Vigo.- El Concello se compromete 'ahora' a reactivar un urbanismo moribundo

ATLÁNTICO* : El urbanismo vigués lleva cuatro años paralizado por completo, fracasando en la puesta en marcha de proyectos de la envergadura de la plaza de España, A Seara o Barrio do Cura.
Por este lado, todo bien conocido. La novedad es que ahora la concejala Carmela Silva reconoce que busca soluciones para al menos sacar adelante algunos de los grandes ámbitos y mover así el sector de la construcción, en situación límite por el parón absoluto. A Seara, con cuyos vecinos se reunió ayer, es uno de los polígonos; otro, plaza de España. En Vigo la situación resulta especialmente grave al añadirse a la crisis generalizada el evidente desinterés del alcalde durante el anterior mandato, quien no movió un papel.
La reunión con los vecinos de A Seara había sido solicitada por estos para explicarse a Silva su total rechazo a que se ponga en marcha la urbanización tal y como ha quedado aprobada las bases y estatutos de la junta de compensación que se encargaría de su desarrollo. Los propietarios consideran que la empresa Vialmar no cuenta con el 55 por ciento del terreno, como pregona, sino una parte muy inferior, y que además no podría iniciar ninguna operación ya que Hacienda vigila sus cuentas.

Según explicaron los vecinos a Carmela Silva, no habría otra opción para desarrollar el polígono anulando la junta y dejando la ordenación en manos de los propietarios con colaboración con el Concello, que cuenta con el 15 por ciento del total de la superficie. Silva reconoció no estar muy al corriente del asunto, pero se comprometió a dar una respuesta en otro encuentro, fijado para la primera quincena de septiembre, ya con datos en la mano. Según señaló un portavoz vecinal a este diario, la sensación 'fue buena, porque al menos hemos visto interés por parte del Concello para que A Seara se ponga en marcha de una vez', indicaron. Lo cierto es que esta urbanización, que figura en el PGOM como estudio detallado para facilitar su desarrollo, es una de las piezas clave por encajar en el centro urbano, y además hay acuerdo entre los propietarios de los solares, unos 40 en la actualidad, que están deseando una solución.

En A Seara, un entorno de 54.000 metros cuadrados, se contempla la construcción de hasta 400 viviendas, de las que el 35 por ciento tendrían que levantarse sobre suelo para pisos protegidos, por lo que se podría generar un volumen de negocio de 75 millones de euros por el precio de los solares y la edificación de los distintos sólidos. Y sobre todo, se ordenaría una amplia zona del cogollo urbano.

Barrio do Cura suma ya diez meses de paralización forzosa

El caso más sangrante de los cuatro últimos años es Barrio do Cura, la urbanización más importante del centro urbano, paralizada por una decisión tomada por el alcalde, quien pese a prometer el impulso de este ámbito decidió alargar trámites. Barrio do Cura solicitó licencia de demolición del asilo y unos 30 edificios y cuando habían transcurrido seis meses sin respuesta, el plazo máximo legal, Urbanismo remitió todo el documento a la Consellería de Cultura para que hiciera un nuevo informe, pese a que no era necesario porque ya contaba con evaluación de impacto y garantía de desafección arqueológica. Desde abril está en manos de la Xunta, que sigue sin tener una fecha para su entrega, añadiendo más espera a un proyecto que contaba con financiación y demanda y que ahora, como reconoce la empresa de Karpin, ya no puede esperar más. 'O se da vía libre o el proyecto se muere, porque está fuera de plazo', señalan en la promotora, que hace meses colocó un visible cartel exponiendo sus ideas.

Lo cierto es que el alcalde mantiene que 'tan pronto como ese informe esté aquí nosotros le daremos prioridad absoluta porque es una actuación urbanística que nos parece de gran interés, así lo dije en público en su momento y lo sigo manteniendo”. Pero no es esa la impresión generalizada: un panel gigante en uno de los laterales del asilo explica las actuaciones que se llevarían a cabo en este ámbito como una pasarela hasta el Paseo de Alfonso, una guardería, un aparcamiento, 5.696 metros de nuevos viales y aceras o un mirador a la Ría.


* Atlántico - 11.08.11
Foto: A Seara es ahora una anomalía al haberse quedado al margen de la ordenación urbanística de la ciudad.- atlantico

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Los procesados del 'caso Arona' ya llevan gastados 150.000 euros públicos en su defensa

CANARIASAHORA* : Sí se Puede critica "el silencio cómplice" de los partidos y recuerda que otro juez investiga más denuncias. El comité local de Alternativa Si se Puede en Arona ha pedido este sábado que se deje de pagar el sueldo a los ediles de la actual junta de Gobierno en ese Ayuntamiento procesados por el juez Nelson Díaz Frías, entre otros, el alcalde José Alberto González Reverón, al que se le imputan un delito de prevaricación, otro de prevaricación urbanística continuada y otro delito continuado de tráfico de influencias.
SÍ se Puede, en una asamblea celebrada en Arona, denunció que el alcalde y toda la anterior junta de Gobierno local, procesada por diversos delitos contra la ordenación del territorio, cuenten con dinero de las arcas municipales para su defensa jurídica, según manifestó a CANARIAS AHORA Julio Concepción, secretario del comité local de la formación política en Arona.
En total, han sido procesadas 30 personas, de las que solo en la defensa de José Alberto González Reverón, el Ayuntamiento aronero se gastó el año pasado 60.000 euros, pagados al abogado José Ramón Pitti Reyes.

A esa cantidad hay que añadir otros 81.900 euros, aprobados por la Junta local en septiembre de 2010, para las defensas de Manuel Reverón González (CC, acusado de prevaricación y tráfico de influencias); Clara María Pérez (CC. Prevaricación y tráfico de influencias); Antonio Luis Sosa (CC. Portavoz del grupo municipal de este partido, acusado de un delito de prevaricación y tráfico de influencias, y otro delito de malversación de caudales públicos), y María Candelaria Padrón (CC, Prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de denunciar delitos).

Hay un cuarto concejal que se beneficia de las arcas municipales para pagar a su abogado: Manuel Barrios, de Centro Arona Nacional (CAN-CCN), ex concejal de urbanismo.

Sí se Puede también denunció en la asamblea de este sábado “el silencio cómplice de todas las formaciones políticas en relación a uno de los casos de corrupción política más sonados de España. La gravedad del asunto requiere de una pronunciación ante los medios de comunicación social y ante los ciudadanos, lo que no han hecho ni CC, ni PP ni CAN. Y aunque sea porque hay un consejero procesado (José Luis Delgado), el PSOE también debería pronunciarse”.

“No nos explicamos como la dirección de CC no ha tomado medidas ante los nuevos acontecimientos judiciales, y más dado que la segunda parte del ‘Caso Arona’ está en instrucción, es decir, que se añadirán delitos a los ya existentes”.

No solo CC no se ha pronunciado, sino que el portavoz municipal y también procesado a Antonio Luis Sosa, anunció un recurso contra el auto de procesamiento que dictó el magistrado Díaz Frías el pasado 28 de julio. Las acusaciones deben ahora la apertura de juicio oral, un juicio que según fuentes judiciales podría tener lugar en abril próximo.

“Hago lo que hace cualquier alcalde”

José Alberto González Reverón, por su parte, se considera inocente y este sábado manifestó a Radio Club Tenerife que “jamás he estafado a nadie. No he hecho nada que no hagan otros alcaldes en Canarias y en el resto de España”.

Es lo mismo que declaró a la prensa en julio del año pasado, después de más de diez horas de declaración ante el magistrado Nelson Díaz Frías, cuando señaló que “ayudar a los vecinos” es la obligación de cualquier mandatario.


* Canarias Ahora - 7.08.11
Foto: Arona (Tenerife), playa Las Américas - greenpeace.org

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Ecologistas de Massarrojos recurren el centro social vinculado al Opus Dei

ELPAÍS/Valencia* : La Colla Ecologista de Massarrojos ha recurrido la decisión del exconsejero de Territorio Juan Cotino de modificar una parcela de terreno de la fundación Mainel, vinculada al Opus Dei, para que pueda construir un centro socio-deportivo privado en Valencia. Cotino, ahora presidente de las Cortes, empezó a tramitar el cambio de uso del suelo de la parcela después de las elecciones del 22 de mayo, justo antes de abandonar la consejería. Su intención era convertir el suelo no urbanizable de la parcela en zona de interés común. Este proceso, la declaración de interés común de una parcela, se emplea cuando un municipio no posee espacio suficiente para levantar una infraestructura que considera necesaria. El municipio, en este caso Valencia, guarda miles de metros cuadrados para centros como el que pretende construir la fundación Mainel.
En el escrito de recurso de la Colla de Massarrojos, pedanía de Valencia, se explica además que "la parcela corre riesgo de inundación según el Plan de Acción Territorial sobre Riesgos de Inundación" y que "el terreno donde se pretende actuar se encuentra justo en medio de cuatro elementos patrimoniales de gran importancia": el gran riurau del Mas de Fondo, un acueducto romano y el poblado íbero y las canteras medievales del Tos Pelat.

La polémica en torno al lugar y la forma de declarar parcelas como zonas de interés común no acaba aquí. A pocos kilómetros del terreno de la fundación Mainel, Territorio tramita otra modificación de terrenos para convertir una parcela de 100.000 metros de suelo no edificable en zona de interés común. El propietario quiere levantar aquí un centro deportivo y de ocio. Además, el lugar espera la construcción de una carretera, la CV-310, que daría servicio a ambos complejos y que costaría en torno a cinco millones de euros.


* El País - P. FERRI - Valencia - 11/08/2011
Foto: Massarrojos (Valencia) - iberpisos

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Sanxenxo.- El Supremo declara ilegal un edificio de la promotora de Telmo Martín

ELPAÍS/Pontevedra* : La creatividad administrativa de Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca en dos gobiernos de Manuel Fraga, salvó a Construcuatro en 2005 del derribo de uno de sus proyectos estrella en Sanxenxo. La promotora de la que es socio el entonces alcalde popular de la localidad, Telmo Martín, hoy presidente del PP de Pontevedra, había levantado un lujoso edificio de seis plantas junto a la playa de Silgar, famosa por la concentración de veraneantes y el elevado precio de la vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas el propio Martín. El problema es que la obra no respetó los 20 metros legales de separación mínima de la costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente sancionador, que propuso imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble.
El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo paralizó. Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto del conselleiro en una sentencia que ratifica ahora el Supremo.

El primer fallo obligaba a retrotraer el expediente al momento de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa que la Xunta debe decidir qué hacer con el inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22 de julio, hace suyos los argumentos del Superior.

López Veiga se extralimitó en sus funciones al archivar un expediente sobre el que le correspondía responder al Consello de la Xunta, para lo que se refugió en una supuesta contradicción en los deslindes. Los técnicos de su departamento constataron que el inmueble superaba en más de dos metros la distancia legal con la playa, pero el conselleiro encargó otro estudio al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Este determinó que la invasión de la servidumbre era menor -en torno a un metro- lo que sirvió a López Veiga para dar carpetazo al expediente. La jefa de Costas era entonces Cristina de Paz, también con casa junto al mar en Sanxenxo y contra la que pleitea Salvemos Pontevedra.

El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbar la resolución del Superior. La supuesta vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificioso". La empresa alegaba que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El Supremo le quita importancia y alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade que en cualquier caso el acto no se corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y anulado".


* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 11/08/2011
Foto: Playa de Silgar y al fondo, con toldos granates, el edificio levantado por la constructora de Telmo Martín.- CARLOS PUGA.- elpais

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Valencia.- Las universidades se alquilan

LEVANTE* : El precio de los campus. Los espacios universitarios se han convertido en una suculenta fuente de ingresos para las instituciones académicas de Valencia que alquilan algunas de sus magníficas instalaciones a otras entidades para la realización de actos culturales, conferencias, presentaciones de libros o la celebración de acontecimientos. Están disponibles aulas y paraninfos, pasando por pistas deportivas o solares.
Sin llegar a sucumbir a opciones tan pintorescas como la realización de banquetes de bodas, práctica que este año ha iniciado el Palau de les Arts, las dos universidades públicas de Valencia ponen a disposición del ciudadano algunas de sus instalaciones más emblemáticas, previo pago de un alquiler.
Los exámenes de la Junta Qualificadora, olimpiadas infantiles de matemáticas, congresos políticos o sindicales, elecciones presidenciales para ciudadanos inmigrantes, ponencias de ex presidentes, presentación de jornadas o de libros, conferencias, debates ciudadanos, son algunas de las actividades que se han desarrollado en las diferentes dependencias universitarias, a las que se suman las de ámbito deportivo.

Ambas instituciones disponen de un listado de precios de alquiler de varias aulas, salones, paraninfos e instalaciones deportivas. Tarifas que varían dependiendo de la duración, los servicios (luz, informática) y sobre, todo, la procedencia (universitaria, entidades sin ánimo de lucro o lucrativas). Incluso, en la Politècnica facilita, a através de una oficina dedicada a su gestión, desde azafatas a "catering" o su capacidad multimedia y de traducción simultánea.
Acostumbradas a ser noticias por el coste de sus infraestructuras y las inversiones, las universidades también saben sacar partido de las bien dotadas instalaciones académicas culturales y deportivas, y así ingresar dinero con estos recursos.
A entidades con finalidad lucrativa, la Universitat cobra por alquilar los espacios del edificio histórico, en pleno centro de Valencia (en la calle de La Nau), distintos precios. Así, por la capilla percibe 3.400 euros si es el día completo o 1.900 por sesión; por el aula magna, son 2.800 y 1.600 euros; por el claustro, 2.400; por el paraninfo, de 3.400 a 1.900 y por la sala Matilde Salvador, en donde se pueden realizar representaciones teatrales o musicales, 4.400 o 2.400 euros. Estos precios son sin IVA y se incrementarán un 50 por ciento cuando la actividad se lleve a cabo en sábado o festivo.
A los universitarios, el alquiler les supone una reducción del 50 % y a entidades sin ánimo de lucro, de un 30 %.
También pone a disposición los servicios de personal de seguridad (20 euros el día laborable); el personal de limpieza (12 euros), y de la misma Universitat (96,93); cantidades que se elevan si es de noche o en día festivo.
La Politècnica, por su parte, incluye una serie de aulas para rentar que van de las que tienen hasta 50 plazas, con precios de 108,77 euros por medio día y de 217,55 por la jornada completa a los 870 por la tarifa de un día por aulas informática o los 870,17 por salones de congresos y 1.450,40 por el paraninfo.
Las instalaciones deportivas tienen un listado para eventos o competiciones que van de los 1.266,9 euros por día del pabellón a los 6,33 la hora de la pista de tenis sin luz.


* Levante - 11.08.11
Foto: Valencia, campus politécnica - public

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