La sentencia del Nevada, una alerta para cualquier concejal

GRANADAHOY* : La Audiencia aprovecha este polémico caso para lanzar advertencias y reproches, incluso morales, sobre la responsabilidad general de ediles, técnicos e instituciones.
Los concejales de un Ayuntamiento "no pueden limitarse a votar, sino que su obligación es la de cerciorarse de que aquellas decisiones que se tomen se ajusten a la legalidad". La Audiencia Provincial de Granada ha aprovechado la sentencia del Caso Nevada para lanzar un importante aviso a cualquier representante público, además de reprochar conductas bastante generalizadas de técnicos y Administraciones. Este órgano judicial ha endurecido el criterio respecto a los responsables de la construcción del Centro Comercial Nevada en condiciones de ilegalidad. Después de ser absueltos en primera instancia, los concejales del Ayuntamiento de Armilla que apoyaron con su voto la concesión de la licencia del edificio han sido condenados ahora a ocho meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística.
En cierto modo es una condena ejemplar acompañada de una larga disertación de los jueces sobre las responsabilidades que cualquier concejal tiene desde que es elegido en un sufragio.

La sentencia insiste en que un edil no puede amparse en la disciplina de voto de su partido para apoyar un proyecto sin antes cerciorarse de que cumple con todos los requisitos legales. "No es posible ni admisible que se amparen en una actuación automática y siguiendo las directrices de otros para votar favorablemente", expone la Sección Primera de la Audiencia en su dictamen, que advierte a los ediles de la necesidad de no ampararse en "las bondades del alcalde".

Que los ediles que forman parte de un equipo de gobierno voten en una junta o un pleno a favor de licencias o proyectos que propone un compañero de partido, pero de cuyos detalles no están al tanto, es algo muy común en cualquier Ayuntamiento. Lo que los jueces de la Audiencia dejan muy claro en su sentencia es que esos ediles han de tener muy clara su responsabilidad, no solo política, sino también legal, sobre cada asunto que votan; porque esa responsabilidad está por encima de la obediencia debida al partido.

Otro aspecto importante de esta advertencia es que los concejales no pueden ampararse en un supuesto desconocimiento de los temas a tratar, pues "es su obligación informarse previamente para estar suficientemente ilustrados sobre el contenido de los expedientes".

Los jueces de la Audiencia insisten más adelante: "no eran [los concejales] meros autómatas y eran libres para decidir, tenían la obligación de estar debidamente informados, asesorados en orden a cumplir con las funciones que les encomendaron cuando fueron elegidos concejales [...], por tanto no se puede sostener su ignorancia".

Los concejales no son los únicos aludidos en las reprobaciones de los jueces. La letrada de la Diputación Provincial que redactó el informe a favor de la licencia a petición de Gabriel Cañavate (que era concejal de Urbanismo de Armilla y vicepresidente de la Diputación) queda absuelta de cualquier condena penal, pero los jueces no han perdido ocasión para hacer una serie de reproches a este tipo de actuaciones de los funcionarios públicos.

Dice la sentencia que el informe podría tildarse de "parcial y efectuado conforme a lo interesado por el coacusado Gabriel Cañavate", que se hizo en un "tiempo récord, impropio con la tardanza en otros casos".

La Junta de Andalucía también se lleva otro de los rapapolvos de los jueces. Éstos recuerdan que no impugnó la licencia de obras porque "se le pasaron los plazos", así que, concluyen, "la Administración demandante (la Junta) no actuó con la debida diligencia en defensa de la legalidad urbanística", por lo que tendrá que ser la Justicia la que resuelva las irregularidades.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial introduce también una serie de consideraciones importantes sobre la naturaleza de las infracciones urbanísticas y censura una práctica muy extendida, que es la disculpa de las irregularidades amparándose en el desarrollo económico.

El texto recuerda que el alcalde justificó la concesión de licencia por el beneficio que suponía para el municipio en términos de riqueza y creación de empleo. Para los jueces, no se puede "soslayar esta injusticia con otros fines de creación de empleo, de riqueza o de categoría supramunicipal".


* Granada Hoy - 7.08.11
Foto: El promotor y los concejales, en el banquillo durante el juicio Nevada - granadahoy

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Gijón.- El Tribunal Superior entra a valorar la paralización cautelar del plan urbanístico

LNE* : El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido a trámite la solicitud presentada por la Asociación de Vecinos «San Emiliano» de Vega para la suspensión cautelar del nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Esta petición se integra dentro del contencioso interpuesto por la parroquia gijonesa hace poco más de un mes, aunque los magistrados competentes en el caso han decidido analizarla como pieza separada, dándole prioridad sobre el grueso del procedimiento administrativo.
No habrá que esperar, por tanto, a que se dicte sentencia sobre el contencioso de Vega para que el TSJA resuelva la posible paralización del planeamiento urbanístico gijonés. Algo que juega a favor de la asociación vecinal «San Emiliano», que insiste en la ilegalidad del Plan de Ordenación que dejó aprobado el anterior gobierno municipal. Según sus portavoces, el documento incurre en las mismas irregularidades que el PGO anulado por el alto tribunal asturiano hace ahora dos años.

Adoptar medidas preventivas -sostienen los vecinos- evitaría situaciones urbanísticas irreversibles, en caso de que se vuelva a anular judicialmente la normativa que ordena el crecimiento de la ciudad. El nuevo PGO contempla la construcción de unas 21.000 viviendas, de aquí a los próximos diez años. Muchas bolsas de suelo residencial ya podrían estar en vías de desarrollo cuando el Tribunal Superior se pronuncie sobre el contencioso de «San Emiliano».

La de Vega no es la única asociación que cuestiona la legalidad del PGO que entró en vigor el pasado 20 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas que desalojaron a los socialistas de la Alcaldía de Gijón y del Gobierno del Principado. El Ayuntamiento, ahora en manos de Foro Asturias Ciudadanos (FAC), tiene constancia de que ya hay presentadas 25 demandas contra el nuevo Plan General de Ordenación.

El Colectivo en Defensa del Medio Rural, también de Vega, figura en esa lista. Su contencioso fija la atención sobre las 1.200 viviendas previstas en la vecina parroquia de Granda y el proyecto residencial que propiciará la desaparición de El Muselín como barrio de Jove. El colectivo pide para estas dos operaciones la nulidad y la paralización cautelar que la Asociación de Vecinos «San Emiliano» reclama para todo el planeamiento. De momento, no ha obtenido respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La zona rural, como ya ocurrió con el anterior PGO, es el motor de la lucha ciudadana contra el urbanismo gijonés. La Federación «Les Caseríes», que agrupa a la práctica totalidad de las parroquias, ya avisó de que emprendería medidas legales antes de que se aprobase definitivamente el PGO. Sus representantes están convencidos de que la zona rural -que consiguió más de una treintena de sentencias anulatorias contra la anterior normativa urbanística- volverá a tumbar el Plan General de la ciudad.


* La Nueva España - 7.08.11
Foto: Gijón (Asturias), parroquia de Vega - lne

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El TSJ rechaza la petición municipal de levantar la paralización de las obras de las mil viviendas de Tres Cantos

SER/Madrid* : El TSJ ha rechazado el levantamiento de la suspensión cautelar de las obras de construcción de las mil viviendas públicas que había solicitado el equipo de gobierno municipal de Tres Cantos con el objetivo de conseguir entregar los pisos a los adjudicatarios el próximo mes de septiembre.
La decisión judicial da la razón a siete beneficiarios que denunciaron la diferencia de metros cuadrados y precios de la información pública que anunciaba la promoción y la realidad final del proyecto. En dos ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de paralización de las obras por parte de la Asociación por las Mil Viviendas al entender que debía primar el interés general de los mil beneficiarios y no el de una minoría de ellos.

La asociación recurrió ante el Supremo que si paralizó las obras. Una decisión en la que ahora se ratifica según Jesús Moreno por un informe muy duro entregado por esta asociación, la principal culpable para el gobierno municipal del retraso de esta promoción pública de viviendas.
Moreno ha recordado que la medida cautelar del Supremo atiende a un posible defecto de forma y no a los precios o metros cuadrados, por tanto sería rectificable y subsanable.


* Cadena Ser - 5.08.11
Foto: El Tribunal Supremo rechaza la petición municipal de levantar la paralización de las obras de las mil viviendas de Tres Cantos - ser

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Los tres días que Sol estuvo cerrado

ELPAÍS* : Madrid vivió esta semana una situación inédita. Un ingente despliegue policial tomó el centro de bajo la consigna de mantener a los miembros del 15-M alejados de la Puerta del Sol después del desalojo del 2 de agosto. Los indignados mantuvieron durante tres días una ofensiva contra los cordones policiales para "recuperar" su fortín, pero Sol se mantuvo inexpugnable. El dispositivo de seguridad, sin precedentes, ha dejado algunas preguntas en el aire.
¿Por qué se desalojó el 2 de agosto? El origen del Movimiento 15-M fue la manifestación convocada por Democracia Real Ya el 15 de mayo, pero es difícil aventurar su recorrido si no se hubiera producido el desalojo de la madrugada del día 17. La carga policial contra la treintena de personas que acamparon en la plaza tras la marcha tuvo como respuesta las concentraciones multitudinarias en la Puerta del Sol la semana previa a las elecciones del 22-M. Los indignados, haciendo valer su discurso de movimiento espontáneo, se ganaron la simpatía de los ciudadanos y, pese a la ilegalidad de convocar concentraciones sin permiso, no hubo intervención policial. El entonces ministro de Interior, A.Pérez Rubalcaba, a la vista de las consecuencias que tuvo el primer desalojo, explicó su inacción alegando que "la policía está para resolver problemas, no para crearlos". Así pasaron 79 días hasta el amanecer del pasado martes.

Madrid se levantó la segunda mañana de agosto con una imagen ya casi olvidada. La Puerta del Sol estaba completamente limpia. A las seis de la mañana un grupo de 300 agentes antidisturbios y municipales acabaron en un par de horas con los últimos restos del campamento. Fue algo inesperado, pero el Ayuntamiento llevaba más de mes y medio exigiendo a Interior una intervención, según fuentes del Gobierno. Rubalcaba, fiel a su idea de que el uso de la fuerza podía empeorar la situación, nunca accedió a la petición del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que incluso amenazó con la posibilidad de denunciar a Interior por inacción, según fuentes municipales. La presión solo dio resultado con Rubalcaba fuera del Gobierno. Fue el nuevo ministro, Antonio Camacho, y Gallardón quienes acordaron el desalojo del día 2.

A priori el escenario era favorable, con la ciudad a medio gas por las vacaciones y con apenas un reducto en la plaza. La respuesta de los indignados se esperaba mínima. Como contrapartida estaba la resaca del fin de semana del 23 de julio, en el que miles de personas de toda España llegaron a Madrid para participar en una manifestación. Los miembros de la asamblea de Sol aprovecharon entonces la tolerancia policial para reconstruir parte del campamento y los foráneos acamparon en el paseo del Prado, al lado de la plaza de Cibeles, lugar por el que pasará el Papa los días 17 y 18 durante su visita a Madrid. A pesar de ser agosto, el Movimiento estaba más fuerte que un par de semanas antes.

- ¿Qué papel jugaba el punto de información en Sol? El campamento desapareció por cansancio de sus protagonistas. Trasladar las reuniones a los barrios se convirtió en el eje de las asambleas hasta que se puso una fecha al desalojo voluntario: 12 de junio. Unos días antes, miembros del 15-M acordaron con las Administraciones la instalación de un puesto de información fijo en Sol. José Miguel Diéguez, exsecretario de la comisión de Legal, asegura que, aunque no fue oficial, se alcanzó un pacto "tácito" con la Delegación para mantener el punto fijo.Alberto Araico de Brito, de 21 años, proyectó la instalación: una bóveda hecha con palés. Desde el Ayuntamiento de Madrid explican que se acordó con la Delegación permitir el puesto, siempre y cuando los indignados iniciaran los trámites para legalizarlo, igual que se hay que hacer con cualquier instalación en la vía pública. "Nunca nadie solicitó nada", aseguran.

Pese a su ilegalidad, la delegada de Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, intentó mantener su compromiso y pidió a la policía que se mantuviera algún espacio como punto de información tras el desalojo, según fuentes policiales. Así que, aunque los agentes barrieron con la bóveda de Araico de Brito, dejaron una mesa y un par de sillas en medio de la plaza. Pero los muebles no aguantaron la embestida de los operarios de limpieza y seguramente acabaron volando en alguno de los camiones de basura que se llevaron todos los recuerdos del 15-M.

Los indignados quieren recuperar su punto de información, aunque Infosol cumplía más que nada un papel simbólico en el que poder recoger un pasquín o estampar una firma de apoyo al movimiento. El verdadero puesto de información del 15-M siempre ha estado en Internet.

- ¿Por qué fue blindada la Puerta del Sol? Sol amaneció el martes como una patena, pero pocos pudieron fotografiarla. Las redes sociales ardieron tras el improvisado desalojo y, aunque pocos hablaban de volver a acampar, sí se instaló la máxima de recuperar su fortín. El dispositivo para impedir los asentamientos se puso en marcha y derivó en tres días de cierres y aperturas intermitentes de los accesos a la plaza y de la estación de Metro y Cercanías.

Delegación de Gobierno pasó a los mandos policiales unas instrucciones -que no se han hecho públicas- para mantener la seguridad. La propuesta del cierre de la Puerta del Sol partió de un mando policial al que Carrión y Camacho dieron el visto bueno.

El acceso estuvo restringido la mayor parte del tiempo, incluido para vecinos y huéspedes de hoteles de la zona. Los comerciantes tuvieron que cerrar sus locales en numerosas ocasiones. La Comunidad cifró en 60 millones de euros las pérdidas de los negocios, lo que supondría que en los tres días de bloqueo la bajada de ventas habría duplicado las pérdidas que alegaron los comerciantes durante el primer mes de campamento.

- ¿Es legal la reacción de los indignados? El movimiento se ha caracterizado desde su nacimiento por su espontaneidad. Salvo las manifestaciones multitudinarias, como las 15 de mayo, el 19 de junio o la del 24 de julio, nunca se han ceñido a la legalidad en sus acciones. La impunidad del comienzo, al desafiar la prohibición de concentrarse en la jornada de reflexión sin ninguna consecuencia les dio alas. A través de la red, el 15-M es capaz de convocar a miles de personas en horas y, salvo casos puntuales como la carga policial del jueves, las fuerzas de seguridad nunca se enfrentan a ellos. Incluso cuando cortan el tráfico, como han venido haciendo estos días, los agentes se limitan a desviar a los coches.

El 15-M conoce las leyes aunque no las aplique, alimentados por la transigencia oficial, el apoyo ciudadano inicial y su discurso pacifista. "Con la ley en la mano las concentraciones pueden ser ilegales, pero nos basamos en el derecho a la libertad de expresión y a la libre circulación", afirma Diéguez, que sostiene una máxima: "Si hay que elegir entre ley y justicia, nos quedamos con la justicia".

¿Cómo ha actuado la policía? A finales de julio el sindicato Unión Federal de Policía aseguró que los agentes estaban "hartos de ser el centro de insultos" de los indignados y acusaron a Carrión de no "hacer nada". Desde el pasado martes, centenares de antidisturbios han custodiado el centro de la capital noche y día, aunque no siempre las protestas han sido numerosas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitió un comunicado el jueves en el que advertía a políticos y mandos policiales de que no era "soportable durante mucho más tiempo el régimen de trabajo que vienen soportando (...) con jornadas de trabajo extenuantes y sin descanso".

Agentes e indignados han mantenido encontronazos frente a frente en numerosas calles sin mayores consecuencias, pero con momentos de mucha tensión. Así fue el martes y el miércoles. El jueves por la noche un grupo de manifestantes comenzó a subir por el paseo de la Castellana y llegó hasta el Ministerio del Interior, donde no había ningún cordón policial preparado. Los antidisturbios llegaron detrás de los indignados. Uno de estos arrancó la gorra a un guardia civil y otro intentó subir a las verjas del ministerio, desencadenando la carga policial. Resultaron heridas 20 personas -siete de ellos agentes- y hubo cuatro detenidos, que ya están en libertad. Fue el único altercado violento en tres días de protestas continuas y despliegue policial. Al día siguiente la mayoría de los agentes desapareció de la plaza, sin aviso, como habían llegado. Y Sol volvió a abrirse al resto de Madrid.


* El País - I. SANTAEULALIA / S. ESPAÑA - Madrid - 07/08/2011
Foto: Un grupo de indignados se encara con la policía, que previamente había pedido la documentación a unos manteros, poco antes de la asamblea de medianoche en Sol.- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais

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El próximo 25 de septiembre, la PAH convoca en todas las ciudades del Estado a una Manifestación por el derecho a la vivienda, Dación en pago retroactiva, Stop Desahucios y Alquiler Social

PLATAFORMAAFECTADOSHIPOTECA* : Una de las consecuencias más dramáticas del estallido de la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha sido la pérdida de la vivienda de millones de personas en nuestro país que no han podido hacer frente a la cuota hipotecaria por dificultades económicas.
La respuesta jurídica e institucional ante esta situación de emergencia habitacional ha sido la aplicación de una ley hipotecaria injusta que sobreprotege a las entidades bancarias y que está dejando a las familias en la calle con una deuda de por vida y sin ninguna alternativa habitacional.
Según cifras del CGPJ, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2011 los desahucios se cuentan por más de 200 diarios en todo el país. Sólo en los primeros 3 meses del año se han desahuciado a 15.491 familias de sus casas.
Esta sangría contrasta con la inyección de dinero público que han recibido estas mismas entidades bancarias, que no han asumido su parte de responsabilidad en la crisis actual y que se están lucrando con la ejecución de estas viviendas.
En los últimos meses y gracias a la movilización de las personas afectadas y solidarias, esta situación ha dejado de ser invisibilizada y ha ocupado el foco de atención de los principales medios de comunicación.

Son docenas las PAH que se han constituido en todo el país que junto al apoyo de otras asociaciones y personas solidarias han detenido un sinfín de desahucios en los últimos meses.
El principal objetivo de este movimiento ha sido que se regule la dación en pago de forma retroactiva, para que en caso de residencia habitual y deudores de buena fe, se salde la deuda hipotecaria con la entrega del piso.
Esta medida ha contado con un amplio respaldo ciudadano y ha sido asumido por una multitud de agentes sociales, entre ellos el movimiento del 15M, Democracia Real Ya y más de 100 ayuntamientos que han aprobado en sus plenos la moción presentada por la PAH.Sin embargo, nunca antes se había hecho tan evidente la distancia que separa a representantes y representados.
El Congreso de los Diputados no sólo ha rechazado hasta en cuatro ocasiones la dación en pago sino que ha bloqueado y dilatado la aceptación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago, moratoria de desahucios y alquiler social.
Es alarmante que ante el clamor popular por la dación en pago, PSOE, PP y CiU respondan obstaculizando uno de los escasos mecanismos de participación democrática que tiene la sociedad civil, amparándose en falsos pretextos para dilatar su decisión.

Por otro lado, los jueces están poniendo en práctica nuevas estrategias para hacer efectivas las ejecuciones para impedir las concentraciones un día y una hora concreta fijando fechas abiertas para el desahucio, dejando a las familias en situación de indefensión jurídica.
En las últimas semanas, además, hemos sido testigos de una violencia policial desmesurada para desahuciar a las familias de sus casas.

Ante esta situación de radicalización por parte de los poderes públicos, en los que se bloquean procesos democráticos de recogida de firmas en la mesa del Congreso, se extiende el uso de la fuerza policial ante concentraciones ciudadanas pacíficas que pretenden defender el derecho a la vivienda de las familias y a la aplicación sistemática de una ley hipotecaria que es a todas luces injusta, la PAH considera necesaria una respuesta firme y multitudinaria de la ciudadanía. Es por eso que convocamos a una manifestación el próximo 25 de septiembre en diferentes ciudades del país para EXIGIR

- La regulación de la dación en pago retroactiva y el desbloqueo de la ILP presentada por la PAH y otros agentes sociales.

- Una moratoria de los desahucios por motivos económicos mientras las entidades financieras continúen acumulando miles de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social.

- La reconversión del parque de viviendas vacías y ejecutadas en un parque público de alquiler social al mismo para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que nos afecta a todos/as. Es hora de que la clase política decida a qué intereses responde, si a los de la ciudadanía o a los del poder económico. El 25S tendrán que escucharnos.

Animamos a todos los pueblos y ciudades a unirse a esta convocatoria en defensa de nuestros derechos.

El presente es para l@s indignad@s. El futuro para l@s valientes. Nos vemos el 25S en las calles!


* PAH - 31.07.11
Foto:

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¿¿¡¡Perdón!!??

RUTH TOLEDANO* : Con estivalidad y, sin duda, con alevosía, se producen en Madrid unos episodios policiales de los que un Estado de derecho debiera dar posterior cuenta a la ciudadanía y cuyas responsabilidades directas sería de ley depurar. La alevosía la damos, fatalmente, por hecho al referirnos a las actuaciones de ciertos cuerpos, en particular si son los de Seguridad; con la estivalidad, sin embargo, querrían haber contado quienes los han agitado, quienes los han soltado a las calles y azuzado contra los que habrían de ser sujetos de su protección, sin tener en cuenta que la indignación no es estacional y que, si bien Madrid está medio vacía, el vaso del cabreo está a rebosar. Acaso ustedes, señores del Interior, esperaban que todo el mundo estuviera en la costa, y se han encontrado con indignados de guardia: hay cosas y personas que no se van de vacaciones.
¿Quién ha decidido que se desaloje a pisotones la acampada en el paseo del Prado y se destruya el pactado puesto informativo en una Puerta del Sol que nos pertenece y que ya es símbolo mundial de un nuevo sistema? ¿Quién, que se cierren por la fuerza los accesos a la plaza, en una actuación insólita de la que hasta un sindicato de policías cuestiona la legalidad? ¿Quién ha tomado la decisión de echar el cierre a los comercios de la zona -Ignacio Lario, quizá, presidente de los comerciantes, que exige indemnizaciones multimillonarias y alienta cargas policiales-? ¿Quién ha dado la orden de que los antidisturbios actúen con una agresividad desproporcionada frente a la naturaleza del objeto de su violencia? ¿Camacho y Gallardón? ¿Rubalcaba (¿dónde está Zapatero?)? ¿También Rouco Varela?

Porque a la alevosía y a la estivalidad de la operación hay que unirle una indignante vaticanidad, pues a pocos escapa que esta operación tiene, con la llegada a Madrid de Ratzinger, una relación inversamente proporcional a la limpieza que los mossos perpetraron en su día en la plaza de Cataluña de Barcelona, supuestamente por un encuentro futbolístico: si entonces supimos que nada tenía que ver con el fútbol y sí con la represión del 15-M, ahora sabemos que la del movimiento en Madrid se realiza porque el papa-móvil va a pasar por aquí. Pero, ¿esto qué es?, ¿qué pretenden ustedes? Mientras los indignados solo hacen uso del espacio público para protestar contra los sistemáticos abusos del poder establecido; mientras se sientan en el suelo para celebrar en asamblea el encuentro de su conciencia, de su unión, de su voz y de su voluntad, quienes llevan las riendas de la caballería deciden sofocarlos para abrir paso al jefe de un Estado ridículo en su mismidad, culpable de crímenes que no se le permitirían a una república bananera.

Esos poderes públicos que abusivamente representan los gallardones, camachos, rubalcabas y roucovarelas de turno parecen no poder comprender que a su anciene régime le quedan dos telediarios que ya nadie ve, pues la información veraz fluye por otras redes. No comprenden que nuestra era ya no lleva su nombre porque es, será, la de Anonymous. O sí: lo comprenden y actúan desde la desesperación que produce el sentirse y verse acabados.

No se dan cuenta de que agonizan precisamente por actuar así, por reprimir, por ser violentos, por ejercer abuso de su poder. Necios. ¿Millones de euros del dinero público para recibir al Papa? ¿De un dinero público que, sin embargo, no puede cubrir las prestaciones sociales de este país, sumido en los recortes que conlleva una profunda crisis? Si Jesucristo levantara la cabeza enfurecería con tales mercaderes. ¿Millones de euros para recibir a un tipo homófobo y en connivencia con peligrosos pederastas? ¿Estamos locos o qué? Y para llevar adelante este escándalo sacan sus escuadrones a la calle, en una suerte de razzia a favor de Ratzinger que ofende a los limpios de corazón y a los indignados con razón. Belicosos. ¿Que la ciudadanía no puede tomar la plaza para tratar de desfacer vuestros graves entuertos pero vosotros podéis instalar 200 confesionarios en el Retiro? ¿¿¡¡Perdón!!?? ¿Confesionarios? ¿Pero estáis de broma o qué? Provocadores.

* El País - Opinión - 5.08.11

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