia en estas áreas, debemos dar traslado. Habrá que verificar también qué dijeron en este caso», apuntó el concejal.
El proceso comenzó hace un año. Los propietarios de la finca 'La Perucha' solicitaron una licencia para rehabilitar la vivienda, que sólo conserva los muros perimetrales, y el Ayuntamiento denegó tal permiso. Ahora la jueza reconoce el derecho de los dueños a realizar las obras.


* El Comercio - 31.07.11
Foto: La finca está dentro del entorno de protección de Santa María del Naranco.- elcomercio

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El futuro es el chanchullo - El Roto




El Roto, el futuro es el chanchullo - 111207 elpais.com

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