El TSJ ordena a Medio Ambiente que dé vía libre a un huerto solar fotovoltaico

ELPAÍS/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha anulado la decisión de la Generalitat de denegar la declaración de interés comunitario (DIC) a una empresa que proyecta un huerto solar fotovoltaico en la localidad valenciana de Torres Torres. Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que es recurrible, la resolución denegatoria de la Consejería de Medio Ambiente "no tiene suficiente fundamento y su discrecionalidad no está razonablemente fundada". Por ello, los magistrados ordenan a la consejería que expida la DIC -con algunas limitaciones y cambios- pedida por la empresa Hermanos Ortolá Alcina, SL, en octubre de 2007.
El fallo repasa una larga tramitación de alegaciones y recursos que acabaron en los tribunales. La mercantil solicitó la preceptiva declaración de interés comunitario para un huerto conectado a la red de dos megavatios de potencia eléctrica en una parcela de 44 hectáreas. El proyecto recibió alegaciones del Ayuntamiento de Torres Torres, de una explotación agraria y de la urbanización Mont Blau, cercana a la futura planta solar fotovoltaica.

El Consistorio objetó que el huerto se emplazara junto al núcleo residencial de Mont Blau y defendió que la infraestructura no encajaba en su planeamiento, aún regido por normas subsidiarias que solo autorizaban explotaciones agrícolas en suelo no urbanizable. Torres Torres también aseguró que la planta tendría un acusado impacto físico y paisajístico.

La empresa respondió que la línea de alta tensión para conectar con la red eléctrica general sería soterrada y rechazó que afectara a la urbanización, con acceso propio. Además, destacó que las instalaciones fotovoltaicas no usan combustibles, tampoco consumen agua, son silenciosas y apenas requieren mantenimiento.

La respuesta de los departamentos de la consejería que vieron el expediente no fue unánime, ya que el servicio de ordenación del territorio emitió un informe favorable del estudio de integración paisajística, mientras que la sección forestal entregó uno desfavorable porque la parcela de la empresa había sido reconvertida al uso agrícola en 1997 sin respetar las condiciones de la declaración de impacto ambiental de mantenimiento de un sector forestal del terreno y algunos elementos del paisaje. La empresa reaccionó con un cambio de proyecto y la recolocación de los paneles fotovoltaicos para respetar el sector forestal que había roturado, pero la consejería, ya en agosto de 2008, denegó la DIC con los argumentos urbanísticos del Ayuntamiento y los informes negativos de los técnicos de Medio Ambiente.

No obstante, la propia consejería reabrió el expediente al aceptar parcialmente un recurso de la firma, lo que acarreó la redacción de nuevos informes y más alegaciones hasta que en agosto de 2009 se denegó de nuevo la declaración de interés comunitario.

El tribunal analiza los elementos surgidos en la tramitación y concluye que la instalación "es perfectamente posible" en el suelo no urbanizable de Torres Torres. Los magistrados reprochan a la consejería que no considere el huerto fotovoltaico aceptable "a efectos ambientales" porque en su día se incumplió el estudio de impacto que transformó la parcela de forestal a agrícola. Sobre esa cuestión, la consejería debió abrir un procedimiento sancionador y determinar si hubo infracción, y no "presumirla". Además, señala la sentencia, Medio Ambiente no se pronuncia sobre el impacto del huerto proyectado, y sí lo hace sobre una posible infracción de la que no abrió expediente. El fallo también afea a la consejería que no tuviera en cuenta los cambios del proyecto para enmendar la destrucción de suelo forestal en la parcela. En resumen, los argumentos para denegar la DIC "no son consistentes".

El tribunal estima el recurso de la empresa y ordena a la consejería "expedir" la DIC "previos los trámites necesarios para fijar el tiempo de concesión y el canon que debe pagarse al Ayuntamiento". Además, apunta que deberá tenerse en cuenta en la DIC varias correcciones en el proyecto y que la empresa se ha comprometido a restaurar la parte de la parcela que era forestal.


* El País - 21,08.11
Foto: Torres Torres (Valencia) - penyaangular

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Lugo.- Los juzgados tienen abiertos un centenar de casos por delitos de urbanismo y medio ambiente

ELPROGRESO* : Los juzgados de la provincia de Lugo tienen abiertos más de un centenar de casos por delitos relacionados con el urbanismo y el medio ambiente. En concreto, la Fiscalía lucense contabilizó en 2010 un total de 102 procedimientos judiciales en la materia -muchos de ellos iniciados en años anteriores-, que se encuentran en diferentes fases del proceso.
Más de la mitad de estos asuntos -exactamente 52- corresponden a incendios forestales, seguidos de los delitos contra el medio ambiente, con 21 casos; las infracciones contra la ordenación del territorio y urbanismo, con 20 supuestos; malos tratos a los animales domésticos, con 6 procedimientos, y delitos contra el patrimonio histórico, con tres.
A pesar de estas cifras, los datos de 2010 revelan que las infracciones en este ámbito siguieron una trayectoria descendente. Así, mientras que en 2009 se iniciaron 55 investigaciones en materia de urbanismo y medio ambiente, a lo largo del pasado año se incoaron un total de 37 diligencias previas, lo que supone un descenso del 32,7%.

De las pesquisas abiertas durante el pasado ejercicio, catorce se siguieron por delitos contra la ordenación del territorio, once contra los recursos naturales y el medio ambiente, cinco por maltrato de animales domésticos, tres contra el patrimonio histórico, dos contra la flora, y dos contra la fauna.

En cuanto al número de sentencias, los tribunales de la provincia emitieron en 2010 un total de seis fallos -tres por delitos contra el medio ambiente y tres por incendios forestales-, de los que cuatro fueron condenatorios y en dos se absolvió a los acusados.

Urbanismo

Entre los casos más destacados en materia de urbanismo, la Fiscalía cita el procedimiento del juzgado de instrucción número 1 de Lugo por una posible prevaricación urbanística en la concesión de la licencia para la urbanización de O Garañón.

Estas diligencias se iniciaron a raíz de una denuncia de la Asociación en Defensa del Parque Rosalía de Castro por la concesión de licencia de edificación en una unidad de ejecución ubicada en las inmediaciones de dos bienes de interés cultural -las termas romanas y el sanatorio García Portela- sin el informe favorable de la Consellería de Cultura. Actualmente, la obra se encuentra paralizada, aunque el juzgado denegó de momento la demolición de las torres.

Otro procedimiento de «especial interés» es la causa abierta en el juzgado de instrucción número 2 que tiene por objeto el proceso de elaboración del PXOM de Lugo. Estas diligencias se iniciaron con una queja de la Asociación por la Defensa de la Legalidad del Plan Xeral (Alpul), que denunció la presunta recalificación de terrenos que habían sido calificados como suelo rústico en la aprobación inicial del plan.

Estos dos casos, que llegaron al juzgado después de que los vecinos afectados se organizaran para denunciar los hechos, se encuentran todavía pendientes de una resolución definitiva.

En el resto de la provincia, las supuestas irregularidades urbanísticas se concentran en la zona de A Mariña. De hecho, los juzgados de Mondoñedo tienen en marcha diferentes causas por la presunta construcción de edificaciones sin licencia en Ribadeo y Barreiros. En todos los casos, las diligencias se abrieron a raíz de la denuncia de la propia Fiscalía.

El balance anual cita también las diligencias por delitos de ordenación del territorio contra los componentes del equipo de gobierno del Concello de Viveiro.

Medio ambiente

En cuanto a los delitos en materia medioambiental, la Fiscalía lucense destaca las diligencias por posible contaminación atmosférica por las emisiones de la empresa Alcoa en Xove, así como la denuncia de una asociación ecologista contra Unión Fenosa-Gas Natural por incumplir los niveles de caudal en el río Miño en la explotación del embalse de Belesar.

Como caso de «especial interés» en esta materia cita las diligencias del juzgado de instrucción de Chantada por los posibles vertidos contaminantes de una empresa de quesos de Taboada en un regato que vierte sus aguas en el río Vilela, afluente del Miño. En esta ocasión, la investigación se inició a raíz de la denuncia de un particular.

Sentencia pionera

Pena de cárcel a los dueños de un pub burelés por ruidos
La memoria de la Fiscalía lucense de 2010 hace referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a los tres propietarios del pub O Rincón do 10, en Burela, por los ruidos ocasionados en algunas viviendas de la zona. «Se trata de la primera sentencia condenatoria en materia de ruidos de la Audiencia de Lugo», explica. El fallo -que les imponía penas de dos años y medio de cárcel y una indemnización conjunta de 21.000 euros- fue recurrido por los afectados, por lo que todavía no es firme.

Burlas y dedicatorias
La vecina que denunció los hechos aseguró en el juicio que intentó resolver la situación dialogando, pero que los acusados se burlaban de ella e incluso le dedicaban canciones a gritos desde el pub. Los abogados de la mujer calificaron la sentencia como «precursora, novedosa y ejemplarizante».

DEMANDAS DE LOS ESPECIALISTAS
Los fiscales piden más formación y medios informatización
Dicen que la materia es «compleja» y proponen cursos de actualización, debido al constante desarrollo de la jurisprudencia, y un máster en delitos urbanísticos

Los fiscales especialistas en delitos contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente aseguran que se trata de una materia «compleja» y sobre la que constantemente aparecen nuevas leyes, especialmente autonómicas. «Por este motivo», dicen, «la formación continuada es absolutamente imprescindible para los fiscales adscritos a esta especialidad».

Para avanzar al mismo ritmo que la legislación y saber cómo actuar en cada caso concreto, desde la Fiscalía lucense proponen la organización de cursos sobre la última jurisprudencia en materia medioambiental y urbanística. «En esta última, creemos incluso que sería muy interesante la posibilidad de recibir un máster o curso intensivo de especialización con estudio exhaustivo de la materia, tanto desde el punto de vista penal como administrativo».

Igualmente, el ministerio público considera que sería «muy útil» que todos los fiscales de la especialidad recibieran un CD con toda la jurisprudencia que vaya surgiendo cada año en las materias que les afectan. «En este sentido, el esfuerzo realizado por la Fiscalía coordinadora para crear el vademécum ambiental ha supuesto una gran ayuda como base de datos y referencia en nuestro trabajo diario», concluyen.

Medios

Además de solicitar cursos de formación, los fiscales lucenses reiteran en la memoria anual la «urgente necesidad» de crear un registro informático de los procedimientos seguidos en la materia. «Hasta ahora, el seguimiento de los datos se hace de forma manual por los fiscales y funcionarios, contando con la inestimable colaboración de los juzgados, a los que se acude para contrastar y recopilar el estado de la tramitación de forma más certera. De este modo, la voluntad de trabajo de los medios humanos suple las deficiencias de los medios materiales», explican.

Por otra parte, y al margen de estas reivindicaciones, desde la Fiscalía de Lugo reconocen la «gran ayuda» que supuso la creación del puesto de perito adscrito a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente.

«De este modo se puso fin al problema que suponía el tener que solicitar los informes sobre afectación grave del medio ambiente a peritos biólogos adscritos a la administración competente», señalan los fiscales.

Urge crear un registro informático de los procedimientos. Ahora, la voluntad de trabajo suple las carencias materiales»


* El Progreso - 21.08.11
Foto: Las torres de O Garañón (Foto: AEP)

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Cómo impacta la ciudad en nuestro estilo de vida

CRISTIAN FRERS* : Una ciudad es un lugar construido por el ser humano para su comodidad, y en el que tiene todas las ventajas. La vida natural está, en buena medida, ausente. Sólo los parques, las riberas de los ríos, los animales de compañía, algunas aves, roedores, insectos, y arácnidos nos recuerdan el mundo salvaje. Pero la ciudad no sólo es un entorno artificial sino que es, también, un espacio concentrado.
Las influencias causadas por una ciudad sobre su entorno y sobre las condiciones de vida de sus habitantes siempre existieron. Pero la enorme expansión de su territorio en los últimos tiempos y la mutación en su comportamiento dieron origen a problemas ambientales, sociales y económicos sin precedentes en dimensión y características. Ya que parece que este modelo de desarrollo ha llevado a transformar estos centros en lugares inhóspitos, donde hay cada vez más contaminación del aire, agua, suelo, más pobreza, menos seguridad, menos naturaleza.
Muchas ciudades y pueblos tienen graves problemas ambientales por la falta de una planificación urbana adecuada. Industrias contaminantes, ruidosas y molestas en medio de una comunidad, edificios, casas y asentamientos en lugares peligrosos y propensos a sufrir inundaciones y deslizamientos; problemas de tráfico por mala diagramación de vías de acceso y medios de transportes contaminantes, falta de espacios verdes, construcciones poco seguras, entre otros. Estas son algunos de los problemas ambientales urbanos que se producen por no planificar y regular la dinámica de crecimiento y desarrollo de una ciudad y su población.

Al dejar que las ciudades crezcan sin control las consecuencias son la sobreexplotación de recursos, superpoblacion, aumento del riesgo y la inseguridad urbana, contaminación del aire y acústica entre otros.

Los municipios deben establecer normativas que permita un correcto uso del territorio de acuerdo a sus características y usos del espacio así como de las actividades económicas para que sea administrado adecuadamente y no produzca más problemas a sus habitantes. Esto se podría lograr a través de una gestión ambiental urbana, ya que esta gestión está compuesta de mecanismos, procedimientos y actos de gobierno y gestión de una ciudad, que se distinguen por incorporar en la toma de decisiones, acciones dirigidas al mejoramiento ambiental debidamente articuladas o ajustadas a las tendencias de crecimiento urbano y al desarrollo local sostenible. Este proceso de articulación y ajuste es un requisito fundamental para que la gestión ambiental urbana sea factible y ejecutable. Por ello, la gestión ambiental urbana también se distingue porque busca establecer permanentemente mecanismos que posibiliten acuerdos entre distintos actores, que en su interacción con el medio ambiente operan desde distintos espacios urbanos y expresan por lo tanto una variedad de intereses, expectativas y conductas.

El reto estriba en desviar la urbanización de su ruta actual e insostenible, para dirigirla hacia ciudades más verdes que ofrezcan a sus habitantes opciones, oportunidades y esperanza como priorizar criterios ambientales en las viviendas, mejorar la eficiencia del transporte, optimizar la producción de bienes y servicios o mejorar la gestión de los residuos. Por este motivo es necesario promover una mejor comprensión de la dinámica de las ciudades y sus ambientes, suministrando a los gobiernos municipales, a científicos, políticos y al público en general de la región, información confiable basada en los siguientes puntos:

- Reconocer los vínculos que existen entre las condiciones ambientales y las actividades humanas, en especial aquellas relacionadas con el desarrollo urbano.

- Contribuir en la formación de capacidades técnicas locales para la evaluación integral del estado del medio ambiente urbano.

- Orientar la creación de consenso sobre los problemas ambientales más críticos en cada ciudad, fomentando el diálogo y la participación de todos los sectores de la sociedad en el proceso de la toma de decisiones.

- Hacer posible la formulación e implementación de estrategias y planes urbanos para ayudar a las ciudades a mejorar la gestión ambiental urbana.

- Promover la creación de redes institucionales en la ciudad.

El escenario de las grandes ciudades en países subdesarrollados demuestra que, cada vez más, las élites están sitiadas por cinturones de pobreza y nunca las clases dominantes se sintieron tan amenazadas. Pero en lugar de percibir el crecimiento sin límites de la pobreza y aceptar el perfil socioeconómico de la población, las élites temen la invasión de su ciudad. Esta negación en ver la realidad y la búsqueda constante por más seguridad y confort hace con que comunidades cerradas habitadas por personas de alto nivel económico crezcan como nunca en las grandes metrópolis y, consecuentemente, hay un cierto abandono de las zonas centrales, agravando aún más el problema de las exclusiones y distinciones sociales. El crecimiento acelerado de las periferias pobres y la presencia de áreas centrales abandonadas por las élites se oponen a las zonas de crecimiento exclusivo de las clases más ricas, formando una metrópolis dividida entre la ciudad formal, donde hay inversiones inmobiliarias y donde el poder público invierte los impuestos, y otra informal, olvidada por todos menos por sus habitantes.

Para el año 2020, la proporción de la población urbana que vive en la pobreza podría llegar al 45%, o 1.400 millones de personas. Para entonces, el 85% de la población pobre de América Latina y casi la mitad de la de África y Asia se concentrarán en los centros urbanos.

Esto se produce porque el creciente flujo migratorio hacia las ciudades, incrementa la demanda no atendida de bienes y servicios básicos: alimentación, vivienda, salud, educación, recreación; y si a ello sumamos el alto nivel de desempleo y el impacto de las crisis económicas, el resultado es la existencia de una población urbana cada vez más pobre, mientras que en el polo opuesto se observa a otra población cuyos patrones de consumo y de vida favorecen el derroche de los bienes y servicios básicos, todo lo cual impide el desarrollo integral de la sociedad.

Los aspectos considerados para caracterizar la precariedad del hábitat urbano latinoamericano son las condiciones materiales del mismo, la disponibilidad de servicios básicos y la seguridad de permanencia, medida por la condición de tenencia de las viviendas. Sobre la base de una agregación de antecedentes que caracterizan la precariedad del hábitat urbano y su evolución reciente en los países se construye, en primer lugar, un panorama regional de la precariedad urbana y su relación con la pobreza e indigencia en las ciudades.

Durante el año 2010, la presidenta argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, sostuvo que existe un país real que ha logrado un piso social de protección como nunca se había visto… y que ha permitido que se batan records… en materia de esparcimiento afortunadamente en nuestra población, en nuestras playas, en nuestros centros turísticos… y otro país… virtual o mediático en el cual suceden cosas horribles, en donde nada está bien, en donde todo está mal.

Sin embargo muchos ciudadanos que no pueden ir de vacaciones por falta de recursos económicos, y que tampoco perciben el piso social de protección que según la presidenta existe en el país, sostienen que la argentina real es aquélla en el que millones de personas viven en la pobreza e indigencia y, a pesar de las promesas oficiales jamás cumplidas, continúan sin tener un trabajo digno que les permita salir de la penosa situación en la que se encuentran, tampoco cuentan con una vivienda adecuada para desarrollarse o un ambiente libre de contaminación.

No se sabe lo que sucederá en el futuro, pero lo cierto es que los sistemas urbanos son creación del hombre y por eso cabe a nosotros revisarlos y modificarlos. Debemos reflexionar sobre los trazos esenciales de la configuración y el funcionamiento de esos sistemas, para buscar una alternativa razonable a los problemas actuales, ya que nuestro porvenir depende, sin duda, del futuro de nuestras ciudades. La batalla por salvar los ecosistemas no se ganará conservando reservas ecológicas, bosques tropicales o corales amenazados, se dará en las calles de las ciudades cada vez menos naturales y contaminantes del planeta. www.ecoportal.net

* Cristian Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación


* EcoPortal - Opinión - 16.12.10
Foto: Atasco - ecoportal

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Canales públicos, acceso privado

ELPAÍS* : "Me quiero ir de Empuriabrava y de España. Estoy segura de que en unos años me van a quitar mi casa". Karin Aubin, alemana de 64 años, vive angustiada desde que el Ministerio de Medio Ambiente aplicó la Ley de Costas y llevó a cabo el deslinde del dominio público de los canales de Empuriabrava (Girona). Tiene miedo a perder su vivienda y el amarre del barco, visible desde su salón. La embarcación descansa en uno de los canales que forman los 24 kilómetros navegables de Empuriabrava, la marina residencial más grande del mundo, en el municipio de Castelló d'Empúries.El caso -probablemente el mayor de España por el número de afectados- ha llevado al Ministerio de Medio Ambiente a buscar una nueva interpretación de la ley que pasa por designar una vía de tránsito alternativa para que los vecinos no tengan que dejar en el futuro paso al canal a través de sus terrenos, y también para permitir que los dueños de las casas puedan realizar obras y minimizar así el impacto de la norma. Una medida que supone para Greenpeace un trato de favor a una gran urbanización de lujo.

Medio Ambiente replica que es una situación singular. En cualquier caso, los conflictos con Costas han disminuido desde que en octubre pasado cambió el equipo ministerial, que ha optado por negociar con los propietarios.

Los promotores concibieron Empuriabrava en los años 60 como una urbanización turística deportiva en la que sus propietarios pudiesen amarrar el barco enfrente de casa y salir a navegar. El proyecto vivió un auge en los años 70 y 80, cuando miles de extranjeros compraron sus propiedades. Son mansiones, casas adosadas e incluso apartamentos que se construyeron hace décadas al borde del agua. El municipio tiene 12.000 habitantes, pero en verano ronda los 80.000. En algunos casos, los balcones de los pisos sobresalen por encima mismo del canal.

"La gente compró sus casas y amarres de forma legal y ahora pierden sus propiedades sin ningún tipo de contraprestación", afirma Tim Pelters, de la Asociación de Propietarios de Empuriabrava (APE), que define la marina como un "engendro imposible e irrepetible". Ni la indignación de los vecinos ni las múltiples reuniones entre las partes implicadas consiguieron frenar el deslinde. "Hay unas 7.000 propiedades afectadas", explica Pelters. Muchas de ellas están a pie de canal.

La Ley de Costas, de 1988, considera que todo el litoral es público. Para ello, el Gobierno debía realizar un complejo trámite -el deslinde- que delimita el espacio público y el privado. Más de 20 años después de la aprobación de la norma, comienzan a llegar los técnicos a las zonas más complejas: y no hay ninguna más enmarañada que Empuriabrava.

El deslinde, que se aprobó en diciembre pasado (después de tres años de tramitación), implicaba que los propietarios perdían la propiedad de sus amarres y embarcaderos, que compraron y escrituraron en su día junto a las casas, al declarar los canales de dominio público. Además, fijaba una servidumbre de tránsito de seis metros junto a los canales para que en el futuro cualquiera pudiera circular junto astas vías de agua, que a efectos legales son litoral como el mar. En muchos casos esa raya cruzaba jardines, piscinas e incluso las casas.

Ante los más de 500 recursos recibidos y la comprometedora situación de los vecinos, Costas ha rectificado seis meses después para suavizar el impacto en la urbanización. La fórmula que ha empleado es aceptar que existe una localización alternativa a la servidumbre de tránsito que discurre por detrás de las casas, por las calles ya existentes, de forma que los vecinos no tienen que dejar paso al canal desde sus terrenos -excepción prevista en la ley- y ahora pueden realizar obras sin tener que pedir permiso a Costas.

El director de Costas, Pedro Antonio Ríos, admite que ha llevado a cabo "una interpretación

concertada para un hecho singular" y que se aplicará donde haya otro caso igual. Ríos firmó el 30 de junio la resolución que sitúa la servidumbre de tránsito por detrás de las casas, de forma que solo en algunos puntos quien pasee por la marina podrá acceder a los canales: "La ley tiene margen para dar una respuesta singular a un caso singular. El PSOE se opone a reformar la Ley de Costas, como piden PP y CiU, y apuesta por flexibilizar su aplicación.

Los implicados creen que la resolución sobre la servidumbre de paso es ambigua. "Pediremos una aclaración", afirma el alcalde de Castelló d'Empúries, Xavier Sanllehí (CiU). Esta coalición ha intentado, de momento sin éxito, que Empuriabrava sea declarada ciudad navegable y no se le apliquen las provisiones de la Ley de Costas. Tampoco Leticia Llobet, de la asociación de propietarios Aproem, está contenta. "Lo que han hecho es como pretender utilizar el sistema operativo de Windows en un Mac", dice: "Se busca una solución legal para un caso que no prevé la ley".

Los ecologistas critican que se suavice la ley y se creen precedentes. Pilar Marcos, de Greenpeace, opina: "En la práctica eximen a este enjambre de chalés de lujo de dar acceso público al mar". Además, critica que Costas acepte que la servidumbre de tránsito vaya por las calles ya existentes en una resolución que el ministerio ni ha enviado al Boletín Oficial del Estado. Según Marcos, el cambio supone que los canales solo serán accesibles para el público en determinados puntos, pero no junto a toda la lámina de agua.

Ríos no ha cedido en la pretensión de que los amarres se mantuvieran como propiedad privada. En el derecho español el límite del agua no puede ser privado sino solo una concesión, y Medio Ambiente ofrece una concesión para sus amarres de 30 años prorrogable a otros 30.

"Nosotros compramos la casa con el amarre. Sin él, no tiene ningún valor. Además, en la escritura pone que casa y amarre son una propiedad indivisible", explican con indignación Karin y Jean-Louis Aubin, que no están contentos con esta solución, que les permite disfrutar de su barco pero no vender el amarre.

Muchos han colgado el cartel de "Se vende". "La gente está cansada de todo esto", dice Pelters. "Vienen a pasar sus vacaciones, pero no pueden descansar", abunda. Según Pelters, dueño de una inmobiliaria, la incertidumbre que pesa sobre las propiedades desde que la sombra de la Ley de Costas cayó sobre Empuriabrava ha hecho que los precios bajen en picado. "Han descendido un 30% más que en otras localidades de costa tocadas por la crisis", afirma. Karin Aubin estaría dispuesta a vender su casa, pero su marido quiere quedarse. Es su única vivienda, a diferencia de otros extranjeros que usan Empuriabrava como segunda residencia.


* El País - ANTÍA CASTEDO - Empuriabrava - 21/08/2011
Foto: Muchas de las viviendas de Empuriabrava (Girona) tienen amarres en los canales.- PERE DURÁN - elpais

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Italia estudia la venta de inmuebles del Estado para sanear las cuentas públicas

ELECONOMISTA* : El Gobierno italiano estudia la posibilidad de vender parte de su patrimonio inmobiliario, como cuarteles u oficinas pertenecientes al Estado, con el objetivo de recaudar fondos destinados a sanear sus cuentas públicas.
Desde la oposición, sin embargo, se ha recalcado la necesidad de que "la recaudación de esta operación sea destinada a la reducción de la deuda pública", que en Italia supera el 120 % del PIB, como señaló hoy el diputado de Italia de los Valores (IDV) Antonio Borghesi.
La venta de cuarteles y oficinas estatales es, según los medios italianos, que citaron fuentes de la mayoría conservadora en el poder, una de las nuevas hipótesis en las que trabaja el Ejecutivo y se incluiría entre las nuevas medidas que se prevé incluir en el plan de ajuste presupuestario promovido por el Gobierno de Silvio Berlusconi. El pasado 12 de agosto, el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros un plan de ajuste de 45.500 millones de euros para el próximo bienio, con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013.

La próxima semana se negociará
El paquete de medidas, aprobado por decreto ley, llegará la próxima semana al Parlamento para su discusión y aprobación, pero en estos días se han sucedido las hipótesis sobre modificaciones y nuevas medidas a introducir en el plan.

Una de las medidas previstas en ese programa y que despertó mayor recelo fue la de eliminar a partir de las próximas elecciones aquellas provincias con menos de 300.000 habitantes y con una superficie inferior a los 3.000 kilómetros cuadrados.

Una medida, que según los cálculos hechos por la prensa, podría llevar a la eliminación de una treintena de provincias y que se topó con el desacuerdo de los representantes de los entes provinciales.

Otro de los puntos del plan que ha generado un importante debate en el país ha sido el llamado "impuesto de solidaridad", que prevé gravar con un 5% adicional las renta anuales superiores a los 90.000 euros y con un 10 por ciento las que excedan los 150.000.


* El Economista - efe- 20.08.11
Foto: Italia, bandera - eleconomista

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Las bicicletas públicas

EVELYN PALLOTA* : La propuesta de las bicicletas públicas constituye una opción barata, rápida de instalar, accesible, flexible. Los beneficios para las áreas urbanas, sus habitantes y visitantes son muchos. Estos van desde moverse de un sitio a otro ejercitándose, hasta moverse sin contaminar y a bajo costo, lo que traería como consecuencia espacios públicos menos ruidosos, menor consumo de combustibles fósiles, mayor velocidad de movimiento y optimización de uso de la vía por el poco espacio que ocupa la bicicleta, menor congestión.
Ciertamente una ciudad o pueblo que le brinde la opción de usar bicicletas públicas a sus residentes o visitantes constituirá un cambio de paradigma y comportamiento en el venezolano, marcará un antes y un después. Este sistema de transporte, novedoso para algunos y no tan novedoso para otros, ha sido implantado en más de 100 ciudades pertenecientes a más de 20 países del mundo, cuenta con estacionamientos adecuados distribuidos a lo largo y ancho de esas ciudades, mecanismos definidos para su uso en el origen y en el destino del viaje y hasta empresas operarias. Donde se han implantado estos sistemas, bien sea gratuitos o pagos, han llamado la atención, han sido utilizados y constituyen un modo alternativo, sustentable, integrado al transporte público para el traslado de personas a lo largo de mayores distancias propiciando el derecho a moverse con libertad.
Hace 50 años comenzaron a implantarse las bicicletas públicas como sistemas de transporte, desde entonces se han venido perfeccionando y mejorando. En sus inicios las bicicletas eran susceptibles de robos pero posteriormente se fueron perfeccionando sus formas de gestión, comercialización y control. Países como Francia, Alemania, España, Italia, Holanda, Suecia, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Checoslovaquia, Rumania, Nueva Zelandia, Israel, Singapur, Canadá, Chile, México y Argentina se han incorporado a este sistema.

Integración con el sistema de transporte

La propuesta de las bicicletas públicas constituye una opción barata, rápida de instalar, accesible, flexible y promueve la intermodalidad, calzando perfectamente con otros modos de transporte que pueden ir desde metros, ferrocarriles, o líneas de autobuses. Pareciera que los factores más complejos de esta propuesta son la habilitación de las vías y la educación ciudadana necesaria para convivir e interactuar con este sistema.

Maria Fernanda, tuyera de nacimiento y residente de Charallave, Edo. Miranda nos cuenta que tuvo la oportunidad de usar y analizar este sistema de bicis públicas cuando en un viaje de estudios, el destino la llevó a Lyon, Francia. Allí convivió con Vélo’v como se llama el sistema de bicicletas públicas en esa ciudad; ella me dice “literalmente el acceso al sistema de bicicletas públicas me salvó la vida, yo llegaba a un estacionamiento fijo en el centro de la ciudad y zuas! con una tarjeta que adquiría a un precio muy módico que la llamaban, tarjeta inteligente, la deslizaba en un cajoncito y voila! La bicicleta se liberaba pudiendo retirarla, la manejaba por la ciudad y la dejaba en otro lugar, en otro de los tantos estacionamientos planificados y distribuidos convenientemente en la ciudad” Al preguntarle a María Fernanda si ella creía que ese sistema lo pudiéramos aplicar en Charallave, después de quedarse unos minutos pensativa, viendo hacia arriba y con su dedo índice derecho posado sobre la comisura de sus labios dijo: “apuesto a que sí… pero acompañado con una campaña educativa que le diga o le cante a la gente como usarla hasta cuando vaya al baño y con su debida vigilancia y seguimiento por parte de la Alcaldía y la policía. Es como el metro, es como todo….”

En Lyon, Francia el sistema de bicicletas públicas es supervisado por el Municipio. En algunos países las bicicletas se pueden usar como extensión de un boleto de viaje, en otros se compran las tarjetas inteligentes para su uso a muy bajo costo, en otros son financiadas por publicidad, en otros su uso se cobra por tiempo y va contando a medida que la vas usando, en otro introduces monedas en una caja y se libera la unidad, en otros activas la bicicleta con una llama desde el celular, en fin son múltiples los mecanismos y se ajustan a cada lugar en particular.

Dónde se pudieran usar

Poder desarrollar este sistema de transporte en nuestro país constituye todo un reto, mas un reto social que de siembra de una política pública, pero ambos deben estar presentes. Pudiéramos pensar su uso en zonas o sectores determinados de la ciudad que poseen un carácter especial –histórico, turístico- hasta en la totalidad de la ciudad, siempre y cuando la topografía sople a favor.

Los beneficios para las áreas urbanas, sus habitantes y visitantes son muchos. Estos van desde moverse de un sitio a otro ejercitándose, hasta moverse sin contaminar y a bajo costo, lo que traería como consecuencia espacios públicos menos ruidosos, menor consumo de combustibles fósiles, mayor velocidad de movimiento y optimización de uso de la vía por el poco espacio que ocupa la bicicleta, menor congestión. Como siempre habrá quien diga que en este país con la gasolina tan barata nadie agarra una bicicleta para moverse. No obstante, cada vez se han convertido más las colas en factores de pérdida de tiempo, de recursos, de inseguridad y merma de la calidad de vida de los ciudadanos.

Nos atrevemos a soñar y a tener esperanzas de vivir en un mejor hábitat y alcanzar una mejor vida, es decisión de cada quien el alcanzarla, te invitamos. Así lanzamos estas preguntas al espacio de discusión público, ¿sería Barquisimeto, una ciudad donde usted se atrevería a usar una bicicleta pública para conectarse con otro medio de transporte? ¿Qué piensa de Charallave, donde pudiéramos tener un medio fácil de conexión con el tren? Guarenas y Guatire, para conectarnos con el futuro metro ¿y la misma Caracas? Queda a su voluntad y empeño como actor social fundamental convertir este sueño en realidad y a la voluntad política de los decisores de las ciudades acompañados por especialistas en el área. Seguramente siempre habrán emprendedores prestos a acompañar este reto de movilidad sostenible: sistemas de bicicletas públicas y redes de usuarios. www.ecoportal.net
* Evelyn Pallotta. Bióloga. Ecóloga. Analista Ambiental. Actualmente se desempeña como Directora de Ecología y Ambiente del Estado Miranda.


* EcoPortal - 16.08.11

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