El alcalde del PP de Seseña legaliza las viviendas de 'el Pocero'

PÚBLICO/Toledo* : El cambio de color político en la alcaldía de Seseña se ha hecho más evidente este verano. El ayuntamiento del municipio, dirigido desde el 22-M por el conservador Carlos Velázquez, ha llegado a un acuerdo con el empresario Francisco Hernando, el Pocero, para la recepción de la urbanización de El Quiñón, según informó Efe.
La firma se produjo el pasado 11 de agosto, explicaron ambas partes, después de más de un lustro de enfrentamiento con el exalcalde de la localidad, Manuel Fuentes (IU). Este tomó las riendas del consistorio en 2003 y denunció el proyecto por falta de viabilidad. Desde entonces se enfrentó al empresario, que llegó a querellarse en más de una decena de ocasiones contra Fuentes, si bien las denuncias fueron archivadas.
Lo pactado
El consistorio recibirá las obras de poco más de 5.000 viviendas de la urbanización de las que 2.320 aún no tenían licencia de primera ocupación y se ocupará de los servicios de mantenimiento de El Quiñón. También se compromete a acometer tres proyectos incluidos en el Plan de Actuación Urbanística (PAU).

Mientras, la promotora de Francisco Hernández, Onde2000, cancela la deuda de más de seis millones de euros contraída con el Ayuntamiento, según detalló Velázquez. Por otro lado, la compañía accede a extender la garantía legal de la urbanización de cinco a 15 años.

Fuentes, el exalcalde de Seseña, se mostró sorprendido con el acuerdo, firmado "en agosto y sin que haya habido una reunión con los grupos de la oposición". La próxima reunión de la Comisión de Urbanismo está prevista para el 8 de septiembre, señaló.

El ahora concejal de IU explicó que todavía desconoce el contenido de lo pactado, si bien advirtió que le parecerá bien "si el acuerdo es beneficioso para el pueblo y los ciudadanos". Sin embargo, "si no se cumple con la legalidad" u otorga beneficios a Onde 2000, "lo denunciará" como corresponde a la oposición.


* Público - 17.08.11
Foto: Seseña (Toledo), macrourbanización en desierto - elconfidencial

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Córdoba mantiene sin ejecutar dos expropiaciones a Sandokán

ELPAÍS* : El mes que viene tendrá lugar la subasta de cuatro propiedades de Rafael Gómez Sandokán, el empresario y concejal de Unión Cordobesa imputado en el caso Malaya. La operación servirá para subsanar parte de los 3,8 millones de euros de deuda que el constructor y joyero mantiene desde hace años con el Ayuntamiento. El Consistorio está todavía pendiente de ejecutar la expropiación de otras dos propiedades de Gómez, de las que se viene hablando dos años: unos terrenos en el espacio protegido de los Baños de Popea, en la sierra, y el solar donde hoy está el cine de verano Fuenseca.
La bronca de Sandokán con el nuevo Gobierno del PP deriva por el hecho de que las subastas se produzcan antes de que se haya llevado a cabo la expropiación. Según el empresario, existía un "pacto" entre él y el Ayuntamiento con la anterior corporación municipal, liderada por IU y PSOE. Según este acuerdo, esos dos terrenos servirían para pagar la deuda. El pacto, reconoce, nunca se llevó a efecto, "por los retrasos que siempre hay". Sandokán insiste en que él quiere pagar la deuda, pero que lo que se busca ahora es hacerle daño.

El anterior presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y actual portavoz de IU, en la oposición, Francisco Tejada, puntualiza que no existía pacto alguno, "sino una obligación por parte del Ayuntamiento de expropiar esos terrenos al estar bajo sus correspondientes modelos de protección". Tejada señala que, en un principio, Sandokán quería la expropiación para obtener así liquidez. "Pero en el Ayuntamiento le dijimos que no, que lo que se iba a hacer con el dinero que se obtuviese era quedárselo el Consistorio como pago de la deuda".

Dos años
De la expropiación lleva hablándose casi dos años. En los últimos presupuestos de la GMU con el gobierno de IU ya se contemplaba. Pero no se llevó a cabo y ahora es competencia del PP su ejecución.

Mientras, se ha seguido adelante con las subastas de propiedades de Gómez y su empresa Arenal 2000 para sufragar la deuda. Los 3,8 millones los debe en concepto de multas coercitivas impuestas al empresario y por impagos de diversos impuestos, como el IBI. Pero estas operaciones no servirán para pagar el grueso de la deuda, de alrededor de 30 millones de euros. La más alta corresponde a los 24,6 millones impuestos por la construcción de cuatro hectáreas de naves ilegales.


* El País - 18.08.11
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.es

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Gecen recurrirá contra la declaración de impacto del vial Cabanes-Orpesa

LEVANTE/Castelló* : El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) anunció ayer que emprenderá acciones judiciales contra la nueva Declaración de Impacto Ambiental que autoriza el trazado sur del vial Cabanes-Orpesa después de 12 años de paralizaciones.
Gecen advirtió que el proyecto "sigue siendo el mismo que en su día fue paralizado por la Justicia y que afecta muy gravemente al Paraje Natural del Desierto de las Palmas y a las especies únicas de las cavidades y acuíferos de Miravet, que es uno de los 20 enclaves del mundo más importantes en biodiversidad cavernícola según numerosos estudios científicos".
Según el portavoz del colectivo, Francisco González, la Conselleria de Medio Ambiente "ha hecho todo lo contrario de lo que estipula la ley para aprobar una declaración de impacto ambiental. En vez de estudiar varias alternativas y elegir la menos agresiva contra el ecosistema, ha elegido previamente un trazado y ha intentado justificar lo injustificable.

En cuanto la conselleria haga públicas las supuestas medidas correctoras y publique la declaración de impacto, emprenderemos las acciones oportunas". Además, González cuestionó que la Generalitat "elija el trazado sur cuando hay un trazado norte más viable, más económico, que sale y llega del mismo sitio y que no tiene impacto sobre el paraje; deberá explicarnos la conselleria a qué intereses y a qué presiones está cediendo".
Por su parte, la diputada autonómica de Esquerra Unida Marina Albiol lamentó la aprobación por parte de la Conselleria de Infraestructuras de la declaración de Impacto Ambiental para este vial después de cuatro años de trámites. "Este vial es una infraestructura, financiada con dinero público, hecha para que el aeropuerto tenga un enlace con Marina d'Or", apuntó. La diputada anunció que la formación de izquierdas presentará una Proposición No de Ley en Les Corts Valencianes pidiendo que se desestime la construcción del vial y exigiendo la protección del Desert de les Palmes.
Albiol advirtió que la infraestructura "es absolutamente innecesaria porque ya existe la carretera Torreblanca-Aeropuerto".


* Levante - 17.08.11
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), costa - C.Francesc (El País)

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Condenada a demoler su casa de madera por hacerla en suelo no edificable

SUR/Málaga* : No es la primera y parece que tampoco será la última resolución judicial sobre la construcciones de madera en terrenos en los que no se puede edificar. Una sentencia ha condenado a una mujer a demoler la casa de madera que se instaló sin la correspondiente licencia de obra y en un terreno considerado como suelo no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La Audiencia de Málaga considera que cometió un delito urbanístico, por lo que además de ordenarle que restablezca la legalidad, le impone una pena de seis meses de cárcel y una multa de 1.080 euros.
Los hechos se remontan a 2007, cuando el Ayuntamiento de Málaga en una inspección urbanística detectó que se estaba instalando una casa en una finca situada en la carretera de Málaga a Almogía. Las obras consistían en movimientos de tierra, la construcción de una solera de hormigón de unos treinta metros cuadrados para la implantación fija de una vivienda prefabricada de madera de unos 20 metros cuadrados, un vallado metálico con postes de unos 75 metros de longitud y un depósito de agua.

Los técnicos municipales comprobaron que la citada edificación carecía de licencia municipal y que las obras no podían ser legalizadas puesto que no se ajustaba a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ya que la casa no estaba vinculada a ninguna explotación agraria, forestal ni ganadera, además de incumplir los parámetros de superficie mínima de parcela. Por ello la gerencia municipal de urbanismo en noviembre de 2007 abrió a la propietaria un expediente sancionador y de restauración de la legalidad urbanística. Sin embargo, las obras continuaron y un año después en diciembre de 2008 ya estaban terminadas.
El Ayuntamiento de Málaga puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que finalmente denunció la construcción en el juzgado y acusó a la propietaria de un delito urbanístico.
En marzo de este año se celebró el juicio y el juez condenó a la mujer a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 1.080 euros por un delito contra la ordenación del territorio (delito urbanístico) y decretó la demolición de la vivienda y de las obras realizadas para fijarla, así como el vallado de la finca. Ahora la Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la sentencia y el derribo de la construcción ilegal.
En los últimos años la instalación de casas de madera se ha extendido en un intento de burlar la ley urbanística. Sin embargo, estas construcciones son tan ilegales como las viviendas tradicionales edificadas sin licencia en cualquier parcela no urbanizable, por lo que sus promotores pueden ser juzgados por delito urbanístico.
La LOUA, que está en vigor desde 2002, no permite ningún tipo de construcción en suelos rústicos, tampoco las de madera, salvo que estén vinculadas a explotaciones de tipo agrario, forestal o ganadero. En 2007 se dictó en Málaga la primera sentencia que ordenaba la demolición de una casa de madera por estar construida en suelo no urbanizable.


* Sur - 17.08.11
Foto: Casa madera - anuncios

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Los españoles creen que a más crisis, más fraude

PÚBLICO* : Crisis. Déficit. Subida del IVA. Recorte del gasto. España enlaza más de un año de bombardeo de mensajes sobre la necesidad, la urgencia de sanear las cuentas públicas para que no venga el mercado y se coma el futuro del país. ¿Mueve esta tensión las conciencias de los contribuyentes para que se pongan a bien con el Fisco? Los españoles creen que no mucho. De hecho, el 72% considera que el fraude fiscal aumentó en 2010 con respecto al ejercicio anterior, frente a tan solo un 28% que considera que los incumplimientos frente a Hacienda han disminuido.
Así lo refleja el XVI Barómetro Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales hecho público ayer. Atendiendo a la serie histórica de dicha encuesta, hay que remontarse a antes de la crisis para encontrar un barómetro en el que el número de los que piensan que aumentó el fraude de forma interanual se equipare al de aquellos que creen que disminuyó. Una vez estalló la Gran Recesión, la opinión de que el fraude aumentaba se hizo claramente mayoritaria.
Llama la atención que sólo el 40% considera que el peor efecto del fraude fiscal es que "disminuye los recursos para financiar los servicios públicos", así como que sólo el 15% considere que "obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen".

La duda se cierne especialmente sobre aquellos que más posibilidades tienen de esquivar a Hacienda, aquellos a los que los impuestos no les vienen ya restados de la nómina: los empresarios. Para la opinión pública "existen ciertos colectivos que defraudan habitual y sistemáticamente a la Hacienda Pública", explica el Barómetro. "Tales colectivos son los empresarios, pero también los profesionales liberales y los trabajadores autónomos, cuyas actividades al estar sometidas a un menor control por parte de la Administración, ofrecen mayores oportunidades para la evasión".

La percepción de que los empresarios son los que más defraudan no se da sólo entre los ciudadanos de a pie. El 29% de los propios empresarios consideran que es en su colectivo donde se encuentra el mayor foco de fraude.

Como novedad, en el estudio referido a 2010, el Instituto de Estudios Fiscales ha tenido que colocar en tercer lugar, tras los empresarios y los profesionales liberales un grupo heterogéneo bajo el epígrafe "otros" constituido por aquellos colectivos que fueron mencionados de forma espontánea por el encuestado pese a no encontrarse entre las opciones de respuesta. Entre ellos destacan la "construcción, mafias, políticos, extranjeros, inmigrantes, banca, famosos, bajas por enfermedad, parados, funcionarios, etc."

La mayoría de los encuestados (el 47% lo mencionó así) "considera que la falta de honradez y conciencia cívica es la principal causa del fraude fiscal". También mencionan "la impunidad de los defraudadores, la presión fiscal excesiva o la ineficacia de la lucha contra el fraude".


* Público - 18.08.11
Foto: Delegación de la Agencia Tributaria- publico

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